Tercera Parte
Doctrina de la Superintendencia Bancaria

Obligaciones Contraídas en UVR entre Particulares

Concepto 2001060371-1. Noviembre 9 de 2001.

Síntesis: Naturaleza de la UVR. Indexación, concepto. Corrección monetaria durante la vigencia de la UPAC. Capitalización de intereses y anatocismo, diferencias.

[§ 084] «(...) resulta pertinente recordar que si bien es cierto la Unidad de Valor Real fue creada por la Ley 546 de 1999 como el principal componente del sistema especializado de financiación de vivienda individual a largo plazo, también lo es que la misma norma al definirla indica que "es una unidad de cuenta que refleja el poder adquisitivo de la moneda, con base exclusivamente en la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE (...)", que con la misma filosofía con la que se creo el UPAC en su momento, busca ajustar el valor del dinero en el tiempo con el elemento denominado "corrección monetaria", en operaciones que como los préstamos hipotecarios suponen la colocación a largo plazo de unos recursos.

Para su información, nos permitimos retomar el concepto de la llamada indexación o corrección monetaria:

"Indexación

Sistema para evitar en lo posible la variabilidad existente en las obligaciones a plazo por las desvalorizaciones monetarias o el aumento generalizado de los precios (inflación)." Diccionario Enciclopédica Profesional de Finanzas y Banca, Tomo II, Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias, Madrid 1992.

La indexación consiste entonces en un procedimiento mediante el cual el otorgante de un crédito se asegura de la depreciación del dinero, rescatando el importe de los intereses y del capital, según el valor de un bien o servicio, de conformidad con la variación de los precios, de manera que si los precios suben el saldo también sube en proporción a los mismos.

Sobre el tema en estudio se pronunció esta Superintendencia mediante concepto radicado con el No. 96011327-2 del 8 de agosto de 1996, del cual nos permitimos extractar algunos aspectos que consideramos relevantes al punto que nos ocupa, a saber:

"En Colombia, la indexación en el sistema Upac se conoció como corrección monetaria, mecanismo utilizado en el sistema de ahorro y vivienda, establecido en Colombia mediante Decretos 677 y 678 del 2 de mayo de 1972, incorporados al Decreto 1730 de 1991, actualizado a su vez por el Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).

De otra parte, acerca de la aplicación de la corrección monetaria dentro del sistema de valor constante, para satisfacer obligaciones de carácter pecuniario en otros campos distintos de la industria de la construcción, la Corte Suprema de Justicia en fallo del 8 de abril de 1991 expresó:

‘(...) no es cierto que sea el único, en que se viene utilizando ese sistema, para tal efecto es suficiente recordar que el artículo 44 de la Ley 14 de 1984, implantó la corrección monetaria al actualizar en términos reales el valor de los pagos tributarios al Estado, el artículo 16 de la Ley 75 de 1986, al hablar de los valores absolutos expresados en moneda colombiana relativos a los impuestos sobre la renta y complementarios y sobre las ventas y también en el artículo 10 de la Ley 56 de 1985, en cuanto a la indexación de los cánones de arrendamiento’.

Continúa la sentencia declarando que el referido sistema se encuentra en codificaciones tales como el Decreto 01 de 1984, (Código Contencioso Administrativo, artículo 178), respecto de la liquidación de condenas resueltas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las cuales se deben ajustar tomando como base el lPC, o el artículo 308 del Decreto 2282 de 1989, el cual establece la actualización de las condenas a pagar sumas de dinero con reajuste monetario".

Así pues, se observa que la corrección monetaria no lo fue con el sistema UPAC de aplicación exclusiva a los préstamos hipotecarios o a los otorgados para la ejecución de proyectos de construcción o adquisición de vivienda por parte de los establecimientos de crédito -específicamente de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda-, en tanto que, como quedó expresado, existen normas de diferentes ámbitos de la legislación colombiana donde se contempla la utilización de la misma, con la finalidad de precaver las fluctuaciones de la desvalorización de la moneda de una economía inflacionaria como la nuestra.

No sobra ilustrar el aparte de la Sentencia del 24 de abril de 1979 de la Corte Suprema de Justicia, respecto de la licitud del pacto por el cual el deudor se obligaba a cancelar la obligación pecuniaria con sujeción al mecanismo de corrección monetaria UPAC, la cual en nuestro criterio opera igualmente para la UVR:

"El hecho de que en las relaciones contractuales se establezcan cláusulas de corrección, fuera de que no está prohibido, es una previsión destinada a mantener el equilibrio económico de las partes, a precaver el enriquecimiento torticero, y a contratar sobre el valor real de la moneda. Percibir las partes esta realidad, no conduce a causar una inflación, ni agrava la existente si la hay." (Luis Fernando Uribe Restrepo, Las obligaciones pecuniarias frente a la inflación, Ed. Temis, Bogotá, 1984, Págs. 133, 135 y 136). (Se resalta)

Efectuadas las anteriores consideraciones, esta Superintendencia considera jurídicamente viable la utilización de la Unidad de Valor Real en líneas de crédito distintas a las destinadas a financiación de vivienda o en operaciones entre particulares, pues dicha unidad constituye un indicador de referencia que de ninguna manera es de uso exclusivo de las instituciones financieras.

Así las cosas, es igualmente posible que un particular conceda un crédito a largo plazo (15 anos), toda vez que en virtud del principio de la autonomía de la voluntad privada las condiciones de los contratos, tales como el plazo, son establecidas por las partes contratantes.

Respecto al último interrogante relacionado con la posibilidad de otorgar de un crédito con capitalización de intereses, resulta pertinente distinguir dos situaciones:

El cobro de intereses sobre intereses y la figura propiamente de la capitalización de intereses.

En tal sentido, y frente al primer supuesto, es de advertir que en materia civil, el cobro de intereses sobre intereses es una estipulación que se encuentra absolutamente prohibida, tal como expresamente lo señala el artículo 2235 del código de la materia, en armonía con lo previsto en el artículo 1617, numeral 3 de la misma codificación.

Igual tratamiento ha recibido en el campo mercantil salvo por dos excepciones conforme a las cuales resulta viable esta modalidad de cobro de réditos sobre intereses pendientes.

Es así como en los términos del artículo 886 del Estatuto Mercantil, "Los intereses pendientes no producirán intereses sino desde la fecha de la demanda judicial del acreedor, o por acuerdo posterior al vencimiento, siempre que en uno y otro caso se trate de intereses debidos con un año de anterioridad, por lo menos". Bajo esta disposición, el Gobierno Nacional mediante Decreto 1454 de 1989, artículo 1º. consideró que la expresión intereses pendientes o atrasados se refería a "aquellos que sean exigibles, es decir, los que no han sido pagados oportunamente".

Ahora bien, existe una figura distinta al anatocismo (cobro de intereses sobre intereses) que es el sistema de capitalización de intereses consistente en el aumento del capital por la adición de los intereses vencidos al final de cada uno de los periodos de tiempo a que se refiere la tasa, es decir, que siempre que no se pague efectivamente el interés al final del periodo, sino que se añade al capital, se dice que los intereses se capitalizan, por lo que el capital se va haciendo constantemente mayor, y en consecuencia el monto de interés a pagar al final de cada periodo sucesivo es mayor que el del periodo anterior.

Vale la pena resaltar en este punto que la capitalización de intereses remuneratorios es legal siempre y cuando se pacte o acuerde expresamente entre las partes -según se señaló atrás-.

Y es que en sistemas de crédito donde se haya pactado la cláusula de capitalización de intereses es manifiestamente claro que al convertirse tales intereses en capital no existiría conflicto alguno puesto que se estaría cobrando intereses sobre capital; sin embargo, si no se pactó la cláusula de capitalización de intereses remuneratorios, es obvio que ellos en ningún momento se convierten en capital, manteniendo siempre la naturaleza de intereses, caso en el cual no puede el acreedor válidamente cobrar intereses sobre intereses por cuanto constituye una práctica que está prohibida por el artículo 1617 del Código Civil y el citado 886 del Código de Comercio.

En consecuencia, resulta viable el uso de sistemas de pago que contemplen la capitalización de intereses, por medio de las cuales las partes en el negocio determinan la cuantía, plazo y periodicidad en que deben cancelarse los intereses de una obligación, excepto si se trata de créditos hipotecarios de vivienda, en los cuales esta figura se encuentra totalmente prohibida a partir de la vigencia de la Ley 546 de 1999 y de los pronunciamientos efectuados por la Honorable Corte Constitucional.»