Naturaleza de la Ley 100 de 1993

M. P. Carlos Gaviria Díaz. Sentencia C-052 del 16 de febrero de 1995. Expediente No. D-677.

Síntesis: Ley 10S de 1993; no es una ley estatutaria. Cosa juzgada. Declara estarse a lo resuelto en sentencia C-408/94 frente a la exequibilidad de la Ley 100 de 1993.

[S-021] «II. EL ORDENAMIENTO ACUSADO

Dada la extensión de la Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones", no es necesario transcribir su texto.

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VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

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b) Cosa Juzgada

Ciertamente, como lo sostiene el Procurador General de la Nación, esta Corporación ya emitió pronunciamiento sobre el punto de debate, como consta en la sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994, en la que resolvió "declarar exequible la Ley 100 de 1993, en cuanto no era necesario que el Congreso le diera el trámite de ley estatutaria".

Vale la pena recordar los siguientes apartes del fallo en mención:

"Cuando de la regulación de un derecho fundamental se trata, la exigencia de que se realice mediante una ley estatutaria, debe entenderse limitada a los contenidos más cercanos al núcleo esencial de ese derecho, ya que se dejaría, según interpretación contraria, a la ley ordinaria, regla general legislativa, sin la posibilidad de existir; toda vez, que, se repite, de algún modo, toda la legislación de manera más o menos lejana, se encuentra vinculada con los derechos fundamentales.

(...)

La Carta dispone la facultad del legislador para regular los contenidos de la seguridad social, entendiendo por tal, a un tiempo, un ‘servicio público de carácter obligatorio’ y ‘un derecho irrenunciable’. Técnicamente esta antinomia resulta irreconciliable. Sin embargo, la interpretación integradora de distintos elementos concurrentes en determinadas realidades constitucionales, permite afirmar que la seguridad social es un derecho de la persona que se materializa mediante la prestación de un servicio público de carácter obligatorio.

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Revisados los contenidos de la Ley 100 se observa que entre ellos no existen regulaciones que amplíen o limiten los contenidos de su núcleo esencial, que pudieran hacer parte de la Constitución, sino que, se aprecian en ella elementos que haciendo parte de ese derecho fundamental, por su carácter reglamentario pueden ser objeto de las competencias propias del legislador ordinario.

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Es claro para la Corte que esta normatividad sobre la seguridad social, no debe ser objeto de reglamentación mediante la vía legal exceptiva de las leyes estatutarias por no corresponder a los elementos de derechos fundamentales que quiso el Constituyente someter a dicha categoría legal, por tratarse de elementos de tipo asistencial que provienen, en oportunidades, de la existencia de una relación laboral, y en otras de la simple participación en el cuerpo social, y derechos gratuitos en oportunidades y onerosos en la mayoría de los casos. La gratuidad, no puede entenderse, en los titulares de estos derechos, como un ingrediente que pueda mutar la naturaleza de los mismos para transformarlos en derechos fundamentales; pues no son más que desarrollos de contenidos propios del Estado Social de Derecho". (M.P. Fabio Morón Díaz).

Ante esta circunstancia, se ha operado el fenómeno procesal de la cosa juzgada constitucional que impide a la Corte volver sobre la misma norma declarada exequible, en consecuencia, sólo resta ordenar que se esté a lo decidido en el fallo precitado.

Pero antes de terminar, debe la Corte señalar que la actuación asumida por el Procurador General de la Nación, de no declararse impedido para conceptuar dentro del presente proceso, a pesar de haber intervenido, cuando se desempeñaba como Senador de la República, en el trámite de la Ley 100 de 1993, no constituye irregularidad alguna, pues existiendo cosa juzgada no había materia sobre la cual pudiera pronunciarse el citado funcionario, porque en estos eventos su labor se limita a solicitar a la Corte que esté a lo ya resuelto. Siendo así, su proceder se halla plenamente justificado y es acorde con los principios de la prevalencia del derecho sustancial y de economía procesal.

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RESUELVE:

ESTAR A LO DECIDIDO en la sentencia No. C-408 del 15 de septiembre de 1994, que declaró exequible la Ley 100 de 1993, por no requerir trámite de ley estatutaria».