Tercera Parte
Doctrina de la Superintendencia Bancaria

Pago de Honorarios de Abogado

Concepto 1999058818-2. Octubre 4 de 1999.

Síntesis: Gastos por cobranza de créditos hipotecarios en que incurran las entidades financieras en los procesos prejudicial y judicial.

[§ 085] «(...) en torno a si es procedente el pago de honorarios de abogado por parte del deudor hipotecario.

De acuerdo con lo sugerido por la Unidad Jurídica del señalado Ministerio, consideramos conveniente distinguir aquellos eventos en que el cobro del crédito no ha llegado a instancias judiciales, frente a lo que acontece cuando ya se ha dado inicio al proceso ejecutivo civil.

Sobre el primer particular, este Despacho en anterior oportunidad manifestó: (Concepto 1999042383).

"El Decreto 2331 del 16 de noviembre de 1998, determinó en su artículo 16 que ‘Los gastos en que incurran las entidades financieras por concepto de la cobranza de cartera de créditos hipotecarios e individuales para vivienda, en la cual no medie un proceso judicial, correrán por cuenta de la respectiva institución. En consecuencia, los gastos por este concepto no podrán ser trasladados a los deudores por ninguna razón’.

La norma enunciada establece la imposibilidad que tienen en la actualidad las entidades financieras de cobrar honorarios profesionales sino existe un proceso judicial. Por tanto, no está legalmente autorizado el traslado del valor del cobro prejurídico a los deudores de las mismas.

Significa lo anterior, que el hecho aislado de incurrir en mora no puede ser tenido en cuenta como bastante ni suficiente para exigir al deudor moroso el pago de una suma como honorarios por cobro prejurídico.

Al confirmar la exequibilidad de la norma en comento, expresó la Honorable Corte Constitucional:

‘Se trata de otra norma de orden público mediante la cual el Estado, (...) señala límites y establece frenos a los frecuentes abusos que en esta materia se han venido cometiendo por parte de las instituciones financiera.

Estamos en presencia de otra norma imperativa que tiene carácter permanente. En ella se prohibe definitivamente una práctica que en sí misma aparece como injusta y desproporcionada respecto de deudor, ya que lo obliga a asumir, sin proceso judicial de por medio, los costos de una cobranza que, en esta etapa, debe sufragar íntegramente el interesado, que no es nadie diferente de la entidad acreedora.

La prohibición que en este artículo se consagra parte de un supuesto que la Corte juzga importante: el de que no se ha iniciado un proceso judicial para obtener el pago. En verdad, mientras que se muestra como razonable que pueda el juez condenar en costas a la parte vencida en el proceso, no lo es la situación aquí descrita por el legislador extraordinario, que no solamente significa atropello injustificado e inadmisible al deudor sino un nuevo escollo, desde el punto de vista económico, para solucionar la crisis de los deudores de créditos hipotecarios, dados los altos costos financieros agravados por la mora y por cargas adicionales, como la señalada en la disposición materia de análisis, que convierten en cometidos imposibles el pago o la disminución de la deuda.’" (Sentencia C-136/99)

Acerca del segundo aspecto, esto es cuando ya está en curso un proceso judicial -utilizando en su sentido afirmativo las mismas expresiones que aparecen en la jurisprudencia transcrita- debe decirse que sí aparece como justo y proporcionado que el pago de los honorarios quede a cargo del demandado.

Sobre el particular ha de tenerse en cuenta que el pago de los honorarios del abogado que obligadamente ha contratado la parte acreedora para la atención del proceso judicial -que no habría tenido que instaurar de no mediar el incumplimiento y la renuencia del deudor - constituye en la práctica una indemnización de perjuicios (art. 1613 C.C.), determinada por la obligación que adquiere quien resulta judicialmente vencido, de pagar los gastos en que ha incurrido el otro, ya que no resulta equitativo que el ejecutante los asuma por sí mismo.

Precisamente, en el artículo 537 C. P. C. (mod. D. 2282/89) se expresa que el juez debe declarar terminado el juicio, cuando dentro del proceso ejecutivo se ofrece el pago antes de rematarse el bien, pero sólo después de haberse acreditado el efectivo pago de la obligación y de las costas por el ejecutado.»