Presentación
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Jurisprudencia Financiera 2000
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Al final de la crisis económica que vivió el país en la última década y luego de los importantes avances legislativos alcanzados en 1999 con la expedición de las Leyes 510 y 546, durante el año 2000 las Altas Cortes tramitaron acciones judiciales cuyas decisiones están recogidas en fallos de enorme transcendencia para la historia jurisprudencial del país. Dentro de las principales acciones se encuentran sin duda las sentencias que revisaron la constitucionalidad de las disposiciones de la Ley 546 de 1999, por medio de las cuales se reguló el sistema de financiación de vivienda a largo plazo. En fallos sucesivos, la Corte Constitucional se pronunció sobre gran parte del articulado de la ley y estableció el alcance constitucional que tales disposiciones deben tener. Así, el nuevo cuerpo normativo y las modificaciones hechas al mismo, se deben constituir en la principal herramienta para la reactivación del crédito hipotecario. En el mismo sentido, respecto de la Ley 510 de 1999, la Corte se pronunció sobre su constitucionalidad, profiriendo decisiones en torno a temas tales como la terminación de los contratos de trabajo de los administradores de las entidades intervenidas y la regulación del derecho de habeas data. A su vez, las medidas de liquidación forzosa administrativa adoptadas en años anteriores, dieron lugar a varias decisiones de tutela en relación con las frecuentes solicitudes de devolución de ahorros, de aportes de asociados y de dineros destinados a la seguridad social, así como de compensación de deudas, presentadas durante el trámite de los procesos de liquidación. Por otra parte, se lograron precisiones en materia de tasas de interés, de la legalidad y del ejercicio de la facultad sancionatoria administrativa y de la atribución de funciones jurisdiccionales a la Superintendencia Bancaria. Luego de la entrada en vigor de la Ley 472 de 1998, las acciones populares y de grupo tuvieron los primeros desarrollos jurisprudenciales por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Todos estos aspectos, relevantes para el desarrollo de las actividades de la Superintendencia Bancaria y de sus instituciones vigiladas, al igual que para la de sus usuarios, ahorradores, inversionistas y del público en general, están registrados en Jurisprudencia Financiera 2000, obra que se constituye en un aporte sustantivo a la bibliografía nacional en la materia. Por lo demás, las providencias publicadas en esta edición se complementan con un Apéndice, el cual incluye una relación de la jurisprudencia reseñada en el Boletín Jurídico de esta entidad durante el año 2000 y con cuatro índices –General, Alfabético, Normativo y de Sentencias– que permiten una ágil y provechosa consulta.
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