Reajuste de Pensiones

Concepto No. 1999025831-1. Octubre 22 de 1999

Síntesis: Reajuste de pensiones de jubilación reconocidas por un fondo territorial de pensiones.

[C-078] «(...) consulta sobre la posibilidad de efectuar el reajuste de una pensión de jubilación reconocida por un fondo territorial de pensiones, en el evento en que una trabajadora se desvinculó de la entidad sustituida y, con anterioridad al reconocimiento de su pensión por parte del fondo territorial, se vinculó laboralmente con otro empleador, afiliándose y cotizando al Instituto de Seguros Sociales.

En primer lugar, resulta necesario anotar que, de conformidad con lo ordenado en el artículo 13, literal k, de la Ley 100 de 1993, la competencia de la Superintendencia Bancaria frente al Sistema General de Pensiones se limita a ejercer control y vigilancia sobre las entidades administradoras de los dos regímenes existentes, a saber: Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, quedando por fuera de nuestro ámbito de control en esta materia, los Fondos Territoriales de Pensiones Públicas, ya que no ostentan el carácter de entidades administradoras de pensiones.

No obstante lo anterior, proceden los siguientes comentarios, los cuales esperamos le resulten lo suficientemente ilustrativos:

El Decreto 1296 de 1994, mediante el cual se autorizó la creación de los Fondos Territoriales de Pensiones Públicas, estableció que los mismos ostentan la naturaleza de cuentas especiales, sin personería jurídica (artículo 3°), cuyas funciones corresponden eminentemente al pago de pensiones (artículo 4°). El mismo decreto los facultó también para que en determinados casos pudiesen realizar funciones de reconocimiento de pensiones, siempre y cuando en el acto en que se ordenaba la organización o constitución de los Fondos Territoriales se hubiese establecido su capacidad para asumir el reconocimiento de pensiones que venían efectuando las entidades a las que sustituyeron, en los términos previstos por la Ley, esto es, las pensiones de las personas que habían cumplido los requisitos para adquirir el derecho a la pensión pero que no se les ha reconocido y las de quienes habiendo cumplido el tiempo de servicio no han llegado a la edad señalada para adquirir el derecho a la pensión, en el entendido de que no se encuentren afiliados a una administradora del Sistema General de Pensiones (artículo 4°).

Sobre este particular debe recordarse que el inciso primero del artículo 2° del Decreto 1068 de 1995 establece que "(...) Una vez entre a regir el Sistema General de Pensiones en el orden departamental, municipal y distrital, los servidores públicos deberán seleccionar entre el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el Instituto de Seguros Sociales - ISS y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, administrado por las Sociedades Administradoras de Fondos de Pensiones - AFP, autorizadas por la Superintendencia Bancaria".

Por su parte el inciso tercero del artículo 5° del mismo decreto señala que "La entidad administradora de pensiones donde se encuentre afiliado el servidor público de los entes territoriales efectuará el reconocimiento y pago de la pensión de vejez o de jubilación, una vez le sea entregado el respectivo bono pensional".

Así entonces, el reconocimiento y pago de las pensiones de las personas que hayan continuado cotizando al Sistema General de Pensiones le corresponde a la entidad administradora a la cual se encuentren afiliadas, ya sea una administradora del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida o una Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

De acuerdo con lo anterior, en el evento en que un exfuncionario de esa Gobernación se haya afiliado a una administradora de pensiones y, por ende, haya cotizado al Sistema, sería ésta la entidad a la que corresponde reconocer su pensión, en los términos previstos para tal efecto.

Ahora bien, como quiera que en el caso sub examine la pensión fue reconocida por el Fondo Territorial de Pensiones Públicas, es pertinente recordar que, de conformidad con lo dispuesto en el Código Contencioso Administrativo, los actos administrativos que crean una situación jurídica de carácter particular o que reconocen un derecho, sólo pueden ser revocados por la administración, de oficio o a solicitud de parte, en los casos expresamente señalados en la Ley, siempre y cuando se cuente para el efecto con el consentimiento expreso del respectivo titular del derecho; en caso contrario, procedería la demanda del correspondiente acto ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo (artículo 69 y demás normas concordantes).

En cuanto a las cotizaciones efectuadas por la exfuncionaria en el Instituto de Seguros Sociales, debe anotarse que no pueden ser tenidas en cuenta para efecto de la reliquidación de la pensión ya que, como lo menciona en su comunicación, el Fondo Territorial de Pensiones no cuenta con capacidad jurídica para recibirlas, en la medida en que no es una entidad administradora de pensiones en los términos de la Ley 100 de 1993. Lo expuesto debe entenderse sin perjuicio de la eventual indemnización sustitutiva a que haya lugar, la cual estará a cargo del Instituto de Seguros Sociales si se dan las condiciones legales para el efecto.

Finalmente debe anotarse que, como se mencionó antes, al estar obligados los trabajadores a afiliarse a una administradora de pensiones, a partir de la entrada en vigencia del Sistema General de Pensiones el empleador no puede retener o administrar cotizaciones, lo cual conduce a que sea irregular que el empleador realice "descuentos" para pensiones para mantenerlos en las pagadurías respectivas, ya que tales cotizaciones deben ser entregadas a las entidades administradoras de pensiones a las que se encuentren afiliados los trabajadores».