Incentivos

Concepto No. 1999013197-1. Septiembre 1° de 1999

Síntesis: Naturaleza del seguro de aporte pensional por desempleo. Promoción de servicios mediante incentivos.

[C-042] «(...) consulta si, para fines comerciales y de difusión, el producto denominado "Seguro de Aporte Pensional por Desempleo" es un servicio prestado por el Instituto de Seguros Sociales a sus afiliados.

Sobre el particular resulta necesario anotar que, en desarrollo de su objeto social y circunscritos al Sistema General de Pensiones, al Instituto de Seguros Sociales le corresponde atender el reconocimiento y pago de las prestaciones establecidas, entre otros, en los artículos 33, 38, 46, 50 y 51 de la Ley 100 de 1993, valga decir, las pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, la mesada adicional y el auxilio funerario.

Al no estar consagrado en las normas legales el "Seguro de Aporte Pensional por Desempleo" como un nuevo tipo de prestación, debe entenderse que se trata de un mecanismo de promoción, valga decir, un incentivo otorgado por el Instituto para promover su imagen, sus productos o sus servicios, con el fin procurar nuevas afiliaciones o la permanencia de las existentes.

En este sentido, el artículo 99, ordinal 2, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, al referirse a los incentivos ofrecidos por las instituciones financieras y aseguradoras sometidas al control y vigilancia de esta Superintendencia, establece:

"(...) Promoción de servicios mediante incentivos. Todas las instituciones financieras y aseguradoras podrán ofrecer directa o indirectamente y mediante su responsabilidad premios por sorteo, establecer planes de seguros de vida a cargo de compañías de seguros debidamente autorizadas para el efecto u otros incentivos, con el fin de promover su imagen, sus productos o servicios, de manera gratuita y exclusivamente entre sus clientes, en las condiciones que señale el Gobierno Nacional (...)"

Como es sabido, en virtud de lo establecido en el artículo 20 del Decreto 1888 de 1994, a las Entidades Administradoras del Régimen Solidario de Prima Media les son aplicables, además de las disposiciones especiales de la Ley 100 de 1993 y el mismo decreto, las normas de las sociedades de servicios financieros y de las instituciones financieras, dentro de las cuales se encuentra la transcrita en el párrafo anterior.

En cuanto tiene que ver con los "fines comerciales y de difusión" que menciona en su comunicación, resulta pertinente recordar que el artículo 58 de la Ley 100 de 1993 establece que "Las entidades administradoras del Régimen Solidario de Prestación Definida podrán adelantar programas de publicidad, comunicación y promoción de sus actividades conforme, en lo pertinente, a la reglamentación que para el efecto expida la Superintendencia Bancaria. Tal publicidad solamente podrá contratarse con cargo al presupuesto de gastos administrativos de la entidad."

Por su parte el artículo 8 del Decreto 1888 de 1994, al señalar las obligaciones del Instituto de Seguros Sociales como entidad operadora del Sistema General de Pensiones, en su numeral cuarto establece que le corresponde "Adelantar los programas de publicidad, comunicación y promoción de sus actividades según lo dispuesto en disposiciones especiales sobre el particular."

Finalmente, el artículo 99, ordinal 1, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero señala que "Los programas publicitarios de las entidades vigiladas deberán contar con la autorización general o individual de la Superintendencia Bancaria, con el fin de que se ajusten a las normas vigentes, a la realidad jurídica y económica del servicio promovido y para prevenir la propaganda comercial que tienda a establecer competencia desleal."

De conformidad con lo anterior, para efectos de adelantar la respectiva publicidad del incentivo en comento, ya sea para su promoción o para su desmonte, se debe contar con la autorización previa de esta Superintendencia, según lo previsto en el Capítulo Sexto, Título I de la Circular Básica Jurídica de esta Entidad, el cual contiene, en términos generales, las disposiciones a las que en esta materia deben someterse las entidades vigiladas».