Tasa de interés equivalente en moneda local a la que se obtendría en el extranjero, teniendo en cuenta los efectos devaluacionistas o revaluacionistas.

No presenta ningún riesgo para los inversionistas. Un ejemplo de ella es la que otorgan en Colombia los Títulos de Tesorería (TES) del Gobierno o la de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Es la tasa promedio de captación a través de CDT y CDAT de las entidades financieras, calculada diariamente por la Superintendencia Bancaria para diferentes plazos.

Las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, a fin de que estos reciban la información y/o la atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que establezcan con aquellas, y en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En tal sentido, las relaciones entre las entidades vigiladas y los consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, compromiso y obligaciones acordadas. Las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia en materia de seguridad y calidad en los distintos canales de distribución de servicios financieros. (literal a del artículo 3 de la Ley 1328 de 2009).

La Defensoría del Consumidor será una institución orientada a la protección especial de los consumidores financieros, y como tal, deberá ejercer con autonomía e independencia las funciones que la ley le ha otorgado (artículo 13 de la Ley 1328 de 2009). La Defensoría del Consumidor Financiero no tiene el carácter de función pública (artículo 15 de la Ley 1328 de 2009).

No podrá ser designado como Defensor del Consumidor Financiero, quien sea o haya sido dentro del año inmediatamente anterior director, empleado, contratista, apoderado o agente de la entidad vigilada en la cual va a desempeñarse como defensor, ni de la matriz, filial o subsidiaria de la misma. En caso de ser designado como Defensor del Consumidor Financiero quien posea acciones de la entidad vigilada, éste deberá enajenarlas a persona natural por fuera del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, o a persona jurídica donde no posea ninguna participación accionaria como persona natural directa o indirectamente. Esta inhabilidad no será aplicable a las personas que se encuentren ejerciendo la defensoría del cliente a la entrada en vigencia de la ley 1328 de 2009 (artículo 17 de la Ley 1328 de 2009).

Entidad que administra el auxilio de cesantía de los trabajadores.

• Fondo Nacional del Ahorro: es una Empresa Industrial y Comercial del Estado, de carácter financiero del orden nacional regido por la Ley 432 de 1998, que administra las cesantías de los servidores públicos y los particulares que a él se afilien.
  
  Los servidores públicos de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional deben afiliarse a esta entidad de manera obligatoria y los demás trabajadores del estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios si así lo desean.
  
• Fondos privados de cesantías: Son fondos administrados por entidades de carácter privado autorizadas por la normatividad vigente para administrar las cesantías de los trabajadores, siguiendo los parámetros legales para tal fin.

Clasifica una acción como de alta, media, baja o mínima bursatilidad. Mide la comerciabilidad o liquidez de una acción determinada por la frecuencia, número de operaciones y volúmenes negociados mensualmente en el mercado secundario.

Este indicador tiene en cuenta las transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Se puede presentar diaria, semanal o mensualmente. Este índice se calcula sobre la muestra de las empresas más representativas en el mercado y de esta forma se puede apreciar las diferentes tendencias del mismo.

Consiste en solicitar la autorización de la oferta pública bajo esta modalidad. Así se permite efectuarla en el momento en que el emisor lo considere más conveniente durante los dos años siguientes sin requerir de más permisos. Con esta alternativa, sólo debe pagar el 30% del valor de los derechos de inscripción en el Registro Nacional de Valores.