Pensión de invalidez

Concepto No. 2000014843-1. Abril 13 de 2000

Síntesis: Entidades responsables del pago del subsidio de incapacidad por enfermedad general mayor a 180 días.

[C-068] «Los elementos de hecho de la consulta se pueden resumir así: Un afiliado estuvo incapacitado durante 180 días, recibiendo de la EPS las respectivas prestaciones económicas. Antes del vencimiento de los 180 días de incapacidad, el Instituto de Seguros Sociales, en su condición de entidad promotora de salud, le informó al afiliado que debía presentar ante la administradora de pensiones la solicitud de pensión de invalidez, la cual fue presentada a (...) el 16 de marzo de 1999 pues los 180 días se vencían el 28 de abril siguiente. El fondo presentó en forma extemporánea la solicitud a la Junta de Calificación de Invalidez lo que implicó una demora en el dictamen y en el reconocimiento de la prestación correspondiente.

Sobre el particular resultan pertinentes los siguientes comentarios:

En primer término debe recordarse que el artículo 22 del Decreto 1346 de 1994, refiriéndose a quiénes pueden presentar solicitudes de valoración a las juntas calificadoras de invalidez, establece:

"Las solicitudes podrán ser presentadas por una de las siguientes personas:

1. Por intermedio de la entidad administradora o de la compáñía de seguros correspondiente: el afiliado, el pensionado por invalidez, o el beneficiario, o la persona que demuestre que aquél esté imposibilitado.

2. La Administradora del Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida.

3. La Administradora del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

4. La Administradora de Riesgos Profesionales.

5. La Compañía de Seguros.

6. Para los casos de solicitud del origen de la invalidez o de la muerte, la Empresa Promotora de Salud por intermedio de la entidad administradora o compañía de seguros correspondiente.

Par. 1. Las entidades administradoras y las compañías de seguros podrán abstenerse de tramitar las solicitudes de que trata el presente artículo, cuando no hayan transcurrido, cuando menos, las tres cuartas partes del tiempo de la incapacidad de que trata el artículo 206 de la Ley 100 de 1993.

Expirado el término anterior, las entidades administradoras o las compañías de seguros podrán posponer el trámite ante las juntas de calificación de invalidez y hasta por 360 (trescientos sesenta) días adicionales, siempre que otorguen una prestación económica equivalente a la incapacidad que venía disfrutando y exista un concepto médico favorable de rehabilitación.

Par. 2. Salvo lo establecido en el parágrafo anterior, la entidad administradora o compañía de seguros correspondiente, deberá presentar la solicitud a la junta de calificación de invalidez, dentro de los diez (10) días hábiles a la petición del trámite de las personas de que tratan los numerales 1º y 6º del presente artículo.

Cuando la entidad administradora o la compañía de seguros en forma injustificada, no presente oportunamente las solicitudes de los afiliados o beneficiarios, o cuando retarde injustificadamente el pago de sus obligaciones, será sancionada por la Superintendencia Bancaria" (resaltamos).

Como puede observarse, frente al caso específico de retardo en la presentación de la solicitud del afiliado por parte de la Administradora la norma establece como consecuencia que la Superintendencia Bancaria le imponga una sanción; sin embargo nada dice sobre el pago de la incapacidad por el período que exceda los 180 días.

Al respecto es importante tener en cuenta que el Sistema General de Pensiones, en cualquiera de los dos regímenes que lo conforman, garantiza a los afiliados y a sus beneficiarios el reconocimiento y pago de las prestaciones que amparan las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, previstas expresamente en la ley. En el evento consultado como ya se anotó, no se prevé el pago de la incapacidad a cargo de la Administradora.

No obstante lo anterior, debe resaltarse lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 656 de 1994, según el cual "En su calidad de administradoras del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, las administradoras son instituciones de carácter previsional y, como tales, se encuentran obligadas a prestar en forma eficiente, eficaz y oportuna todos los servicios inherentes a dicha calidad. Por lo tanto, serán responsables de los perjuicios que por su culpa leve se puedan ocasionar a los afiliados" (negrilla extratextual).

Ahora bien, teniendo en cuenta que de la información suministrada en la consulta, al parecer (...) presentó por fuera del término legal la solicitud de valoración a la junta calificadora de invalidez, en la fecha se remite copia de la presente actuación a la Subdirección de Resolución de Conflictos, Quejas y de Atención al Usuario de esta Superintendencia, para los fines pertinentes».