Primera Parte
LEY 546 DE 1999 Y SUS ANTECENTES

5
Ley 546 de 1999
(Diciembre 23)

Capítulo VIII
Régimen de transición

Artículo 38. Denominación de obligaciones en UVR. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR, (según la equivalencia que determine el Gobierno Nacional). Vencido este término sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales obligaciones, éstas se entenderán expresadas en UVR, por ministerio de la presente ley.

Parágrafo. Las entidades financieras quedan facultadas para redimir en forma anticipada los títulos valores denominados en UPAC. (Igualmente, a elección del deudor, se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás pasivos, en UVR o en pesos).

Nota: Los textos entre paréntesis fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Exps. D-2823 y D-2828. Ver § 107

Concordancias:
Decreto 2702 del 30 de diciembre de 1999. Se establece la metodología para la reliquidación de los créditos destinados a la financiación de vivienda de largo plazo denominados en moneda legal. Ver § 001.

Decreto 2703 del 30 de diciembre de 1999. Se determina la equivalencia entre la UVR y la Unidad de Poder Adquisitivo Constante -UPAC- y se adopta la metodología para calcular el valor en pesos de la UVR. Ver § 002

Circular Externa 007 del 27 de enero de 2000. Superintendencia Bancaria. Precisiones en cuanto al régimen de transición previsto en el Capítulo VIII de la Ley 546 de 1999. Ver § 047

Jurisprudencia:
Corte Constitucional. Sentencia T-872 del 16 de agosto de 2001. M. P. Jaime Araújo Rentaría. Exp. T-439.878. Subrogación del crédito hipotecario de vivienda. Los beneficios de la Ley 546 de 1999 se trasladan al adquirente en su condición de comprador siempre que éste haga los trámites correspondientes. Ver § 101

Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Primera. Sentencia del 26 de febrero de 2001. M. P. Heriberto Reyes Vargas. Exp. 01-014. Naturaleza y objeto de la acción de cumplimiento. La Superintendencia Bancaria carece de competencia para resolver controversias contractuales. Ver § 115

Doctrina:
Concepto 2001047236-1 del 12 de octubre de 2001. Superintendencia Bancaria. UVR. Metodología para su cálculo. Adecuación de créditos pactados en DTF. Revisión de contratos. Redenominación de créditos. Ver § 093

Artículo 39. Adecuación de los documentos contentivos de las condiciones de los créditos. Los establecimientos de crédito deberán ajustar los documentos contentivos de las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, desembolsados con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente ley a las disposiciones previstas en la misma. Para ello contarán con un plazo hasta de ciento ochenta (180) días contados a partir de la vigencia de la presente ley.

No obstante lo anterior, los pagarés mediante los cuales se instrumenten las deudas así como las garantías de las mismas, cuando estuvieren expresadas en UPAC o en pesos, se entenderán por su equivalencia, en UVR, por ministerio de la presente ley.

Parágrafo 1º. La reliquidación de los créditos en los términos de que trata el presente capítulo y los correspondientes documentos en los que consten las condiciones de los créditos de vivienda individual a largo plazo, no constituirá una novación de la obligación y por lo tanto, no causará impuesto de timbre.

Parágraafo 2º. (Dentro de los tres (3) meses siguientes a la vigencia de la presente ley, y) a solicitud de quien al 31 de diciembre de 1999, pueda acreditar que se encuentra atendiendo un crédito de vivienda que está a nombre de otra persona natural o jurídica, podrá requerir a las entidades financieras para que actualicen la información y se proceda a la respectiva subrogación, siempre y cuando demuestre tener la capacidad de pago adecuada. Obtenida la subrogación, dichos créditos podrán ser objeto de los abonos previstos en este artículo.

Nota: El texto entre paréntesis fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Exps. D-2823 y D-2828. Ver § 107

Artículo 40. Inversión social para vivienda. Con el fin de contribuir a hacer efectivo el derecho constitucional a la vivienda, el Estado invertirá las sumas previstas en los artículos siguientes para abonar a las obligaciones vigentes que hubieren sido contratadas con establecimientos de crédito, destinadas a la financiación de vivienda individual a largo plazo y para contribuir a la formación del ahorro que permita formar la cuota inicial de los deudores que hayan entregado en dación en pago sus viviendas, en los términos previstos en el artículo 46.

Parágrafo 1º. Los abonos a que se refiere el presente artículo solamente se harán para un crédito por persona. Cuando quiera que una persona tenga crédito individual a largo plazo para más de una vivienda, deberá elegir aquel sobre el cual se hará el abono e informarlo al o a los respectivos establecimientos de crédito de los cuales sea deudor. Si existiera más de un crédito para la financiación de la misma vivienda, el abono podrá efectuarse sobre todos ellos. En caso de que el crédito haya sido reestructurado en una misma entidad, la reliquidación se efectuará teniendo en cuenta la fecha del crédito originalmente pactado.

Parágrafo 2º. Quien acepte más de un abono en violación de lo dispuesto en este numeral, deberá restituir en un término de treinta (30) días los abonos que hubiera recibido en desarrollo de lo dispuesto en esta ley y los decretos que la desarrollen; si no lo hiciere incurrirá en las sanciones penales establecidas para la desviación de recursos públicos. La restitución de las sumas abonadas por fuera del plazo antes señalado deberá efectuarse con intereses de mora, calculados a la máxima tasa moratoria permitida por la ley.

Concordancias:
Circular Externa 048 del 30 de junio de 2000. Superintendencia Bancaria. Formato para la transmisión de las reliquidaciones de créditos en UPAC y pesos con UVR. Ver § 053

Circular Externa 056 del 24 de julio de 2000. Superintendencia Bancaria. Plazo para la transmisión del formato de información a las reliquidaciones de créditos en UPAC y pesos con UVR.

Artículo 41. Abonos a los créditos que se encuentren al día. Los abonos a que se refiere el artículo anterior se harán sobre los saldos vigentes a 31 de diciembre de 1999, de los préstamos otorgados por los establecimientos de crédito para la financiación de vivienda individual a largo plazo así:

1. Cada establecimiento de crédito tomará el saldo en pesos a 31 de diciembre de 1999, de cada uno de los préstamos, (que se encuentren al día el último día hábil bancario del año de 1999).

Para efectos de determinar el saldo total de cada obligación, se adicionará el valor que en la misma fecha tuviere el crédito otorgado por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, en virtud de lo dispuesto por los artículos 11 y 12 del Decreto Extraordinario 2331 de 1998, cuando fuere del caso.

2. El establecimiento de crédito reliquidará el saldo total de cada uno de los créditos, para cuyo efecto utilizará la UVR que para cada uno de los días comprendidos entre el 1° de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la metodología establecida en el Decreto 856 de 1999.

3. El Gobierno Nacional abonará a las obligaciones (que estuvieren al día el 31 de diciembre de 1999) el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación indicada en el numeral anterior, mediante la entrega de los títulos a que se refiere el parágrafo 4° del presente artículo, (o en la forma que lo determine el Gobierno Nacional).

Parágrafo 1º. Para la reliquidación de los saldos de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual de largo plazo, otorgados por los establecimientos de crédito en moneda legal, se establecerá una equivalencia entre la DTF y la UPAC, (en los términos que determine el Gobierno Nacional), con el fin de comparar el comportamiento de la UPAC con el de la UVR, a efectos de que tengan la misma rebaja que la correspondiente a los créditos pactados en UPAC.

Parágrafo 2º. Los establecimientos de crédito tendrán un plazo de tres (3) meses, contados a partir de la presente ley para efectuar la reliquidación. Los intereses de mora a que hubiere lugar por concepto de cuotas de amortización no atendidas durante este lapso, serán descontados del valor que al deudor moroso le correspondiere por concepto del abono para la reducción del saldo de su crédito.

Parágrafo 3º. Si los beneficiarios de los abonos previstos en el presente artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo cuarto del presente artículo por dicho valor. En todo caso si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.

Parágrafo 4º. El Gobierno Nacional queda autorizado para emitir y entregar Títulos de Tesorería, TES, denominados en UVR y con el rendimiento que éste determine, con pagos mensuales, en las cuantías requeridas para atender la cancelación de las sumas que se abonarán a los créditos hipotecarios. Dichos títulos serán emitidos a diez (10) años de plazo. Estas operaciones sólo requerirán para su validez del decreto que ordene su emisión y determine las condiciones de los títulos, que podrán emitirse con cargo a vigencias futuras y con base en los recursos provenientes de las inversiones forzosas establecidas por la presente ley.

Nota: Los textos entre paréntesis fueron declarados inexequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Exps. D-2823 y D-2828. Ver § 107

La expresión "para cuyo efecto utilizará la UVR que para cada uno de los días comprendidos entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999, publique el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con la metodología establecida en el Decreto 856 de 1999", contenida en el numeral segundo del artículo 41, y la expresión "se establecerá una equivalencia entre la DTF y la UPAC, en los términos que determine el Gobierno Nacional, con el fin de comparar el comportamiento de la UPAC con el de la UVR, a efectos de que", contenida en el parágrafo del mismo artículo fueron declaradas exequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1192 del 15 de noviembre de 2001. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Exp. D-3476. Ver § 122

Concordancias:
Decreto 2702 del 30 de diciembre de 1999. Establece la metodología para la reliquidación de los créditos destinados a la financiación de vivienda de largo plazo denominados en moneda legal. Ver § 001

Decreto 249 del 18 de febrero de 2000. Ordena la emisión de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados "Títulos de Tesorería –TES- Ley 546. Ver § 008

Decreto 847 del 11 de mayo de 2000. Modifica el numeral 9 del artículo 2º del Decreto 249 de 2000. Ver
§ 013

Decreto 2221 del 30 de octubre de 2000. Modifica y adiciona el Decreto 249 de 2000". Ver § 016

Decreto 712 del 24 de abril de 2001. "Por el cual se modifica el Decreto 2221 de 2000 y se establecen los plazos para la emisión de TES - Ley 546". Ver § 026

Decreto 360 del 28 de febrero de 2002. Modifica y adiciona el Decreto 712 de 2001. Ver § 038.

Decreto 1916 del 27 de agosto de 2002. Modifica y adiciona el Decreto 360 de 2002. Ver § 041.

Resolución 2896 del 29 de diciembre de 1999. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se publica el valor de la UVR para cada uno de los días comprendidos entre el 1º de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1999. Ver § 067

Resolución 383 del 25 de febrero de 2000. Superintendencia Bancaria. Ordena el pago de los abonos efectuados a las deudas hipotecarias con la expedición de Títulos de Deuda Interna de la Nación denominados Títulos de Tesorería -TES - Ley 546.

Carta Externa 10 del 9 de febrero de 2000. Superintendencia Bancaria. Instrucciones para la valoración de los Títulos de Tesorería TES.

Carta Circular 165 del 21 de marzo de 2000. Superintendencia Bancaria. Información de las deudas por efecto de la reliquidación. Ver § 049

Carta Circular 262 del 24 de mayo de 2000. Superintendencia Bancaria. Información Vía Internet. Ver § 052

Circular Externa 022 del 30 de mayo de 2001. Superintendencia Bancaria. Formato para la devolución de títulos de tesorería TES, Ley 546.

Concepto 2001031167-1 del 8 de junio de 2001. Superintendencia Bancaria. Reliquidación de créditos. Aplicación del alivio a los créditos en mora. Competencia de la Superintendencia Bancaria en caso de controversia sobre la reliquidación. Ver § 075

Jurisprudencia:
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Sentencia del 7 de marzo de 2000. C. P. Julio Enrique Correa Restrepo. Exp. AP - 026. Unidad de Valor Real. Concepto. Ley 546 de 1999. Solución legislativa a la reliquidación de los créditos ya que contempló las situaciones que pudieren configurar daño contingente o violación de derechos colectivos. Ver § 097

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Sentencia del 14 de septiembre de 2000. C. P. Reinaldo Chavarro Buritica. Exp. ACU - 1625. Acción de Cumplimiento. Procedencia. Abonos para créditos hipotecarios. Sólo aplican a créditos de vivienda.

Artículo 42. Abono a los créditos que se encuentren en mora. Los deudores hipotecarios que estuvieren en mora al 31 de diciembre de 1999, podrán beneficiarse de los abonos previstos en el artículo 40, (siempre que el deudor manifieste por escrito a la entidad financiera su deseo de acogerse a la reliquidación del crédito, dentro de los noventa (90) días siguientes a la vigencia de la ley).

(Cumplido lo anterior), la entidad financiera procederá a condonar los intereses de mora y a reestructurar el crédito si fuere necesario.

A su turno, el Gobierno Nacional procederá a abonar a dichas obligaciones el monto total de la diferencia que arroje la reliquidación de la deuda, efectuada de conformidad con lo previsto en el numeral 2 del artículo 41 anterior, mediante la entrega al respectivo establecimiento de crédito de los títulos a que se refiere el parágrafo cuarto del mismo artículo 41.

Parágrafo 1º. Si los beneficiarios de los abonos previstos en este artículo incurrieren en mora de más de doce (12) meses, el saldo de la respectiva obligación se incrementará en el valor del abono recibido. El establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional títulos a los que se refiere el parágrafo 4° del artículo 41, por dicho valor. En todo caso, si el crédito resultare impagado y la garantía se hiciere efectiva, el establecimiento de crédito devolverá al Gobierno Nacional la parte proporcional que le corresponda de la suma recaudada.

Parágrafo 2º. A las reliquidaciones contempladas en este artículo les serán igualmente aplicables el numeral 1 del artículo 41 anterior, así como lo previsto en los parágrafos 1° y 2° del mismo artículo.

Parágrafo 3º. Los deudores cuyas obligaciones se encuentren vencidas y sobre las cuales recaigan procesos judiciales (que dentro de los noventa (90) días siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley decidan acogerse a la reliquidación de su crédito hipotecario), tendrán derecho a solicitar suspensión de los mencionados procesos. Dicha suspensión podrá otorgarse automáticamente por el juez respectivo. En caso de que el deudor acuerde (dentro del plazo) la reliquidación de su obligación, de conformidad con lo previsto en este artículo el proceso se dará por terminado y se procederá a su archivo sin más trámite. (Si dentro del año siguiente a la reestructuración del crédito el deudor incurriere nuevamente en mora, los procesos se reiniciarán a solicitud de la entidad financiera y con la sola demostración de la mora, en la etapa en que se encontraban al momento de la suspensión, y previa actualización de su cuantía).

Nota: Los textos entre paréntesis fueron declaradas inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Exps. D-2823 y D-2828. Ver § 107

Doctrina:
Concepto 2000070269-1 del 1º de enero de 2001. Superintendencia Bancaria. Subrogación de créditos. Beneficios otorgados a los deudores de los créditos individuales de vivienda. Condonación de intereses y reestructuración de la obligación. Suspensión de los procesos judiciales. Opción de readquisición de vivienda. Ver § 076

Jurisprudencia:
Corte Constitucional. Sentencia SU-846 del 6 de julio de 2000. M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Exp. T-281.861 y T-288090. Procesos ejecutivos. Los jueces deben acatar los parámetros señalados por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Abonos. Constituyen pago parcial o total dentro del proceso. Ver § 118

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 25 de octubre de 2001. C. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Exp. ACU - 0973. La suspensión automática del proceso ejecutivo hipotecario es facultativa del juez. Carga procesal del interesado.

Corte Constitucional. Sentencia T-1196 del 14 de septiembre de 2000. M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Exp. T-318.698. Reliquidación de créditos de vivienda y suspensión de procesos ejecutivos. Aplicables a créditos insolutos y a procesos en curso. Ver § 120

Corte Constitucional. Sentencia T-511 del 17 de mayo de 2001. M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Exp. T-403443. Reliquidación de créditos de vivienda. Suspensión de remate de vivienda. Improcedente si no existe acuerdo sobre el cumplimiento entre las partes y si el interesado ha omitido ejercer su derecho de contradicción dentro del proceso. Ver § 119

Corte Constitucional. Sentencia T-235 del 26 de febrero de 2001. M. P. Eduardo Montealegre Lynett. Exp. T-74.107. Jurisprudencia Constitucional sobre el sistema de financiación de vivienda a largo plazo. La acción de tutela no es el medio judicial idóneo para resolver discusiones en torno a las condiciones de los contratos de crédito hipotecario. Suspensión de procesos ejecutivos. Ver § 116

Corte Constitucional. Sentencia T-253 del 28 de febrero de 2001. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Exps. acumulados T-335960 y T-337581. Las reglas establecidas en los artículos 41 y 42 de la Ley 546 de 1999 se refieren a procesos en curso o a créditos vigentes. Improcedencia de suspensión de procesos ya culminados. Ver § 121

Artículo 43. Excepción de pago. El valor que se abone a cada crédito hipotecario por concepto de las reliquidaciones a que se refiere esta ley, así como los subsidios que entregue el Gobierno Nacional dentro del programa de ahorro a los titulares de la opción de readquisición de vivienda dada en pago, constituirán un pago que como tal, liberará al deudor frente al establecimiento de crédito acreedor. Dicho pago, a su vez, constituirá una excepción de pago total o parcial, según sea el caso, tanto para el establecimiento de crédito como para el Estado, en los procesos que se adelanten por los deudores para reclamar devoluciones o indemnizaciones por concepto de las liquidaciones de los créditos o de los pagos efectuados para amortizarlos o cancelarlos.

En caso de sentencia favorable, los mencionados valores se compensarán contra el fallo. La misma excepción podrá alegarse sobre el monto de los subsidios que entregue el Gobierno Nacional a los titulares de la opción de readquisición de vivienda dada en pago, dentro del programa de ahorro para completar la cuota inicial.

La excepción aquí prevista podrá proponerse en cualquier estado del proceso. Así mismo, en las sentencias que se dicten se aplicará como mecanismo para satisfacer los correspondientes derechos individuales, los previstos en esta ley.

Nota: El artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1140 del 30 de agosto de 2000. M. P. José Gregorio Hernández Galindo. Exps. D-2777, D-2782, D-2783, D-2792, D-2802, D-2809 y D-2811. Ver § 108

Artículo 44. Inversión en títulos de reducción de deuda (TRD). Créase una inversión obligatoria temporal en "Títulos de Reducción de Deuda" -TRD - destinados a efectuar los abonos sobre los saldos vigentes de las deudas individuales para la financiación de vivienda a largo plazo, en los términos señalados en los artículos anteriores.

Los TRD se denominarán en UVR; serán emitidos por el Gobierno Nacional; podrán ser desmaterializados, tendrán un plazo de diez (10) años contados a partir de la fecha de su colocación y serán negociables.

El capital de los títulos se amortizará en un solo pago a su vencimiento y podrá ser prepagado cuando las condiciones fiscales así lo permitan. Los títulos no reconocerán intereses remuneratorios.

La emisión y colocación de los TRD sólo requerirá del Decreto de emisión y la firma del Director General de Crédito Público.

Nota: La expresión "se denominarán en UVR", contenida en el segundo inciso del artículo fue declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-1192 del 15 de noviembre de 2001. M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra. Exp. D- 3476. Ver § 122

Concordancias:
Decreto 237 del 15 de febrero de 2000. Ordena la emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados Títulos de Reducción de Deuda -TES-. Ver § 007

Resolución 328 del 25 de febrero de 2000. Superintendencia Bancaria. Se determinan las cuentas que hacen parte de la base de cálculo para establecer el monto de la inversión en Títulos de Reducción de Deuda –TRD-. Ver § 048

Resolución 0566 del 6 de junio de 2001. Superintendencia Bancaria. Modifica la Resolución 0328 de 2000. Ver § 062

Resolución 1098 del 11 de julio de 2000. Superintendencia Bancaria. Se efectúan algunas aclaraciones respecto a la base de cálculo para establecer el monto de la inversión en Títulos de Reducción de Deuda -TRD- para las compañías de seguros y sociedades de capitalización. Ver § 054

Resolución 0126 del 25 de febrero de 2000. Superintendencia Valores. Se determinan las cuentas que hacen parte de la base de cálculo para establecer el monto de la inversión en Títulos de Reducción de Deuda -TRD-, respecto de los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa y los fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de inversión.

Circular Externa 053 del 12 de julio de 2000. Superintendencia Bancaria. Modificaciones al Plan Único de Cuentas para el Sistema Financiero incluida la Clase 7 a la Circular Externa 100 de 1995.

Circular Externa 062 del 16 de agosto de 2000. Superintendencia Bancaria. Circular Externa 053 de 2000.

Circular Externa 063 del 22 de agosto de 2000. Superintendencia Bancaria. Modificaciones al Plan Único de Cuentas para el Sector Asegurador y a la Circular Externa 100 de 1995, por efecto de la realización de inversiones obligatorias en títulos de reducción de deuda TRD.

Artículo 45. Sujetos obligados a invertir en TRD. Estarán obligados a suscribir en el mercado primario TRD todos los establecimientos de crédito, las sociedades de capitalización, las compañías de seguros, los fondos comunes ordinarios, especiales y de inversión administrados por sociedades fiduciarias, los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa y los fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de inversión. No estarán sometidos a esta inversión los fondos que de conformidad con el respectivo reglamento, tengan como objeto exclusivo la administración de los recursos de seguridad social y los fondos de inversión extranjera. Igualmente, quedan excluidos los recursos destinados exclusivamente a seguridad social administrados por las compañías de seguros.

La inversión a que se refiere este artículo será del cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) anual, durante seis (6) años, contados a partir del año 2000 y se liquidará sobre el total de sus pasivos para con el público, en el caso de establecimientos de crédito y las sociedades de capitalización; del cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) anual, durante seis (6) años, del valor del respectivo fondo en el caso de los fondos de valores, fondos comunes ordinarios, especiales y de inversión administrados por sociedades fiduciarias, los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa y los fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de inversión, y del cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%) anual, durante seis (6) años, sobre las primas emitidas en el caso de las compañías de seguros.

Parágrafo. Los sujetos obligados a efectuar la inversión forzosa la realizarán anualmente por periodos mensuales para completar en cada periodo anual el cero punto sesenta y ocho por ciento (0.68%). Para el efecto, deberán invertir mensualmente en títulos una doceava parte del porcentaje señalado en el presente artículo, calculado sobre los saldos de los pasivos para con el público, el valor del respectivo fondo, o el valor de las primas emitidas, según sea el caso. El nivel de la inversión deberá ajustarse al final de cada año calendario, con base en el promedio mensual de la base de cálculo de la inversión durante el plazo aquí previsto. Este mismo procedimiento tendrá lugar anualmente durante el periodo comprendido entre los años 2000 y 2005, ambos inclusive.

En caso de reducción de los recursos que sirven de base para el cálculo anual de la inversión, no habrá lugar al reembolso del valor invertido en títulos de reducción de deuda.

Concordancias:
Decreto 237 del 15 de febrero de 2000. Ordena la emisión y colocación de títulos de deuda pública interna de la Nación denominados Títulos de Reducción de Deuda -TRD -. Ver § 007.

Resolución 0328 del 25 de febrero de 2000. Superintendencia Bancaria. Se determinan las cuentas que hacen parte de la base de cálculo para establecer el monto de la inversión en Títulos de Reducción de Deuda -TRD-. Ver § 048

Resolución 0566 del 6 de junio de 2001. Superintendencia Bancaria. Modifica la Resolución 0328 de 2000. Ver § 062

Resolución 1098 del 11 de julio de 2000. Superintendencia Bancaria. Se efectúan algunas aclaraciones respecto a la base de cálculo para establecer el monto de la inversión en Títulos de Reducción de Deuda -TRD- para las compañías de seguros y sociedades de capitalización. Ver § 054

Resolución 0126 del 25 de febrero de 2000. Superintendencia Valores. Se determinan las cuentas que hacen parte de la base de cálculo para establecer el monto de la inversión en Títulos de Reducción de Deuda - TRD -, respecto de los fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa y los fondos de inversión administrados por las sociedades administradoras de inversión.

Artículo 46. Opción de readquisición de vivienda. Durante el año siguiente a la vigencia de la presente ley, quienes entreguen o hayan entregado en dación en pago su vivienda, tendrán opción para readquirirla siempre que no haya sido enajenada por el respectivo establecimiento de crédito. En caso de que haya sido enajenada, el establecimiento de crédito podrá ofrecer, en las mismas condiciones, otro inmueble de propiedad de la entidad sobre el cual no se haya ejercido por parte de su anterior propietario, la opción de readquisición de vivienda.

La opción se pactará en un contrato que suscribirán el deudor que entrega el inmueble en dación en pago y la respectiva entidad financiera, en el que se harán constar los derechos y las obligaciones del titular de la opción y de la entidad financiera, de conformidad con las siguientes reglas:

1. Al momento de celebrarse el contrato, el inmueble objeto del mismo deberá ser avaluado en los términos consagrados en la presente ley. Dicho avalúo servirá de base para determinar el precio mensual del arrendamiento que no podrá exceder del cero punto ocho por ciento (0.8%) del valor del avalúo y el de la opción de readquisición, en los términos que se señalan en los numerales 5 y 6 de este artículo.

2. El titular de la opción tendrá el derecho real de habitación sobre el mismo, mediante el pago de un canon mensual.

3. El establecimiento de crédito ofrecerá en venta el inmueble objeto del contrato al titular de la opción.

4. El establecimiento de crédito estará obligado a mantener la oferta por el término pactado en el contrato, el cual no podrá exceder de tres (3) años.

5. El precio de la oferta será el valor comercial del inmueble, en la fecha del vencimiento del plazo determinado por un avalúo técnico realizado en los términos de la presente ley o en la fecha anterior en que el titular de la opción decidiere ejercerla.

6. En el momento de hacerse efectiva la oferta, la valorización del inmueble se compartirá por partes iguales entre el establecimiento de crédito y el titular de la opción.

7. El titular de la opción deberá cumplir durante todo el plazo de la oferta, un programa de ahorro que tendrá, además de los beneficios previstos para el programa de ahorro para el fomento de la construcción -AFC-, un subsidio del Estado consistente en un abono de un peso por cada peso ahorrado por el titular de la opción, sin que exceda en ningún caso del quince por ciento (15%) del valor comercial del bien establecido al momento de la celebración del contrato especial previsto en esta ley, el cual se hará efectivo sólo cuando se concrete la venta.

Vencido el plazo de la oferta, si ésta no se aceptare, su titular deberá devolver al establecimiento de crédito el inmueble en el mismo estado en que lo recibió y podrá disponer del dinero ahorrado, deducido el valor del subsidio.

8. La restitución del inmueble objeto de la operación se sujetará a lo dispuesto para el comodato precario.

9. Podrá pactarse que las diferencias entre las partes sean sometidas a decisión arbitral en los términos de la presente ley.

10. El inmueble objeto del contrato deberá estar asegurado durante todo el plazo por los riesgos que determine el Gobierno Nacional.

11. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas tanto del contrato que incorpora el derecho de habitación como del de ahorro programado, dará lugar a la terminación del contrato especial aquí señalado.

Parágrafo 1º. En el evento en que el bien haya sido transferido a cualquier título a un patrimonio autónomo, sociedad matriz o subsidiaria del respectivo establecimiento de crédito, las obligaciones que de acuerdo con el presente artículo corresponderían al establecimiento de crédito radicarán en la persona o entidad a quien se haya transferido el bien, incluido el patrimonio autónomo.

Parágrafo 2º. El titular de la opción tendrá derecho a cancelar el valor del inmueble con recursos propios o con el producto de un préstamo otorgado por cualquier establecimiento de crédito.

Concordancias:
Decreto 2336 del 9 de noviembre de 2000. Se reglamenta la forma en que puede ejercerse la opción de readquisición de vivienda prevista en los artículos 46 y 47 de la Ley 546 de 1999. Ver § 018

Decreto 612 del 10 de abril de 2001. Se reglamenta el procedimiento para el pago del subsidio previsto en el numeral 7 del artículo 46 de la Ley 546 de 1999 -opción de readquisición de vivienda. Ver § 025

Circular Externa 055 del 19 de noviembre de 2001. Superintendencia Bancaria. Subsidio aplicable al programa de ahorro programado para el ejercicio de la opción de la Readquisición de Vivienda.

Doctrina:
Concepto 2000006148-1 del 3 de abril de 2000. Superintendencia Bancaria. Posibilidad de reliquidación de inmuebles adjudicados judicialmente al acreedor hipotecario según el artículo 46 de la Ley 546 de 1999.

Concepto 2001027100-1 del 14 de mayo de 2001. Superintendencia Bancaria. Contrato de ahorro programado para la compra de vivienda con derecho real de habitación. Características. Ver § 094

Artículo 47. Autorización. Se autoriza por un año contado a partir de la fecha de promulgación de la presente ley, a los establecimientos de crédito para comercializar los inmuebles destinados a vivienda que hayan recibido en dación en pago, mediante el contrato especial establecido en el artículo anterior, salvo el subsidio previsto en el numeral 7 del artículo 46.

Artículo 48. Fondo de reserva para la estabilización de la cartera hipotecaria. Con el propósito de facilitar las condiciones para la financiación de vivienda referida al índice de precios al consumidor, autorízase la creación de un Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria que será administrado por el Banco de la República en los términos que establezca el Gobierno Nacional. Las inversiones en el Fondo de que trata este artículo, se considerarán como inversión social.

Dicho fondo contará con los siguientes recursos:

1. Los provenientes de un impuesto nacional que se crea por la presente ley, que se causará mensualmente, a partir del mes siguiente a la vigencia de la misma y hasta el 31 de diciembre del año 2002. La base gravable del impuesto es el valor mensual de la remuneración de los encajes. Son sujetos pasivos de este impuesto los establecimientos de crédito. La tarifa del tributo será del cincuenta por ciento (50%) de la remuneración mensual de los encajes. El Banco de la República retendrá y colocará directamente en el Fondo el monto del impuesto al momento del pago al respectivo establecimiento de crédito de la remuneración sobre el encaje. Este impuesto no hará parte de la participación de los municipios en los ingresos corrientes de la Nación.

2. Ciento cincuenta mil millones ($150.000.000.000) provenientes de las utilidades del Banco de la República correspondientes al ejercicio de 1999.

3. Los provenientes de la diferencia entre la UVR adicionada en el interés remuneratorio y la DTF, cuando la primera fuere superior a la segunda, que deberán ser aportados por los establecimientos de crédito que tengan cartera hipotecaria denominada en UVR y pasivos para con el público denominados en DTF, de conformidad con el reglamento que expida para el efecto el Gobierno Nacional.

4. Los rendimientos de los recursos que conformen el Fondo.

5. Los provenientes de los créditos que se contraten o se asignen para este fin. El Banco de la República, como agente fiscal del Gobierno Nacional, podrá contratar a nombre de éste, créditos destinados al Fondo. El pago de las operaciones de crédito destinadas al Fondo podrán abonarse con cargo a los recursos del mismo.

Concordancias:
Decreto 1133 del 19 de junio de 2000. Se reglamentan parcialmente las Leyes 49 de 1990, 3ª de 1991 y 546 de 1999 sobre vivienda de interés rural. Ver § 014

Decreto 2670 del 22 de diciembre de 2000. Se reglamentan los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999 sobre el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria. Ver § 020

Decreto 2671 del 22 de diciembre de 2000. Se reglamenta el numeral 1º del artículo 48 de la Ley 546 de 1999. Ver § 021

Decreto 1163 del 14 de junio de 2001. Se modifica el Decreto 2670 de 2000". Ver § 027

Decreto 2868 del 24 de diciembre de 2001. Se modifican los Decretos 2670 de 2000 y 1163 de 2001. Ver § 036

Circular Externa 33 del 13 de abril de 2000. Superintendencia Bancaria. Contabilización de Bonos Hipotecarios, Créditos Financiados con Bonos Hipotecarios, el Impuesto de Estabilización de Cartera y de los inmuebles destinados a vivienda recibidos en pago, dados en arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en la Ley 546 de 1999.

Circular Externa 056 del 19 de noviembre de 2001. Superintendencia Bancaria. Instrucciones contables para registrar las transacciones generadas por el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria -FRECH, de que tratan los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999, reglamentados por los Decretos 670 de 2000 y 1163 de 2001.

Artículo 49. Coberturas de riesgo. Con cargo a los recursos de dicho fondo, el Banco de la República podrá ofrecer a los establecimientos de crédito, y solamente para el saldo de la cartera de vivienda individual de largo plazo registrada a 31 de diciembre del año 2000, coberturas de riesgo del diferencial entre la tasa de interés de mercado y la inflación. Las condiciones en que se ofrezca la anterior cobertura propenderán por el reflejo de su valor económico en el largo plazo, en los términos que determine el Gobierno Nacional.

Concordancias:
Decreto 2670 del 22 de diciembre de 2000. Se reglamentan los artículos 48 y 49 de la Ley 546 de 1999 sobre el Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria. Ver § 020

Decreto 1163 del 14 de junio de 2001. Modifica el Decreto 2670 de 2000. Ver § 027

Decreto 2868 del 24 de diciembre de 2001. Modifica los Decretos 2670 de 2000 y 1163 de 2001. Ver § 036

Circular Externa 007 del 27 de enero de 2000 de la Superintendencia Bancaria. Precisiones en cuanto al régimen de transición previsto en el Capítulo VIII de la Ley 546 de 1999. Ver § 047