Reliquidación Pensional

M. P. Alfredo Beltrán Sierra. Sentencia C-1380 del 11 de octubre del 2000. Expediente D-2923.

Síntesis: Reliquidación del monto de las pensiones para funcionarios y empleados públicos. Exequibilidad del artículo 150 (parcial).

[S-037] «II. NORMA DEMANDADA

A continuación, se transcribe el texto de la disposición demandada. Se subrayan las expresiones impugnadas.

"Artículo 150. Reliquidación del monto de la pensión para funcionarios y empleados públicos. Los funcionarios y empleados públicos que hubiesen sido notificados de la resolución de jubilación y que no se hayan retirado del cargo tendrán derecho a que se les reliquide el ingreso base para calcular la pensión, incluyendo los sueldos devengados con posterioridad a la fecha de notificación de la resolución.

"Parágrafo. No podrá obligarse a ningún funcionario o empleado público a retirarse del cargo por el sólo hecho de haberse expedido a su favor la resolución de jubilación, si no ha llegado a la edad de retiro forzoso."

(...)

VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

(...)

2. Lo que se debate

El demandante considera que las expresiones demandadas violan los artículos 13 y 53 de la Constitución, porque crean a favor de los empleados y funcionarios públicos un privilegio injustificado frente a los trabajadores del sector privado, pues a aquellos se les permite la reliquidación del monto de su pensión de jubilación o vejez, cuando no se hayan retirado del empleo, no obstante habérseles notificado de la resolución correspondiente. Lo que tiene como consecuencia que los sueldos devengados durante este período, después del reconocimiento, puedan incrementar el valor de la pensión. Además, en el parágrafo de la misma norma, se prohibe que los servidores públicos sean retirados del empleo por el sólo hecho del reconocimiento de la pensión, salvo que hubieren cumplido la edad de retiro forzoso.

El interviniente y el señor Procurador solicitan a la Corte declarar exequible lo acusado, pues no viola el artículo 13, ni hay lugar a la aplicación de la favorabilidad del artículo 53 de la Constitución, porque el demandante incurre en una equivocación al interpretar la norma, ya que no tuvo en cuenta lo que establecen otros preceptos contenidos en la misma Ley 100 de 1993, como son los artículos 33, 52 y 64. Observan, así mismo, que la Corte Suprema de Justicia, en reciente sentencia, se refirió a este asunto.

Vistas así las cosas, la Corte habrá de examinar si en efecto las expresiones demandadas contienen un tratamiento privilegiado para un determinado sector de empleados, los públicos, del que no gozan los que pertenecen al sector privado, pues, en tal evento, es posible que se presente la violación del principio de igualdad, consagrado en el artículo 13 de la Constitución. Sin embargo, lo primero que se echa de menos son los mínimos parámetros de comparación.

En efecto, en el artículo demandado no se establecen privilegios para una clase de empleados frente a otros. Lo que la norma consagra es la manera de calcular la pensión de los funcionarios y empleados públicos, cuando fueren notificados de la resolución de jubilación. Por parte alguna se menciona lo que ocurre, para esta situación, respecto de los empleados o trabajadores privados, pues, ellos, también, se rigen por normas generales o específicas, según el caso. Es decir, que en la demanda bajo estudio no se observa la violación al principio de igualdad que alega el actor.

Resulta pertinente recordar que el principio de igualdad ha sido tal vez el principio al que más se ha referido la jurisprudencia de esta Corporación. Parte de punto central: que el derecho a la igualdad sólo puede predicarse cuando hay identidad entre los supuestos de hecho frente a los cuales se realiza la comparación. En la sentencia T-352 de 1997 se establecieron algunas reglas para el examen constitucional; en la sentencia C-351 de 1999, se reiteró en qué consiste el núcleo de la garantía. También ha señalado que el principio de igualdad prohibe que las diferencias sean arbitrarias o injustificadas, es decir, que el mero establecimiento de un trato desigual no lleva consigo la violación del principio. En lo pertinente se transcriben apartes de la sentencia C-173 de 1996:

"La igualdad, vale la pena reiterarlo, no comporta identidad numérica, de manera que bien puede el legislador y debe, en defensa del mismo principio, hacer distinciones entre supuestos o situaciones que en realidad requieren ser tratados en forma diferente debido a la relevancia de circunstancias fácticas.

El principio de igualdad prohibe las diferencias que sean arbitrarias o injustificadas desde un punto de vista jurídico, esto es, que no se funden en motivos objetivos y razonables, o que sean desproporcionadas en su alcance o contenido. Igualmente, implica una evaluación de los efectos y un juicio de razonabilidad de la diferencia, pues como se ha sostenido "La igualdad es básicamente un concepto relacional, que de forma necesaria conduce a un proceso de comparación entre dos situaciones tratadas de forma distinta, en el que es preciso efectuar una valoración de la diferencia. Sólo tras el análisis de las características de cada supuesto que se compara, de la entidad de la distinción, y de los fines que con ella se persigue, podrá concluirse si la medida diferenciadora es o no aceptable jurídicamente." (sentencia C-173 de 1996, M.P., doctor Carlos Gaviria Díaz).

En la demanda bajo estudio, el precepto demandado no contiene los elementos diferenciadores, que impliquen un trato privilegiado a favor de un sector de empleados. La presunta violación es resultado de las conclusiones que saca el demandante.

En consecuencia, no existe vulneración del principio a la igualdad. Y, por las mismas razones, no se viola el artículo 53 de la Constitución, pues no hay lugar a la aplicación de la norma más favorable al trabajador.

(...)

RESUELVE :

Declarar EXEQUIBLES las expresiones demandadas del artículo 150 de la Ley 100 de 1993 "por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"».