Superfinanciera ordenó a la sociedad Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S, suspender las actividades de captación no autorizada de dineros del público
- La medida también cobija al establecimiento de comercio denominado Correa y Abogados y a los señores Iván Camilo Correa Granada y Jairo Andrés Ruiz Guisao como representantes legales de la sociedad, quienes asumieron pasivos con por lo menos 65 personas, por un monto total de $ 6.302.968.525, sin prever a cambio la entrega de un bien o servicio y superando el 50% de su patrimonio líquido.
La medida fue adoptada mediante la Resolución 0344 del 24 de marzo de 2020, en la que se ordena realizar de manera inmediata la devolución de los recursos captados ilegalmente, así como la imposibilidad de realizar en adelante operaciones de captación o recaudo no autorizado de dineros del público, en forma masiva, usando cualquier modalidad, ya sea directamente o por medio de otras personas naturales o jurídicas.
La Superintendencia Financiera estableció que, los sujetos de la presente medida, bajo la línea de negocio establecida recibían de sus clientes dinero señalando que los invertirían en negociaciones de cartera, cuando en la realidad económica se demostró que asumieron pasivos con por lo menos 65 personas, por un monto total de $6.302.968.525, comprometiéndose a pagar rendimientos entre el 10% y el 20% cuatrimestralmente, así como a devolver el 100% del capital recibido en el término de un año.
La firma Grupo Empresarial Correa y Abogados S.A.S, canceló parcialmente a sus clientes los intereses pactados sin que se demostrara de manera alguna el cumplimiento del objeto de los contratos que firmaban con los mismos.
La promoción de esta actividad se llevaba a cabo mediante el voz a voz por los representantes legales, quienes exponían su modelo de negocio en diversas reuniones, así como a través de clientes que se convertían en “asesores” quienes a cambio de recibir una comisión, contribuían a vincular más personas a la sociedad bajo la modalidad de negocio ofrecida.
La Superintendencia Financiera remitió copia de la medida, entre otras autoridades, a la Superintendencia de Sociedades para la correspondiente intervención administrativa y a la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se adelanten las investigaciones en materia penal.
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Última modificación 27/03/2020