Normas

Decreto 692 de 2007*

(marzo 7)

Por el cual se adiciona el Decreto 3767 del 24 de octubre de 2005

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

En ejercicio de las atribuciones señaladas en los numerales 110 y 250 del artículo 189 de la Constitución Política, y en especial de las conferidas por el literal k) del articulo 4o de la ley 964 de 2005

Decreta:

Artículo 1º. Adicionase el siguiente parágrafo al artículo primero del Decreto 3767 del 21 de octubre de 2005:

"Parágrafo 40. Las bolsas de valores podrán establecer en los estatutos sociales cualquier número máximo de miembros de sus consejos directivos, aún cuando la bolsa respectiva inscriba en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) valores emitidos por ella."

Artículo 2º. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

* Diario Oficial 46.564 de 2007.

Normas

.Decreto 666 de 2007* (marzo 6) Por el cual se reglamentan las cuentas de margen EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial de las contenidas en los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, los literales a), c) , g) e i) del artículo 4° de la Ley 964 de 2005 y el literal c) del numeral 1° del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Decreta: Capítulo I GENERALIDADES Artículo 1º. Cuentas de margen. Son cuentas de margen los contratos celebrados para realizar operaciones de contado de compraventa de valores, por cuenta de un cliente, por montos superiores a los recursos aportados por éste, en los que se prevé que la liquidación de las posiciones abiertas se efectúe total o parcialmente con los recursos o valores obtenidos mediante la liquidación de una operación de compraventa de valores, reporto o repo, simultánea o transferencia temporal de valores. Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este decreto se entiende por posición abierta el monto de las operaciones de contado de compraventa de valores, realizadas por una sociedad autorizada, por cuenta de un cliente, respecto de las cuales no se haya realizado una operación de compraventa de valores contraria a la inicialmente efectuada. Se entiende que una posición ha sido cerrada únicamente cuando se realiza una operación de compraventa de valores contraria a la inicialmente efectuada. No se entenderá cerrada una posición cuando se encuentre pendiente el cumplimiento de una operación de reporto o repo, simultánea o de transferencia temporal de valores realizada en desarrollo del respectivo contrato de cuentas de margen. Parágrafo 2°. Las operaciones correspondientes a cuentas de margen sólo podrán realizarse a través de sistemas de negociación de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, Artículo 2º. Sociedades autorizadas. Las cuentas de margen sólo podrán ser realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores dentro del marco del contrato de comisión o a través de la administración de portafolios de terceros; y por las sociedades fiduciarias dentro del marco de los contratos de fiducia mercantil o encargo fiduciario. Artículo 3º. Valores autorizados. Se podrán realizar operaciones corres-pondientes a cuentas de margen sobre valores de alta liquidez. Con base en este criterio, la Superintendencia Financiera de Colombia establecerá por vía general, los valores que podrán ser objeto de operaciones de cuenta margen, incluyendo en dicha autorización el margen mínimo aplicable a los mismos, en concordancia con lo establecido en el artículo 4° del presente decreto. Capítulo II REGLAS ESPECIALES PARA LA REALIZACIÓN DE CUENTAS DE MARGEN Artículo 4º. Margen. Para los efectos previstos en este decreto, se entiende por margen la suma de dinero que la sociedad autorizada tiene por cuenta de un cliente, como respaldo patrimonial, específico y exclusivo, para la realización y la liquidación de las operaciones correspondientes a la cuenta de margen respectiva. El margen deberá estar en poder de la sociedad autorizada, en su totalidad, de manera previa a la realización de las inversiones correspondientes a la cuenta de margen respectiva. La Superintendencia Financiera de Colombia determinará el margen mínimo que las sociedades autorizadas deberán exigir. En todo caso, el margen al momento de tomar la posición por cuenta del cliente no podrá ser inferior al cinco por ciento (5%) del valor de la respectiva posición. Tratándose de acciones, dicho margen no podrá ser inferior al cincuenta por ciento (50%) de la respectiva posición. Parágrafo 1°. Sin perjuicio de lo anterior, los reglamentos de los sistemas de negociación de valores podrán prever requerimientos de margen mayores a los mínimos exigidos. Parágrafo 2°. Las sociedades autorizadas también podrán exigir requerimientos de margen superiores a los previstos en la presente norma o en los reglamentos de los sistemas de negociación de valores teniendo en cuenta factores como la liquidez y la volatilidad del mercado de los valores sobre los que el contrato permita dicha operación y el análisis de riesgo crediticio realizado sobre cada cliente. Artículo 5º. Monto mínimo inicial y cliente de las cuentas de margen. El margen entregado al inicio del respectivo contrato no podrá ser inferior a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El cliente de cada contrato para la realización de cuentas de margen estará conformado por una única persona natural o jurídica o por una cartera colectiva. Artículo 6º. Llamado al margen. El llamado al margen es la solicitud a través de la cual la sociedad autorizada exige al cliente la entrega de más dinero para mantener abiertas las posiciones tomadas por su cuenta. Este llamado tendrá lugar cuando el valor del margen, calculado teniendo en cuenta las pérdidas o ganancias que resultarían en el evento de cierre de las posiciones del cliente, sea inferior a una suma igual al cincuenta por ciento (50%) del margen que se requeriría para tomar una posición equivalente a la que se tiene por cuenta del respectivo cliente, de conformidad con lo previsto en el artículo 4° del presente decreto. En este evento, el cliente deberá aportar la diferencia necesaria para completar este último margen. Los reglamentos de los sistemas de negociación de valores o los contratos contentivos de las cuentas de margen podrán establecer porcentajes superiores al previsto en este artículo. Parágrafo 1°. Para efectos del cálculo de las pérdidas o ganancias que resultarían en el evento de cierre de las posiciones del cliente deberá tenerse en cuenta el precio correspondiente a la más reciente operación celebrada en los sistemas de negociación de valores sobre el valor respectivo. Parágrafo 2°. El cliente deberá reconstituir el margen dentro de la oportunidad prevista en el contrato marco respectivo, el cual, en ningún caso, podrá ser superior a veinticuatro (24) horas comunes contadas a partir del momento en que se haya realizado la solicitud por parte de la sociedad autorizada. En caso de que el plazo termine en una hora no hábil; se entenderá que el mismo se extiende hasta el final de la subsiguiente hora hábil. Cuando el cliente no atienda oportunamente el llamado al margen, la sociedad autorizada deberá cerrar obligatoriamente las posiciones abiertas de éste, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 8 de este decreto. Parágrafo 3°. Cuando las condiciones del mercado así lo ameriten, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer por vía general, la obligación para que las sociedades autorizadas realicen llamados al margen con base en un porcentaje superior al previsto en el presente artículo. Artículo 7º. Recursos recibidos correspondientes al margen. Las sociedades autorizadas deberán depositar los recursos dinerarios correspondientes al margen en una cuenta bancaria, corriente o de ahorros, abiertas a nombre de la sociedad autorizada, para el desarrollo específico de los contratos de cuentas de margen. Artículo 8º. Cierre obligatorio de las posiciones abiertas. La sociedad autorizada deberá cerrar todas las posiciones abiertas de un cliente siempre que el valor del margen, calculado teniendo en cuenta las pérdidas o ganancias que resultarían en el evento de cierre de las posiciones del cliente, sea inferior a una suma igual al treinta por ciento (30%) del margen que se requeriría para tomar una posición equivalente a la que se tiene por cuenta del respectivo cliente de conformidad con lo previsto en el artículo 4 del presente decreto. Los reglamentos de los sistemas de negociación de valores o los contratos contentivos de las cuentas de margen podrán establecer porcentajes superiores al previsto en este artículo. Lo previsto en este artículo se aplicará, aun cuando el cierre de las posiciones abiertas de un cliente genere una pérdida para éste superior al valor del margen en el momento de la realización del respectivo cierre. Parágrafo 1°. Para efectos del cálculo de las pérdidas en que se incurriría si se cerrarán las posiciones abiertas del cliente deberá tenerse en cuenta lo previsto en el parágrafo primero del artículo 6 de este decreto. Parágrafo 2°. Cuando las condiciones del mercado así lo ameriten, la Superintendencia Financiera de Colombia podrá establecer por vía general, la obligación para que las sociedades autorizadas realicen llamados al margen con base en un porcentaje superior al previsto en el presente artículo. Capítulo III DE LAS SOCIEDADES AUTORIZADAS PARA EL DESARROLLO DE CUENTAS DE MARGEN Artículo 9º. Separación patrimonial. Los recursos entregados por los clientes como margen de las cuentas de margen no hacen parte del patrimonio de la sociedad autorizada y deberán ser destinados únicamente al cumplimiento de las obligaciones que con respaldo de dicho margen adquiera el cliente. Por consiguiente, dichos recursos no constituyen prenda general de los acreedores de la sociedad autorizada y están excluidos de la masa de bienes que pueda conformarse, para efectos de cualquier procedimiento o acción legal qué pueda involucrar o afectar a dicha sociedad. Así mismo, los recursos provenientes de cuentas de margen deberán estar separados de los provenientes de otras actividades autorizadas por la Ley o el reglamento a las sociedades autorizadas. La Superintendencia Financiera de Colombia determinará la forma como se contabilizarán las cuentas de margen. Artículo 10. Obligaciones de las sociedades autorizadas. Las sociedades autorizadas para realizar cuentas de margen que pretendan realizar dichas operaciones deberán cumplir con las siguientes obligaciones: 1. La aprobación de la junta directiva de la sociedad para el desarrollo de este tipo de operaciones. 2. Contar con un contrato marco que contenga como mínimo los parámetros establecidos en el presente decreto, el cual deberá ser enviado previamente a la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual podrá exigir ajustes al mismo. 3. Incluir en el respectivo contrato la forma en que se calculará la comisión que la sociedad autorizada recibirá por la realización de su gestión; dicha remuneración no podrá estar atada al resultado de las operaciones. 4. Dar cumplimiento estricto a los requisitos que debe reunir la inversión, el llamado al margen y los cierres obligatorios, de acuerdo con lo estipulado en los respectivos contratos de cuentas de margen y en el presente decreto. 5. Contar con el capital adecuado para cumplir con las operaciones que se celebren en sistemas de negociación de valores en desarrollo de cuentas de margen. 6. Contar con una infraestructura administrativa, técnica, tecnológica y, en general, operativa, adecuada para el manejo seguro y eficiente del mayor flujo de operaciones derivadas de la realizaci6n de cuentas de margen. 7. Contar con infraestructura física, humana y técnica para la realización de operaciones bajo este tipo de contratos, la cual deberá ser independiente y distinta de aquellas referidas a la administración de carteras colectivas y a las operaciones por cuenta propia de la entidad, según sea el caso. 8. Contar con un sistema de administración de riesgos adecuado que permita a la sociedad identificar, medir, gestionar y controlar eficazmente los riesgos asociados a las operaciones de que trata el presente decreto. 9. Contar con los sistemas operativos y procedimientos que permitan realizar un seguimiento continuo y permanente de las posiciones abiertas de cada uno de los contratos de cuentas de margen que la sociedad autorizada esté realizando, así como de la reconstitución de márgenes. 10. Contar con planes de contingencia que garanticen la continuidad de las operaciones. 11. Garantizar que el personal que desarrolle las cuentas de margen cuente con el conocimiento suficiente en el negocio de las mismas. 12. Contar con procedimientos que sirvan para garantizar que todas las transacciones realizadas como consecuencia de cuentas de margen puedan ser reconstruidas desde el momento en que se impartieron las órdenes de compra o venta por parte del cliente, la ejecución de las mismas y su correspondiente liquidación. 13. Contar con un código de conducta y ética que debe seguir el personal autorizado para realizar cuentas de margen, incluyendo las áreas de negociación, las de control y gestión de riesgos y las operativas. Este código debe incluir, además, disposiciones sobre la confidencialidad de la información, manejo de información privilegiada y de conflictos de interés. La sociedad autorizada deberá verificar el cumplimiento del mismo. 14. Contar con manuales internos en los que se incluyan, entre otros aspectos, las funciones y los niveles de responsabilidad de los administradores relacionados con el manejo de tales operaciones y las funciones y responsabilidades de la totalidad de los funcionarios involucrados en la realización de las cuentas de margen. Así mismo, contar con un manual del producto. La sociedad autorizada deberá verificar el cumplimiento de los manuales mencionados. 15. Incluir en la publicidad y en los contratos celebrados con los clientes, o en cualquier documentación relacionada con la realización de cuentas de margen, una advertencia clara y en caracteres destacados, en la que se manifieste, cuando menos, lo siguiente: “Las cuentas de margen son operaciones de naturaleza especulativa, dirigidas exclusivamente a personas con conocimientos del mercado de valores, sujetas a los riesgos del mercado, de crédito y de liquidez y pueden conllevar la pérdida completa de los recursos aportados por el cliente. La sociedad autorizada está facultada para requerir la entrega de dineros adicionales en los términos y condiciones del contrato. Los dineros entregados por los clientes no son depósitos, ni generan para la sociedad autorizada las obligaciones propias de una institución de depósito". 16. Informar expresamente al cliente, antes de la celebración del contrato de cuentas de margen, acerca de la naturaleza, riesgos y condiciones del negocio, debiendo dejar constancia en el respectivo contrato que dicha información fue suministrada y que el cliente la entiende, conoce y acepta; así mismo, deberá dejarse expresa constancia de la manifestación del cliente de tener suficiente conocimiento del mercado de valores para emitir las órdenes relacionadas con la ejecución del respectivo contrato. 17. Realizar un estudio sobre la capacidad crediticia de cada cliente al momento de la celebración del contrato de cuentas de margen, así como un seguimiento continuo y permanente sobre la misma. 18. Informar, como mínimo, una vez al día a sus clientes sobre el movimiento y resultados de las cuentas de margen, de conformidad con las instrucciones que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. Parágrafo. Estos requisitos deberán acreditarse de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia. Capítulo IV CUMPLIMIENTO DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN DESARROLLO DE CUENTAS DE MARGEN Artículo 11. Cumplimiento de las operaciones. La sociedad autorizada deberá cubrir, con recursos propios, el monto faltante para atender oportunamente las obligaciones que se generen como consecuencia de la realización de operaciones correspondientes a cuentas de margen, cuando los recursos aportados por los clientes sean insuficientes para ello. Parágrafo. En el caso previsto en el presente artículo, las sociedades autorizadas podrán repetir en contra del cliente de dichas operaciones. Capítulo V RÉGIMEN PRUDENCIAL DE LAS SOCIEDADES AUTORIZADAS PARA REALIZAR CUENTAS DE MARGEN Artículo 12. Límites para la realización de cuentas de margen. Serán aplicables los siguientes límites: Las sociedades comisionistas de bolsa de valores no podrán tener posiciones abiertas correspondientes a cuentas de margen, en cuantía que supere veinte (20) veces el monto del capital pagado, la reserva legal, ambos saneados y la prima en colocación de acciones. Las sociedades fiduciarias no podrán tener posiciones abiertas correspondientes a cuentas de margen, en cuantía que supere veinte (20) veces el monto del capital pagado y la reserva legal, ambos saneados. En todo caso, en la reserva legal se incluirá la prima en colocación de acciones. Artículo 13. Límites de concentración de riesgos. Serán aplicables los siguientes límites: Las sociedades comisionistas de bolsa de valores no podrán tener posiciones abiertas correspondientes a cuentas de margen, por cuenta de un cliente, en cuantía que supere el treinta por ciento (30%) del monto del capital pagado, la reserva legal, ambos saneados y la prima en colocación de acciones. Las sociedades fiduciarias no podrán tener posiciones abiertas correspondientes a cuentas de margen, por cuenta de un cliente, en cuantía que supere el treinta por ciento (30%) del monto del capital pagado y la reserva legal ambos saneados. En todo caso, en la reserva legal se incluirá la prima en colocación de acciones. Artículo 14. Ponderación para riesgo de crédito en cuentas de margen realizadas por las sociedades comisionistas de bolsa de valores. Para efectos de determinar el nivel total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, las sociedades comisionistas de bolsa de valores deberán clasificar dentro de la categoría tres (3), "otros activos de riesgo", prevista en el artículo 2.2.1.11. de la Resolución 400 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, el monto de recursos propios a que se refiere el artículo 11 del presente decreto. El factor de ponderación aplicable será el máximo previsto para esta categoría. En los casos en los que el cliente no haya pagado su deuda con la sociedad comisionista dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, el monto total de la deuda será deducido del capital primario de la respectiva sociedad, adicional a los conceptos previstos en el artículo 2.2.1.5. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores. Artículo 15. Límite patrimonial para la realización de cuentas de margen de las sociedades fiduciarias. El monto del capital pagado, la reserva legal, ambos saneados, y la prima en colocación de acciones, de las sociedades fiduciarias, previo descuento de cualquier requerimiento de capital relacionado con el desarrollo de los contratos de fiducia mercantil o de encargo fiduciario, deberá ser por lo menos igual al nueve por ciento (9%) del monto de los recursos propios a que se refiere el artículo 11 del presente decreto. Cuando el cliente no haya pagado la deuda dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles, dicho porcentaje será del ciento por ciento (100%). Capítulo VI PROHIBICIONES Artículo 16. Prohibiciones. Están prohibidas las siguientes conductas: 1. La realización de operaciones que tengan características o efectos iguales o similares a las cuentas de margen sin el cumplimiento de las disposiciones previstas en el presente decreto o por personas que no estén autorizadas expresamente en el presente decreto para el desarrollo de las mismas. 2. La realización de operaciones de cuentas de margen, directamente o a través de interpuesta persona, por parte de las personas naturales que están obligadas a registrarse en el Registro Nacional de Profesionales del Mercado de Valores. 3. La actuación por cuenta ajena, por parte de clientes de las sociedades autorizadas, salvo tratándose de administradores de carteras colectivas. 4. La celebración de contratos de cuentas de margen en los cuales las decisiones de inversión se dejen a la discreción de la sociedad autorizada. Parágrafo. El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a la imposición de las sanciones personales e institucionales establecidas en la ley. Capítulo VII RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Artículo 17. Régimen de terminación ordenada de operaciones. Las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia que se encuentren desarrollando cuentas de margen u operaciones con características o consecuencias iguales o similares y no estén autorizadas para el desarrollo de las mismas por el presente decreto, deberán terminarlas dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia del presente decreto. Artículo 18. Cuentas de margen en ejecución por sociedades autorizadas. Las sociedades comisionistas de bolsa de valores y sociedades fiduciarias que se encuentren desarrollando operaciones de cuentas de margen u operaciones con características o consecuencias iguales o similares, contarán con un término de dos (2) meses, contado a partir de la entrada en vigencia de este decreto, para cumplir con las obligaciones y requisitos establecidos en el mismo. Los contratos marco de cuentas de margen empleados por las sociedades comisionistas de bolsa de valores y por las sociedades fiduciarias, u operaciones con características o consecuencias similares deberán incorporar las disposiciones del presente decreto y ser remitidos a la Superintendencia Financiera de Colombia dentro del mes siguiente a su entrada en vigencia. Capítulo VIII DISPOSICIONES FINALES Artículo 19. Instructivos de la Superintendencia Financiera de Colombia. La Superintendencia Financiera de Colombia, en el término de dos (2) meses, contado a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, emitirá las instrucciones, dentro de sus competencias, sobre las cuentas de margen, de manera concordante con las disposiciones de este decreto. Parágrafo. Los instructivos o actos administrativos de la Superintendencia Financiera de Colombia que se referían a las cuentas de margen u operaciones con características o consecuencias similares seguirán rigiendo durante el régimen de transición previsto en el Capítulo VII del presente decreto. Artículo 20. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias..

Diario Oficial 46.554 de 2007.

Normas

Decreto 669 de 2007*
(marzo 6)

Por medio del cual se establecen las condiciones y límites a los que deben sujetarse las inversiones de los Fondos de Cesantía.

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA,

En uso de las facultades constitucionales y legales y en especial por las conferidas en el artículo 189 numerales 11 y 25 de la Constitución Política, el artículo 31 literal d) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y el artículo 100 de la Ley 100 de 1993.

Decreta:

Artículo 1°. Inversión de recursos. Con el propósito de que los recursos de los fondos de cesantía se encuentren respaldados por activos que cuenten con la requerida seguridad, rentabilidad y liquidez, las sociedades que administren fondos de cesantía, deben invertir, dichos recursos en las condiciones y con sujeción a los límites que a continuación se establecen en el presente decreto.

Artículo 2°. Inversiones admisibles. Los recursos de los fondos de cesantía se pueden invertir en los activos que se señalan a continuación:

1. Títulos de deuda pública.

1.1 Títulos de deuda pública interna y externa, emitidos o garantizados por la Nación.

1.2 Otros títulos de deuda pública emitidos por entidades estatales de conformidad con la Ley 80 de 1993, el Decreto 2681 de 1993 o las normas que los modifiquen o adicionen, sin garantía de la Nación.

2. Títulos emitidos, avalados o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, y por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.

3. Títulos emitidos por el Banco de la República.

4. Bonos y títulos hipotecarios, Ley 546 de 1999, y otros títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria.

5. Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria, incluidos aquellos títulos cuyos activos subyacentes sean distintos de los descritos en el presente artículo.

Cuando el activo subyacente corresponda a una de las inversiones descritas en el presente artículo, el mismo deberá cumplir con los requisitos de calificación previstos en el artículo tercero del presente decreto.

En todo caso, los títulos derivados de procesos de titularización de que tratan este numeral y el numeral 4 del presente artículo deben haber sido emitidos en desarrollo de procesos de titularización autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia.

6. Títulos de deuda emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones.

6.1 Descuentos de actas de contratos estatales, siempre y cuando el cumplimiento de las obligaciones de la entidad estatal se encuentre garantizado por un establecimiento de crédito o una entidad aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad financiera computará dentro del limite individual respectivo, por el1 00% de su valor.

6.2 Descuentos de cartera, siempre y cuando el cumplimiento de las obligaciones correspondientes se encuentre garantizado por un establecimiento de crédito o una entidad aseguradora. En este caso, la garantía otorgada por la entidad financiera computará dentro del limite individual respectivo, por el1 00% de su valor.

6.3 Otros títulos de deuda.

7. Títulos de deuda emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluidos los bonos obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones.

8. Títulos de renta variable.

8.1 Acciones con alta y media liquidez bursátil y acciones provenientes de procesos de privatización o con ocasión de la capitalización de entidades donde el Estado tenga participación.

8.2 Acciones con baja y mínima liquidez bursátil.

8.3 Participaciones en fondos comunes especiales abiertos sin pacto de permanencia y fondos comunes ordinarios administrados por sociedades fiduciarias, fondos de valores abiertos sin pacto de permanencia administrados por comisionistas de bolsa y fondos de inversión abiertos sin pacto de permanencia administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión.

8.4 Participaciones en fondos comunes especiales distintos de los abiertos sin pacto de permanencia administrad s por sociedades fiduciarias, fondos de valores distintos de los abiertos sin pacto de permanencia administrados por comisionistas de bolsa y fondos de Inversión distintos de los abiertos sin pacto de permanencia administrados por sociedades administradoras de fondos de inversión, incluidos los fondos de capital privado a que se refiere la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen.

Para determinar la liquidez bursátil a la que se refieren los subnumerales 8.1 y 8.2 del presente artículo se tendrán en cuenta las categorías definidas para el efecto, de acuerdo con el índice correspondiente. publicado mensualmente por la Superintendencia Financiera de Colombia (IBA).

9. Depósitos a la vista en establecimientos de crédito.

10. Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultáneas activas.

10.1 Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultáneas activas sobre inversiones admisibles. En ningún momento se pueden realizar estas operaciones con las filiales o subsidiarias de la administradora, su matriz o las filiales o subsidiarias de ésta.

Los títulos que reciba el fondo de cesantía en desarrollo de estas operaciones computarán para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente decreto, por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando éstos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales títulos o valores no computarán. Dichos títulos o valores no podrán ser transferidos de forma temporal o definitiva, sino solo para cumplir la respectiva operación.

10.2 Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultáneas activas celebradas a través de los sistemas de negociación de las bolsas agropecuarias, agroindustriales o de otros commodities a un plazo máximo de 150 días, sobre certificados de depósito de mercancías agropecuarias.

11. Inversiones en títulos emitidos por entidades del exterior.

11.1 Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos extranjeros o bancos centrales extranjeros.

11.2 Títulos de deuda cuyo emisor, avalista, garante, aceptante u originador de una titularización sean bancos del exterior, comerciales o de inversión.

11.3 Títulos de deuda cuyo emisor, garante u originador de una titularización sean entidades del exterior diferentes a bancos.

11.4 Títulos de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos multilaterales de crédito.

11.5 Participaciones en fondos representativos de índices accionarios y fondos mutuos de inversión internacionales, sea que dichos fondos tengan por objetivo principal invertir en acciones, en títulos de deuda o sean balanceados, siempre y cuando cumplan las condiciones señaladas por la Superintendencia Financiera de Colombia para el régimen de inversión de los fondos de pensiones obligatorias.

12. Productos estructurados de capital protegido de emisores nacionales o del exterior, siempre y cuando el emisor garantice que se cumplan las condiciones contractuales del producto, es decir, el pago del cien por ciento (100%) del capital y el rendimiento acordado en la misma.

Así mismo, la inversión con la que se protege el capital debe corresponder a uno de los títulos de deuda descritos en el presente artículo y cumplir con los requisitos de calificación previstos para la misma.

Cuando el componente variable del producto se derive de un fondo mutuo de inversión internacional o un fondo representativo de índices accionarios, los mismos deberán cumplir con los requisitos señalados en el numeral 11.5. de este artículo.

Para el efecto, la Superintendencia Financiera de Colombia definirá los términos y condiciones para la realización de productos estructurados.

Parágrafo. No serán admisibles para los fondos de cesantía aquellas inversiones en las que el emisor establezca que las podrá cancelar con la entrega de títulos o valores de emisores que entren en incumplimiento de pago de su deuda.

13. Realizar operaciones con derivados con fines de cobertura únicamente, en los términos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para estos efectos, las administradoras deberán remitir a la Superintendencia Financiera de Colombia dentro de los últimos diez (10) días de cada mes, los estudios sobre planes de cobertura con derivados a realizar en el mes siguiente, los cuales podrán ser objetados en un plazo no mayor a 10 días. Sin embargo, se podrán realizar operaciones de cobertura distintas a las presentadas en los planes mensuales, siempre y cuando se informen y justifiquen a más tardar el día hábil siguiente ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la cual podrá ordenar el desmonte de las respectivas operaciones cuando se compruebe que su finalidad no se ajusta al propósito de cobertura previsto en este numeral.

La suma de las inversiones en moneda extranjera que puede tener un Fondo de Cesantía, sin cobertura, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del valor del fondo.

En todo caso, la suma de las posiciones de cobertura de moneda extranjera no podrá exceder el valor de mercado de las inversiones del fondo denominadas en moneda extranjera.

14. Los fondos de cesantía podrán realizar operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que actúen como "originadores" en las mismas. En todo caso, en desarrollo de dichas operaciones, los fondos de cesantía sólo podrán recibir títulos o valores previstos en su régimen de inversiones admisibles. Dichos títulos o valores no podrán ser transferidos de forma temporal o definitiva, sino solo para cumplir la respectiva operación. Así mismo, en los casos en que el fondo reciba recursos dinerarios, éstos deberán permanecer congelados en depósitos a la vista en establecimientos de crédito. En ningún caso, tales depósitos podrán constituirse en la matriz de la administradora o en las filiales o subsidiarias de aquella.

En todo caso, los títulos o valores que entregue el fondo de cesantía en desarrollo de estas operaciones computarán para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente decreto.

Adicionalmente, para efecto del cálculo de dichos límites, los títulos o valores que reciba el fondo de cesantía en desarrollo de las operaciones referidas en este numeral computarán por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando éstos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales títulos o valores no computarán.

Artículo 3°. Requisitos de calificación para las inversiones admisibles. La inversión en los títulos descritos en los subnumerales 1.2, 6.3, 8.3 Y 8.4, salvo la participación en fondos de capital privado a que se refiere la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores y demás normas que la modifiquen, adicionen o deroguen y los numerales 4,5,7, 11 Y 12 del artículo 2° del presente decreto, solo podrán realizarse cuando cumplan con los requisitos de calificación establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia para los recursos de los fondos de pensiones obligatorias.

Artículo 4°. Límites globales de inversión. La inversión en los distintos activos señalados en el artículo 2° del presente decreto, está sujeta a los límites máximos previstos a continuación con respecto al valor del fondo:

1. Hasta en un 20% para las inversiones en los instrumentos descritos en el subnumeraI 1.2.

2. Hasta en un 10% para los instrumentos descritos en el numeral 2.

3. Hasta en un 40% para los instrumentos descritos en el numeral 4.

4. Hasta en un 20% para los instrumentos descritos en el numeral 5. No obstante, cuando el subyacente corresponda a una inversión admisible, la misma no computará para este límite sino para el límite global establecido al subyacente.

5. Hasta en un 70% para los instrumentos descritos en el numeral 6. No obstante, la suma de las inversiones descritas en los subnumerales 6.1 y 6.2, no podrá exceder del 10% del valor del fondo.

6. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el numeral 7.

7. Hasta en un 30% para los instrumentos descritos en el numeral 8. No obstante, la inversión en los títulos descritos en los subnumerales 8.2 y 8.4 no podrá exceder del 5% del valor del fondo para cada evento y en los señalados en el subnumeral 8.3 no podrá exceder del1 0% del valor del fondo.

Tratándose de la inversión en los instrumentos descritos en los subnumerales 8.3 y 8.4, destinados a realizar inversiones en títulos dé emisores del exterior, los mismos no computarán para efectos de los límites previstos en inciso anterior pero si lo harán para efectos del límite establecido en el numeral 10 del presente artículo. En todo caso, el monto de las inversiones previstas en el presente inciso no podrá superar el cinco por ciento (5%) del valor del fondo.

8. Hasta en un 2% para los depósitos descritos en el numeral 9. Para determinar el límite previsto en este numeral, no se deben tener en cuenta dentro del saldo de los depósitos las sumas recibidas durante los últimos diez (10) días hábiles por concepto de aportes, traslados de otros fondos y vencimientos de capital e intereses de las inversiones, de acuerdo con las condiciones nominales de las mismas, así como aquellos recursos que deben mantenerse en depósitos a la vista con antelación a la fecha de cumplimiento de la adquisición de inversiones en el exterior. Tampoco serán tenidos en cuenta dentro del saldo de los depósitos a la vista las sumas asociadas a las operaciones de transferencia temporal de valores a que hace referencia el numeral 14 del artículo 2° del presente decreto.

9. Hasta en un diez por ciento (10%) en las operaciones señaladas en el subnumeraI 10.1. y hasta en un 5% para las operaciones señaladas en el subnumeral1 0.2.

10. Hasta en un 20% para la inversión en los instrumentos descritos en el numeral 11.

11. Tratándose de títulos avalados, aceptados o garantizados, el límite global se debe imputar al grupo o clase de titulo al que pertenece la entidad que otorga el aval, la aceptación o la garantía, en la proporción garantizada o aceptada, y al grupo o clase de titulo al que pertenece el emisor, en la proporción no garantizada.

12. En el caso de los productos estructurados de capital protegido, los mismos se considerarán como títulos de deuda con rendimiento variable y para efectos del límite global se debe imputar al grupo o clase de título al que pertenece el emisor del producto, en la cuantía del valor de mercado o precio justo de intercambio.

13. Hasta en un treinta por ciento (30%) las operaciones señaladas en el numeral 14 del articulo 2° del presente decreto.

Artículo 5°. Límites individuales de inversión por emisor. La suma de las inversiones en los activos descritos en el artículo 2° del presente decreto, está sujeta a un límite del diez por ciento (10%) del valor del fondo en títulos emitidos por un mismo emisor, incluidas sus filiales y subsidiarias, su matriz y las filiales y subsidiarias de esta.

Los límites individuales establecidos en este articulo no son aplicables a los emisores de los títulos descritos en el subnumeral 1.1 y el numeral 3 del articulo 2°, como tampoco a las operaciones señaladas en el subnumeral 10.2.

Respecto a la inversión en títulos hipotecarios y titulas derivados de procesos de titularización de que tratan los numerales 4 y 5 del articulo 2° del presente decreto, el límite individual al que se refiere el inciso primero de este artículo se debe aplicar sobre el valor total de cada universalidad o patrimonio autónomo. Cuando la titularización prevea algún tipo de garantía sobre los títulos emitidos, para efectos del cálculo de los límites individuales la proporción garantizada computará para el límite del garante, y para el límite del patrimonio autónomo solo computará en la proporción no garantizada.

Para efectos del cálculo de los límites individuales en el caso de títulos avalados, aceptados o garantizados, la proporción garantizada computará para el límite del garante o aceptante y la no garantizada o aceptada para el limite del emisor.

En el caso de los productos estructurados de capital protegido, los mismos se considerarán como títulos de deuda con rendimiento variable y para efectos del límite individual de inversión se debe imputar al emisor del producto en la cuantía del valor de mercado o precio justo de intercambio.

También computarán dentro del límite individual por emisor:

a) Las exposiciones netas en operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores.

Para el efecto, se entiende como exposición neta en operaciones de rep6rto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, di monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el valor de mercado de los títulos o valores cuya propiedad se le transfirió y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma.

b) Los depósitos a la vista asociados a las operaciones de transferencia temporal de valores a que hace referencia el numeral 14 del artículo 2° del presente decreto.

Artículo 6°. Límites máximos de inversión por emisión. No podrá adquirirse más del treinta por ciento (30%) de cualquier emisión de títulos en serie o en masa, incluyendo los títulos provenientes de procesos de titularización. Quedan exceptuadas de este límite las inversiones en Certificados de Depósito a Término (CDT) y de Ahorro a Término (CDAT) emitidos por establecimientos de crédito y las inversiones en los instrumentos descritos en el subnumeral 1.1 y los numerales 2 y 3 del artículo 2° del presente decreto.

Artículo 7°. Límite de concentración de propiedad accionaría. Los Fondos de Cesantía solo pueden invertir en acciones o Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones (Boceas) de una sociedad hasta el diez por ciento (10%) de las acciones y hasta el diez por ciento (10%) de los Bonos Obligatoriamente Convertibles en Acciones, Boceas, en circulación, teniendo en cuenta, en todo caso, el límite máximo por emisor de que trata el artículo quinto del presente decreto.

Artículo 8°. Límites de inversión en vinculados. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo trece, la suma de los activos e inversiones descritos en el artículo 2° del presente decreto, que se realicen en títulos cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización sean entidades vinculadas a la administradora, no puede exceder del diez por ciento (10%)¡del valor del fundo.

Para los efectos del cálculo del límite señalado en el inciso anterior deberá tenerse ¡en cuenta lo siguiente:

• Se incluirán los recursos entregados en desarrollo de las operaciones de que trata el numeral 10 del artículo 2° del presente decreto.

• No se incluirán las sumas recibidas en depósitos a la vista durante los últimos diez (10) días hábiles por concepto de aportes, traslados de otros fondos y vencimientos de capital e intereses de las inversiones, de acuerdo con las condiciones nominales de las mismas, así como aquellos recursos que por disposición expresa deben mantenerse en depósitos a la vista con antelación a la fecha de cumplimiento de la adquisición de inversiones en el exterior.

Asimismo, los límites individuales de inversión por emisor y los de concentración de propiedad accionaria de que tratan los artículos 5° y r del presente decreto, en su orden, se deben reducir al cinco por ciento (5%) cuando correspondan a títulos cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización sea un vinculado a la administradora. Para efectos del cálculo del límite de inversión por emisor, se incluirán los recursos entregados en desarrollo de las operaciones de que trata el numeral 1Odel artículo 2° del presente decreto.

El límite por emisión previsto en el artículo sexto del presente decreto se debe calcular sobre la emisión efectivamente colocada, cuando el emisor sea un vinculado. No obstante, cuando se trate de inversiones adquiridas en el mercado primario, dicho límite se debe establecer sobre la emisión efectivamente colocada en entidades o personas no vinculadas al emisor.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se entiende por entidad vinculada o por "vinculado" a la administradora:

a) El o los accionistas o beneficiarios reales del cinco por ciento (5%) o más de la participación en la administradora;

b) Las personas jurídicas en las cuales:

La administradora sea beneficiaria real del cinco por ciento (5%) o más de la participación en la persona jurídica o, la o las personas a que se refiere el literal a) del presente artículo sean accionistas o beneficiarios reales, individual o conjuntamente, del cinco por ciento (5%) o más de la participación en la persona jurídica.

Parágrafo 1°. Se entiende por beneficiario real cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga respecto de una acción o de cualquier participación en una sociedad, la facultad o el poder de votar en la elección de directivas o representantes o, de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción o de la participación.

Para los efectos de la presente definición, conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que actúan con intereses económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada mediante la gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia con fines exclusivamente probatorios.

Una persona o grupo de personas se considera beneficiario real de una acción o participación si tiene derecho para hacerse a su propiedad con ocasión del ejercicio de un derecho proveniente de una garantía o de un pacto de recompra o de un negocio fiduciario o cualquier otro pacto que produzca efectos similares, salvo que los mismos no confieran derechos políticos.

Para los exclusivos efectos de esta disposición, se entiende que conforman un "grupo de personas" quienes actúen con unidad de propósito.

Parágrafo 2°. No se considera que existe vinculación cuando la participación en cualesquiera de los casos señalados sea inferior al1 0% y los involucrados declaren bajo la gravedad de juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia, que actúan con intereses económicos independientes de los demás accionistas o beneficiarios reales o de la administradora.

Parágrafo 3°. Para efectos de los porcentajes a los que se refieren los literales a) y b) Y el parágrafo 2° del presente artículo, solo se tendrán en cuenta las acciones o participaciones con derecho a voto.

Artículo 9°. Valor del fondo. Para efectos del cálculo de los límites que se establecen en los artículos 4°, 5° Y 8° del presente decreto, se tomará como valor del fondo la suma total de las inversiones y activos descritos en el artículo segundo, de acuerdo con el valor por el cual se encuentren registrados según reglamentación de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo 10. Excesos sobre los límites de inversión. Los excesos sobre los límites de inversión que se produzcan como consecuencia de la valorización o de la disminución del valor de las inversiones y derivados que conforman el fondo podrán ser mantenidos hasta por un período de un (1) año, prorrogable previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Cuando se presente un deterioro en la calificación de riesgo de un título, que no haga admisible la inversión, las respectivas inversiones deberán ser vendidas dentro de un plazo de tres (3) meses, prorrogable previa autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el caso en que esta situación se produzca respecto de títulos sobre los cuales se hayan realizado operaciones de reporto o repo activas, operaciones simultáneas activas y transferencias temporales de valores, el plazo fijado en el presente inciso empezará a correr a partir del momento en que se cumpla el plazo de la respectiva operación.

Artículo 11. Inversiones en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y mecanismos de transacción. Todas las inversiones en los instrumentos descritos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7,12 Y los subnumerales 6.3, 8.1 Y 8.2 del artículo 2° del presente decreto, cuando se trate de emisores nacionales y de instrumentos emitidos en Colombia por emisores del exterior deben realizarse sobre titulas inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores" salvo que se trate de emisiones de emisores nacionales colocadas exclusivamente en el exterior que hayan dado cumplimiento a las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia o acciones de empresas donde el Estado colombiano tenga participación.

Toda transacción de acciones, independiente del monto, debe realizarse a través de bolsa, salvo cuando se trate de acciones de empresas donde el Estado colombiano tenga participación o de adquisiciones en el mercado primario. Las negociaciones de los títulos descritos en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 7, 12 de emisores nacionales, el subnumeral 6.3 y los emitidos en Colombia por emisores del exterior del artículo 2° del presente decreto, así como las operaciones descritas en el subnumeral10.1 del mismo artículo, deben realizarse a través del mercado transaccional bursátil, otro sistema electrónico transaccional administrado por el Banco de la República o por una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, salvo que se trate de la negociación de títulos de deuda pública externa, de emisiones de emisores nacionales colocadas exclusivamente en el exterior que hayan dado cumplimiento a las normas de la Superintendencia Financiera de Colombia o de adquisiciones en el mercado primario.

Parágrafo. Sin perjuicio de lo previsto en este artículo, los títulos descritos en el numeral 1 del artículo 2° del presente decreto podrán transarse con la intermediación de los corredores de valores especializados en TES Clase B (CVETES) designados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las Resoluciones 3331 de 2004 y 6186 de 2006, expedidas por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional.

Artículo 12. Custodia. La totalidad de los títulos representativos de las inversiones de los fondos de cesantía, que por su naturaleza sean susceptibles de ser custodiados, deben mantenerse en todo momento en el depósito central de valores, DCV, del Banco de la República o en un depósito centralizado de valores debidamente autorizado para funcionar por la Superintendencia Financiera de Colombia.

Para efectos del depósito, se tendrán en cuenta los términos establecidos en los reglamentos de operaciones de los citados depósitos centralizados de valores, contados a partir de la fecha de compra del título.

En relación con el depósito y custodia de títulos de emisores del exterior o nacionales que se adquieran y permanezcan en el extranjero, deben aplicarse las mismas condiciones que la Superintendencia Financiera de Colombia haya establecido para el depósito y custodia de este tipo de inversiones por parte de los fondos de pensiones obligatorias.

Artículo 13. Inversiones no autorizadas. Las sociedades que administren fondos de cesantías, sus directores, administradores, representantes legales y en general aquellas personas que se encuentren autorizadas internamente para negociar cualquier titulo valor deben abstenerse de realizar inversiones con recursos del fondo de cesantía en títulos cuyo emisor, avalista, aceptante, garante u originador de una titularización sea la administradora, las filiales o subsidiarias de la misma, su matriz o las filiales o subsidiarias de esta.

Artículo 14. Operaciones de reporto o repo pasivas y operaciones simultáneas pasivas. Las sociedades administradoras de fondos de cesantía podrán celebrar con los activos de los fondos y únicamente para atender solicitudes de retiros o gastos del fondo, operaciones de reporto o repo pasivo y operaciones simultáneas pasivas. En ningún caso la suma de los dos tipos de operaciones podrá ser superior al 5% del valor del respectivo fondo En todo caso, los títulos o valores que entregue el fondo de cesantía en desarrollo de estas operaciones computarán para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente decreto.

Artículo 15. Régimen de transición. A más tardar al 31 de mayo de 2007 los contratos de custodia celebrados con entidades del exterior deben ajustarse a lo descrito en el artículo 12 del presente Decreto y remitir copia del mismo, con traducción oficial al castellano, si fuere del caso, a la Delegatura de Pensiones, Cesantías y Fiduciarias de la Superintendencia Financiera de Colombia.

A partir del 1 de septiembre de 2007, las inversiones realizadas por los fondos de cesantías en los fondos comunes ordinarios y especiales, fondos de valores y fondos de inversión, distintos de los fondos de capital privado a que se refiere la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, serán admisibles siempre y cuando, según su reglamento, los títulos de deuda en que pueda invertir cuenten con una calificación mínima de grado de inversión.

Aquellas administradoras cuyo fondo de cesantía presente, a la fecha de entrada en vigencia de este decreto, exceso en los límites fijados para las inversiones en entidades vinculadas, no podrán realizar nuevas inversiones en tales entidades mientras no se ajusten a los nuevos límites y deberán convenir con la Superintendencia Financiera de Colombia un programa orientado a adecuarse a los mismos, dentro de un plazo que no supere el 31 de agosto de 2007. El mencionado programa debe ser presentado a más tardar el 30 de abril de 2007.

Si la Superintendencia Financiera de Colombia llegase a determinar el incumplimiento de cualquiera de las condiciones, metas o compromisos del programa de ajuste, podrá imponer a las sociedades administradoras de fondos de cesantía las sanciones correspondientes.

Artículo 16. Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de abril de 2007, con excepción del numeral 13 del artículo 2 que regirá a partir de la fecha de la publicación del presente decreto, y deroga las demás normas que le sean contrarias en especial el Decreto 2977 de 2004.

* Diario Oficial 46.564 de 2007.

Normas

Decreto 519 de 2007* (febrero 26) Por el cual se determinan las distintas modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas por la Superintendencia Financiera de Colombia y se dictan otras disposiciones. El Presidente de la República de Colombia, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y los literales b) y l) del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreta: Artículo 1°. Certificación del interés bancario corriente. La Superintendencia Financiera de Colombia certificará el interés bancario corriente correspondiente a las modalidades de crédito señaladas en el artículo 2° del presente decreto. Para el desarrollo de dicha función, la Superintendencia Financiera de Colombia contará con la información financiera y contable que le sea suministrada por los establecimientos de crédito. La tasa de las operaciones activas se analizará mediante técnicas adecuadas de ponderación, pudiendo ser exceptuadas aquellas operaciones que por sus condiciones particulares no resulten representativas del conjunto de créditos correspondientes a cada modalidad. La metodología para el cálculo del interés bancario corriente, así como cualquier modificación que se haga a la misma, deberá ser publicada por la Superintendencia Financiera de Colombia, de manera previa a su aplicación. Las tasas certificadas se expresarán en términos efectivos anuales y regirán por el periodo correspondiente previa publicación del acto administrativo. Artículo 2°. Modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas. Para los efectos previstos en este decreto, se establecen las siguientes dos modalidades de crédito: 1. Microcrédito: es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con microempresas, cuyo monto máximo por operación es de de veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes sin que, en ningún tiempo, el saldo del deudor con el mismo acreedor supere dicha cuantía. Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 2. Crédito de consumo y ordinario: a) El crédito de consumo es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, incluyendo las efectuadas por medio de sistemas de tarjetas de crédito, en ambos casos, independientemente de su monto; b) El crédito ordinario es el constituido por las operaciones activas de crédito realizadas con personas naturales o jurídicas para el desarrollo de cualquier actividad económica y que no esté definido expresamente en ninguna de las modalidades señaladas en este artículo, con excepción del crédito de vivienda a que se refiere la Ley 546 de 1999. Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en el inciso segundo del artículo 1° del presente decreto, se entiende que no es representativo del conjunto de créditos correspondientes a la modalidad del crédito ordinario, entre otros, el crédito preferencial, esto es, el constituido por las operaciones activas de crédito que, por sus características particulares o especiales, se pactan en condiciones diferentes a las que generalmente utiliza la entidad para con el público. Parágrafo 2°. Para los efectos previstos en este decreto, la clasificación de una operación activa de crédito en una modalidad particular se hará por parte del acreedor al momento de la aprobación y permanecerá así hasta su cancelación con base en los criterios establecidos en el presente decreto. El acreedor deberá informar al deudor la modalidad en la que fue clasificado el crédito en el momento de la aprobación. Artículo 3°. Efectos de las certificaciones del interés bancario corriente. En las operaciones activas de crédito, para todos los efectos legales relativos a los intereses e independientemente de la naturaleza jurídica del acreedor, deberá tenerse en cuenta el interés bancario corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia para el respectivo período, que corresponda a la modalidad de la operación activa de crédito de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° del presente decreto. Así mismo, estarán sometidas a lo previsto en este inciso las ventas a plazo en cuanto al precio pendiente de pago, las operaciones de leasing operativo y financiero, el descuento de derechos personales o créditos de carácter dinerario y de valores o títulos valores y las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. En todos los demás casos en que se deban pagar intereses de plazo o de mora, así como en los eventos en que los intereses se encuentren definidos en la ley o el contrato en función del interés bancario corriente, tales como los intereses de mora que se deban por concepto de tributos, obligaciones parafiscales u obligaciones mercantiles de carácter dinerario diferentes de las provenientes de las operaciones activas de crédito y demás operaciones mencionadas en el inciso anterior, únicamente deberá tenerse en cuenta el interés bancario corriente certificado para el crédito de consumo y ordinario. Parágrafo 1°. Para los efectos previstos en este decreto, se entiende por operación activa de crédito aquella por la cual una de las partes entrega o se obliga a entregar una cantidad de dinero y la otra a pagarla en un momento distinto de aquel en que se celebra la convención. Parágrafo 2°. Los límites para la fijación del interés remuneratorio en el crédito de vivienda a que se refiere la Ley 546 de 1999, serán los que determine la Junta Directiva del Banco de la República, de conformidad con las decisiones de la Corte Constitucional en la materia. El límite para la fijación del interés de mora será el previsto en el artículo 19 de dicha ley. Artículo 4°. Plazos en operaciones con tarjetas de crédito. Deróguese el Decreto 2048 de 1996, modificado por el artículo 1° del Decreto 1664 de 1999. Artículo 5°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias, en especial los Decretos 2048 de 1996, 4090 de 2006 y 18 de 2007.

* Diario Oficial 46.554 de 2007.

Normas

Decreto 343 de 2007* (febrero 8) Por el cual se dictan disposiciones para unificar la reglamentación prudencial de las operaciones establecidas en el Decreto 4432 de 2006 realizadas por entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia y los fondos mutuos de inversión controlados, se modifica el régimen de inversiones de las reservas técnicas de las entidades aseguradoras y de las sociedades de capitalización y se dictan otras disposiciones relacionadas. El Presidente de la República de Colombia, En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política, los artículos 4°, literales b), c), g) e i), y 65 de la Ley 964 de 2005, el literal a) del artículo 25 del Decreto-ley 656 de 1994, los literales c) y e) del numeral 1 del artículo 48 y el artículo 49, ambos del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreta: Capítulo I NORMAS RELACIONADAS CON LAS BOLSAS DE VALORES Y OTROS SISTEMAS TRANSACCIONALES Artículo 1°. Modifíquese el artículo 4.1.1.4. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores el cual quedará así: “Artículo 4.1.1.4. Integración. A los sistemas de negociación de valores a que se refiere la ley 964 de 2005 o demás normas que la sustituyan, modifiquen o subroguen, podrán integrarse otros sistemas destinados a permitir el desarrollo de operaciones interbancarias, operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas, operaciones de transferencia temporal de valores y transacciones con el Banco de la República, en los términos y condiciones que se establezcan en el respectivo reglamento”. Artículo 2°. Modifíquese el artículo 4.2.0.2. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores el cual quedará así: “Artículo 4.2.0.2. Otras operaciones. Por medio de estos sistemas podrá también facilitarse la celebración de operaciones interbancarias, operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores”. Artículo 3°. Modifíquese el artículo 1° del Decreto 2341 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 1°. Operaciones a través de sistemas de negociación de valores. Las operaciones que se relacionan a continuación, realizadas por entidades aseguradoras, fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa, fondos de inversión administrados por sociedades administradoras de inversión, los fondos comunes de inversión administrados por sociedades fiduciarias, deberán efectuarse a través de sistemas de negociación de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia: 1. Operaciones con títulos o valores de deuda o participativos. 2. Operaciones con títulos emitidos en desarrollo de procesos de titularización, y 3. Operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores”. Parágrafo 1°. Para el caso de las entidades aseguradoras, las operaciones a las que se refiere el presente artículo serán aquellas efectuadas con recursos provenientes del Sistema General de Riesgos Profesionales, de los patrimonios autónomos previstos en el Decreto 94 de 2000 y demás normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen, de las reservas de los demás ramos de la seguridad social, como son entre otros los seguros de pensiones definidos en la Ley 100 de 1993 y demás normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen, los seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, los seguros de enfermedades de alto costo y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Parágrafo 2°. Las operaciones que con recursos de los fondos voluntarios de pensiones efectúen las entidades aseguradoras, las sociedades fiduciarias y las sociedades administradoras de fondos de pensiones, deberán realizarse a través de sistemas de negociación de valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia”. Capítulo II NORMAS RELACIONADAS CON LA CLASIFICACIÓN Y LA PONDERACIÓN DE ACTIVOS Artículo 4°. Modifíquese el artículo 9° del Decreto 1720 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 9°. Clasificación y ponderación de activos. Para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, los mismos se deben clasificar dentro de una de las siguientes categorías dependiendo de su naturaleza: Categoría I: Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la vista en entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, inversiones en títulos de la Nación, del Banco de la República, o emitidos para el cumplimiento de inversiones obligatorias y los créditos a la Nación o garantizados por esta. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea la Nación o el Banco de la República. Categoría II: Activos de alta seguridad, tales como los títulos emitidos por entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término en otros establecimientos de crédito, las operaciones relacionadas con fondos interbancarios vendidos, y los créditos garantizados incondicionalmente con títulos emitidos por la Nación o por el Banco de la República o de Gobiernos o Bancos Centrales de países que autorice expresamente la Superintendencia Financiera de Colombia. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores siempre que la contraparte sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta del Banco de la República, o una entidad pública de orden nacional o un fondo mutuo de inversión controlado. Categoría III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales como los créditos para financiar adquisición de vivienda cuya garantía sea la misma vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados. Sin embargo, los créditos destinados a la adquisición de vivienda reestructurados cuya calificación crediticia mejore a A o B, ponderarán en esta categoría. Categoría IV: Los demás activos de riesgo, tales como cartera de créditos, deudores por aceptaciones, cuentas por cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en activos fijos, incluida su valorización, bienes de arte y cultura, bienes muebles o inmuebles realizables recibidos en dación en pago o en remates judiciales, remesas en tránsito y la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea una entidad no contemplada en ninguna de las categorías anteriores. Los activos incluidos en las anteriores categorías se computarán por el cero por ciento (0%), veinte por ciento (20%), cincuenta por ciento (50%) y ciento por ciento (100%) de su valor, en su orden. Parágrafo 1°. Los activos que, en desarrollo del artículo 6° de este decreto, se deduzcan para efectuar el cálculo del patrimonio básico, no se computarán para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio de los establecimientos de crédito. Parágrafo 2°. La cuenta de sucursales y agencias se descompondrá en distintas categorías, de acuerdo con la naturaleza de los valores contabilizados en ella, sean traslados de fondos, de propiedades y equipo o de cartera de crédito. Parágrafo 3°. Para los efectos del presente artículo, el saldo existente en la cuenta ‘ajuste por inflación’ acumulado, originado en activos no monetarios, computará por el cincuenta por ciento (50%) de su valor. Las valorizaciones de activos, contabilizadas de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia, computarán por el cincuenta por ciento (50%) de su valor. Parágrafo 4°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación realizada, siempre que dicho monto sea positivo. El cálculo de las posiciones deberá tener en cuenta tanto el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera en desarrollo de la operación como la suma de dinero entregada en la misma, así como los intereses o rendimientos causados asociados a la operación. Parágrafo 5°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las disposiciones contables que rigen dichas operaciones”. Artículo 5°. Modifíquese el artículo 10 del Decreto 1720 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 10. Clasificación y ponderación de las contingencias y de los negocios y encargos fiduciarios. Las contingencias y los negocios y encargos fiduciarios ponderarán, para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente decreto, según se determina a continuación: a) El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de conversión crediticio que corresponda a dicha operación, según la siguiente clasificación: Los sustitutos directos de crédito, tales como las cartas de crédito irrevocables, las aceptaciones bancarias, los avales y garantías, y los contratos de apertura de crédito irrevocables, incluyendo las tarjetas de crédito, también irrevocables, tienen un factor crediticio del ciento por ciento (100%). Las contingencias relacionadas con pólizas de cumplimiento otorgadas en licitaciones públicas o privadas, procesos administrativos o judiciales, los créditos aprobados no desembolsados, las cartas de crédito revocables y los contratos de apertura de crédito revocables, incluyendo las tarjetas de crédito revocables, en los cuales el riesgo de crédito permanece en el establecimiento de crédito, tienen un factor de conversión crediticio del veinte por ciento (20%). Las otras contingencias, negocios y encargos fiduciarios, tienen un factor de conversión crediticio del cero por ciento (0%); b) El monto resultante se computará de acuerdo con las categorías señaladas en el artículo 9° de este decreto, teniendo en cuenta las características de la contraparte”. Artículo 6°. Modifíquese el artículo 2.2.1.11 de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores, el cual quedará así: “Artículo 2.2.1.11. Clasificación y ponderación de los activos para riesgo de crédito. Para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, los mismos se deben clasificar dentro de una de las siguientes categorías dependiendo de su naturaleza: Categoría I: Activos de máxima seguridad: En esta categoría se clasificará la caja, depósitos a la vista en entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, las inversiones en títulos del Banco de la República o de la Nación y los garantizados por esta en la parte cubierta. Así mismo, computarán dentro de esta categoría los títulos emitidos o totalmente garantizados por entidades multilaterales de crédito. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea la Nación o el Banco de la República. Categoría II: Activos de alta seguridad, tales como los títulos emitidos por entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término, en establecimientos de crédito, y créditos garantizados incondicionalmente con títulos emitidos por la Nación o por el Banco de la República o por Gobiernos o Bancos Centrales de países que autorice expresamente la Superintendencia Financiera de Colombia. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores siempre que la contraparte sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta del Banco de la República, una entidad pública de orden nacional o un fondo mutuo de inversión controlado. Categoría III: Otros activos de riesgo: En esta categoría se incluirán los otros activos de riesgo no deducidos en el cómputo del patrimonio técnico y no incluidos en ninguna categoría anterior incluyendo la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea una entidad no contemplada en ninguna de las categorías anteriores. Los activos incluidos en la Categoría I se ponderarán al 0%, en la Categoría II al 20% y en la Categoría III ponderarán de la siguiente manera, de acuerdo con la calificación otorgada por las sociedades calificadoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual se observarán los rangos de calificación indicados en la siguiente matriz o su equivalente: RIESGO CREDITICIO DE LARGO PLAZO RANGO DE CALIFICACION PONDERACION AAA hasta AA- 20% A+ hasta A- 50% BBB+ o Inferior o sin calificación 100%   RIESGO CREDITICIO DE CORTO PLAZO RANGO DE CALIFICACION PONDERACION 1+ hasta 1- 20% 2+ hasta 2- 50% 3 o Inferior o sin calificación 100% En la Categoría III, la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, ponderará de la siguiente manera, de acuerdo con la calificación otorgada por las sociedades calificadoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia a la contraparte en dicha operación:   CALIFICACION DE LA CONTRAPARTE RANGO DE CALIFICACION PONDERACION AAA hasta AA- 20% A+ hasta A- 50% BBB+ o Inferior o sin calificación 100% Parágrafo 1°. Bonos y títulos hipotecarios. Los bonos y títulos hipotecarios de que trata el artículo 30 de la Ley 546 de 1999, que cuenten con garantía total del Gobierno Nacional, a través del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, computarán al cero por ciento (0%). Parágrafo 2°. Operaciones con derivados. Para la ponderación de operaciones con derivados se tendrá en cuenta la diferencia positiva que resulte de calcular el valor de mercado de la respectiva operación, de acuerdo con los siguientes porcentajes: a) Cuando la contraparte sea la Nación o el Banco de la República se ponderará al 0%; b) Cuando la contraparte sea diferente a la Nación o el Banco de la República al 100%; c) Si la operación de derivados es garantizada con títulos de deuda pública, la ponderación será del 80%. El valor de mercado de un derivado corresponde a la diferencia del valor de mercado del derecho menos el valor de mercado de la obligación. Parágrafo 3°.Títulos derivados de procesos de titularización. Para efectos de determinar el valor total de estos activos ponderados por su nivel de riesgo crediticio, los mismos se clasificarán, de acuerdo con la calificación otorgada por las sociedades calificadoras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia, para lo cual se observarán los rangos de calificación indicados en la siguiente matriz o su equivalente: RIESGO CREDITICIO DE LARGO PLAZO RANGO DE CALlFICACION PONDERACION AAA hasta AA- 20% A+ hasta A- 50% BBB+ hasta BBB- 100% BB+ hasta BB- 150% B+ hasta B- 200% CCC 300% DD o Inferior o sin calificación Deducción RIESGO CREDITICIO DE CORTO PLAZO RANGO DE CALlFICACION PONDERACION 1+ hasta 1- 20% 2+ hasta 2- 50% 3 100% 4 300% 5 o Inferior o sin calificación Deducción Parágrafo 4°. Acciones. Las acciones ponderarán al 50%. Sin embargo, aquellas cuyos emisores cuenten con un adecuado gobierno corporativo y mecanismos que garanticen liquidez, en los términos que determine la Superintendencia Financiera de Colombia ponderarán al veinte por ciento (20%). Parágrafo 5°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma. Parágrafo 6°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las disposiciones contables que rigen dichas operaciones”. Artículo 7°. Modifíquese el artículo 6° del Decreto 1324 de 2005 el cual quedará así: “Artículo 6°. Clasificación y ponderación de activos y contingencias. Para efectos de determinar el valor total de activos y contingencias ponderados por nivel de riesgo, los mismos se deben clasificar dentro de una de las siguientes categorías dependiendo de su naturaleza, así: Categoría Uno. Activos con riesgo bajo, tales como caja, depósitos a la vista en entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, inversiones en títulos de la Nación, del Banco de la República, o emitidos para el cumplimiento de inversiones obligatorias. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea la Nación o el Banco de la República. Cualquiera de las anteriores operaciones computará por el cero por ciento (0%). Categoría Dos. Activos con riesgo medio, tales como los títulos emitidos por entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término en otros establecimientos de crédito y las operaciones relacionadas con fondos interbancarios vendidos. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valor es siempre que la contraparte sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta del Banco de la República, una entidad pública de orden nacional o un fondo mutuo de inversión controlado. Cualquiera de las anteriores operaciones computará por el veinte por ciento (20%). Categoría Tres. Activos con riesgo alto y demás activos de riesgo, tales como cartera de crédito, cuentas por cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en activos fijos, inclusive su valorización, bienes muebles o inmuebles realizables recibidos en dación en pago y, activos diferidos y otros. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea una entidad no contemplada en ninguna de las categorías anteriores. Cualquiera de las anteriores operaciones computará por el ciento por ciento (100%). Categoría Cuatro. Contingencias. Las contingencias netas por emisión de garantías computarán por el ciento por ciento (100%). El cálculo de las contingencias netas por emisión de garantías se debe realizar agregando los siguientes valores: a) El valor del riesgo de las garantías emitidas por el Fondo Nacional de Garantías de acuerdo con el literal b) del artículo 241 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando el riesgo de las mismas esté exclusivamente a su cargo; b) El valor del riesgo de las garantías emitidas por el Fondo Nacional de Garantías S. A. que hayan sido retrogarantizadas, descontando el valor del riesgo cedido a retrogarantes, de acuerdo con lo establecido en el literal c) del artículo 241 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; c) El valor del riesgo derivado de las garantías aceptadas por el Fondo Nacional de Garantías en calidad de retrogarante de entidades que obren como garantes de primer piso, conforme lo autoriza el literal c) del artículo 241 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; d) El valor correspondiente al Fondo Nacional de Garantías de las garantías emitidas resultado de la celebración de contratos de cofianzamiento, de acuerdo con lo establecido en el literal d) del artículo 241 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero; e) El valor del riesgo derivado de las garantías emitidas por el Fondo Nacional de Garantías con cargo a los recursos administrados por el Fondo en desarrollo de programas específicos de fomento, de acuerdo con lo establecido en el literal e) del artículo 241 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, descontando la porción de dichas garantías cuyo riesgo sea asumido con cargo a dichos recursos. Parágrafo 1°. Los activos que, en desarrollo del artículo 3° de este decreto, se deduzcan para efectos de calcular el patrimonio técnico, no computarán para determinar el valor total de los activos y contingencias ponderadas por nivel de riesgo. Parágrafo 2°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación, así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma. Parágrafo 3°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las disposiciones contables que rigen dichas operaciones”. Artículo 8°. Modifíquese el artículo 12 del Decreto 2801 de 2005 el cual quedará así: “Artículo 12. Clasificación y ponderación de activos. Para efectos de determinar el valor total de activos ponderados por nivel de riesgo crediticio, los mismos se deben clasificar dentro de una de las siguientes categorías dependiendo de su naturaleza: Categoría I: Activos de máxima seguridad, tales como caja, depósitos a la vista en entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, inversiones en títulos de la Nación o del Banco de la República, inversiones obligatorias, inversiones del fondo de liquidez y los créditos garantizados por la Nación. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea la Nación o el Banco de la República. Categoría II: Activos de alta seguridad, tales como los títulos emitidos por entidades públicas del orden nacional, los depósitos a término, en establecimientos de crédito, y créditos garantizados incondicionalmente con títulos emitidos por la Nación o por el Banco de la República o por Gobiernos o Bancos Centrales de países que autorice expresamente la Superintendencia Financiera de Colombia. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores siempre que la contraparte sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta del Banco de la República, una entidad pública de orden nacional o un fondo mutuo de inversión controlado. Categoría III: Otros activos con alta seguridad pero con baja liquidez, tales como los créditos para financiar adquisición de vivienda cuya garantía sea la misma vivienda, distintos de aquellos que hayan sido reestructurados. Sin embargo, los créditos destinados a la adquisición de vivienda reestructurados cuya calificación crediticia mejore a A o B, ponderarán en esta categoría. Categoría IV: Los demás activos de riesgo, tales como cartera de créditos, cuentas por cobrar, otras inversiones voluntarias, inversiones en activos fijos, incluida su valorización, bienes muebles o inmuebles recibidos en dación en pago o en remates judiciales y la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea una entidad no contemplada en ninguna de las categorías anteriores. Los activos incluidos en las anteriores categorías se computarán por el cero por ciento (0%), veinte por ciento (20%), cincuenta por ciento (50%) y ciento por ciento (100%) de su valor, en su orden. Parágrafo 1°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación, así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma. Parágrafo 2°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las disposiciones contables que rigen dichas operaciones”. Artículo 9°. Modifíquese el artículo 13 del Decreto 2801 de 2005 el cual quedará así: “Artículo 13. Clasificación y ponderación de las contingencias. Las contingencias ponderarán, para efectos de la aplicación de lo previsto en el presente capítulo, según se determina a continuación: a) El monto nominal de las contingencias se multiplica por el factor de conversión crediticio que corresponda a dicha operación, según la siguiente clasificación: Los créditos aprobados no desembolsados, los contratos de apertura de crédito revocables, así como cualquier otra, sin importar su denominación, en las cuales el riesgo de crédito permanece en la sección especializada de ahorro y crédito de las Cajas de Compensación Familiar, tienen un factor de conversión crediticio del veinte por ciento (20%). Las otras contingencias, tienen un factor de conversión crediticio del cero por ciento (0%); b) El monto resultante se computará de acuerdo con las categorías señaladas en el artículo 12 del presente capítulo, teniendo en cuenta las características de la contraparte”. Artículo 10. Modifíquese el artículo 10 del Decreto 3086 de 1997 el cual quedará así: “Artículo 10. Clasificación y ponderación de activos. Para efectos de determinar el total de activos ponderados por riesgo, los mismos se clasificarán dentro de las siguientes categorías: Categoría I. Activos de máxima seguridad como caja y depósitos a la vista en entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, la inversión en títulos emitidos para el cumplimiento de inversiones forzosas, títulos emitidos por la Nación o por el Banco de la República, obligaciones a interés de la Nación o garantizadas por la misma. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea la Nación o el Banco de la República. Categoría II. Activos de alta seguridad y liquidez como operaciones activas de crédito relacionadas con pactos de reventa; cartera de créditos que tengan como garantía títulos de capitalización y cuyo monto no supere el 75% del valor del título pignorado; títulos representativos de captaciones o títulos emitidos por instituciones financieras sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia; obligaciones a interés de departamentos y distritos de la República o de establecimientos públicos nacionales, regionales, departamentales o municipales o empresas del sector real, siempre que hayan sido calificados por una firma autorizada para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y los pagos anticipados. La clasificación de títulos en esta categoría será procedente cuando el nivel de calificación de la emisión sea equivalente a “alto para los títulos corto, de mediano y largo plazo, de acuerdo con las escalas que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia para la calificación de valores. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores siempre que la contraparte sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia distinta del Banco de la República, una entidad pública de orden nacional o un fondo mutuo de inversión controlado. Categoría III. Activos con alta seguridad pero con baja liquidez, así como los títulos cuyo nivel de calificación se ubique entre “satisfactorio” y “bueno” para títulos de largo y mediano plazo y equivalente a “bueno” para los títulos de corto plazo, de acuerdo con las escalas que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia para la calificación de valores. Categoría IV. Los demás activos de riesgo como inversiones en acciones y bonos, cartera de créditos, cuentas por cobrar, bienes realizables y recibidos en pago y propiedades y equipo incluida su valorización, sucursales y agencias, bienes de arte y cultura, remesas en tránsito, derechos en fideicomiso y los demás activos. En esta categoría también se debe incluir la exposición neta en las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que la contraparte sea una entidad no contemplada en ninguna de las categorías anteriores. Los activos incluidos en las anteriores categorías se computarán así: Categoría I cero por ciento (0%), Categoría II veinte por ciento (20%); Categoría III cincuenta por ciento (50%) y Categoría IV (100%). Parágrafo 1°. Los activos que, en desarrollo de lo previsto en los artículos 6° y 8° de este decreto, se deduzcan para efectuar el cálculo del patrimonio básico y técnico respectivamente, no se computarán para efectos de la determinación del total de los activos ponderados por riesgo. Parágrafo 2°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma. Parágrafo 3°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las disposiciones contables que rigen dichas operaciones”. Capítulo III NORMAS RELACIONADAS CON LOS CUPOS INDIVIDUALES DE CRÉDITO Y LOS LÍMITES DE CONCENTRACIÓN DE RIESGOS Artículo 11. Modifíquese el artículo 6° del Decreto 2360 de 1993 el cual quedará así: “Artículo 6°. Para los efectos de este decreto, se computarán dentro del cupo individual de crédito, además de las operaciones de mutuo o préstamo de dinero, la aceptación de letras, el otorgamiento de avales y demás garantías, la apertura de crédito, los prestamos de cualquier clase, la apertura de cartas de crédito, los descuentos, las operaciones con derivados y demás operaciones activas de crédito de los establecimientos de crédito. Sin embargo, las garantías otorgadas por los establecimientos de crédito, distintas de aquellas que respalden operaciones con derivados y las que aseguren el pago de títulos valores, se computarán para el cumplimiento de los cupos individuales de crédito solamente por el cincuenta por ciento (50%) de su valor, siempre y cuando no excedan respecto de un mismo deudor del cinco por ciento (5%) del patrimonio técnico de la institución acreedora. También computarán dentro del cupo individual de crédito las exposiciones netas en operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma”. Artículo 12. Modifíquese el artículo 18 del Decreto 2360 de 1993 el cual quedará así: “Artículo 18. Concentración de riesgos. Además de los límites de concentración de crédito fijados en el Capítulo I de este Decreto, establécense también límites de concentración de riesgos a los establecimientos de crédito. Para este efecto, se computarán como riesgos la s operaciones activas de crédito en los términos del capítulo anterior, los activos entregados en arrendamiento financiero o leasing a la misma persona natural o jurídica conforme a las mismas reglas de dicho capítulo, lo mismo que las inversiones en acciones o participaciones en las empresas deudoras o en bonos u otros títulos negociables en el mercado emitidos por las mismas. Para el cómputo de este límite, los activos entregados en arrendamiento financiero o leasing se computarán por el cincuenta por ciento (50%) del valor del bien. Este porcentaje será del setenta y cinco por ciento (75%) cuando, a juicio de la entidad, el bien dado en arrendamiento financiero no sea susceptible de enajenarse fácilmente en el mercado secundario sin pérdida significativa sobre su valor en libros. Los valores entregados en desarrollo de las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, también serán tenidos en cuenta para el cómputo de los límites de que trata el presente artículo, con excepción de aquellos obtenidos previamente en el desarrollo de las mencionadas operaciones. Parágrafo 1°. Los valores transferidos en desarrollo de las operaciones repo o reporto, simultáneas o de transferencia temporal de valores deberán ser tenidos en cuenta para los efectos previstos en este artículo, mientras permanezcan en el balance del enajenante, originador o receptor, según sea el caso, conforme a las disposiciones contables que rigen dichas operaciones. Parágrafo 2°. Con respecto a los valores recibidos en desarrollo de las operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, estos computarán por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando estos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales valores no computarán”. Artículo 13. Modifíquese el artículo 2.2.1.16. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores el cual quedará así: “Artículo 2.2.1.16. Activos, partidas y operaciones que generan riesgo de crédito para efectos de los límites de concentración. Para establecer una situación de concentración se tendrán en cuenta los siguientes conceptos o rubros: (i) El saldo de todas las inversiones y operaciones sobre valores que efectúen en desarrollo de las denominadas operaciones por cuenta propia y con recursos propios, bien sea que estas se negocien o contraten en mercados organizados o de mostrador y con independencia del país de origen del emisor de los mismos; (ii) Los saldos deudores a cargo del emisor o grupo de emisores relacionados entre sí, con independencia de su origen y forma de instrumentación, y (iii) Los saldos de depósitos en cuentas de ahorro y corrientes que se mantengan en establecimientos de crédito nacionales o radicados en el exterior. Para los efectos de esta disposición, las denominadas operaciones por cuenta propia y con recursos propios estarán integradas por los siguientes tipos o modalidades: a) El saldo de todas las inversiones en títulos o valores que se posean y mantengan, sean estos de renta fija, renta variable o mixtos; b) El valor de los compromisos de compra o venta de títulos o valores para cumplimiento a futuro asumidos en operaciones a plazo de cumplimiento efectivo; c) El valor de los compromisos de compra o venta de valores para cumplimiento a futuro asumidos por la participación de las sociedades comisionistas en tramos de las denominadas operaciones carrusel; d) El saldo de todas las inversiones en valores cuya propiedad haya sido transferida mediante la realización de operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, con excepción de aquellos valores obtenidos previamente en desarrollo de las mencionadas operaciones; e) Los saldos de las emisiones de títulos o valores de deuda o de renta variable que no hayan sido colocados en desarrollo de acuerdos celebrados para colocar la totalidad o parte de una emisión bajo la modalidad garantizada; f) Los saldos de compromisos, operaciones o contratos de cumplimiento a futuro que versen sobre títulos o valores, con independencia del mercado en que se hayan negociado o contratado, al igual que con independencia de la modalidad que adquieran, es decir, con independencia de si los compromisos de compra o venta a futuro se asumen por la realización de operaciones forward, futuros o de cualesquier otra forma o modalidad de operación de cumplimiento a futuro; g) El precio justo de intercambio de los valores recibidos en desarrollo de las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2.2.1.17. de la presente resolución. Para los efectos del ordinal (ii) del presente artículo, en el cálculo de los saldos deudores a cargo del emisor o grupo de emisores relacionados entre sí deben incluirse las exposiciones netas resultantes de operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores”. Artículo 14. Modifíquese el artículo 2.2.1.17. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores el cual quedará así: “Artículo 2.2.1.17. Acumulación de los riesgos y cómputo de los mismos para determinar los límites de concentración. Las sociedades comisionistas de bolsa de valores determinarán y controlarán al cierre diario, de operaciones los riesgos que contraigan y mantengan con un emisor individual y con emisores relacionados entre sí, de la siguiente manera: 1. Acumulación de los riesgos frente a un emisor individual. Los riesgos que se contraigan y mantengan con un emisor individualmente considerado se calcularán sumando los siguientes elementos: a) El importe de las posiciones netas largas en títulos o valores, cuando estas sean positivas, de acuerdo con lo previsto al respecto en el literal c) del artículo 2.2.1.19. de la presente resolución. En la determinación de la posición neta en valores en un emisor determinado, se tendrá en cuenta el valor de los valores cuya propiedad haya sido transferida de manera temporal por las sociedades comisionistas mediante la celebración de operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. También se tendrán en cuenta los valores recibidos en desarrollo de las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Estos computarán por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando estos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales valores no computarán. Las sociedades comisionistas de bolsa, al efectuar el cómputo de los límites de concentración a que se encuentran sujetas en términos de la presente resolución, considerarán como saldo de la inversión en el título o valor de que se trate, su valor en libros, según las normas de valoración y clasificación de inversiones expedidas al respecto, y conforme a la categoría de inversiones en las que se encuentren clasificados los títulos o valores respectivos. Los compromisos de compra de títulos o valores de cumplimiento a futuro, con independencia de la modalidad de operación a futuro que revista el respectivo compromiso, se computarán por el valor pactado de la operación. Los compromisos de venta de títulos o valores para cumplimiento a futuro, con independencia de la modalidad de operación a futuro que revista el respectivo compromiso, se computarán por el valor pactado de la operación; b) Los saldos deudores a cargo del emisor individual respectivo, los cuales se tomarán por su valor neto en libros. Además, se incluirán los saldos resultantes de la exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores; c) Los saldos de depósitos en cuentas de ahorro y corrientes que se mantengan en el emisor individual respectivo, según corresponda; d) El saldo de los títulos o valores de deuda o de renta variable que aún no haya sido colocado en desarrollo de acuerdos celebrados para colocar la totalidad o parte de una emisión bajo la modalidad garantizada, así como el saldo de los títulos de deuda adquiridos en desarrollo de una subasta en el mercado primario. El riesgo de la sociedad comisionista de bolsa que se haya comprometido a colocar el total o parte de una emisión bajo la modalidad garantizada o que haya adquirido títulos a través de una subasta en el mercado primario, será su riesgo neto, esto es, el valor total del respectivo compromiso asumido, deducido en el importe de los títulos o valores efectivamente colocados y en el importe de los títulos o valores respecto de los cuales se haya suscrito o garantizado un compromiso de adquisición por terceros, mediante acuerdo debidamente formalizado. El riesgo neto, determinado de acuerdo con lo señalado en el inciso anterior, ponderará aplicando al mismo los siguientes porcentajes: Día hábil 0 00% Día hábil 0 10% Día hábil 2 10% Día hábil 3 25% Día hábil 4 50% Día hábil 5 75% A partir del día hábil 6 100% Para este efecto, se tomará como día hábil cero (0) el día en que se publique el aviso de oferta pública por parte del emisor respectivo, tratándose de colocaciones bajo la modalidad garantizada o el día de la aceptación de la oferta si se trata de una adquisición en desarrollo de una subasta en el mercado primario. 2. Agregación de los riesgos frente a un grupo de emisores relacionados entre sí. Los riesgos que se contraigan y mantengan frente a un grupo de emisores relacionados entre sí, se determinarán sumando los riesgos de los emisores individuales que integran cada grupo, según el procedimiento y forma de cálculo señalada en el numeral anterior. Parágrafo 1°. Exenciones a los límites de concentración. No estarán sujetos a los límites de concentración, los activos, partidas y operaciones siguientes: a) Los activos representativos de títulos o valores emitidos, garantizados o avalados totalmente por la Nación o el Banco de la República; b) Los activos representativos de títulos o valores emitidos, garantizados o avalados totalmente por entidades multilaterales de crédito. Para este efecto, tendrán la calidad o consideración de entidades multilaterales, entre otras, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento y la Corporación Interamericana de Inversiones; c) Los compromisos de compra o venta de valores de cumplimiento a futuro, cuyos activos subyacentes estén representados en títulos o valores emitidos, garantizados o avalados totalmente por la Nación o el Banco de la República o en títulos o valores emitidos, garantizados o avalados totalmente por entidades multilaterales de crédito; d) El saldo de las cuentas corrientes y de ahorro que posean las sociedades comisionistas en los bancos líderes y cuya destinación sea el cumplimiento de operaciones en el mercado de valores. Para el efecto, las sociedades comisionistas registrarán ante la Superintendencia Financiera de Colombia, dentro del plazo que esta entidad señale, las cuentas que mantengan en estos bancos para el cumplimiento de sus operaciones. Parágrafo 2°. Patrimonio técnico a considerar. Para efectos de los límites de concentración de que trata el presente artículo, el patrimonio técnico que se tendrá en cuenta durante un determinado mes, será el calculado para el penúltimo mes calendario anterior al respectivo mes. En todos los casos, el patrimonio técnico se determinará con fundamento en los estados financieros mensuales que se transmitan a la Superintendencia Financiera de Colombia”. Artículo 15. Modifíquese el artículo 2.2.1.19. de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores el cual quedará así: “Artículo 2.2.1.19. Definiciones. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo se entenderá por: a) Posiciones largas en un emisor: Se denominan posiciones largas a la tenencia actual de títulos o valores de renta fija o variable, emitidos por un emisor determinado, así como la tenencia futura de los mismos. Así, generan posiciones largas en un emisor determinado los títulos o valores de renta fija o variable que se mantengan del mismo, así como los compromisos asumidos por la sociedad para comprar títulos o valores a futuro, sea que estos se hayan adquirido por la celebración de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo, por la participación en tramos de operaciones carrusel, en operaciones forward, en operaciones de futuros o en cualesquier modalidad de operación que pueda dar lugar a su adquisición futura real; b) Posiciones cortas en un emisor: Se denominan posiciones cortas en un emisor determinado a los compromisos de venta de títulos o valores a futuro asumidos por la sociedad comisionista respectiva, cuyos activos subyacentes sean títulos o valores emitidos por el emisor de que se trate. Así, generan posiciones cortas en un emisor determinado los compromisos asumidos para vender títulos o valores a futuro, sea que estos se hayan adquirido mediante la celebración de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo, por la participación en operaciones carrusel, en operaciones forward, en operaciones de futuros o en cualesquier modalidad de operación que pueda dar lugar a su venta o entrega futura real; c) Posición neta en un emisor: Se denomina posición neta en un emisor a la diferencia entre la suma de las posiciones largas y la suma de las posiciones cortas en el mismo. Cuando esta diferencia sea positiva, la posición neta será larga, mientras que, cuando sea negativa, será corta; d) Posición global bruta: Se entiende por posición global bruta a la suma de las posiciones largas y cortas que posea una sociedad comisionista originadas en la celebración de operaciones a plazo de cumplimiento efectivo y de operaciones carrusel. En el cálculo de la posición global bruta no se considerarán los emisores de los activos subyacentes de las operaciones; e) Emisor: Se entiende por emisor a la empresa, entidad o institución de la cual se poseen títulos o valores sean de renta fija o renta variable, o se poseen saldos deudores o saldos activos en cuentas de ahorro o corrientes; f) Emisores relacionados entre sí: Se entiende por emisores relacionados entre sí a los emisores que se encuentren en una situación de control o que hagan parte de un grupo empresarial, en los términos previstos en los artículos 26, 27, y 28 de la Ley 222 de 1995, o de las normas que los modifiquen, sustituyan o deroguen, y que por representar riesgo común se consideran como un solo emisor; g) Banco Líder: Se entenderá por Banco Líder a la entidad financiera con la cual la sociedad comisionista de bolsa mantiene cuentas de ahorro o corrientes para el cumplimiento de sus operaciones efectuadas a través de los sistemas organizados de operaciones en el mercado de valores; h) Exposición neta: Se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma”. Capítulo IV NORMAS RELATIVAS AL RÉGIMEN DE INVERSIÓN DE LAS RESERVAS TÉCNICAS DE LAS ENTIDADES ASEGURADORAS Y SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN Artículo 16. Modifíquese el artículo 2° del Decreto 2779 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 2°. Inversiones admisibles de las reservas técnicas. De acuerdo con los criterios establecidos en el artículo anterior, las reservas técnicas de las entidades aseguradoras y sociedades de capitalización deben estar permanentemente invertidas exclusivamente en los activos que se señalan a continuación y con las condiciones establecidas en el presente decreto. Las inversiones que no cumplan con estos requisitos no serán computadas como inversión de las reservas técnicas. 1. Instrumentos de entidades nacionales: 1.1 Títulos de deuda pública interna y externa. 1.1.1 Emitidos o garantizados por la Nación. 1.1.2 Emitidos sin garantía de la Nación. 1.2 Títulos emitidos o garantizados por el Banco de la República. 1.3 Títulos emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín. 1.4 Títulos emitidos o garantizados por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop. 1.5 Títulos de renta fija emitidos, aceptados, garantizados o avalados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, incluyendo bonos, obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones. 1.6 Bonos y títulos hipotecarios emitidos en desarrollo de la Ley 546 de 1999 y otros títulos de contenido crediticio derivados de procesos de titularización de cartera hipotecaria. 1.7 Títulos de renta fija, incluyendo bonos, obligatoria u opcionalmente convertibles en acciones, emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 1.8 Derechos o participaciones en fondos comunes ordinarios y en fondos comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias, en fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores y en fondos de inversión administrados por sociedades administradoras de inversión, que inviertan exclusivamente en valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores y distintos a los contemplados en el numeral 1.9 del presente artículo y de aquellos destinados a realizar inversiones en activos del exterior. 1.9 Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias, en fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores y en fondos de inversión administrados por sociedades administradoras de inversión que inviertan más del 10% del valor del portafolio en emisores que presentan relación de vinculación con la entidad inversionista. 1.10 Títulos derivados de procesos de titularización cuyos activos subyacentes sean distintos a cartera hipotecaria. 1.11 Títulos de Renta variable. 1.12 Derechos o participaciones en fondos comunes especiales administrados por sociedades fiduciarias, en fondos de valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa de valores y en fondos de inversión administrados por sociedades administradoras de inversión, destinados a realizar inversiones en fondos del exterior de renta fija o de acciones que cumplan con la condición establecida en el numeral 2 del presente artículo. 1.13 Los préstamos con garantía en las pólizas de seguro de vida o títulos de capitalización hasta por su valor de rescate. No serán computables como inversión de las reservas técnicas los préstamos con garantía en las pólizas de seguros de pensiones. 1.14 Depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Para este propósito se deducirán los descubiertos en cuenta corriente registrados en el pasivo de acuerdo con las normas del Plan Único de Cuentas de la Superintendencia Financiera de Colombia. 1.15 Saldos disponibles en caja. 1.16 Derechos o participaciones en fondos de capital privado administrados por sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa de valores y sociedades administradoras de inversión, a que se refiere la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores o demás normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. 1.17 Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultáneas activas. 1.17.1 Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultáneas activas sobre inversiones admisibles de las reservas técnicas. En ningún momento se pueden realizar estas operaciones con las filiales o subsidiarias de la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, según sea el caso, su matriz o las filiales o subsidiarias de esta. Los valores que se reciban en desarrollo de esta s operaciones computarán para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente decreto, por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando estos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales valores no computarán. Dichos valores no podrán ser transferidos de forma temporal o definitiva, sino sólo para cumplir la respectiva operación. 1.17.2 Operaciones de reporto o repo activas y operaciones simultáneas activas celebradas a través de los sistemas de negociación de las bolsas de bienes y productos agropecuarios, agroindustriales o de otros commodities a un plazo máximo de ciento cincuenta (150) días, sobre certificados de depósito de mercancías agropecuarias. 1.18 Operaciones de transferencia temporal de valores, siempre que actúen como “originadores” en las mismas. En todo caso, en desarrollo de dichas operaciones, las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización sólo podrán recibir valores previstos en el régimen de inversiones admisibles de las reservas técnicas. Dichos valores no podrán ser transferidos de forma temporal o definitiva, sino solo para cumplir la respectiva operación. Así mismo, en los casos en que la entidad reciba recursos dinerarios, dichos recursos deberán permanecer congelados en depósitos a la vista en establecimientos de crédito no vinculados a la respectiva entidad. En todo caso, los valores que entreguen las entidades aseguradoras y las sociedades de, capitalización en desarrollo de estas operaciones que hagan parte de las reservas técnicas seguirán computando como parte de las mismas. Así mismo, computarán como inversiones en instrumentos del emisor del valor para efectos del cumplimiento de todos los límites de que trata el presente decreto. Para efecto del cálculo de dichos límites, los valores que se reciban en desarrollo de las operaciones referidas en este numeral computarán por un monto equivalente al cincuenta por ciento (50%) de su valor, salvo cuando estos se hayan recibido por virtud de operaciones con la Nación o el Banco de la República, en cuyo caso tales valores no computarán. En todo caso, los dineros y valores que se reciban como consecuencia de la realización de la operación de transferencia temporal de valores no computarán como parte de las reservas técnicas de las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización. 2. Instrumentos emitidos o garantizados por entidades del Exterior. 2.1 Títulos de renta fija emitidos o garantizados por gobiernos extranjeros o bancos centrales extranjeros, de países cuya deuda soberana presente grado de inversión. 2.2 Títulos de renta fija emitidos o avalados por organismos multilaterales de crédito. 2.3 Títulos de renta fija emitidos por entidades no bancarias del exterior, cuyos emisores se encuentren localizados en países cuya deuda soberana presente grado de inversión. 2.4 Títulos de renta fija emitidos, garantizados o aceptados por bancos comerciales o de inversión, cuyos emisores se encuentren localizados en países cuya deuda soberana presente grado de inversión. 2.5 Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales, que inviertan exclusivamente en títulos de renta fija y cuya deuda soberana del país de origen del administrador del fondo presente grado de inversión. 2.6 Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales que inviertan en títulos de renta fija y en títulos de renta variable, con garantía del capital y cuya deuda soberana del país de origen del administrador del fondo presente grado de inversión. 2.7 Derechos o participaciones en fondos de inversión internacionales que inviertan en acciones de entidades con una capitalización de mercado no menor a dos billones de dólares de los Estados Unidos de América (US$2 billones) y cuya deuda soberana del país de origen del administrador del fondo presente grado de inversión. 2.8 Derechos o participaciones en fondos de inversión índice, cuya deuda soberana del país de origen del administrador del fondo presente grado de inversión. 2.9 Derechos o participaciones en fondos internacionales de mercado monetario llamados “Money Market”, cuya deuda soberana del país de origen del administrador del fondo presente grado de inversión. 2.10 Depósitos a la vista o títulos de renta fija emitidos por filiales del exterior de establecimientos de crédito colombianos, localizados en países cuya deuda soberana presente grado de inversión. 2.11 Depósitos a la vista en entidades bancarias del exterior localizadas en países cuya deuda soberana presente grado de inversión. Parágrafo. Tal como lo establece el literal a) del numeral 1, del artículo 1° del Decreto 094 de 2000, no computarán como inversión de la reserva técnica, los títulos derivados de procesos de titularización en donde el originador principal del proceso tenga relación de vinculación con la entidad inversionista”. Artículo 17. Modifíquese el artículo 7° del Decreto 2779 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 7°. Límites globales. Los siguientes son los límites máximos que se deberán cumplir permanentemente, con respecto al valor del portafolio que respalda las reservas técnicas para la inversión en los títulos o instrumentos que se enumeran a continuación: 1. Hasta el 30% del valor del portafolio en cada una de las alternativas señaladas en los numerales 1.3, 1.4, 1.6, 1.7, 1.11, 1.18 y 2 del artículo 2° de este decreto. 2. Hasta el 5% del valor del portafolio, en cada una de las alternativas señaladas en los numerales 1.9, 1.10 y 1.12 del artículo 2° de este decreto. 3. Hasta el 3% del valor del portafolio en la alternativa señalada en el numeral 1.15 del artículo 2° de este decreto. 4. Hasta el 5% del valor del portafolio en la alternativa señalada en el numeral 1.16. del artículo 2° de este decreto. 5. Hasta el 10% del valor del portafolio en la alternativa señalada en el numeral 1.17. Parágrafo. Las inversiones contempladas en los numerales 1.12, 2.7, y 2,8 del artículo 2° de este decreto, en conjunto no podrán exceder el 10% del valor del portafolio”. Artículo 18. Modifíquese el artículo 8° del Decreto 2779 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 8°. Límites individuales. Atendiendo lo establecido en el literal d) del artículo 1° del Decreto 094 de 2000, sin perjuicio de los límites menores previstos en el artículo 7° de este decreto y con excepción de las inversiones previstas en los numerales 1.1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 del artículo 2°, se deberán tener en cuenta los siguientes límites individuales: 1. La suma de las inversiones en uno o varios instrumentos de una misma entidad, emisor o fondo, las exposiciones netas resultantes de las operaciones descritas en los numerales 1.17.1 y 1.18, y los depósitos en cuentas corrientes y cuentas de ahorros no podrá exceder del 10% del valor del portafolio. 2. La suma de las inversiones, las exposiciones netas resultantes de las operaciones descritas en los numerales 1.17.1 y 1.18, y los depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación entre sí, no podrán exceder del 15% del valor del portafolio. 3. La suma de las inversiones, las exposiciones netas resultantes de las operaciones descritas en los numerales 1.17.1 y 1.18, y depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 10% del valor del portafolio. Para efectos del cálculo del límite de que trata el presente numeral se consideran como inversiones en una entidad vinculada los recursos entregados en desarrollo de las operaciones de que trata el numeral 1.17.1 del artículo 2° del presente decreto. 4. Los límites individuales a que se refiere el presente artículo, se aplicarán a los originadores de los procesos de titularización correspondientes, en la medida en que conserven una obligación con respecto al título. En caso de existencia de mecanismos externos de seguridad, estos se computarán dentro del límite que corresponda a los otorgantes. 5. En el caso de títulos avalados, aceptados o garantizados por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, el límite se imputará a la entidad mejor calificada entre el emisor y el avalista, en los términos del artículo 5°. En el caso de las emisiones garantizadas por la Nación, el Banco de la República o Fogafín, el límite se imputará a estas últimas. Parágrafo 1°. El porcentaje previsto en el numeral 3 del presente artículo será aplicable a partir del 31 de diciembre de 2007, mientras tanto el límite máximo será el siguiente: 1. Hasta el 31 de diciembre de 2002 las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 25% del valor del portafolio. 2. Hasta el 31 de diciembre de 2003 las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 25% del valor del portafolio. 3. Hasta el 31 de diciembre de 2004 las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 20% del valor del portafolio. 4. Hasta el 31 de diciembre de 2005 las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 20% del valor del portafolio. 5. Hasta el 31 de diciembre de 2006 las inversiones o depósitos efectuados en el conjunto de personas naturales o jurídicas que presenten relaciones de vinculación con la entidad aseguradora o sociedad de capitalización, no podrán exceder del 15% del valor del portafolio. Parágrafo 2°. Para los efectos del presente artículo, se entiende como exposición neta en operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas y operaciones de transferencia temporal de valores, el monto que resulte de restar la posición deudora de la posición acreedora que ostenta la entidad en cada operación, siempre que este monto sea positivo. Para el cálculo de dichas posiciones deberán tenerse en cuenta el precio justo de intercambio de los valores cuya propiedad se transfiera y/o la suma de dinero entregada como parte de la operación, así como los intereses o rendimientos causados asociados a la misma”. Artículo 19. Modifíquese el artículo 9° del Decreto 2779 de 2001 el cual quedará así: “Artículo 9°. Requisitos para el cálculo de los límites de inversión. Para efectos de calcular los límites y valores de los portafolios de acuerdo con lo previsto en el presente decreto, se deberán tener en cuenta los siguientes requisitos. 1. Para calcular el valor total del portafolio se deberá considerar la suma total de las inversiones que respaldan las reservas técnicas y que cumplan con los requisitos del presente decreto, de acuerdo con las normas de valoración de portafolio que para el efecto expida o hay a expedido la Superintendencia Financiera de Colombia. 2. El cálculo de inversión de las reservas se efectuará tomando como base todas las reservas técnicas de seguros y capitalización, registradas de acuerdo con los criterios contables contenidos en el Plan Único de Cuentas, establecido para el efecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y acreditadas en el balance del trimestre inmediatamente anterior. En dicho cálculo no se deben incluir las reservas de siniestros a cargo de reaseguradores. 3. Sin perjuicio de la posibilidad de otorgar garantías para respaldar las operaciones de reporto o, repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores, las inversiones de las reservas técnicas se deberán mantener libres de embargos, gravámenes, medidas preventivas o de cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia. Cualquier afectación de las mencionadas impedirá que la inversión sea computada como inversión de las reservas técnicas. De acuerdo con las normas legales pertinentes, las entidades aseguradoras y las sociedades de capitalización sólo podrán realizar operaciones con derivados con fines de cobertura, en los términos que establezca la Superintendencia Financiera de Colombia. Parágrafo. Cuando se presenten eventos catastróficos, podrán computar como inversiones de las reservas técnicas los valores que se transfieran en desarrollo de operaciones de reporto o repo y de operaciones simultáneas, hasta un porcentaje equivalente al diez por ciento (10%) de la reserva para siniestros pendientes parte reaseguradores, constituida para tal fin y por un plazo no superior a un (1) mes. En la realización de estas operaciones no se podrán utilizar valores que respalden reservas de la seguridad social”. Capítulo V DISPOSICIONES APLICABLES A LOS FONDOS DE VALORES, FONDOS DE INVERSIÓN Y FONDOS COMUNES DE INVERSIÓN Artículo 20. Autorización a carteras colectivas para realizar operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Los recursos de los fondos administrados por las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión podrán ser utilizados para celebrar operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, de conformidad con lo establecido en el reglamento o en el contrato de suscripción de derechos, según sea el caso. Dichas operaciones deberán efectuarse a través de una bolsa de valores o de cualquier otro sistema de negociación de valores autorizado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Artículo 21. Límites aplicables a las operaciones repo, simultáneas y transferencia temporal de valores. Las operaciones repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores que celebren las sociedades fiduciarias, las sociedades comisionistas de bolsa de valores y las sociedades administradoras de fondos de inversión para el fondo que administren, cualquiera sea su finalidad, no podrán exceder en su conjunto el treinta por ciento (30%) del activo total de la cartera colectiva respectiva. Capítulo VI OTRAS DISPOSICIONES Artículo 22. Modifíquese el artículo 6° del Decreto 2670 de 2000 el cual quedará así: “Artículo 6°. Convenio de administración. Para la debida administración del Frech, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Banco de la República convendrán la forma como se darán las instrucciones para su administración, mediante la suscripción de un convenio en donde se establecerán las condiciones específicas para tal efecto, teniendo en cuenta los siguientes lineamientos: 1. Los recursos del Frech serán administrados con criterios de seguridad, liquidez y rentabilidad apropiados al cumplimiento de sus fines. 2. Las operaciones que debe llevar a cabo el Frech dentro del giro ordinario de sus actividades de tesorería se sujetarán a las normas legales vigentes. 3. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencias temporales de valores se sujetarán a lo establecido en el Decreto 4432 de 2006 o demás normas que lo sustituyan, modifiquen o subroguen. 4. Los gastos en que incurra el Banco da la República por la administración del Frech se reconocerán con cargo a los recursos de este, previo el cumplimiento de las normas legales correspondientes”. Artículo 23. Garantías. Los recursos de los fondos administrados por las sociedades administradoras de fondos de pensiones y de cesantías, aquellos correspondientes a los fondos administrados por las sociedades fiduciarias, sociedades comisionistas de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión y los de las reservas técnicas de las compañías de seguros podrán ser utilizados para otorgar garantías que respalden las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores celebradas de conformidad con el régimen de inversiones aplicable. Artículo 24. Autorización a las sociedades comisionistas de bolsa. Las sociedades comisionistas de bolsa de valores podrán realizar a través de bolsa de valores, por cuenta propia o por cuenta de terceros, operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Artículo 25.Vigencia y derogatorias. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de marzo de 2007 y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

* Diario Oficial 46.536 de 2007.

Normas

Ministerio de Hacienda y Crédito Público Resolución 104 de 2007* (enero 22) Por medio de la cual se fijan criterios técnicos para el manejo de excedentes de liquidez a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2007. El Ministro de Hacienda y Crédito Público, En uso de sus facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 9° de la Ley 1110 de diciembre 27 de 2006 y el numeral 33 del artículo 6° del Decreto 4646 de 2006, y Considerando: Que el artículo 9° de la Ley 1110 de 2006 dispone que el Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo; Que el numeral 2 del artículo 33 del Decreto 4646 de 2006 dispone que corresponde a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional dirigir y administrar, bajo la orientación del Ministro de Hacienda y Crédito Público, el diseño, la ejecución, coordinación, vigilancia y políticas de riesgo del financiamiento público, el otorgamiento de la garantía de la Nación, el manejo de las operaciones de Crédito Público y del Tesoro Nacional y las operaciones de la Nación -Ministerio de Hacienda y Crédito Público- con la Banca de Inversión; Que el numeral 13 del artículo 33 del Decreto 4646 de 2006 dispone que corresponde a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional definir, dirigir y coordinar las operaciones de tesorería que se consideren necesarias para la consecución de recursos que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la Dirección, incluida la compra y venta de divisas e instrumentos del mercado cambiario; acordar los términos y suscribir los convenios y contratos relacionados con su manejo y efectuar su control y seguimiento; Que el numeral 14 del artículo 33 del Decreto 4646 de 2006 dispone que corresponde a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional efectuar directamente o a través de intermediarios especializados y autorizados, la colocación de los excedentes de liquidez de esa Dirección y de los recursos que administre, teniendo en cuenta, en todos los casos, los criterios de seguridad y solidez y su realización en condiciones de mercado, con sujeción a los lineamientos y procedimientos que para tal efecto establezca la misma, para lo cual está autorizada para realizar en moneda extranjera operaciones de cubrimiento; Que el numeral 24 del artículo 33 del Decreto 4646 de 2006 dispone que corresponde a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional definir y administrar los riesgos asociados con las operaciones financieras que esa Dirección realice; crear las metodologías y disponer de las herramientas necesarias para la evaluación y calificación de los riesgos; Que en atención a la naturaleza y características de las operaciones con derivados, se ha convertido en práctica comercial que las entidades autorizadas para proveer cobertura celebren previamente contratos marco, en los cuales se establecen previamente las condiciones contractuales generales que aplican a la celebración y ejecución de este tipo de transacciones; Que para la celebración de operaciones forward de tesorería se considera conveniente la utilización de los Contratos Marco para la Celebración de Operaciones con Derivados con sus respectivos Suplementos aprobados por la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, por cuanto con su celebración se reducen los riesgos jurídicos y operacionales que involucra la celebración de este tipo de operaciones; Que la Nación-Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha suscrito varios Contratos Marco para la Celebración de Operaciones con Derivados con sus respectivos Suplementos con Intermediarios del Mercado Cambiario y agentes del exterior, los cuales se encuentran vigentes; Que de conformidad con el artículo 42 de la Resolución Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República, los residentes pueden celebrar operaciones de derivados financieros sobre tasas de interés, tasas de cambio e índices accionarios con intermediarios del mercado cambiario y agentes del exterior que realicen este tipo de operaciones de manera profesional; Que por condiciones de mercado de las operaciones a futuro consistentes en swaps y forwards de divisas se considera conveniente la realización de las mismas mediante el uso de Sistemas de Negociación de Valores autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, Resuelve: Artículo 1°. Para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional podrá celebrar durante la vigencia fiscal de 2007, entre otras, operaciones a futuro consistentes en swaps y forwards de divisas mediante la realización de subastas y el uso de Sistemas de Negociación de Divisas debidamente autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia, en los términos de los Contratos Marco y sus respectivos Suplementos con intermediarios del mercado cambiario y agentes del exterior debidamente autorizados. Asimismo, la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional-Ministerio de Hacienda y Crédito Público, celebrará las operaciones a que se refiere el inciso anterior en los términos y condiciones del Reglamento que para el efecto expida esa Dirección y de las condiciones (p)articulares que se establezcan en las respectivas Confirmaciones. Artículo 2°. La Dirección de Crédito Público y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, deberá dar cumplimiento a las normas de cualquier naturaleza que le sean aplicables, en especial a la Resolución Externa número 8 de 2000 de la Junta Directiva del Banco de la República y demás normas concordantes. Artículo 3°. La presente resolución deroga en su totalidad las Resoluciones números 091 y 420 y 6216 de 2006 y rige a partir de su publicación en el Diario Oficial.

* Diario Oficial 46.522 de 2007.

Reseña general

Corte Constitucional Bono pensional. Emisión. Ingreso base de liquidación. Debido proceso Sentencia T-1087-06 del 14 de diciembre de 2006. Expediente T-1428216. La Oficina de Bonos Pensionales, interpreta la Sentencia C-734 de 2005 afirmando que como ingreso base de liquidación se debe usar el salario cotizado al 30 de junio de 1992 y no el devengado en esa fecha, según el artículo 117 de la Ley 100 de 1993, que resultaría ser la norma aplicable ante la declaratoria de inexequibilidad del literal a) del artículo 5 del Decreto 1229 de 1994. Existe amenaza al derecho a la seguridad social del actor y al mínimo vital, ya que el Ministerio de Hacienda ha manifestado que no puede emitir el bono con la normatividad que es aplicable al accionante. Desde la solicitud elevada por la AFP en relación con la emisión del bono ha transcurrido año y medio sin que la OBP haya dado trámite a la misma. Argüir que el problema se soluciona reliquidando el bono pensional que ya había sido emitido con el salario devengado, es cambiar las reglas vigentes al momento del traslado del afiliado, que es la ocasión que define la normativa aplicable al momento de liquidar el bono. Se ha presentado demora en la tramitación del bono por el Ministerio de Hacienda, que impide el reconocimiento de la pensión y amenaza derecho a la seguridad social y al mínimo vital, violando el debido proceso del actor al verse sometido a una interpretación errada de una sentencia de la Corte Constitucional que cambia e ignora las normas aplicables a su caso. Bono pensional. Reliquidación Sentencia T-968 del 23 de noviembre de 2006. Expediente T-1414404. Para efectos de los actos administrativos que liquidan y emiten los bonos pensionales, la ley distingue dos fenómenos jurídicos, a saber: (i) la anulación del acto administrativo, que se presenta cuando existen errores en la expedición de un bono o hay cambio en la forma de calcularlo y su objetivo es reliquidar los expedidos para expedir uno nuevo que lo modifique y, ii) la revocatoria directa del mismo cuando la autoridad que lo expide decide cambiar las condiciones inicialmente reconocidas (artículos 69 y 73 del Código Contencioso Administrativo). La redención de bonos pensionales sólo es posible si media solicitud expresa y escrita del afiliado. Por consiguiente, el momento en que el acto administrativo que reconoció el bono pensional queda en firme está perfectamente determinado, de tal forma que tanto el beneficiario del bono como la autoridad administrativa que lo expidió tienen claridad de hasta cuándo pueden modificar unilateralmente dicho acto administrativo. Lo anterior muestra con claridad que, con base en la facultad otorgada por el artículo 17 de la Ley 549 de 1999, la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podía anular el bono pensional que había sido expedido para ser reliquidado, en tanto que encontró errores cometidos en su expedición que podían subsanarse porque el acto administrativo de reconocimiento del bono no se encontraba en firme. Crédito de vivienda. Proceso ejecutivo hipotecario Sentencia T-1069 del 7 de diciembre de 2006. Expediente T-1412339. Reiteración de jurisprudencia. Condiciones básicas para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales proferidas en el curso de procesos ejecutivos. Carga mínima que debe desplegar el accionante en el curso de un proceso ejecutivo para que la acción de tutela sea procedente. La inmediatez de la acción de tutela en el proceso ejecutivo hipotecario se verifica cuando el proceso sigue en curso. En este caso, la acción de tutela no reúne los requisitos de procedibilidad que la jurisprudencia ha señalado en el curso de procesos ejecutivos hipotecarios. Los accionantes no ejercieron los recursos legales disponibles para la defensa de sus intereses, y ni siquiera cumplieron con la carga mínima de solicitar la terminación del respectivo proceso judicial y la acción no cumple con el requisito de inmediatez. Crédito de vivienda. Proceso ejecutivo hipotecario. Ley 546 de 1999. Sentencia T-965 del 23 de noviembre de 2006. Expediente T-1385737. Terminación de procesos ejecutivos hipotecarios. Alcance del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. El proceso ejecutivo se inició antes del 31 de diciembre de 1999 y ha surtido su trámite con posterioridad al pronunciamiento de la Corte que definió con efectos de cosa juzgada constitucional el sentido del parágrafo 3° del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Al continuar con el proceso se interpretó equivocadamente la norma desconociendo el precedente jurisprudencial, no obstante haberse efectuado la reliquidación del crédito. Se violó el derecho del actor al debido proceso, ya que aquel tenía derecho a que el proceso concluyera. La situación del actor se enmarca en las condiciones que ha sentado la jurisprudencia y la ley para hacer procedente la acción de tutela, en tanto la negativa del juzgado demandado de dar por terminado el proceso ejecutivo hipotecario que se sigue, pese a existir en éste reliquidación de la obligación objeto de cobro y mediar solicitud en ese sentido, apareja una vulneración al derecho al debido proceso Crédito hipotecario. Proceso ejecutivo hipotecario. Presupuesto de inmediatez Sentencia T-1009 del 30 de noviembre de 2006. Expediente T-1401652. Considera la Sala que, si lo que el actor pretendía en la tutela era que se mantuviese la determinación del a quo de dar por terminado el proceso ejecutivo conservando el bien hipotecado, y habida cuenta que la decisión de segunda instancia que lo impedía, era irrecurrible quedándose sin medios ordinarios de defensa dentro de ese proceso, bien pudo acudir a solicitar el amparo constitucional desde que se sucedió la revocatoria y máximo hasta antes de que el bien fuera rematado y adjudicado; pero no lo hizo dentro de esa oportunidad y se mostró completamente inactivo para impedir que el bien se realizara. Así, acude inoportunamente a la acción subsidiaria, pues lo hace después de agotado el objeto procesal y no hay justificación en el proceso para ello. Ahora, como ya se expuso, esta Corte al otorgar al presupuesto de la inmediatez la categoría de requisito general de procedibilidad de la acción, ha establecido unos supuestos que coadyuvan el determinar si ésta se interpuso o no dentro de un término razonable. Crédito de vivienda. Reliquidación Sentencia T-1063 del 7 de diciembre de 2006. Expediente T-1418197. El actor obtuvo un préstamo para vivienda que se pactó en pesos, a quince años y a una tasa de interés del 24%. El FNA modificó las condiciones del crédito, cambiándolo de pesos a UVR y aumentando el plazo para su pago de 15 a 30 años, señalando que el cambio de sistema de amortización y el aumento del plazo no obedeció a una decisión arbitraria, sino al cumplimiento de una norma de general y obligatoria Ley 546 de 1999 y a resoluciones de la Superintendencia Bancaria, y que el sistema de amortización inicialmente pactado, Gradiente Geométrico Escalonado capitalizaba intereses. La Sala concluye que el contrato de mutuo no autorizaba al FNA cambiar el sistema a UVR, ni aumentar el plazo para el pago pues, lo que la entidad accionada podía hacer, era modificar la tasa de interés y en consecuencia el valor de las cuotas, lo que no implica modificaciones en el plazo. Para adoptar la decisión de modificar el sistema de amortización de un crédito, debió sujetarse a lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, es decir, informar a los deudores de vivienda la reliquidación y redenominación y permitir el derecho de defensa para no vulnerar derechos fundamentales. Crédito de vivienda. Reliquidación. Proceso ejecutivo hipotecario Sentencia T-1086-06 del 14 de diciembre de 2006. Expediente T-1421403. La Sala concede la protección, porque, una vez reliquidada la obligación, con el propósito de aplicar al crédito el abono obligatorio, asumido por el Estado para hacer frente a la crisis, el proceso Ejecutivo Hipotecario que se adelanta contra el deudor tenía que terminarse, como lo dispuso el Juzgado. No incide el monto de la reliquidación, ni los acuerdos o desacuerdos de las partes al respecto, pues la normatividad en la materia y la jurisprudencia constitucional así lo disponen. Los jueces de tutela denegaron el amparo por considerar que el saldo a favor de la entidad ejecutante y la falta de acuerdo de las partes son las que determinan la terminación del proceso ejecutivo en curso y como tales presupuestos no se cumplen en el caso de la referencia, éste no puede darse y, porque la tutela contra providencias judiciales no es procedente. Con relación al primer argumento no es dable distinguir las modalidades normales y anormales de terminación de los procesos ejecutivos en curso y el proceso tenía que terminarse, sin más trámite, como lo resolvió el Juzgado. Respecto del argumento esgrimido por el juez constitucional ad quem, a cuyo tenor la acción de tutela contra providencias judiciales no procede, la Sala reitera, una vez más, que la indebida aplicación de las normas sobre vivienda y el desconocimiento del precedente jurisprudencial en la materia vulneran los derechos fundamentales a la vivienda digna y el debido proceso y obligan al juez constitucional a restablecerlos. Hábeas Data. Títulos valores en blanco. Centrales de riesgo Sentencia T-943 del 16 de noviembre de 2006. Expediente T-1396285. Hábeas data y derechos fundamentales. Diligenciamiento de títulos valores en blanco. Advierte la Superintendencia Financiera que recibir títulos valores con espacios en blanco, sin contar con instrucciones precisas de su creador y; diligenciar el instrumento sin observar las instrucciones recibidas, constituye práctica insegura. Las eventuales obligaciones representadas en títulos valores con espacios de blanco, no pueden registrarse, procesarse y divulgarse en las centrales de riesgo, si se considera que no proporcionan certeza sobre los hábitos del pago de los presuntos deudores y, en consecuencia, distorsionan la información cierta, útil y necesaria que las actividades financiera, bursátil y aseguradora demandan para desarrollar sus objetivos, en un clima de seguridad y confianza. La existencia de la obligación se controvierte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, porque el actor, en ejercicio de una Acción de Grupo, pretende una indemnización colectiva fundada en el incumplimiento de las condiciones ofrecidas en un proyecto. Para esta Sala es claro que la Fiduciaria no podía reportar al actor y a su deudor a la Central de Riesgos y que tendrá que retirar la información, porque lo acontecido en torno del proyecto está por definirse. Hábeas data. Tutela Sentencia T-067 del 1 de febrero de 2007. Expediente T-1430393. La jurisprudencia constitucional ha sostenido que la intimidad, el buen nombre y la honra, son derechos constitucionalmente garantizados, de carácter fundamental, lo cual implica que para su protección puede acudirse directamente a la acción de tutela. Existe violación de los derechos fundamentales al buen nombre y al habeas data del accionante, toda vez que se reportó una obligación que no fue adquirida por él, en detrimento de la reputación que éste ha adquirido en materia financiera. Ello genera perjuicios patrimoniales y morales en la medida en que no ha podido acceder a créditos para el desarrollo de sus actividades comerciales. La administración de datos de terceros supone la veracidad de los mismos, circunstancia que se deriva del núcleo esencial de los derechos al buen nombre y al hábeas data. La injustificada publicación de datos falsos o incompletos, afecta el reconocimiento social que meritoriamente ha construido una persona. Estos efectos negativos cobran mayor dimensión en los eventos en que la información verse sobre aspectos financieros o comerciales de la persona. Inversiones. Estabilidad jurídica Sentencia C-961 del 22 de noviembre de 2006. Expediente D-6304. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 7º (parcial) de la Ley 963 de 2005, “por la cual se instaura una ley de estabilidad jurídica para los inversionistas en Colombia”. El demandante muestra preocupación por el inversionista extranjero, en cuyo caso la desigualdad y la vulneración de derecho de acceso a la justicia serían más patentes. Sin embargo, no se pierde de vista que el presupuesto de las inversiones a las cuales se refieren los contratos de estabilidad jurídica es un conocimiento, aún mínimo, del derecho nacional que resulte determinante de la inversión, pues no de otra manera se pueden sopesar los riesgos y decidir si hay estabilidad jurídica suficiente para invertir. Al momento de discutir sobre el contenido de la cláusula compromisoria y de la eventual habilitación de los árbitros, el inversionista nacional o foráneo y el Estado colombiano tienen idéntica posibilidad y están sometidos a idénticas restricciones por lo que no hay desconocimiento de la igualdad de oportunidades. Se declara la exequibilidad de la expresión “En este caso se establecerá un tribunal de arbitramento nacional regido exclusivamente por leyes colombianas” demandada. Leasing habitacional. Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Sentencia C-894 del 1 de noviembre de 2006. Demanda de inconstitucionalidad contra la expresión “En el reglamento que expida el Gobierno Nacional” que hace parte del Artículo 1º de la Ley 795 de 2003, “por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se dictan otras disposiciones.” La expresión demandada no se refiere a asuntos propios de una ley estatutaria ni a una facultad general para que el Gobierno regule por reglamentaciones administrativas derechos fundamentales de los usuarios del leasing financiero. La disposición acusada solamente establece que el Gobierno debe tener en cuenta dentro de su potestad reglamentaria, la necesaria protección de los usuarios del leasing habitacional, situación que no está dirigida a limitar, prohibir, establecer excepciones o condicionar el ejercicio de derechos fundamentales, que es lo que constituye el objeto principal de las leyes estatutarias referidas en el numeral 1º del artículo 152 de la Constitución Política. Es legítimo que dentro de los límites del artículo 150 -Numeral 19- de la Constitución se encauce la facultad reglamentaria del Gobierno, para que en su ejercicio se adopten medidas de protección de los usuarios o locatarios del leasing financiero. Se declara exequible, por el cargo analizado, la expresión “En el reglamento que expida el Gobierno Nacional” que hace parte del último inciso del artículo 1º de la Ley 795 de 2003. Pensión. Reconocimiento. Derecho de petición. Apoderado judicial Sentencia T-004 del 18 de enero de 2007. Expediente T-1416193. La garantía constitucional comprometida en este caso es el derecho de petición, y la Corte se ha pronunciado en múltiples decisiones, señalando que cuando la entidad obligada a dar una respuesta la retarda, está violando el derecho en su núcleo esencial. El término con que cuentan los operadores públicos y privados del sistema general de pensiones para resolver las peticiones relativas al reconocimiento o reliquidación es de cuatro (4) meses, contados a partir de la presentación de las mismas. En el caso de los demandantes se presentaron las solicitudes entre los meses de junio de 2004 y enero de 2006, entonces es claro que la entidad de previsión social ha contado con un término más que suficiente para emitir respuesta, que al no haber sido producida dentro de dicho plazo, vulnera el derecho fundamental impetrado. Aunque en la presente acción no está cabalmente acreditada la calidad del apoderado judicial, ante la inoportunidad de los poderes especiales, se concederá la protección solicitada, por el interés superior del derecho fundamental invocado, ya que éste no sólo permite a la persona que lo ejerce presentar la solicitud respetuosa, sino que implica además la facultad para exigir de la autoridad a quien le fue formulado, una respuesta de fondo y oportuna del asunto sometido a su consideración. Pensión. Tutela. Derecho de petición Sentencia T-1002 del 30 de noviembre de 2006. Expediente T-1417489. En relación con el derecho a la seguridad social, el incumplimiento de los plazos dados por la jurisprudencia para la contestación de peticiones en materia pensional, además de vulnerar el derecho de petición conculca el derecho a la seguridad social. Sin embargo, la Corte no tiene el material probatorio suficiente para determinar si el accionante, efectivamente, ha adquirido el derecho a la pensión, la base para liquidarla, etc., por lo que la decisión de la sentencia no se extiende a tal fin. La Sala de Revisión revoca el fallo único de instancia emitido por el Juzgado por medio del cual se negó el amparo solicitado y, en su lugar, lo concede, ordenando al ISS que decida el recurso de apelación ejercido en contra de la Resolución que negó la solicitud de reconocimiento de la pensión del aquí accionante. Pensión de invalidez. Régimen anterior Sentencia T-1064 del 7 de diciembre de 2006. Expediente T-1399273. Al accionante le fue diagnosticado VIH y además enfermedad reumatológica degenerativa de curso progresivo sin lugar a rehabilitación. La brevedad del lapso de tiempo (1 año) establecido en la Ley 100 de 1993 se convierte en una medida regresiva frente a la amplitud de tiempo otorgado bajo el régimen pensional anterior que estableció el término de 6 años con una cotización de 150 semanas, requisitos que en su conjunto cumple el actor y que le hacen merecedor del reconocimiento de la pensión de invalidez. Por ende, ateniendo el mandato de progresividad del Sistema de Seguridad Social, el legislador ha debido prever con la entrada en vigencia de la Ley 100, un régimen de transición. La incapacidad física para acceder a un trabajo y la carencia de recursos económicos que le permitan garantizar un mínimo vital para una subsistencia digna hacen indispensable la protección definitiva de los derechos, que resulta en consonancia con los parámetros de justicia social y trato equitativo. La aplicación del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, frente a las circunstancias de debilidad manifiesta en que se encuentra el actor, vulneró sus derechos a la vida, el mínimo vital, la seguridad social, la igualdad y el principio de dignidad humana, lo que hace indispensable la intervención del juez de tutela para obtener que se aplique el requisito previsto en el literal b., primera parte, del artículo 6 del Decreto 758 de 1990, consistente en haber cotizado para el seguro de invalidez 150 semanas dentro de los 6 años anteriores al estado de invalidez. Pensión de vejez. Mínimo vital Sentencia T-1029 del 4 de diciembre de 2006. Expediente T-1413815. La sentencia concluye que la acción de tutela interpuesta resulta procedente y que el ISS al momento de expedir la resolución por medio de la cual denegó la pensión de vejez, no tuvo en cuenta las semanas de cotización correspondientes al periodo comprendido entre enero de 2004 y septiembre de 2004. Considero también que el accionante, por tratarse de una persona de 80 años de edad, hace parte de la tercera edad y es un sujeto de especial protección constitucional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Constitución Política, teniendo en cuenta no sólo su edad sino sus precarias condiciones económicas y de salud, que hace que el mecanismo ordinario no resulta idóneo para resolver esta controversia, por lo que procede la tutela como mecanismo definitivo. Que la actuación del ISS vulnera los derechos fundamentales al mínimo vital y a la dignidad del actor puesto que hasta el momento no ha podido disfrutar de la pensión de vejez que le corresponde. Pensión sanción. Indexación Sentencia C-891 A del 1 de noviembre de 2006. Expediente D-6246. Demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 8º (parcial) de la Ley 171 de 1961. La eficacia del derogado artículo 8º de la Ley 171 de 1961. Las posiciones sostenidas sobre la indexación en materia pensional y la reparación de la inconstitucionalidad derivada de la omisión legislativa. El mecanismo de actualización previsto en el artículo 133 de la Ley 100 de 1993, el derecho a la igualdad y la pensión sanción causada durante la vigencia del artículo 8º de la Ley 171 de 1961. No se avizora la existencia de motivo alguno para que la pensión sanción adquirida en los términos del derogado artículo 8º de la Ley 171 de 1961 y todavía no exigible por falta de la edad requerida, quede por fuera del evidente propósito de actualización que el Constituyente de 1991 previó para todas las pensiones y que el legislador ha concretado respecto de pensiones distintas. Como el segmento demandado del artículo 8º de la Ley 171 de 1961 no contempla la actualización de la pensión sanción que el Constituyente de 1991 previó para todas las pensiones, la Corte decreta su exequibilidad, bajo el entendimiento de que en todos aquellos casos en los cuales el derogado artículo 8º de la Ley 171 de 1961 todavía surta efectos, se deberá aplicar el mecanismo de actualización de la pensión sanción aplicando el índice de precios al consumidor respecto del salario base de la liquidación. Tasas de interés pasivas. Artículo 128, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero Sentencia C-991 del 29 de noviembre de 2006. Expediente D-6370. Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 1 del artículo 128 del Decreto 663 de 1993, “Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y se modifica su titulación y numeración”. La Corte encuentra que la norma acusada se limita a permitir que los establecimientos bancarios pacten libremente con sus clientes las tasas de interés de determinadas operaciones pasivas, de manera que por sí misma no establece una situación de desigualdad, ni genera per sé una relación de desequilibrio entre el cliente y la entidad financiera o un trato diferencial para las operaciones de ahorro y las de crédito. Los parámetros de comparación utilizados por el accionante no se derivan de la norma acusada, sino de valoraciones externas, frente a las cuales el accionante se limita a hacer consideraciones difusas que no permiten tener referentes ciertos y precisos para seguir adelante con el examen de igualdad. Las alusiones hechas a las tasas de interés de los créditos, el margen de intermediación financiera, las tarifas de los servicios y las cláusulas contractuales abusivas, entre otras, no se derivan de la norma acusada y tampoco son afrontadas por el actor con especificidad y precisión, de forma que para llegar al fondo de ellas y poder establecer si habría parámetros reales de comparación, la Corte tendría que abandonar su función constitucional e iniciar una labor oficiosa de búsqueda, identificación e integración de las diversas normas que podrían llegar a referirse a los asuntos reseñados por el actor. Al no haberse integrado por el actor los extremos necesarios para hacer el juicio de igualdad, la Corte encuentra que se impone una decisión inhibitoria. Títulos valores. Prescripción Sentencia T-1044 del 5 de diciembre de 2006. Expediente T-1389556. Se presenta un enfrentamiento de interpretaciones y, en atención a que se trata de deudores solidarios, la Sala, sin necesidad de evaluar la interpretación dada por los jueces al artículo 792 del Código de Comercio y obrando dentro de los márgenes de su competencia, puede estimar que ese entendimiento es razonable y que no se presenta la arbitrariedad o la grave desproporción en la interpretación que advierten los demandantes. La razonabilidad de la interpretación judicial que a primera vista se percibe, indica que la aplicación del artículo 792 del Código de Comercio de conformidad con el anotado entendimiento corresponde a las facultades atribuidas a los jueces y, siendo ello así, no es del resorte del juez constitucional proceder a controvertirla o entrar a analizar la interpretación alternativa que los demandantes creen acertada con la finalidad de sustituir el criterio del juez por el de los tutelantes. La Sala se remite a las consideraciones que en este sentido se hicieron al estudiar el cuestionamiento de los actores a la interpretación que los jueces hicieron del artículo 330 del Código de Procedimiento Civil y, en armonía con ellas, considera improcedente esta acción de tutela que fue impetrada para lograr que “se declarara probada la excepción de prescripción de todos los títulos valores cobrados en la demanda”, lo cual escapa a las competencias propias del juez de tutela. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil Cheque. Pago de cheque falsificado Sentencia del 17 de octubre de 2006. Expediente 54001-3103-001-1999-00481-01. La acusación no cobija la totalidad de las pruebas y argumentos en que se apuntaló el sentenciador pues dejó de combatir la valoración que hizo el Tribunal alrededor de la experticia rendida por el DAS y que le permitió concluir que la falsificación encontrada en el cheque no era notoria ni burda, pues apenas sí se refirió cortamente a que la firma mostraba una falsedad por el método de imitación de grafías, sin cuestionar lo concerniente a que no se trataba de una burda imitación, como tampoco mencionó los comentarios formulados en torno a otra rúbrica, consideraciones estas que, al hacer parte de la plataforma que soporta la decisión y al no estar comprendidas dentro del ámbito del cargo, permanecen inmutables, siguen obrando como pilares del fallo impugnado y determinan que la censura no pueda tener la virtualidad de producir el quiebre de éste. Sin importar cuál haya sido la conducta del cuentacorrentista en el cuidado del talonario, él será el llamado a soportar las secuelas de su pérdida, de suerte que el banco sólo asumirá el resultado del pago del cheque apócrifo previamente perdido por el cuentacorrentista si éste lo enteró tempestivamente del hecho de la pérdida, o si la falsedad es cuestión notoria. Contrato de comisión. Comisionista de bolsa. Inversiones Sentencia del 12 de enero de 2007. Expediente 76001 31 03 006 2000 00145 01. Contrato de comisión, definición y regulación. Responsabilidad del comisionista de bolsa en el desarrollo de su actividad. El Tribunal asumió que la actora era un cliente inexperto en inversiones y que clasificaba dentro del perfil de bajo riesgo, no sólo porque sus depósitos permanecieron por años en la misma entidad, sino porque consideraba fundamental que el emisor contara con el apoyo de un grupo financiero y encontró que la comisionista incumplió sus obligaciones de información y asesoría, por cuanto presentó una alternativa que no compasaba con el perfil de inversión, modificando el esquema que traía el cliente, ya que la institución carecía de la fortaleza de un grupo, sin que el comisionista hubiera realizado el análisis que le era exigible, ni expresado y documentado la aceptación del comitente respecto del mayor riesgo en la nueva inversión. El sentenciador no fundó el incumplimiento de la demandada en el hecho de que hubiera analizado indebidamente los estados de liquidez de la compañía receptora de la inversión, sino que, en sentido diverso, manifestó que tal análisis y la ausencia de alertas en el mercado no podían considerarse suficientes en orden a satisfacer la obligación de asesoría, puesto que era preciso evaluar otros factores como la solidez y el respaldo de los emisores. Fiducia mercantil. Administración. Perjuicios Sentencia del 24 de noviembre de 2006. Expediente 2000-00122-01. El tribunal señaló que ninguna responsabilidad cabía a la fiduciaria de cara a las imputaciones que se le hacían en la demanda, porque, no encontró que éstas tradujeran perjuicios a los demandantes, en quienes halló desidia en la defensa de sus intereses al no impulsar las actuaciones necesarias para que la garantía fuera realizada. Como lo plantea la censura, puede tener razón al disputar al Tribunal algunas de esas apreciaciones que lo condujeron a negar que la fiduciaria hubiera actuado sin toda la diligencia que el negocio reclamaba, reparos que no sólo cuentan con respaldo demostrativo, sino que devienen relevantes a la hora de establecer en qué medida la fiduciaria obró atendiendo los dictados legales y contractuales que para ella surgieron del contrato. Desde luego que si el contrato establecía la obligación de “velar por la conservación de los bienes fideicomitidos”, previsión que de la mano va con lo estatuido por el artículo 1243 del Código de Comercio, a cuyo tenor la fiduciaria responde hasta por la culpa leve en el ejercicio de sus funciones, dicha incuria debe reflejarse en la responsabilidad de la demandada. Seguro de cumplimiento. Fiducia en garantía Sentencia del 12 de diciembre de 2006. Expediente 11001-31-03-035-1998-00853-01. La Aseguradora no asumió la misma obligación que adquirió la empresa deudora con la Caja Agraria, ya que se trata de un seguro de cumplimiento por el cual la aseguradora garantizó al acreedor que la sociedad deudora honraría su compromiso de constituir fiducia en garantía, y aceptó las consecuencias de que la palabra así empeñada por aquella firma resultare incumplida. La Corte ha decantando que el mero incumplimiento del deudor en la constitución de garantías, no es exactamente la medida del perjuicio, señalando que si un deudor ofrece una garantía, no la presta, pero cumple la obligación principal, es obvio que aunque incumplió su oferta de garantía, ese incumplimiento en principio no perjudicó al acreedor. Que la firma deudora haya entrado en concordato con sus acreedores no implica que sobrevino para la Caja Agraria la imposibilidad absoluta de recaudar el crédito, tampoco que por esa circunstancia el valor de la deuda es exactamente la dimensión del perjuicio recibido. Para la determinación del perjuicio sería necesario indagar por la suerte que tuvo el crédito de la demandante en el concordato que se adelantó, pues si allí participó el acreedor hoy demandante, es incierto el daño recibido por este acreedor, porque estaría subordinado dicho menoscabo a la posibilidad próxima o remota de recuperación de la empresa y al plan de pagos concertado entre todos los acreedores, todo lo cual conspira contra la certidumbre del daño y su magnitud. Asemejar el perjuicio recibido como consecuencia de otorgarse una garantía fiduciaria, al valor del crédito debido, es tanto como decir que los bienes que serían fideicomitidos en el frustrado acto, valían tanto o más que el propio crédito, pero en todo caso, que tal patrimonio era respaldo más que suficiente, dato cuya ausencia siembra de incertidumbre el perjuicio sufrido. Seguro de transporte. Vigencia. Cobertura. Valor del perjuicio Sentencia del 31 de enero de 2007. Expediente 2000 5492 01. En el seguro de transporte terrestre no es obligatorio determinar las fechas y horas de iniciación y culminación del amparo por la singular naturaleza propia de esta clase de seguros. La cobertura de riesgos estipulados, principio en virtud del cual la aseguradora tan solo asume aquellos que específicamente se indiquen en la póliza es la regla general en materia de seguros, pero tratándose del seguro de transporte prevalece el principio de la universalidad de los riesgos y la póliza ampara todos los riesgos inherentes al transporte, salvo aquellas excepciones previstas en la ley o que convencionalmente pacten las partes. El yerro del Tribunal es patente, toda vez que consideró que era indefectible que en la póliza acompañada con la demanda, se señalara la fecha en que concluía o terminaba la responsabilidad del asegurador, sin advertir que se excluye en el seguro de transporte esta exigencia pues en tal clase de seguros, a priori, ella está determinada por el legislador en función del “trayecto asegurado” que por regla, se inicia cuando se reciben o han debido recibirse las mercancías por el transportador y concluye con la entrega de las mismas al destinatario. Ha señalado la jurisprudencia de esta Corporación que en ejercicio de la acción subrogatoria, al asegurador no le basta demostrar que pagó en ejecución de un contrato de seguro una determinada suma de dinero a título de indemnización por el acaecimiento de un determinado siniestro, sino que es necesario acreditar el perjuicio real y cierto que sufrió el asegurado, para lo cual es admisible cualquier medio probatorio, por ejemplo, la que fue determinada por los peritos. Seguro de vida. Reportes y confesión Sentencia del 13 de diciembre de 2006. Expediente 05001-31-03-002-1999-00669-01. No puede colegirse que la demandante conocía o debía conocer la enfermedad que padecía el asegurado, mientras que éste sí pudo haber informado sus dolencias y no lo hizo, reproche que el Tribunal esgrime señalando que en 1991 el asegurado solicitó la conversión del seguro de vida vigente desde 1986, y adicionalmente tomó otro, cuando ya sabía de su enfermedad y al médico que lo examinó le ocultó el hecho. Si la Compañía de Seguros de Vida en el trámite de la reclamación consignó en los reportes todo lo que de los antecedentes se decía, en ese documento de mero trámite no se vislumbra una confesión por ausencia de expresividad, pues allí el dato fáctico se consignó de manera hipotética. Seguro de vida. Reticencia. Prescripción Sentencia del 29 de noviembre de 2006. Expediente 05001-31-03-017-1999-01199-01. Resaltó el Tribunal cómo en marzo de 1989 se expidió la póliza, que se sustituyó después por otra. En el año de 1999, fruto de la reclamación que hiciera el demandado, al ver su historia clínica se detectó que el asegurado desde antaño padecía de diabetes y que había sido reticente al hacer la declaración sobre el estado de su salud. No dudó el Tribunal que hubo la reticencia, a pesar de lo cual denegó las pretensiones de la demanda por el advenimiento de la prescripción. El Tribunal planteó que pasados más de diez años, contados desde cuando hubo la reticencia, operó la prescripción extraordinaria. El casacionista dejó de lado los argumentos del Tribunal en torno de la prescripción de la acción de nulidad del contrato de seguro, que expuestos de manera concisa y clara permitían un ataque frontal contra la sentencia, gestión impugnaticia que se echa de menos. Seguros. Prescripción Sentencia del 12 de febrero de 2007. Expediente 68001-31-03-001-1999-00749-01. Con abstracción del carácter objetivo o subjetivo de la prescripción ordinaria o extraordinaria en materia de seguros, sea cual sea la percepción acerca del fenómeno deletéreo, no hay elemento normativo que permita tomar el rechazo de una reclamación como detonante del término prescriptivo. El rechazo de la reclamación no puede tenerse como el referente inicial para contar el término de prescripción ordinaria previsto en el artículo 1081 del Código de Comercio porque según la propia norma la prescripción se inicia “desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción”, disposición que descarta la búsqueda de una ocasión distinta para despuntar la contabilización del citado término de dos años. Aunque estuviera demostrado cabalmente el momento en que se hizo el rechazo de la reclamación, ese dato en nada incide como referente para contar el término de prescripción y por lo mismo es inútil convocar al examen de la prueba de un hecho que sirve de premisa fáctica a una norma de imposible aplicación. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral Pensión. Régimen de transición. Traslado de régimen Sentencia del 28 de noviembre de 2006. Radicación 28156. Dado que el cargo se orientó por la vía directa, le correspondía a la censura estar conforme con los supuestos fácticos, esto es, que a 1º de abril de 1994 el demandante no había cumplido 15 años de servicios y, por consiguiente al cambiarse del régimen de prima media con prestación definida para el de ahorro individual, perdió los beneficios de transición previstos y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Conforme al literal b) del artículo 61 de la Ley 100 de 1993, los excluidos del régimen de ahorro individual fueron quienes al entrar en vigencia el Sistema (1º de abril de 1994), tuvieran 55 años de edad en el caso de los hombres y el demandante tenía 54 años, tal cual lo determinó el Tribunal, de modo que no es válido aducir que la edad referida de 55 años tenía que observarse al momento del traslado de régimen. Pensión. Subrogación. Régimen de transición Sentencia del 8 de noviembre de 2006. Referencia 28026. El Tribunal señaló que por estar el demandante amparado por el régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, se le aplicaba como régimen anterior el previsto en el derogado artículo 260 del C. S. del T., esto es, la pensión de jubilación por 20 años de servicio y 55 años de edad, en un monto de 75 % del salario promedio del último año. Dio por probado que desde que el actor ingresó a laborar con el demandado fue vinculado al ISS, entidad que asumió desde el principio el riesgo de vejez respecto del demandante, para concluir que el empleador está exento del pago de esa pensión que corresponde asumir al ISS cuando el actor cumpla la edad señalada en sus reglamentos. Ello, pues la pensión de jubilación estaba a cargo del empleador cuando el trabajador a la fecha en que el ISS asumió el riesgo de vejez, llevara más de diez años de servicio en una misma empresa. Interesa a la Corte volver a precisar que el efecto legal de la afiliación de los trabajadores al ISS fue el de subrogar los riesgos que venían asumiendo los empleadores, que venían apareciendo en los reglamentos de la empresa, por lo que, quienes para cuando la entidad de seguridad social asumió en el lugar esa protección tenían menos de 10 años de servicio -que es la situación del recurrente, quien fue afiliado cuando ingresó a laborar-, se le aplicarían íntegramente los reglamentos de la entidad de seguridad social. Pensión de jubilación. Privatización entidad empleadora Sentencia del 28 de noviembre de 2006. Radicación 28290. El trabajador que ha cumplido o cumplió los requisitos establecidos en la ley para acceder a la pensión de jubilación no pierde su prerrogativa por el hecho de la posterior privatización de la entidad empleadora. Carece de incidencia alguna el hecho de la privatización posterior de la entidad estatal a la consolidación del requisito de tiempo de servicio, pues, tal circunstancia no es oponible al trabajador. Concluirse cosa distinta no sólo desconoce la verdadera noción de tal derecho, sino que aflige al trabajador por un hecho que le es extraño, por ser exclusivamente imputable a su empleador, como lo es el cambio de la calidad de persona jurídica que mantuvo vigente en tanto aquél cumplió el término de servicios requerido en las normas que previeron su derecho. El régimen aplicable al sub lite y al cual no podía sustraerse los juzgadores de instancia, era el vigente al momento en que la demandante cumplió el requisito de tiempo de servicio para acceder a la pensión de jubilación, con independencia de que hubiera o no seguido laborando para el demandado, de que aquél hubiera cambiado con posterioridad su naturaleza jurídica e, inclusive, que arribara a la edad prevista para tener derecho a la pensión por vejez otorgada por el ISS. Régimen de transición. Pensión. Ingreso base de liquidación Sentencia del 21 de noviembre de 2006. Expediente 26969. Según el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, la jubilada está amparada por la transición pensional y se encuentra que el aplicable es el previsto en el artículo 1° de la Ley 33 de 1985 y no el Acuerdo 003 de 1980 que concedía el derecho prestacional de jubilación con 50 años de edad, a los docentes de la Universidad del Quindío que hubieren prestado 20 años de servicios y por lo menos 5 como profesores titulares. Para calcular el IBL en este caso, dado que a la jubilada le faltaban menos de 10 años para adquirir el derecho cuando entró en vigencia el Sistema General de Pensiones, debe acudirse al inciso 3° del artículo 36 de dicha normatividad según el cual el ingreso base para liquidar la pensión “será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello”. Como la pensionada se retiró del servicio el 30 de junio de 1996, de acuerdo al reiterado criterio jurisprudencial –Sentencia de 29 de noviembre de 2001, Radicado 15921, entre otras-, a partir de ese momento se empiezan a contar el número de días resultante hacia atrás, trasladando así la medida de tiempo, lo cual arroja el IBL en este evento. Es procedente el ajuste de la pensión hacia el futuro, por lo que el fallo de primer grado se revoca y en su lugar se dispone que el valor de la pensión reconocida por la Universidad del Quindío para el año 2006 debe fijarse en la suma partiendo de una pensión inicial más los reajustes legales hasta la fecha. Como el ISS reconoció la pensión de vejez en cuantía superior a la que le debía cancelar la Universidad, se declarará exonerada de pagar suma alguna por concepto de pensión de jubilación. Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Bono pensional. Historia laboral Sentencia del 12 de diciembre de 2006. Radicación 66001 23 31 000 2006 00649 01. Mediante el ejercicio de la acción de tutela el actor pretende la protección de los derechos fundamentales a la dignidad humana, a la pensión de vejez, al mínimo vital, al de petición, a la igualdad, al debido proceso y la seguridad social que considera vulnerados por la Sociedad Administradora de Fondo de Pensiones al no adelantar los trámites necesarios para el reconocimiento de la pensión de vejez. De las pruebas obrantes en el expediente y los informes rendidos por las entidades accionadas, advierte la Sala, que en efecto la Oficina de Bonos Pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público no ha realizado la liquidación provisional del bono pensional a que podría tener derecho en tanto AFP no ha enviado la historia laboral completa para proceder al estudio de la información y posterior liquidación del bono. La entidad administradora omitió su deber de recopilar la información tendiente a conformar la historia laboral del accionante, consagrada en el artículo 20 del Decreto 1513 de 1998, tal como lo indicó el a quo, obligación que debe cumplir independientemente de si el bono es o no emitible o redimible, pues tal determinación la debe tomar el emisor del bono. La Sociedad Administradora a la cual está afiliado el actor tiene la obligación de integrar su historia laboral, con fundamento en las diferentes solicitudes realizadas por el actor, y hacerla llegar a la Oficina de Bonos Pensiónales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público con el fin de que se pueda resolver la solicitud formulada por el accionante. Bono pensional. Liquidación y pago Sentencia del 15 de febrero de 2007. Expediente 52001 2331 000 2006 01746 01. La Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el ISS y la AFP tienen a su cargo diferentes funciones con el fin de que los bonos pensionales sean debidamente reconocidos, liquidados y pagados a quienes por ley tienen el derecho. La omisión de los deberes que la ley confiere a las diversas entidades para satisfacer derechos prestacionales, conculca los derechos fundamentales de la actora como mujer y madre cabeza de familia y de sus hijos menores, pues necesitan para su subsistencia el reconocimiento y pago de la cuota parte financiera del bono pensional reclamado. Crédito de vivienda. Reliquidación Sentencia del 25 de octubre de 2006. Radicación 11001-03-27-000-2004-00037-01 -14617. Acción pública de nulidad contra el Decreto 2702 del 30 de diciembre de 1999 expedido por el Gobierno Nacional. Considera el demandante que al decreto le surge la inconstitucionalidad sobreviniente, pues la Corte Constitucional declaró inexequible la disposición que autorizaba al Gobierno Nacional para efectuar la metodología para la reliquidación de los créditos destinados a la financiación de vivienda a largo plazo al considerar que la competencia para ello radicaba en la Junta Directiva del Banco de la República. Siguiendo el criterio expuesto por la Sala en sentencia de esta Sección de fecha 20 de marzo de 2003, dictada dentro del expediente 13087, C. P. Ligia López Díaz, al decidir sobre la demanda de nulidad instaurada contra el Decreto 2703 de 1999, la declaratoria de inexequibilidad de la disposición que confería al Gobierno Nacional facultad para establecer la equivalencia entre la DTF y la UPAC para efectos de la liquidación de los saldos de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual de largo plazo, sólo surtió efectos a partir de la fecha en que se profirió la Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000, y no afectó la validez de la metodología establecida por el Gobierno para fijar la equivalencia, en tanto fue establecida en vigencia de la norma declarada inconstitucional, como expresamente lo consideró la Corte, por tanto no hay razón para declarar la nulidad del decreto demandado. Pensión. Embargo Sentencia del 13 de diciembre de 2006. Radicación 13001 23 31 000 2006 01149 01. El problema jurídico subyace en establecer si existe violación a los derechos fundamentales a la vida, a la igualdad y al debido proceso, producto de las deducciones realizadas en una mesada pensional. Ha sido reiterada la jurisprudencia en indicar que los dineros que se asignan al pago de las mesadas pensionales tienen una destinación específica ordenada por la Carta Política, razón por la cual está proscrito desviar dichos recursos a finalidades distintas a las contempladas por la Carta, como por ejemplo la finalidad de asegurar el pago de las deudas o pasivos a cargo del pensionado. Los dineros designados al pago de las pensiones no constituyen prenda común de los acreedores, pues gozan de la garantía de inembargabilidad, plasmada como regla general en el Código de Procedimiento Civil, con las excepciones legales, que son de interpretación y aplicación restrictiva. Los descuentos por concepto de embargos y créditos a la mesada pensional no vulneran los derechos fundamentales que se alegaron como violados por parte de la Personera Delegada de Derechos Humanos pues el monto de los embargos no supera el límite legalmente establecido y los descuentos cooperativos fueron autorizados expresamente por el actor. Pensión. Régimen de transición. Concordancia. Ingreso base de liquidación Sentencia del 19 de octubre de 2006. Expediente 25000-23-25-000-2002-10406-01 (993-2005). El servidor público que para la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 no hubiera cumplido todos los requisitos para acceder a la pensión, pero que hubiera continuado en servicio después de esa fecha, y se halle sometido al régimen de transición de que trata el inciso 2° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, tiene derecho a que la liquidación y reconocimiento de su pensión se hagan conforme al régimen pensional anterior al que estaba sometido. No es aceptable que por no haber cumplido todos los requisitos después de la fecha prevista en la ley desaparezca la protección legal pensional conferida y se desnaturalice la transición consagrada, máxime si se tiene en cuenta que al existir duda entre la aplicación del régimen anterior pertinente o del inciso 3° del artículo 36 de la precitada ley, debe seguirse la norma más favorable que, en este caso, es la antigua. La Sala recuerda que los incisos 2° y 3° del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 no son concordantes, antes por el contrario, tienen redacción contradictoria, como lo ha destacado el Consejo de Estado; circunstancia que permite, en caso de duda, aplicar la norma más favorable por mandato del artículo 53 de la Constitución Política. Pensión. Sustitución pensional Sentencia del 14 de diciembre de 2006. Radicación 70001 -23-31 -000-2006-00294-01. Se adelantó un trámite administrativo y en éste existía una oportunidad para hacerse parte y procurar el mejor derecho que se esgrime. El hecho que la comparecencia determinaba la existencia de otros medios de defensa judicial en cuanto que el acto administrativo se hubiera pronunciado sobre el derecho de la demandante a la sustitución pensional, se tiene que ésta contó con otros medios administrativos a través de los cuales pudo hacer valer el contenido del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, y si no logró acceder a la jurisdicción se debió a su propia culpa considerando que la administración mediante publicaciones en sus secretarias y en radio y prensa citó a todas las personas que consideraran tener derecho a la pensión de sustitución para que comparecieran al proceso sin que la demandante hubiera ejercido ese derecho, tal como se consignó en el considerando respectivo de la resolución correspondiente. Seguro de cumplimiento. Leasing Sentencia del 26 de octubre de 2006. Radicación 25000-23-27-000-2001-02402-14401. La Administración de Aduanas de Bogotá, expidió una resolución por la cual declaró el incumplimiento del régimen de importación temporal autorizado y ordenó hacer efectiva la póliza de seguro de cumplimiento, al encontrarse que la importadora no cumplió con el pago oportuno de las cuotas establecidas. Para la Sala se configura el incumplimiento de una de las obligaciones inherentes a la importación temporal, cual es el pago de los tributos aduaneros generados en la importación temporal a largo plazo leasing. Procede hacer efectiva la garantía otorgada para hacer efectivo el pago de las sumas aducidas por la importadora, pues el objeto de la misma fue “garantizar la finalización de la importación temporal leasing en los plazos señalados en la declaración(...) y el pago oportuno de los tributos aduaneros, ...”, es decir que el riesgo amparado no sólo es el capital, que son las respectivas cuotas, sino también los intereses de mora, obligación accesoria que surge cuando no es oportuno el pago de la obligación principal. Seguro de cumplimiento. Título ejecutivo Sentencia del 11 de octubre de 2006. Radicación 76001233100020040236 01 (28849). Del análisis se desprende la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la aseguradora y a favor del ejecutante, habida cuenta que son demostrativos de una reciprocidad de deberes y obligaciones entre las partes y del incumplimiento por parte del ejecutado a las convenciones allí establecidas, luego no acertó el Tribunal al estimar que la circunstancia de no haber establecido el acto administrativo de caducidad la suma expresa que debería cancelar la aseguradora era motivo para negar el mandamiento de pago. La Sala no acoge la razón esgrimida por el Tribunal, según la cual para que se hubiera configurado el título ejecutivo en este caso era indispensable que en el acto de caducidad del contrato se hubiera indicado el monto de las sumas a pagar por parte de la aseguradora, pues si bien es cierto que ese aspecto no se precisó en el acto de caducidad, también lo es que el examen integral de los distintos documentos allegados por la ejecutante para acreditar la existencia del título de recaudo claramente permiten deducir no sólo la existencia de obligación a cargo de la compañía aseguradora sino también su monto. Seguros. Incumplimiento del contrato Sentencia del 11 de octubre de 2006. Radicación 250002326000200102295 01 (31749). Cajanal E.P.S. en liquidación, en ejercicio de la acción contractual solicita que la jurisdicción declare que entre ella y la compañía de seguros demandada celebraron un contrato donde la aseguradora se obligó a indemnizarla por los gastos médicos en que incurriera para el tratamiento de las enfermedades de alto costo o catastróficas, incluyendo las no contempladas en el POS, que requirieran sus afiliados. Impetra igualmente la declaratoria de incumplimiento del referido contrato por parte de la aseguradora, con fundamento en que la misma se negó injustificadamente a pagar las indemnizaciones allí contempladas, por lo cual pide que se le condene al pago de las mismas. La aseguradora solicitó una prueba para que la representante legal de Cajanal concurra a una declaración o interrogatorio de parte El Tribunal acertó al indicar que el testimonio se predica de terceros ajenos al proceso y la declaración o interrogatorio de parte de quienes ostentan esa calidad dentro del mismo. El auto apelado se confirma, pues tratándose de interrogatorio o declaración de parte de los representantes de la Nación, los departamentos, los municipios y otros entes como el demandado, surge la imposibilidad de provocar su confesión mediante el ejercicio de pruebas como la de que se trata en este caso. La declaratoria de parte solicitada por la compañía aseguradora demandada no puede decretarse y, en tal sentido, debe impartirse confirmación al numeral del auto censurado. Seguros. Seguro de garantía Sentencia del 30 de noviembre de 2006. Expediente 30.912 (R-02281). La compañía de seguros en el recurso de reposición adujo varias razones para cuestionar la resolución del Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, entre ellas, la falsa motivación pues no tuvo en cuenta los cambios y modificaciones que sufrió la vía, como consecuencia de un nuevo contrato, el cual dio origen a nuevas obligaciones con sujetos y circunstancias diferentes. Cuestionó, además, la falta de legitimación de la ejecutante para hacer efectiva la garantía de la póliza, como quiera que el titular de la misma es la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, y no el IDU. La citada resolución dijo que el IDU, pidió un concepto técnico sobre el estado en el cual se encontraba la vía, objeto del contrato concluyendo que la vía presentaba deterioro imputable al contratista de la obra, razón por la cual recomendó que se declarara ocurrido el siniestro y se hiciera efectiva la póliza de garantía de la obra. Por tanto, señaló la misma resolución, la omisión de la aseguradora para negarse a expedir las modificaciones de la póliza que le fueron solicitadas por la entidad ejecutante, no es motivo para negarse a cumplir con las obligaciones surgidas con la declaratoria de ocurrencia del siniestro.

Reseña general

Superintendencia de Sociedades Acciones. Enajenación de acciones Concepto 220-73776 del 21 de diciembre de 2006. Procede en primer lugar señalar que de conformidad con el artículo 379 núm. 3 del Código de Comercio, en concordancia con los artículos 403 y 406 ídem, uno de los derechos que cada acción confiere a su propietario es el de negociarla libremente, a menos que en los estatutos se haya estipulado el derecho de preferencia a favor de la sociedad, de los accionistas o de ambos, regla que aplica independientemente de cualquier otra relación que el accionista tenga con la sociedad. Por tanto, para los fines pertinentes habrá de estarse a lo que dispongan los respectivos estatutos, atendiendo que cuando medie una cláusula expresa en tal sentido, el accionista que pretenda enajenar sus acciones, necesariamente estará obligado a permitir que la sociedad y los restantes socios ejerzan previamente el derecho de preferencia, según los términos que al efecto se hubieren establecido y, una vez cumplida esa condición, estará facultado para enajenarlas a un tercero de su libre elección. En caso contrario la enajenación como se indicó, podrá efectuarse directamente por el simple acuerdo entre las partes, observando que la sociedad sólo puede adquirir para sí las acciones que pretendan enajenarse, cuando se cumplan los presupuestos previstos en el artículo 396 del código citado, que exige entre otros, que se trate de acciones totalmente liberadas, que medie la aprobación expresa de la asamblea general de accionistas y, que la operación se realice con fondos tomados de utilidades liquidas. Adicionalmente se tendrá en cuenta que la enajenación en cualquier circunstancia producirá todos sus efectos respecto de la sociedad y de terceros, una vez se realice su inscripción en el libro de registro de accionistas mediante orden escrita del enajenante o en forma de endoso hecho sobre el respectivo titulo, momento a partir del cual perderá el cedente su calidad de accionista. Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Factoring . Retención en la fuente Concepto 006974 del 31 de enero de 2006. Cuando el factoring se celebra no para la intermediación del cobro sino como contrato de compraventa de cartera, el comprador asume a cambio de un precio, no solo la titularidad del derecho incorporado en el título, sino también los riesgos del acreedor, por tanto, el valor de la enajenación constituye el ingreso del vendedor. La venta de cartera constituye ingreso para el vendedor, independientemente de la finalidad perseguida por éste con la realización del negocio jurídico. Así las cosas, la retención en la fuente a título de impuesto sobre la renta en los negocios jurídicos de factoring donde no hay intermediación, se calcula sobre el valor de la enajenación, conforme se expresó en el concepto 015731 de febrero 28 de 2001, Y será a la tarifa del 3.5%. Si por el contrario, se trata de una intermediación, la retención en la fuente será por concepto de comisiones sobre el ingreso recibido como contra prestación. Como consecuencia de las anteriores consideraciones se ratifica el concepto 015731 de febrero de 28 de 2001.