Gobierno de Colombia

Superintendencia Financiera de Colombia

Superintendencia Financiera de Colombia

Contraste

Reducir letra

Aumentar letra

Centro de relevo

Lengua de señas

Boletín Jurídico Numero 73

Boletín Jurídico Numero 73
 
 
Reseña de decretos

Ministerio de Hacienda y Crédito Público
 

Patrimonio adecuado, sociedades fiduciarias, administradoras de fondos de pensiones, comisionistas de bolsa, aseguradoras
Decreto 415 de 2018 (marzo 2). Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el patrimonio adecuado de sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de inversión y entidades aseguradoras.

Actividad de asesoría de entidades vigiladas, alcance
Decreto 661 de 2018 (abril 17).  Modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de asesoría y se dictan otras disposiciones. Adiciona a la Parte 2, el Libro 40: Actividad de asesoría, Título 1: Definiciones, alcance y reglas generales. “

Cuentas de ahorro electrónico, características
Decreto 720 de 2018 (abril 26).  Modifica el artículo 2.25.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 en el sentido de señalar las características de las cuentas de ahorro electrónicas.
 
Reseña de jurisprudencia
Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Pensión de sobreviviente, prescripción, interrupción, suspensión
Sentencia SL-14326-2017 del 13 de septiembre de 2017. Referencia 53462. Teniendo en cuenta que la causación del derecho se generó con el fallecimiento de la persona el 17 de septiembre de 1997 y que la reclamación administrativa presentada el 5 de diciembre de 2006, interrumpió el fenómeno prescriptivo, dado que la demanda tiene fecha de radicación del 29 de julio de 2009; entonces se encuentran prescritas las mesadas pensionales generadas hasta el 5 de diciembre de 2003; pero solo en lo que respecta al derecho de la cónyuge supérstite, más no para la hija, para quien la prescripción se entiende suspendida, porque era menor y solo contaba con 6 años de edad al momento de fallecer su padre.

Pensión de sobreviviente por vejez, sustitución pensional por invalidez, compatibilidad
Sentencia SL15568-2017 del 27 de septiembre de 2017. Radicación 54199.  Las pensiones de invalidez por causa de accidente de trabajo o enfermedad profesional o en su defecto la de sobrevivientes de origen profesional, son compatibles con la de vejez o con la de invalidez de origen común -o con éstas sustituidas en sus causahabientes-, por cuanto las primeras provienen de un infortunio laboral del asegurado a causa de su actividad profesional, y las segundas se derivan de un riesgo común, asimismo, éstas cubren contingencias distintas, tienen reglamentación diferente; los recursos con que se pagan, tienen fuentes de financiación autónomas; y, se cotiza separadamente para cada riesgo.
 

Consejo de Estado
 

Leasing, responsabilidad de compañía de financiamiento como titular del derecho de dominio
Sentencia del 1 de marzo de 2018. Expediente 73001-23-31-000-2012-00107-01 El acto enjuiciado estudió de fondo la responsabilidad de la compañía de financiamiento, no como el sujeto que materialmente ejercitó la conducta de violación a la normativa ambiental sino a partir de su responsabilidad como titular del derecho de dominio, devenido del contrato de leasing, concluyendo que había lugar a imponer las sanciones contempladas en la ley, para el caso en concreto, las fijadas por el artículo 40 de la Ley 1333 de 2009, modificado por el Decreto 3678 de 2010. En efecto, observa la Sala que, en lo relacionado con la imposibilidad jurídica y legal que recae sobre la compañía de financiamiento de realizar actividades relacionadas con la explotación de recursos naturales y del medio ambiente, lo cual es obvio al no obedecer a su objeto social, conforme se evidencia de la lectura del certificado de existencia y representación.
 

 
Concepto 2018021980-003 del 19 de abril de 2018

Síntesis:
En ejecución de los contratos de apertura de crédito (que pueden tener disponibilidad de crédito simple o rotativa) los establecimientos bancarios emiten una tarjeta plástica, como medio de uso del cupo asignado (suma de dinero previamente determinada) que se mantiene disponible en favor del tarjetahabiente, quien se compromete al pago de lo pactado conforme a los términos del contrato suscrito con la respectiva entidad. Sobre este aspecto es de anotar que los derechos y obligaciones correspondientes al banco emisor de la tarjeta de crédito y a sus tarjetahabientes, se derivan de las condiciones establecidas contractualmente, que constituyen ley para las partes según lo señalado en el artículo 1602 del Código Civil.


«(…) correo electrónico mediante el cual solicita pronunciamiento sobre la legalidad del cobro de la cuota de manejo de la tarjeta de crédito cuando el tarjetahabiente no ha hecho uso de la misma.


En atención al objeto de su consulta, conviene precisar en primer lugar que las tarjetas de crédito son emitidas por la instituciones financieras como instrumentos subsecuentes a la celebración del denominado contrato de apertura de crédito regulado en el Código de Comercio (Libro Cuarto, Título XVII, Capítulo V), definido en el artículo 1400 como “aquel acuerdo en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona sumas de dinero, dentro del límite pactado y por un tiempo fijo o indeterminado”.


Es con referencia en las anteriores directrices y en ejecución de los contratos de apertura de crédito (que pueden tener disponibilidad de crédito simple o rotativa) que los establecimientos bancarios emiten una tarjeta plástica, como medio de uso del cupo asignado (suma de dinero previamente determinada) que se mantiene disponible en favor del tarjetahabiente, quien se compromete al pago de lo pactado conforme a los términos del contrato suscrito con la respectiva entidad. Sobre este aspecto es de anotar que los derechos y obligaciones correspondientes al banco emisor de la tarjeta de crédito y a sus tarjetahabientes, se derivan de las condiciones establecidas contractualmente, que constituyen ley para las partes según lo señalado en el artículo 1602 del Código Civil.


Todo ello, sin perjuicio de las disposiciones que deben observar las partes vinculadas en una relación contractual en consideración a la naturaleza del negocio y las reglas especiales aplicables a su actividad. Al respecto, es importante advertir que el numeral 5.4.5 del Capítulo I del Título I de la Parte II de la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia (C.E 029 de 2014) califica como práctica insegura la “Realización de cargos no autorizados en tarjetas de crédito”, la cual podría presentarse cuando la cuota de manejo o cualquier otro cobro no haya sido convenido previamente o consentido por el consumidor financiero.


De otra parte, en relación con el tema objeto de su inquietud esta Superintendencia ha manifestado en diversas oportunidades que dicho cobro encuentra justificación mientras la relación contractual esté vigente y sea posible para el consumidor financiero acceder al crédito rotativo otorgado (bien sea a través del plástico o de otros mecanismos dispuestos por la institución vigilada para que este haga uso del cupo autorizado). Este mismo entendimiento se puede evidenciar en distintos fallos emitidos por esta Superintendencia en ejercicio de funciones jurisdiccionales, en los cuales ha manifestado lo siguiente:


El cobro de la cuota de manejo obedece al pago efectuado al Banco por el consumidor financiero, por los costos operativos en los que se incurre con el fin de prestar los servicios derivados del contrato de apertura de crédito, instrumentado con la emisión de una tarjeta, el uso de los sistemas electrónicos, la producción de extractos, la afiliación y el uso a los diferentes puntos de pago y demás gastos de carácter operativo y administrativo originados en la utilización del servicio bancario, aspectos que deben estar relacionados en el contrato de crédito financiero o en el reglamento que la rige. En el presente caso, no obstante estar pactado entre las partes el cobro de la cuota de manejo, el producto estaba marcado con la exoneración por dicho concepto por el primer año, vencido el tiempo de dicha prerrogativa, nuevamente impera el pacto contractual para el cobro de dicho cargo. (Fallo: 015-2211 de agosto 4 de 2016, Expediente/Radicado: 2015129467).


El consumidor financiero como responsable de su patrimonio debe desplegar las conductas necesarias para tener control sobre el mismo, conocer sus productos, cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, tal como lo prevé el artículo 6 de la Ley 1328 de 2009, lo que implica informarse sobre el producto y las condiciones del mismo, que para el caso bajo análisis corresponde a conocer la tasa de interés a cobrar y cuándo se generaba cobro de cuota de manejo. (Fallo: 2015-2020 de mayo 27 de 2016).


Bajo el anterior contexto y teniendo en cuenta que las condiciones para el uso de las tarjetas de crédito no son uniformes ya que pueden variar de una institución financiera a otra, un pronunciamiento con el alcance solicitado en su comunicación no puede ser emitido vía consulta por este ente Supervisor. Lo anterior, teniendo en cuenta que una solución a la situación fáctica descrita exige un examen de las estipulaciones particulares consignadas en el contrato de apertura de crédito y en el respectivo reglamento de uso de tarjeta, las cuales siendo conocidas deben ser acatadas por el consumidor financiero bajo las prácticas de protección propia previstas en el artículo 6° de la Ley 1328 de 2009, letras b y d:


b) Informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir o emplear, indagando sobre las condiciones generales de la operación; es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas.


d) Revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, así como conservar las copias que se le suministren de dichos documentos.

Por último le informamos que la Circular Básica Jurídica de esta Superintendencia se encuentra disponible para consulta en nuestra página web www.superfinanciera.gov.co ruta: NORMATIVA/Normativa General.

(…).»
 
Relación de algunos conceptos proferidos recientemente por la Superintendencia Financiera de Colombia[1]


Almacenes generales de depósito, operaciones de crédito
Concepto 2018037270-001 del 25 de abril de 2018
Es posible el otorgamiento de un crédito por parte de un AGD a su cliente, para reembolsar los gastos ocasionados en el cumplimiento de la actividad autorizada a dicha entidad. Pues es entendible que este tipo de figuras se presenten, dada la naturaleza del negocio, en donde participan varios agentes a fin de lograr el objetivo para el cual se contrata, más cuando está de por medio, una intermediación aduanera que conlleva una activa participación en la cadena de suministro y logística integral, lo cual igualmente tendrá que consultar la normatividad expedida sobre la materia (Decretos 2883 de 2008 y 390 de 2016).

Cuenta de ahorros, mesadas, exención al gravamen a los movimientos financieros-GMF
Concepto 2018027798-001 del 15 de marzo de 2018
Además de tener exenta del GMF la cuenta de ahorros, el pensionado, podrá tener otra cuenta exenta del GMF siempre que esta cuenta sea designada para el depósito de la mesada pensional, se haya marcado como exenta y se encuentre en la misma Entidad Financiera de la cuenta inicial. Para el caso presente, si la cuenta no cumple con estos requisitos, el establecimiento de crédito debe proceder a realizar el cobro del GMF y no se podrá solicitar la devolución de este cobro.

Embargos objeto de procesos de jurisdicción coactiva, marco normativo
Concepto 2018021577-003 del 28 de marzo de 2018
En un escenario de solicitud y decreto de medidas cautelares, como una etapa de los procesos de jurisdicción coactiva a cargo de las autoridades administrativas, le corresponderá a cada una de ellas identificar el marco normativo aplicable a sus respectivos procesos, de tal suerte que en el evento en que no esté regido por disposiciones especiales, deba proceder, en su orden, a la aplicación del Estatuto Tributario -Decreto 624 de 1989- o el Título IV de la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en virtud del reenvío efectuado por el artículo 100 de este último. Seguidamente el mismo artículo indica que en lo no previsto en las normas precitadas, se aplican, siempre y cuando sean compatibles con esos regímenes, las reglas de procedimiento establecidas en la Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y, en su defecto, las relativas al proceso ejecutivo singular del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del Proceso.

Entidades financieras tomadoras de seguros, créditos con garantía hipotecaria, leasing habitacional, proceso licitatorio
Concepto 2018015390-003 del 22 de marzo de 2018
En los eventos en que la entidad financiera actúe como tomador en los seguros asociados a créditos garantizados con hipotecas o contratos de leasing habitacional por cuenta de sus deudores o locatarios, con independencia de su exigencia legal o contractual, es obligatorio el cumplimiento del procedimiento licitatorio en los términos y condiciones contenidos en los artículos 2.36.2.2.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010 y en la Circular Básica Jurídica -C.E 029 de 2014- de esta Superintendencia.

Intermediarios del mercado cambiario, montos máximos
Concepto 2018028499-003 del 17 de abril de 2018
Las instituciones autorizadas para actuar como intermediarios del mercado cambiario (mencionadas en el artículo 58 de la Resolución Externa No. 8 de 2000 proferida por la Junta Directiva del Banco de la República), deben dar cumplimiento a las normas consagradas en el Régimen de Cambios Internacionales para la canalización de las divisas correspondientes a las operaciones de cambio que por su conducto se lleve a cabo (Resolución Externa No. 8 de 2000 y Circular Reglamentaria Externa DCIN-83 expedida por el Departamento de Cambios Internacionales), régimen en el cual no se prevé límite a los intermediarios del mercado cambiario, como tampoco se establecen montos máximos que deban ser observados por los mismos, por lo tanto, limitaciones en ese sentido pueden corresponder a las políticas de riesgo definidas por cada institución financiera con base en las directrices señaladas por esta Superintendencia a través de su Circular Básica Contable y Financiera -C.E 100 de 1995.

Mercado forex, publicidad y promoción, oficinas de representación, contrato de corresponsalía
Concepto 2018028233-004 del 9 de abril de 2018
El ofrecimiento en Colombia, entendido como publicidad o promoción en los términos del literal b) del Artículo 4.1.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, del servicio de intercambio de monedas extranjeras (FOREX) por parte de personas distintas a las oficinas de representación, a través de contratos de corresponsalía, o por fuera de los eventos de excepción consagrados en la legislación, se considera ilegal.

Seguro, transferencia del interés asegurado, efectos
Concepto 2018030277-001 del 12 de abril de 2018
Cuando, por cualquier razón, se transfiere la propiedad del vehículo (interés asegurado) a una persona distinta del titular del derecho sobre el cual recaía el interés asegurable descrito en la póliza, el contrato de seguro se extingue, creando a cargo del asegurador la obligación de devolver la prima por el tiempo de la vigencia no transcurrido. Ahora bien, en aquellos casos en que el asegurador expresa su consentimiento, de manera genérica o específica respecto del cambio del asegurado en el contrato de seguro, no habrá lugar a la extinción del contrato de seguro.

SEDPES, operaciones de crédito con terceros, operaciones intradía
Concepto 2018013620-013 del 12 de marzo de 2018
El artículo 1º de la Ley 1735 de 2014 en su literal c), expresamente contempla la posibilidad de que las SEDPES realicen operaciones de crédito con terceros a efectos de obtener financiación para su operación, siempre que no se utilicen los recursos del público para el pago de dichas operaciones. La posibilidad para que las SEDPES realicen operaciones intradía con otras entidades vigiladas, sólo resulta viable en tanto se trate de la descrita en la letra c) del artículo 1° de la Ley 1735 de 2014, esto es, para obtener recursos que no provengan del público y destinarlos específicamente a la financiación de su propia operación.

Tarjeta de crédito, cuota de manejo legalidad de su cobro
Concepto 2018021980-003 del 19 de abril de 2018
En ejecución de los contratos de apertura de crédito (que pueden tener disponibilidad de crédito simple o rotativa) los establecimientos bancarios emiten una tarjeta plástica, como medio de uso del cupo asignado (suma de dinero previamente determinada) que se mantiene disponible en favor del tarjetahabiente, quien se compromete al pago de lo pactado conforme a los términos del contrato suscrito con la respectiva entidad. Sobre este aspecto es de anotar que los derechos y obligaciones correspondientes al banco emisor de la tarjeta de crédito y a sus tarjetahabientes, se derivan de las condiciones establecidas contractualmente, que constituyen ley para las partes según lo señalado en el artículo 1602 del Código Civil.

 
[1] El texto completo de los conceptos aquí relacionados puede consultarse en nuestra web: www.superfinanciera.gov.co por la ruta ‘Normativa//Conceptos’ o por ‘Servicios de Información al Ciudadano/Buscador de Conceptos Jurídicos y Jurisprudencia’


Última modificación 19/09/2023