De Especial Interés

Ley 1121 de 2006*

(diciembre 29)

Por la cual se dictan normas para la prevención, detección, investigación y sanción de la financiación del terrorismo y otras disposiciones.

El Congreso de la República

Decreta:

Artículo 1°. Modifícase el numeral 1 y el literal d) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:

Artículo 102. Régimen general. 1. Obligación y control a actividades delictivas. Las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas.

2. Mecanismos de control. (...)

d) Reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero cualquier información relevante sobre manejo de activos o pasivos u otros recursos, cuya cuantía o características no guarden relación con la actividad económica de sus clientes, o sobre transacciones de sus usuarios que por su número, por las cantidades transadas o por las características particulares de las mismas, puedan conducir razonablemente a sospechar que los mismos están usando a la entidad para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación.

Artículo 2°. Modifícase el artículo 105 del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 105. Reserva sobre la información reportada. Sin perjuicio de la obligación de reportar de forma inmediata y suficiente a la Unidad de Información y Análisis Financiero la información a que se refiere la letra d) del numeral 2 del artículo 102, las instituciones financieras solo estarán obligadas a suministrar información obtenida en desarrollo de los mecanismos previstos en los artículos anteriores cuando así lo solicite la Unidad de Información y Análisis Financiero o la Fiscalía General de la Nación.

Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios que tengan conocimiento por cualquier motivo de las informaciones y documentos a que se refieren los artículos anteriores deberán mantener reserva sobre los mismos.

Las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que se ha comunicado a la Unidad de Información y Análisis Financiero información sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha información.

Artículo 3°. Modificase el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el cual quedará así:

Artículo 43. Las obligaciones establecidas en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993) y demás normas concordantes serán aplicables en lo pertinente a las personas que se dediquen profesionalmente a actividades de comercio exterior, operaciones de cambio y del mercado libre de divisas, casinos o juegos de azar, así como aquellas que determine el Gobierno Nacional.

Parágrafo. El control del cumplimiento de las obligaciones impuestas por la presente disposición se realizará por la respectiva entidad que ejerza vigilancia sobre la persona obligada.

Artículo 4°. Modifícanse los incisos 1°, 2° y 3° del artículo 3° de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:

Artículo 3°. Funciones de la unidad. La Unidad tendrá como objetivo la prevención y detección de operaciones que puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas, prioritariamente el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Para ello centralizará, sistematizará y analizará mediante actividades de inteligencia financiera la información recaudada, en desarrollo de lo previsto en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias o complementarias, las normas tributarias, aduaneras y demás información que conozcan las entidades del Estado o privadas que pueda resultar relevante para el ejercicio de sus funciones. Dichas entidades estarán obligadas a suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el presente artículo. Así mismo, la Unidad podrá recibir información de personas naturales.

La Unidad en cumplimiento de su objetivo, comunicará a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio, cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo y las actividades que dan origen a la acción de extinción del dominio.

Artículo 5°. Modifícanse los numerales 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 9 del artículo 4° de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:

Artículo 4°. Funciones de la dirección general. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General:

1. Participar en la formulación de las políticas para la prevención y detección, y en general, la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todas sus manifestaciones.

2. Centralizar, sistematizar y analizar la información suministrada por quienes están obligados a cumplir con lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y sus normas remisorias y complementarias, las normas tributarias, aduaneras, cambiarias y demás información que conozcan las entidades del Estado y privadas que pueda resultar vinculada con operaciones de lavado de activos o de financiación del terrorismo, la cual podrá reposar en las bases de datos de cada entidad si no fuere necesario mantenerla de manera permanente en la Unidad.

3. Coordinar el estudio por parte de la Unidad de nuevos sectores afectados o susceptibles de ser utilizados para el lavado de activos o la financiación del terrorismo.

4. Comunicar a las autoridades competentes y a las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción del dominio cualquier información pertinente dentro del marco de la lucha integral contra el lavado de activos, la financiación de terrorismo y las actividades que den origen a la acción de extinción de dominio (…).

7. Participar en las modificaciones legales a que haya lugar para el efectivo control del lavado de activos y de la financiación de terrorismo.

8. Rendir los informes que le soliciten los Ministros de Hacienda y Crédito Público y del Interior y Justicia, en relación con el control al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

9. Evaluar y decidir sobre la pertinencia de enviar a la Fiscalía General de la Nación y a las demás autoridades competentes, para su verificación, la información que conozca en desarrollo de su objeto.

Artículo 6°. Modificase el numeral 2 del artículo 6° de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 6°. Funciones de la Subdirección de análisis estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico: (...)

2. Realizar los estudios necesarios para mantener actualizada la Unidad sobre las prácticas, técnicas y tipologías utilizadas para el lavado de activos y la financiación del terrorismo, en los diferentes sectores de la economía, así como la identificación de los perfiles de los presuntos responsables de estas actividades.

Artículo 7°. Modifícanse los numerales 3 y 6 del artículo 7° de la Ley 526 de 1999, los cuales quedarán así:

Artículo 7°. Funciones de la Subdirección de análisis de operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones: (...)

3. Preparar los informes acerca de posibles casos de lavado de activos o financiación del terrorismo detectados, y presentarlos a la Dirección General para su consideración, de acuerdo con los flujos de información recibidos y los análisis que desarrolle.

(...)

6. Cooperar y servir de enlace con las unidades antilavado o contra la financiación del terrorismo existentes o con las dependencias que desarrollan esta función en las entidades nacionales. Interactuar con los sectores que puedan estar involucrados en el tema de la prevención y control al lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Artículo 8°. Adiciónase un parágrafo y modifícanse los incisos 3° y 4° del artículo 9° de la Ley 526 de 1999 y los cuales quedarán así:

Artículo 9°. Manejo de información. (...). Para los temas de competencia de la UIAF, no será oponible la reserva bancaria, cambiaria, bursátil y tributaria respecto de las bases gravables y la determinación privada de los impuestos que figuren en las declaraciones tributarias, así como aquella que exista sobre los datos de suscriptores y equipos que suministran los concesionarios y licenciatarios que prestan los servicios de comunicaciones previstos en el artículo 32 de la Ley 782 de 2002, el registro de extranjeros, los datos sobre información judicial e investigaciones de carácter migratorio, el movimiento migratorio, tanto de nacionales como de extranjeros, antecedentes y anotaciones penales, y datos sobre la existencia y estado de investigaciones en los entes de control, lo anterior sin perjuicio de la obligación de las entidades públicas y de los particulares de suministrar de oficio o a solicitud de la Unidad, la información de que trata el artículo 3° de esta ley.

La información que recaude la Unidad de que trata la presente ley en cumplimiento de sus funciones y la que se produzca como resultado de su análisis, estará sujeta a reserva, salvo solicitud de las autoridades competentes y las entidades legitimadas para ejercitar la acción de extinción de dominio quienes deberán mantener la reserva aquí prevista.

Parágrafo. Para el acceso a la información reservada a la cual tiene acceso la UIAF de acuerdo con la presente ley, y que esté bajo la custodia de otra autoridad, la UIAF podrá celebrar convenios en los que se precisen las condiciones para el acceso a la información y se garantice el mantenimiento de la reserva.

Artículo 9°. Modifícase el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, el cual quedará así:

Artículo 23. Entidades cooperativas que realizan actividades de ahorro y crédito. Además de las entidades Cooperativas de grado superior que se encuentren bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, también estarán sujetas a lo establecido en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, todas las entidades cooperativas que realicen actividades de ahorro y crédito.

Para las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, este ente de supervisión, reglamentará lo dispuesto en los citados artículos del Estatuto Financiero y podrá modificar las cuantías a partir de las cuales deberá dejarse constancia de la información relativa a transacciones en efectivo.

Las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, deberán informar a la UIAF la totalidad de las transacciones en efectivo de que trata el artículo 103 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, conforme a las instrucciones que para el efecto imparta la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Artículo 10. Responsabilidad de entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. El régimen previsto para las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera, o de la entidad que haga sus veces, a que se refieren los artículos 209, 210 y 211 numeral 3 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, salvo norma especial, se aplicará a las entidades o personas obligadas a cumplir con las normas y principios contenidos en los artículos 102 a 107 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La aplicación del procedimiento e imposición de las sanciones será realizada por la respectiva autoridad que ejerza las funciones de inspección, control o vigilancia, para lo cual dará cumplimiento a las normas administrativas de carácter especial que le sean aplicables o en su defecto dará aplicación al procedimiento contemplado en el Código Contencioso Administrativo.

Artículo 11. Modifícase el inciso 4° del artículo 3° de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 3°. Funciones de la unidad. (...). La Unidad de que trata este artículo, dentro del ámbito de su competencia, podrá celebrar convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar, sin perjuicio de las obligaciones consagradas en la presente ley.

Artículo 12. Modifícase el literal e) y adiciónase un literal f) al numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, los cuales quedarán así:

Artículo 102. Régimen general. (...)

e) Estar en consonancia con los estándares internacionales en la materia;

f) Los demás que señale el Gobierno Nacional.

Artículo 13. Modifícase el numeral 6 del artículo 4° de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 4°. Funciones de la Dirección General. Las siguientes serán las funciones de la Dirección General (...)

6. Celebrar dentro del ámbito de su competencia, convenios de cooperación con entidades de similar naturaleza de otros Estados e instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

Artículo 14. Modifícase el numeral 6 del artículo 6° de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 6°. Funciones de la Subdirección de Análisis Estratégico. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis Estratégico: (...)

6. Preparar los convenios de cooperación con las entidades de similar naturaleza en otros países, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

Artículo 15. Modifícase el numeral 7 del artículo 7° de la Ley 526 de 1999, el cual quedará así:

Artículo 7°. Funciones de la Subdirección de Análisis de Operaciones. Las siguientes serán las funciones generales de la Subdirección de Análisis de Operaciones: (...)

7. Desarrollar los convenios de intercambio de información celebrados con las unidades de similar naturaleza del exterior, con las instancias internacionales pertinentes y con las instituciones nacionales públicas o privadas a que hubiere lugar.

Artículo 16. Modifícase el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará así:

Artículo 345. Financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

El que directa o indirectamente provea, recolecte, entregue, reciba, administre, aporte, custodie o guarde fondos, bienes o recursos, o realice cualquier otro acto que promueva, organice, apoye, mantenga, financie o sostenga económicamente a grupos armados al margen de la ley o a sus integrantes, o a grupos terroristas nacionales o extranjeros, o a terroristas nacionales o extranjeros, o a actividades terroristas, incurrirá en prisión de trece (13) a veintidós (22) años y multa de mil trescientos (1.300) a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 17. Modifícase el inciso 1° del artículo 323 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8° de la Ley 747 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 323. Lavado de activos. El que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.

Artículo 18. Modifícase el artículo 441 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 9° de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 441. Omisión de denuncia de particular. El que teniendo conocimiento de la comisión de un delito de genocidio, desplazamiento forzado, tortura, desaparición forzada, homicidio, secuestro, secuestro extorsivo o extorsión, narcotráfico, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, enriquecimiento ilícito, testaferrato, lavado de activos, cualquiera de las conductas contempladas en el Título II y en el Capítulo IV del Título IV de este libro, en este último caso cuando el sujeto pasivo sea un menor de doce (12) años, omitiere sin justa causa informar de ello en forma inmediata a la autoridad, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años.

Artículo 19. Modifícase el inciso 2° del artículo 340 de la Ley 599 de 2000, modificado por el artículo 8° de la Ley 733 de 2002, el cual quedará así:

Artículo 340. Concierto para delinquir. (...)

Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o testaferrato y conexos, o Financiamiento del Terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, la pena será de prisión de ocho (8) a dieciocho (18) años y multa de dos mil setecientos (2700) hasta treinta mil (30000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Artículo 20. Procedimiento para la publicación y cumplimiento de las obligaciones relacionadas con listas internacionales vinculantes para Colombia de conformidad con el Derecho Internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores transmitirá las listas de personas y entidades asociadas con organizaciones terroristas, vinculantes para Colombia conforme al Derecho Internacional y solicitará a las autoridades competentes que realicen una verificación en las bases de datos con el fin de determinar la posible presencia o tránsito de personas incluidas en las listas y bienes o fondos relacionados con estas.

Las autoridades consultadas deberán realizar las verificaciones pertinentes e informar a la Fiscalía General de la Nación, quien evaluará la pertinencia de la información y comunicará los resultados obtenidos al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los particulares que conozcan de la presencia o tránsito de una persona incluida en una de las listas mencionadas o de bienes o fondos relacionados con estas deberán informar oportunamente al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS y a la Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, para lo de su competencia. Al suministro de esta información se le aplicará el régimen de responsabilidad previsto en el artículo 42 de la Ley 190 de 1995.

Parágrafo. Si alguna persona considera que fue indebidamente incluida en una lista internacional en materia del terrorismo o financiación del terrorismo, vinculante para Colombia conforme al Derecho Internacional, podrá solicitar al Defensor del Pueblo iniciar las gestiones necesarias para presentar las acciones pertinentes ante la respectiva instancia internacional, destinadas a proteger los derechos del afectado. El trámite de esta solicitud no suspenderá los términos y procedimientos mencionados en el inciso anterior.

Artículo 21. Modifícase el inciso 1° del artículo 15 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

Artículo 15. Territorialidad por extensión. (...)

La ley penal colombiana se aplicará a la persona que cometa la conducta punible a bordo de nave o aeronave del Estado o explotada por este, que se encuentre fuera del territorio nacional, salvo las excepciones consagradas en los tratados o convenios internacionales ratificados por Colombia.

Artículo 22. Modifícase el inciso 1° del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000 el cual quedará así:

Artículo 16. Extraterritorialidad. La ley penal colombiana se aplicará:

1. A la persona que cometa en el extranjero delito contra la existencia y seguridad del Estado, contra el régimen constitucional, contra el orden económico social excepto la conducta definida en el artículo 323 del presente Código, contra la administración pública, o falsifique moneda nacional o incurra en el delito de financiación de terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, aun cuando hubiere sido absuelta o condenada en el exterior a una pena menor que la prevista en la ley colombiana.

Artículo 23. Modifícanse los numerales 6 y 7 del artículo 5 transitorio de la Ley 600 de 2000 los cuales quedarán así:

Los jueces penales de circuito especializados conocen, en primera instancia:

(…)

6. De los delitos de entrenamiento para actividades ilícitas (artículos 341 y 342 del Código Penal), de terrorismo, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas (artículos 343, 344 y 345 del Código Penal), de la instigación a delinquir con fines terroristas (artículo 348 inciso 2°), del empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos con fines terroristas (artículo 359 inciso segundo), de la corrupción de alimentos, productos médicos o material profiláctico con fines terroristas (artículo 372 inciso 4°), y del constreñimiento ilegal con fines terroristas (artículo 185 numeral 1).

7. Del Concierto para cometer delitos de terrorismo y de financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, narcotráfico, secuestro extorsivo, extorsión o para conformar escuadrones de la muerte, grupo de justicia privada o bandas de sicarios, lavado de activos u omisión de control (artículo 340 del Código Penal), testaferrato (artículo 326 del Código Penal); extorsión en cuantía superior a ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales vigentes.

Artículo 24. Modifícase el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:

Los jueces penales de circuito especializados conocen de:

(...)

20. Financiamiento del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

Artículo 25. Modifícase el parágrafo 3° del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 el cual quedará así:

El principio de oportunidad se aplicará en los siguientes casos: (...)

Parágrafo 3°. En ningún caso el fiscal podrá hacer uso del principio de oportunidad cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al Derecho Internacional Humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de Roma, y delitos de narcotráfico, terrorismo y financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas.

Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz.

Artículo 27. El Estado colombiano y las entidades territoriales en cualquier proceso de contratación deberán identificar plenamente a las personas naturales y a las personas jurídicas que suscriban el contrato, así como el origen de sus recursos; lo anterior con el fin de prevenir actividades delictivas.

Artículo 28. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación, modifica las siguientes normas: el numeral 1 y los literales d) y e) del numeral 2 del artículo 102 del Decreto 663 de 1993, el artículo 105 del Decreto 663 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 526 de 1999, el artículo 43 de la Ley 190 de 1995, el artículo 23 de la Ley 365 de 1997, los incisos 1°, 2°, 3° y 4° del artículo 3° de la Ley 526 de 1999, los numerales 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9 del artículo 4° de la Ley 526 de 1999, los numerales 2 y 6 del artículo 6° de la Ley 526 de 1999, los numerales 3, 6 y 7 del artículo 7° de la Ley 526 de 1999, los incisos 3° y 4° del artículo 9° de la Ley 526 de 1999, el inciso 1° del artículo 15 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1° del numeral 1 del artículo 16 de la Ley 599 de 2000, el inciso 1° del artículo 323 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8° de la Ley 747 de 2002, el artículo 340 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 8° de la Ley 733 de 2002, el artículo 345 de la Ley 599 de 2000, el artículo 441 de la Ley 599 de 2000 modificado por el artículo 9° de la Ley 733 de 2002, el numeral 20 del artículo 35 de la Ley 905 de 2004, el parágrafo 3° del artículo 324 de la Ley 906 de 2004 y deroga las normas que le sean contrarias.

* Diario Oficial 46.497 de 2006.

De Especial Interés

Decreto 018 de 2007*

(enero 4)

Por el cual se modifica el artículo 2° del Decreto 4090 de 2006

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y el literal 1) del numeral 1 del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,

Decreta:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 2° del Decreto 4090 de 2006, el cual quedará así:

"Artículo 2°. Modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas. Para los efectos previstos en este decreto se establecen las siguientes modalidades de crédito:

1. Comercial y de Consumo: Los créditos bajo la modalidad de comercial son aquellos otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. Los créditos bajo la modalidad de consumo son aquellos otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto.

2. Microcrédito: Los créditos bajo la modalidad de microcrédito son aquellos otorgados a microempresas, cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por microempresa se entiende toda unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, cuya planta de personal no supere los diez (10) trabajadores o sus activos totales, excluida la vivienda, sean inferiores a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes".

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

* Diario Oficial 46.501 de 2007.

De Especial Interés

Decreto 4432 de 2006* (diciembre 11) Por el cual se dictan disposiciones sobre las operaciones de reporto o repo, simultáneas y transferencia temporal de valores. El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas por los numerales 11 y 25 del artículo 189 de la Constitución Política y los literales b), c) e i) del artículo 4° de la Ley 964 de 2005, Decreta: Capítulo I Operaciones de reporto o repo Artículo 1°. Operaciones de reporto o repo. Las operaciones de reporto o repo son aquellas en las que una parte (el "Enajenante"), transfiere la propiedad a la otra (el "Adquirente") sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (el "Monto Inicial") y en las que el Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y características a cambio del pago de una suma de dinero ("Monto Final") en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada. Las operaciones de reporto o repo tendrán las siguientes características: a) Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes acordarán el plazo de la misma. El plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a un (1) año, contado a partir de la celebración de la respectiva operación; b) El Monto Inicial podrá ser calculado con un descuento sobre el precio de mercado de los valores objeto de la operación; c) Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores deberán incluir lo relativo al régimen de garantías y podrán contemplar la constitución y liberación de garantías durante el plazo de la operación, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores transferidos. Tales garantías tendrán el tratamiento previsto en el artículo 11 de la Ley 964 de 2005. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes podrán acordar que durante la vigencia de la operación se transfieran o restituyan valores o dinero, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores transferidos; d) Podrá establecerse que, durante la vigencia de la operación, se sustituyan los valores inicialmente entregados por otros; e) Podrán establecerse restricciones a la movilidad de los valores objeto de la operación; f) Si durante la vigencia de la operación los valores objeto de la misma pagan amortizaciones, rendimientos o dividendos, el Adquirente deberá transferir el importe de los mismos al Enajenante en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago. Capítulo II Operaciones simultáneas Artículo 2°. Operaciones simultáneas. Las operaciones simultáneas son aquellas en las que una parte (el "Enajenante"), transfiere la propiedad a la otra (el "Adquirente") sobre valores a cambio del pago de una suma de dinero (el "Monto Inicial") y en las que el Adquirente al mismo tiempo se compromete a transferir al Enajenante valores de la misma especie y características a cambio del pago de una suma de dinero ("Monto Final") en la misma fecha o en una fecha posterior previamente acordada. Las operaciones simultáneas tendrán las siguientes características: a) Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes acordarán el plazo de la misma. El plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a un (1) año, contado a partir de la celebración de la respectiva operación; b) No podrá establecerse que el Monto Inicial sea calculado con un descuento sobre el precio de mercado de los valores objeto de la operación; c) Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores deberán incluir lo relativo al régimen de garantías y podrán contemplar la constitución y liberación de garantías durante el plazo de la operación, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores transferidos. Tales garantías tendrán el tratamiento previsto en el artículo 11 de la Ley 964 de 2005. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes podrán acordar que durante la vigencia de la operación se transfieran o restituyan valores o dinero, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores transferidos; d) No podrá establecerse que, durante la vigencia de la operación, se sustituyan los valores inicialmente entregados por otros; e) No podrán establecerse restricciones a la movilidad de los valores objeto de la operación. Capítulo III Operaciones de transferencia temporal de valores Artículo 3°. Operaciones de transferencia temporal de valores. Las operaciones de transferencia temporal de valores son aquellas en las que una parte (el "Originador"), transfiere la propiedad de unos valores (objeto de la operación) a la otra (el "Receptor"), con el acuerdo de retransferirlos en la misma fecha o en una fecha posterior. Concomitantemente, el Receptor transferirá al Originador la propiedad de otros valores o una suma de dinero de valor igual o mayor al de los valores objeto de la operación. En el momento en que se revierta la operación, tanto el Originador como el Receptor deberán restituir la propiedad de valores de la misma especie y características de aquellos recibidos en la operación o la suma de dinero recibida, según sea el caso. Las operaciones de transferencia temporal de valores tendrán las siguientes características: a) Los plazos a los cuales se podrán celebrar las operaciones serán establecidos por los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes acordarán el plazo de la misma. El plazo de la operación inicialmente convenido no podrá ser superior a un (1) año, contado a partir de la celebración de la respectiva operación; b) La transferencia de los valores objeto de la operación generará el pago de una suma de dinero por parte del Receptor, la cual será calculada de conformidad con lo dispuesto en los reglamentos de las bolsas de valores o de los sistemas de negociación de valores, o acordada por las partes, según sea el caso; c) Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores deberán incluir lo relativo al régimen de garantías y podrán contemplar la constitución y liberación de garantías durante el plazo de la operación, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores transferidos. Tales garantías tendrán el tratamiento previsto en el artículo 11 de la Ley 964 de 2005. Cuando la operación no se realice a través de las bolsas de valores o de sistemas de negociación de valores, las partes podrán acordar que durante la vigencia de la operación se transfieran o restituyan valores o dinero, de conformidad con las variaciones en los precios de mercado de los valores transferidos; d) Si durante la vigencia de la operación los valores objeto de la misma pagan amortizaciones, rendimientos o dividendos, el Receptor deberá transferir el importe de los mismos al Originador en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago. Cuando el Receptor le haya entregado valores al Originador y durante la vigencia de la operación estos paguen amortizaciones, rendimientos o dividendos, el Originador deberá transferir el importe de los mismos al Receptor en la misma fecha en que tenga lugar dicho pago; e) Cuando el Receptor le haya entregado valores al Originador, podrán establecerse restricciones a la movilidad de dichos valores, sin perjuicio de lo dispuesto por normas especiales aplicables a las entidades vigiladas; f) Cuando el Receptor le haya entregado dinero al Originador, este podrá reconocer al Receptor un rendimiento por tales recursos durante la vigencia de la operación. La forma en que se realizará el pago de tales rendimientos será definida en los reglamentos de las bolsas de valores o de los sistemas de negociación de valores, o acordada por las partes, según sea el caso. Capítulo IV Disposiciones comunes a las operaciones reporto o repo, simultáneas y transferencia temporal de valores Artículo 4°. Carácter unitario de las operaciones. Para todos los efectos legales se entenderá que los diferentes actos de transferencia de valores o dinero, así como la constitución y liberación de garantías, asociadas a una operación de reporto o repo, simultánea o de transferencia temporal de valores corresponden en cada caso a una sola operación entre las partes contratantes. Artículo 5°. Autorización para la realización de operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores son operaciones financieras, cuyo objetivo será determinado por cada parte. Tales operaciones se entenderán autorizadas, siempre que el régimen legal aplicable a las partes intervinientes no prohíba o restrinja su realización. Artículo 6°. Aplicación al Banco de la República. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores celebradas con el Banco de la República, cuando este actúe en su calidad de autoridad cambiaria, monetaria y crediticia, deberán cumplir exclusivamente con lo previsto en las disposiciones emitidas por la Junta Directiva del Banco de la República y las normas que las reglamenten. Artículo 7°. Disposiciones homogéneas. La Superintendencia Financiera de Colombia expedirá normas homogéneas en materia contable respecto de las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, así como las instrucciones pertinentes sobre la manera como las entidades vigiladas deberán administrar los riesgos implícitos a estas operaciones. Capítulo V Disposiciones relativas al incumplimiento de las operaciones Artículo 8°. Incumplimiento. En caso de incumplimiento de las operaciones, se tendrán en cuenta las siguientes reglas:   a) En las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, si alguna de las partes incumple su obligación, cada una mantendrá el derecho de propiedad sobre las sumas de dinero y los valores que haya recibido y podrá conservarlos definitivamente, disponer de ellos o cobrarlos a su vencimiento. Los reglamentos de las bolsas de valores o de los sistemas de negociación de valores establecerán el procedimiento a seguirse en caso de incumplimiento de las operaciones celebradas y la forma de aplicar las garantías constituidas: b) En las operaciones de reporto o repo y simultáneas, si en la fecha de vencimiento se presenta un incumplimiento por parte del Enajenante o del Adquirente y existe alguna diferencia entre, de un lado, el Monto Final pactado en la operación, y de otro lado, el precio de mercado de los valores en la fecha del incumplimiento más las amortizaciones, rendimientos o dividendos sobre los cuales el Adquirente tuviere deber de transferencia, la parte para la cual dicha diferencia constituya un saldo a favor tendrá derecho a que la misma le sea pagada en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha del incumplimiento, mediante la entrega de dinero. Podrá acordarse que la diferencia sea pagada mediante la entrega de valores. En caso de presentarse la terminación anticipada de la operación, de conformidad con lo previsto en los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación o en los contratos respectivos, según sea el caso, en lugar del Monto Final pactado deberá tenerse en cuenta el Monto Inicial, adicionado por los rendimientos causados hasta el momento de la terminación anticipada; c) En las operaciones de transferencia temporal de valores, si en la fecha de incumplimiento existe alguna diferencia entre el valor de mercado de los valores intercambiados, o entre el dinero entregado por el Receptor y el valor de mercado de los valores entregados por el Originador, tomando en cuenta en uno y otro caso la suma de dinero que el Receptor haya acordado pagar al Originador por la transferencia de los valores, así como las amortizaciones, rendimientos y dividendos a cargo de las partes de conformidad con lo pactado por ellas o lo previsto en los reglamentos, la parte para la cual dicha diferencia constituya un saldo a favor tendrá derecho a que la misma le sea pagada en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha del incumplimiento, mediante la entrega de dinero. Podrá acordarse que la diferencia sea pagada mediante la entrega de valores. En caso de presentarse la terminación anticipada de la operación, de conformidad con lo previsto en los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación o en los contratos respectivos, según sea el caso, deberán tenerse en cuenta las sumas de dinero a que se refieren los literales b) y f) del artículo 3° del presente decreto, que se hayan causado hasta el momento de la terminación anticipada. Capítulo VI Otras disposiciones Artículo 9°. Ajuste de reglamentos. Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores en los que se celebren operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores, deberán ajustarse a los requisitos mínimos previstos en el presente decreto a más tardar el primero (1°) de marzo de 2007. Estos reglamentos deben contener condiciones homogéneas de registro, transacción, liquidación, información y cumplimiento de cada uno de los tipos de operaciones de que trata el presente decreto. Artículo 10. Aplicación de reglamentos. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores deberán cumplir, además de lo dispuesto en el presente decreto, con lo que señalen los reglamentos de negociación de las bolsas de valores o de los reglamentos de los sistemas de negociación de valores en los que se celebren estas operaciones. Artículo 11. Procesos concursales. Cuando se encuentre pendiente el cumplimiento de operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores y se presente un procedimiento concursal, una toma de posesión para liquidación o acuerdos globales de reestructuración de deudas, se dará por terminada anticipadamente la operación a partir de la fecha en que se haya adoptado la decisión respectiva y se aplicarán las reglas previstas en el artículo 8° de este decreto. De conformidad con lo previsto en el artículo 14 de la Ley 964 de 2005, cuando se genere una diferencia en contra de la parte respecto de la cual se presenta alguno de los procedimientos antes descritos, su contraparte tendrá derecho a que la misma le sea pagada de manera inmediata, sin someterse a las resultas del proceso concursal. Los recursos necesarios para pagar dicha diferencia no formarán parte de los activos del proceso concursal. Artículo 12. Ámbito de aplicación. Las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores que celebren las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como los fondos mutuos de inversión controlados por dicha entidad, deberán sujetarse a lo dispuesto en el presente decreto. Están prohibidas aquellas operaciones que, con independencia de su denominación, tengan características o efectos iguales o similares a las previstas en este decreto sin el cumplimiento de las disposiciones del mismo. Artículo 13. Registro de operaciones. Las operaciones previstas en el presente decreto que se realicen por fuera de las bolsas de valores o de los sistemas de negociación de valores deberán ser registradas de conformidad con las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera de Colombia para tal efecto. Artículo 14. Factor de conexidad. Cuando se realicen operaciones de reporto o repo, operaciones simultáneas u operaciones de transferencia temporal de valores entre entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como los fondos mutuos de inversión controlados por dicha entidad, y entidades que no tengan esta condición, se aplicarán las reglas previstas en el presente decreto. Artículo 15. Operaciones sobre valores que otorguen derechos políticos. Cuando se realicen las operaciones de que trata el presente decreto sobre acciones u otros valores que otorguen derechos políticos, los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación de valores y los contratos celebrados por las partes en el evento en que tales operaciones no se realicen por estos mecanismos, podrán prever que el Enajenante, el Originador o el Receptor conserven los derechos políticos sobre las acciones o valores transferidos, siempre y cuando se prevea la inmovilización de las respectivas acciones u otros valores. Artículo 16. Limitaciones a las operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencias temporales sobre acciones. No podrán efectuarse operaciones de reporto o repo, simultáneas y de transferencia temporal de valores sobre un número de acciones para cuya adquisición deba efectuarse oferta pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.2.5.6 de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores o normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. Tampoco se podrán efectuar operaciones de reporto o repo, simultáneas o de transferencia temporal de valores con acciones cuya negociación se encuentre suspendida, sin perjuicio de la realización de las operaciones necesarias para el cumplimiento de transacciones convenidas con anterioridad a la suspensión. Los reglamentos de las bolsas de valores y de los sistemas de negociación establecerán la forma en que se podrán realizar estas operaciones. Artículo 17. Disposiciones fiscales. Para efectos de lo previsto en los numerales 5 y 8 d el artículo 879 del Estatuto Tributario, las operaciones de reporto o repo y las operaciones simultáneas serán las previstas en el presente decreto. En las operaciones a que se refiere el presente decreto la retención en la fuente se practicará exclusivamente al momento de la liquidación final de la respectiva operación. Artículo 18. Vigencia. El presente decreto rige a partir del primero (1°) de marzo de 2007, salvo el artículo 9, que entrará en vigencia al momento de su publicación. Parágrafo transitorio 1°. Las entidades sometidas a inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, así como los fondos mutuos de inversión controlados por dicha entidad, que a la entrada en vigencia del presente decreto se encuentren realizando operaciones financieras que tengan efectos iguales o similares a los que producen las operaciones previstas en este decreto, cualquiera sea su denominación o estructura, deberán abstenerse de realizar las mismas y ajustar sus operaciones a lo dispuesto en el presente decreto. El incumplimiento de lo anterior dará lugar a la imposición de las sanciones que establece la ley. Parágrafo transitorio 2°. Sin perjuicio de lo dispuesto en el parágrafo anterior, las operaciones ya celebradas al momento de la vigencia del presente decreto y que no se ajusten a las disposiciones del mismo, se regirán por las condiciones pactadas para las mismas y el régimen aplicable. No obstante, tales operaciones no podrán ser objeto de prórrogas. Artículo 19. Derogatorias. El presente decreto deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1782 de 2001, el Decreto 4708 de 2005, el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 405 de 2001, el artículo 9° del Decreto 449 de 2003 y los artículos 2.2.6.1., 2.2.6.2., 2.2.15.1 al 2.2.15.7, y 2.2.17.1 al 2.2.17.6, todos de la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores.

* Diario Oficial 46.479 de 2006.

De Especial Interés

Decreto 4648 de 2006

(diciembre 27)

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1720 de 2001

El Presidente de la República de Colombia,

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial de las previstas en el numeral 25 del artículo 189 de la Constitución Política y en el literal c) del artículo 48 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,

Decreta:

Artículo 1°. Modifíquese el artículo 7° del Decreto 1720 de 2001, modificado por artículo 2° del Decreto 2061 de 2004, el cual quedará así:

"Artículo 7°. Patrimonio adicional. Para establecer el valor del patrimonio técnico, se adicionarán las siguientes partidas:

a) El cincuenta por ciento (50%) del saldo existente en la cuenta "ajuste por inflación" acumulado, originado en activos no monetarios, mientras no se hayan enajenado los activos respectivos;

b) El cincuenta por ciento (50%) de las valorizaciones de los activos, contabilizadas de acuerdo con los criterios establecidos por la Superintendencia Financiera de Colombia. En todo caso, no computarán las valorizaciones correspondientes a bienes recibidos en dación en pago o adquiridos en remate judicial. De dicho monto se deducirán las valorizaciones de las inversiones a que se refieren los literales d) y e) del artículo sexto de este decreto;

c) Los bonos obligatoriamente convertibles en acciones que sean efectivamente colocados y pagados y cumplan con las siguientes condiciones:

I. Que el plazo máximo sea de cinco (5) años.

II. Que se hayan emitido en las condiciones de tasa de interés que autorice, con carácter general, la Superintendencia Financiera de Colombia;

d) Las obligaciones dinerarias subordinadas, siempre y cuando no superen el 50% del valor del patrimonio básico. Para el cómputo correspondiente se tendrán en cuenta las siguientes reglas:

I. El valor corresponderá al dinero efectivamente recibido por el deudor.

II. En los respectivos prospectos o contratos, según sea el caso, se debe establecer con carácter irrevocable que, en los eventos de liquidación, el importe del valor de estas obligaciones quedará subordinado al pago del pasivo externo.

III. Los plazos mínimos de maduración de estas obligaciones no podrán ser inferiores a cinco (5) años. No deberá existir ninguna opción de prepago por parte del deudor que reduzca el plazo de maduración a menos de cinco (5) años, ni otro tipo de opción a favor de los acreedores o inversionistas, según sea el caso, que permita el pago anticipado de estas obligaciones en un plazo inferior a cinco (5) años.

IV. No deberá existir ningún tipo de cláusula aceleratoria.

V. En el evento en que se pacten opciones de prepago a favor del deudor, se entenderá que el plazo de la emisión corresponde al establecido para ejercer dicha opción.

VI. Durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de maduración de las obligaciones subordinadas o a la fecha de ejercicio de la opción, según sea el caso, el valor computable se disminuirá en un veinte por ciento (20%) para cada año.

Tratándose de obligaciones cuya opción tenga una fecha determinada para su ejercicio y la misma no sea ejercida, el valor disminuido durante los años anteriores a la fecha de ejercicio de la opción será recalculado en un monto equivalente al de una obligación que no tenga una opción de prepago, de forma tal que permita descontar un veinte por ciento (20%), cada año, hasta alcanzar un valor de cero por ciento (0%) al momento del vencimiento de la obligación.

Para el caso de las obligaciones cuya opción puede ser ejercida a partir de una fecha, el valor computable se disminuirá en un veinte por ciento (20%) por cada año en los cinco (5) años anteriores a dicha fecha, sin que deba realizarse recálculo alguno en el evento en que no sea ejercida;

e) El valor de las provisiones de carácter general constituidas por los establecimientos de crédito, de acuerdo con las instrucciones que sobre el particular imparta la Superintendencia Financiera de Colombia;

f) La cuenta patrimonial de superávit por donaciones, siempre y cuando los fondos en que se origine tengan carácter permanente, tal cuenta enjugue pérdidas si estas se presentan y su distribución o asignación en caso de liquidación de la entidad estén subordinadas al pago del pasivo externo. Se deducirá del patrimonio adicional la cuenta de desvalorización de inversiones.

Parágrafo. El valor total del patrimonio adicional no podrá exceder del ciento por ciento (100%) del valor total del patrimonio básico.

Parágrafo transitorio. Las modificaciones y adiciones previstas en este artículo no afectarán las obligaciones y emisiones vigentes a la fecha de expedición del presente decreto".

Artículo 2°. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación.

* Diario Oficial 46.494 de 2006.

Jurisprudencia

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. Edgardo Villamil Portilla. Sentencia del 12 de diciembre de 2006. Expediente 68001-31-03-001-2000-00137-01.

Síntesis: La parte demandada admitió la existencia de un contrato de seguro vigente desde 1974 indicando que se trata de la continuidad del amparo de vida cubierto inicialmente por otras compañías de seguros. En las instancias nada se dijo acerca de que cada una de las modificaciones al contrato estuvo precedida de una etapa precontractual y de ofertas sucesivas y que en cada una de ellas el asegurado debía informar si había algún factor agravante del riesgo. Por la especificidad del seguro de vida, si se impone al asegurado el deber, ante cada modificación del seguro, de hacer la necesaria declaración sobre las modificaciones del estado de riesgo, no sólo se lo coloca en una etapa precontractual, incompatible con la tesis en casación de que se trata de un solo contrato, sino que se deja de aplicar la parte final del artículo 1060 del C. de Co. que para los seguros de vida excluye como causa de terminación la ausencia de notificación sobre la modificación al estado de riesgo. Nada explica el llamado a buscar etapas precontractuales fragmentarias para cada renovación, y menos imponer en cada una de ellas el deber de denunciar el estado de agravamiento del riesgo, porque se ha aceptado en el cargo que se trata de un único contrato y, porque para el seguro de vida, a la luz del artículo 1060 no se exige dar tal noticia sobre el agravamiento del estado de riesgo.

«(..:)

Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por la Compañía de Seguros (…) de Vida S.A. contra la sentencia proferida el 3 de mayo de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil - Familia, dentro del proceso ordinario promovido por (…) contra la sociedad que recurrió en casación.

LA DEMANDA DE CASACIÓN

Tres cargos se hacen a la sentencia, los dos primeros por violación indirecta de la ley sustancial, los que se decidirán conjuntamente por ser común la temática que en ellos se plantea y en el cierre el tercer cargo que viene estructurado por violación directa de la ley sustancial.

PRIMER CARGO

Se reprocha al Tribunal por haber violado indirectamente la ley, más precisamente al dejar de aplicar los artículos 845, 847, 854, 1036 (antes de la modificación hecha por el artículo 1° de la Ley 389 de 1997), 1046, 1058, 1158 del C. de Co., 38 y 39 de la Ley 153 de 1887 y 1060 de la misma obra, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 864, 871, 1036, 1047, 1049, 1060, 1072, 1080, 1148 del C. de Co., 1602 del C. C. y los artículos 1° y 3° de la Ley 389 de 1997, yerro que viene de error de hecho en la apreciación de la demanda, de la contestación y de "específicas pruebas documentales" que reseña la censura.

El error consiste en que el Tribunal dio por demostrado, sin estarlo, un contrato de seguro que se habría iniciado en 1974, y además, que ese contrato se extendió en el tiempo y hasta el día del siniestro, cuando de ninguna de esas circunstancias hay prueba en el proceso. Se equivocó al fijar el alcance de la contestación de la demanda, pues dedujo indebidamente que la demandada confesó la existencia del contrato pactado en 1974 y vigente hasta la muerte del señor (…), pero no tomó en cuenta que el hecho primero de la demanda, del que se deriva la supuesta confesión de la demandada, no se refiere a la existencia de un contrato vigente desde 1974. Con ese proceder el ad quem no vio que la respuesta tenía " (...) otra intención y sin la amplificación que la providencia le da (…)" (fl. 16, Cdno. Corte), pues lo que se pretendió al responder la demanda fue hacer un recuento de las pólizas habidas entre (…) y la aseguradora (…). Así, el ad quem "da al texto -de la contestación- un alcance que no se refleja y no está acorde ni con su sintaxis, ni con su literalidad, ni con el espíritu de la manifestación de la aseguradora. En primer lugar la aseguradora se refiere a la continuidad del amparo de vida inicialmente cubierto por otras compañías de seguros haciendo referencia al seguro del año 74, colocando al término de la oración un punto e iniciando una nueva oración (…)" (ibídem).

Asido el Tribunal de una confesión inexistente, pues la demandada no admitió la continuidad del seguro desde 1974, sino a lo sumo desde 1996, concluyó erradamente que no hubo "(…) oferta de celebración de un nuevo seguro sino una invitación a modificar el seguro existente (…)" (fl. 17, Cdno. Corte).

No vio el Tribunal que el documento remitido a los usuarios de (…), a todos ellos, no era una invitación a prolongar los contratos existentes sino a la realización de otros enteramente nuevos. Si el documento remitido hubiese sido apenas una invitación a renovar, para qué explicar en la oferta, quiénes podían ser candidatos al amparo y cuándo empezaba la protección, y como quiera que en los documentos se dice que a vuelta de correo recibirían los aceptantes la póliza, indudablemente se estaba hablando de un nuevo seguro y no de una extensión del antiguo.

Como el ad quem no vio que se trataba de un nuevo contrato de seguro, y no de la extensión o prolongación de aquel tomado en 1974, dejó de exigir al asegurado la declaración sincera del estado de riesgo al momento en que se celebró el nuevo contrato (1996), pues retrotrajo tal declaración sobre el estado de riesgo a 1974, época en que las enfermedades supuestamente ocultadas no existían. Para el recurrente la expresión usada por (…), según la cual se ofrecía a los clientes un seguro de vida "rediseñado" significa poner "de presente creación, y el prefijo 're' que denota repetición, 'movimiento hacia atrás'. Así, cuando (…) le dice a sus socios que ha rediseñado el seguro de vida, no - quiere decir- otra cosa diferente a que lo ha vuelto a hacer" (fl. 22, Cdno. Corte), lo que denota, ni más ni menos, la existencia de un nuevo contrato.

Pide en consecuencia se case la sentencia y se absuelva a la parte demandada.

SEGUNDO CARGO

Se desaprueba la sentencia por haber violado indirectamente la ley, en concreto, por dejar de aplicar los artículos 845, 847, 854, 1036 (antes de la modificación hecha por el artículo 1° de la Ley 389 de 1997), 1046 (antes de la modificación hecha por el artículo 3° de la Ley 389 de 1997), 1058, 1158 del C. de Co., 38 y 39 de la Ley 153 de 1887 y 1060 de la misma obra, lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 864, 871, 1036, 1047, 1049, 1060, 1072, 1080, 1148 del C. de Co., 1602 del C. C. y los artículos 1° y 3° de la Ley 389 de 1997, yerro que viene de error de derecho en la apreciación de la demanda, de su contestación y de "específicas pruebas documentales" que reseña la censura.

El malestar del casacionista reside en que el Tribunal supuso la existencia de un contrato de seguro que data de 1974, cuando la prueba de ese hecho no reposa en el expediente. Recuerda el censor que antes de la Ley 389 de 1997, la prueba del contrato de seguro era solemne, de esa manera, si el juzgador de segundo grado derivó de la contestación de la demanda la prueba del contrato de seguro, con ello suplió el requisito ad substantiam actus y ad probationem para la existencia y prueba de ese negocio jurídico. Con ello, el ad quem anticipó la vigencia de la Ley 389 de 1997 a una época en que ella no existía y transgredió los artículos 38 y 39 de la Ley 153 de 1887.

A los documentos emitidos por (…), que dicen dar cuenta del seguro tomado en 1974, no podía darles el Tribunal ningún alcance, pues no provienen del asegurador sino del tomador. Por el contrario, el ad quem desconoció la oferta remitida en la nueva época por (…), la que sí daba cuenta del nacimiento de un nuevo contrato de seguro, con lo cual desconoció las leyes que regulan la oferta y su aceptación.

Los errores cometidos llevaron al Tribunal a entender que se trataba de una relación contractual sostenida desde 1974, y que el seguro del día del siniestro era continuación del iniciado entonces, lo que le llevó a dejar de exigir, al momento de la celebración del nuevo contrato (1996), plena sinceridad en la declaración del estado de riesgo al iniciarse ese nuevo tracto en las relaciones.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Para esclarecer si el Tribunal se equivocó al fijar el alcance de la contestación de la demanda, es menester reproducir los hechos de la demanda, pues según la respuesta a ellos dada por el demandado, podrían llevar a la confesión.

En el hecho primero de la demanda se dijo: "la aseguradora demandada, Seguros (…) de Vida S.A., expidió la Póliza de Vida Grupo 11828 y en relación con la misma, el día 01 de mazo de 1998, expidió el certificado de seguro número 2476 por el cual incluyó como asegurado al señor (…)" (fl. 19, Cdno. 1).

La parte demandada expresamente se pronunció sobre esta premisa fáctica de la siguiente manera: "el hecho primero, me consta y se admite con la siguiente aclaración: Se trata de la continuidad del amparo de vida cubierto inicialmente por otras compañías de seguros, inmediatamente antes lo fue Aseguradora(…) de Vida S.A. en un plan combinado con (…) Club de Colombia S.A., esta última quien el 13 de noviembre de 1974 comunica al señor (…) que a partir del 1° de noviembre de ese año - 1974 - quedaba amparado en cuantía de trescientos mil pesos. Posteriormente (…) Club y Aseguradora (…) de Vida S.A., ofrecen a los socios de (…) Club un seguro rediseñado y mejorado denominado Vida Gran Futuro II Plan A o B para iniciarse a partir de 1 de julio de 1976, adoptando el señor (…) por el plan A y en virtud a ello diligenció el sticker adherido al extracto de (…) Club, con lo cual al firmarlo declaraba que su estado de salud era bueno (...) " (fl. 76, Cdno. 1).

Y el hecho sexto de la demanda alude a que "para el 1° de julio de 1996 don (…) ya tenía la calidad de asegurado en virtud de seguro celebrado con Aseguradora (…) de Vida S.A. y lo que se hizo en esa fecha fue mejorar el plan y básicamente incrementar el valor asegurado" (fl. 19; Cdno. 1). Frente a esa afirmación respondió la demandada: "el hecho sexto me consta y se admite" (fl. 76, Cdno. 1).

Al asignar significado a las respuestas de la parte demandada que acaban de copiarse, se concluye sosegadamente que ella admitió la existencia de un contrato de seguro vigente desde 1974, para lo cual bastaría, además del contexto, la literalidad de los dos hechos y de las respuestas correspondientes, con resaltar el poder comunicativo de aquella parte en que la demandada dijo: "se trata de la continuidad del amparo de vida cubierto inicialmente por otras compañías de seguros…". Sobra todo circunloquio para descartar que el Tribunal haya incurrido en desmesurado yerro, si es que la atribución de sentido que hizo responde a los dictados de la razón. No sobra advertir que "de acuerdo con la doctrina de la Corte '(...) sólo es error manifiesto, evidente, ostensible o protuberante el que aparece prima facie, al primer golpe de vista (…). Esta característica del yerro de facto también la debe tener el que consiste precisamente en la indebida interpretación de la demanda inicial del proceso (...). De manera que las dudas o vacilaciones sobre la inteligencia de una demanda - desde luego aplicable a la contestación de esta - están indicando de suyo que la prevalencia de una cualquiera de sus aceptables interpretaciones no puede lógicamente estimarse como algo manifiestamente erróneo; ni menos reconocerle virtualidad para que con base en ella pueda casarse una sentencia. (G. J. CLXXVI, pág. 82)." (Cas. Civ., Sentencia de 10 de noviembre de 1999, exp. 5279).

Como se aprecia, no hubo el error que denuncia la censura, menos en la dimensión de colosal que se exige para derrumbar una sentencia que viene asistida de la presunción de legalidad y acierto, que sólo podría ser desquiciada con la aparición de un yerro de tal magnitud que lleve a la afirmación de contraevidencia manifiesta.

2. En el segundo cargo plantea el recurrente que a los documentos emitidos por (…), que dicen dar cuenta del seguro tomado en 1974, no podía darles el Tribunal ningún alcance, pues no provienen del asegurador sino del tomador. No obstante, reprocha el casacionista al ad quem por desconocer la oferta remitida en la nueva época por (…), la que sí daría cuenta del nacimiento de un nuevo contrato de seguro, con lo cual desconoció las leyes que regulan la oferta y su aceptación. Envuelve el cargo una notoria contradicción, pues para unos mismos documentos de modo simultáneo el recurrente invita primero a su descalificación y luego les hace el soporte medular de su argumentación. Así, el recurrente niega toda aceptabilidad a los documentos emitidos por (…) Club, pues dice que ellos no provienen del asegurador sino del tomador, sin embargo, al mismo tiempo, reclama que los documentos emitidos por el tomador y con destino al asegurado, sean tenidos como oferta de contrato de seguro, sin detenerse a ver que tal oferta tampoco provendría en tal caso del asegurador. En suma, si las misivas y la gestión de (…) Club no pueden tomarse para reconocer la existencia del contrato de seguro desde 1974, por ser este apenas el tomador, tampoco estaría habilitado para hacer la oferta del "nuevo" contrato de seguro como sugiere el censor. Por lo demás, si queda en pie la continuidad del seguro, fruto de la confesión de la demandada hallada por el juzgador de segunda instancia, prueba que salió airosa en casación, ella sería bastante para soportar la sentencia, sin necesidad de recurrir a lo que la prueba documental muestra, en especial por su incapacidad para desvirtuar esa confesión.

Ahora que, si el intento del casacionista va por el camino de censurar al Tribunal por haber dado por demostrado el contrato de seguro, cuando este comenzó, en 1974, con prueba distinta de la documental, es decir con la confesión en lugar de la póliza, para desdeñar este argumento baste con decir que la confesión condujo a demostrar, no el contrato de seguro vigente el día del siniestro, que se acreditó con la póliza y el certificado, sino que la relación de hoy es la misma existente iniciada desde antes, es decir, que no hubo solución de continuidad. La tarea del demandante se cumplió cabalmente al acreditar la existencia del seguro vigente el día del siniestro, y para demostrar que este ligamen contractual venía de antes, no era menester adjuntar todos los contratos anteriores, como sugiere el recurrente, pues el demandante no estaba haciendo valer los contratos del pasado sino el vigente al día del siniestro. Además de lo anterior, es de anotar que en la contestación de la demanda el demandado admitió la continuidad del contrato de seguro que data de 1974, luego pasó en silencio en la etapa de alegatos de primera instancia, y nada dijo en la sustentación del recurso de apelación acerca de la ausencia de la prueba documental del contrato de seguro en sus albores. En suma, jamás en el curso del proceso la demandada exigió que se trajeran las diferentes pólizas de seguros, exigencia que apenas aparece ahora en casación. Juzga la Sala que si la demandante hubiera sido advertida a tiempo de la necesidad de acreditar documentalmente, no sólo que el contrato de seguro estaba vigente el día del siniestro, sino que también debía aportar la póliza inicial y los sucesivos certificados, otra pudo ser su estrategia. Por consiguiente, como la parte demandada viene a última hora a cambiar la plana, no sólo quebranta con ello el derecho de defensa, sino que pretende enjuiciar al Tribunal por hechos sobre los que esa corporación no tuvo ocasión de hacer consideración alguna, por ser hasta entonces extraños al litigio.

No prospera entonces la acusación.

TERCER CARGO

Se dice que el Tribunal violó de modo directo la ley, por falta de aplicación de los artículos 845, 847, 854, 1036 (antes de la modificación hecha por el artículo 1° de la Ley 389 de 1997), 1046 (antes de la modificación hecha por el artículo 3° de la Ley 389 de 1997), 1058, 1158 del C. de Co., lo que condujo a la aplicación indebida de los artículos 864, 871, 1036, 1047, 1049, 1060, 1072, 1080, 1148 del C. de Co., 1602 del C. C., 1° y 3° de la Ley 389 de 1997.

La violación directa que se denuncia, parte de aceptar, y así lo hace el recurrente en lo que atañe a este cargo solamente, que el contrato viene desde 1974. No obstante, a juicio del casacionista, las modificaciones introducidas al contrato de seguro tienen su propia etapa precontractual, por lo cual la solución del caso no debió darse a la luz de las reglas del contrato de seguro ya celebrado y en vigencia, sino de las que son propias de la etapa que precede a la modificación, que son eminentemente precontractuales. A este propósito el censor enuncia como "si lo que el Tribunal vio, concluyó y regló por las normas contractuales, lo hubiera hecho por las precontractuales, su sentencia no podría ser controvertida. Porque en efecto, se trataba de modificar el seguro existente, pero no cayó en cuenta que esa tratativa previa a la modificación es un etapa precontractual" (fl. 32, Cdno. Corte).

Luego el censor vuelve por el camino de la necesidad de hacer la declaración del estado de riesgo al decir que concluye "(…) la doctrina y se deduce de la jurisprudencia, que en tal evento sí hay lugar a la declaración del estado de riesgo con fundamento en el artículo 1058 del Código de Comercio, más cuando en el trámite de la modificación, el asegurador indaga al asegurado por el estado de riesgo" (fl. 33, Cdno. Corte). En suma, el casacionista propone que el rigor que debe acompañar la declaración del estado de riesgo, no opera únicamente cuando se va a celebrar el contrato por primera vez, sino en los preámbulos de cualquier modificación.

Si bien es cierto, prosigue el casacionista que "(…) el artículo 1060 en su inciso final, está concebido para regir el contrato de seguro, la aplicación por el Tribunal fue desacertada porque a pesar de haber visto y entendido que se estaba en una tratativa prenegocial para concluir un negocio jurídico modificatorio del contrato de seguros existente, no podía aplicar a esa tratativa la norma destinada a regir el contrato, sino que debió echar mano, como se le había invocado desde la demanda, del artículo 1058" (fl. 35, Cdno. Corte).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

1. Un primer reproche se hace a este cargo, pues a pesar de haberse planteado por la vía directa, en su desarrollo queda confinado a la cuestión fáctica, porque lo que en verdad plantea es si son uno o varios contratos, y si los documentos emitidos pueden tomarse como oferta de la realización de un nuevo acuerdo.

2. No obstante, si se ubicara el cargo en el ámbito de la vía indirecta, el recurrente plantea en casación un asunto que jamás propuso en las instancias. Así, la estrategia defensiva del demandado fue cambiante, pues cada vez que los jueces salieron al paso de los argumentos de la opugnación, el demandado ensayó uno nuevo, conducta en la que persevera aún ante la Corte.

Véase que en la contestación de la demanda argumentó que hubo reticencia del asegurado, por no haber declarado sinceramente el estado de riesgo, haber ocultado su enfermedad y deshonrado por ello el deber de actuar con absoluta buena fe en la etapa precontractual, exactamente en 1996 cuando fue requerido para que dijera su estado de salud, con lo cual indujo al error a la compañía de seguros que de haber sabido las patologías del asegurado, se hubiera retraído de celebrar el contrato o lo hubiera hecho en condiciones diferentes. Nada más argumentó el demandado y en silencio pasó en la etapa de alegatos en primera instancia. Para resolver la primera instancia, el a quo redujo el problema a determinar "cuántos contratos de seguro existieron en realidad, uno como señalan los demandantes y que data desde el año de 1974, o dos como lo resalta la demandada, comenzando la vigencia del segundo de ellos desde el 01 de julio de 1996" (fl. 131, Cdno. 1). De prosperar la hipótesis de la dualidad de contratos, en 1996, cuando se hizo el segundo, el asegurado había incurrido en reticencia, pero de acogerse la tesis de la unidad del contrato, y se aceptara que es el mismo vigente desde 1974, es claro que para esa época no existían las dolencias que se dice fueron calladas en 1996 por el asegurado.

Concluyó el Tribunal que en 1996 no hubo un nuevo seguro, sino que era el mismo vigente desde 1974 y sin solución de continuidad, pero "rediseñado y mejorado". Trajo en beneficio de esta tesis la aceptación de la propia demandada hecha al contestar la demanda. Dijo el juzgador que "así las cosas, se tiene que para la fecha en que le diagnosticaron la enfermedad que señala la demandada al asegurado, éste ya tenía la calidad de tal desde hacía mucho tiempo atrás, lo que no abre paso el estudio de la pretendida nulidad relativa por reticencia del asegurado como lo propone la sociedad aseguradora demandada" (fl. 137, Cdno. 1).

Frente a estos argumentos de la sentencia de primera instancia, que endilgan al demandado haber confesado que se trata de un solo contrato, nacido en 1974 y continuado hasta la aparición de la enfermedad y después la muerte del asegurado, el recurrente ensaya un nuevo discurso. Plantea adventiciamente en el recurso de apelación que "si estamos en presencia de un único contrato que se celebró desde 1974, en efecto no podríamos hablar de nulidad relativa. Acá surge como lo ha planteado la sentencia, un nuevo problema jurídico, (...) - porque - al omitir (…) notificar a la aseguradora la modificación del estado de riesgo, implicó al tenor de lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 1060 del Código de Comercio, la terminación del contrato de seguro. Esta es una excepción que no requiere proposición de parte, pero que acreditados los hechos que la determinan, el Juez está en la obligación de declararla, tal y como se lo impone el artículo 306 del C.P.C." (fl. 44 y 45, Cdno. Tribunal). Por consiguiente - continúa - "este comportamiento es la ratificación pura y expresa del incumplimiento por parte del asegurado a su obligación de notificar los cambios en el estado del riesgo. La sanción que inexorablemente se aplica es la terminación del contrato de seguro" (fl. 46. ibídem).

Así las cosas, por primera vez ante el Tribunal planteó la demandada la aplicación del artículo 1060 del C. de Co. y la terminación del contrato, como consecuencia de no avisar las modificaciones del estado de riesgo. En respuesta el ad quem esgrimió el argumento basilar según el cual el artículo 1060 del C. de Co., con su secuela de terminación, no se aplica a los seguros de vida.

En síntesis, luego de ensayar la tesis de la dualidad de contratos y salir derrotado en ella, fracaso que vino de su propia confesión, según la cual era un mismo acuerdo de alguna forma prolongado en el tiempo, la demandada planteó súbitamente en segunda instancia, que la terminación del contrato se produjo por no informar el asegurado el agravamiento del riesgo a la luz del artículo 1060 del C. de Co., pero cerrado ese camino por el Tribunal, porque la norma que invoca no se aplica a los seguros de vida, según determinó el ad quem, el recurrente intenta un nuevo argumento, esta vez, en la demanda de casación, en el cargo tercero que se estudia, alegando que así se admitiera la unidad de contrato, cada vez que se hiciera una modificación al mismo, por insignificante que ella fuera, el asegurado debía proveer de nuevo la información sobre el estado de riesgo, pues esos tratos previos a la modificación son una verdadera oferta y se sujetan a la etapa precontractual.

Como se aprecia de la sola lectura, este último argumento es inédito, pues en las instancias nada se dijo acerca de que cada una de las modificaciones al contrato estuvo precedida de una etapa precontractual y de ofertas sucesivas y que en cada una de ellas el asegurado debía informar si había algún factor agravante del riesgo; a juicio de la Corte lo repentino de este planteamiento permite su descalificación, pues irrumpir con esta nueva estrategia lesiona decididamente el derecho del demandante a replicar razonablemente en las distintas etapas del juicio.

En un caso que guarda estrecha relación con el presente, pues concierne a las incidencias de la etapa precontractual, dijo la Corte: "respecto al reproche que el recurrente le hace a la sentencia de segunda instancia, debe decirse que los fundamentos en los que lo apoya, esto es, que la responsabilidad de la demandada es de tipo precontractual y tiene apoyo en haber procedido en forma contraria a lo exigido por el artículo 863 del estatuto mercantil, son enunciados que no se consideraron o alegaron, ni expresa, ni implícitamente en las instancias, con los cuales se altera sustancialmente la posición que inequívocamente asumió la parte recurrente en el curso de ellas, como fue la de imputarle a la demandada una responsabilidad de linaje contractual, según se dejó expresado. Buscar la prosperidad de sus pretensiones al amparo de hechos no discutidos durante el proceso, respecto de los cuales la demandada no tuvo oportunidad de defenderse, es invocar un medio nuevo, cuya consideración y análisis están vedados en casación, pues si como con insistencia se afirma, el recurso de casación tiene como thema decisum la sentencia impugnada, en este más que en ninguno otro rige a plenitud el principio de buena fe y lealtad procesal, el cual se manifiesta fundamentalmente en la coherencia de la argumentación fáctica, razón por la que se veda cualquier propuesta inopinada y sorpresiva de este linaje, constitutiva o no de medio nuevo, porque con ellas no sólo se atenta contra el derecho de defensa de la parte contraria, sino que se alteran los extremos del debate, sorprendiendo así la propia jurisdicción.

"La postura de la parte recurrente va más allá de una simple calificación jurídica de los hechos, como a primera vista pudiera pensarse, cuando propone el examen de los verificados a la luz de la noción legal de la responsabilidad precontractual prevista por el artículo 863 del C. de Comercio.

"Dentro de ese planteamiento es necesario observar, además de la omisión del artículo 863 como fundamento de las pretensiones (véase demanda, fls. 70 a 85 C. 9), que el mismo tiene relación íntima con hechos, que fuera de no haberse debatido, contaminan el argumento puramente legal, haciendo de él una mixtura que lo torna en medio nuevo, porque para definir una responsabilidad en el marco del artículo 863, se involucra como elemento estructural de ella la imputación de la ausencia de "buena fe exenta de culpa", pues declarar si hubo o no este comportamiento subjetivo para deducir o no la responsabilidad precontractual, es cuestión de hecho que debió proponerse y debatirse en las instancias, porque, como antes se anotó, ese es elemento estructural de la pretensión indemni- zatoria reconocida por el artículo 863, y como tal hacía parte del estado de hecho fundante de ella" (Cas. Civ., Sentencia de 27 de marzo de 1998, exp. 4798, resalta la Corte).

En breve, el Tribunal estaba impedido de responder, bien o mal, por algo respecto de lo cual no fue formalmente requerido en el decurso de las dos instancias, y cómo reprobar su error, si lógicamente no podía anticipar respuesta a una pregunta inexistente.

Por lo demás, el cargo plantea una flagrante contradicción pues decir que cada modificación al contrato de seguro de vida, estuvo precedida de una etapa precontractual y de sendas ofertas, impone notificar los cambios del estado de riesgo es tanto como abandonar de nuevo la tesis de la unidad del contrato, que acaba de aceptar la demandada en este cargo, para volver a la de la dualidad, lo cual comporta además una apreciación sobre los hechos incompatible con el cargo estructurado al amparo de la vía directa.

Además, por la especificidad del seguro de vida, si se impone al asegurado el deber, ante cada modificación del seguro, por menor que ella sea, de hacer la necesaria declaración sobre las modificaciones del estado de riesgo, no sólo se lo coloca en una etapa precontractual, incompatible con la tesis aceptada a medias por el demandante en casación de que se trata de un solo contrato, sino que se deja de aplicar la parte final del artículo 1060 del C. de Co. que para los seguros de vida excluye como causa de terminación la ausencia de notificación sobre la modificación al estado de riesgo. Dicho con otras palabras, colocados en la situación que acepta el recurrente en este cargo: que se trata de un solo contrato, nada explica el llamado a buscar etapas precontractuales fragmentarias para cada renovación, y menos imponer en cada una de ellas el deber de denunciar el estado de agravamiento del riesgo, en lo primero porque se ha aceptado en el cargo que se trata de un único contrato, y en lo segundo, porque para el seguro de vida, a la luz del artículo 1060 no se exige dar tal noticia sobre el agravamiento del estado de riesgo.

Por consiguiente, el cargo no prospera.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 3 de mayo de 2004 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, Sala Civil - Familia, dentro del proceso ordinario promovido por (…) contra la Compañía de Seguros (…) de Vida S.A.

Condénase en costas del recurso de casación al recurrente. Tásense en su oportunidad.

Notifíquese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

Conceptos

Archivos. Conservación
Cualquiera sea el método utilizado para la conservación de archivos de entidades vigiladas, se deben cumplir las pautas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
Concepto 2006055715-003 del 4 de diciembre de 2006.

Acuerdo de Basilea
Lineamientos del acuerdo implementados por esta Superintendencia en el ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control del sistema financiero colombiano.
Concepto 2006062336-002 del 22 de enero de 2007.

Autonomía de la voluntad
De las entidades financieras para determinar las tarifas que cobran al público por los servicios prestados, propios de su actividad.
Concepto 20060565089-001 del 1 de diciembre de 2006.

Banca de oportunidades
Definición. Objetivos. Naturaleza jurídica.
Concepto 2006062456-001 del 15 de diciembre de 2006.

Certificados de depósito a término
Condiciones y requisitos para su transferencia.
Concepto 2006054774-001 del 17 de noviembre de 2006.

Comités de auditoría
Funciones y obligaciones de los comités de auditoría y de auditoría interna de las entidades vigiladas.
Concepto 20060150186-001 del 17 de enero de 2006.

Conflicto de interés
Calificación por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Obligación de las entidades vigiladas de abstenerse de realizar operaciones que generen conflicto de interés.
Concepto 2006056846-001 del 30 de noviembre de 2006.

Céditos
Obligación de la entidad vigilada de suministrar la información adecuada y oportuna al usuario de un crédito.
Concepto 2006057507-001 del 21 de noviembre de 2006.

Requisitos para el otorgamiento de créditos a comerciantes. Balance certificado por contador publico.
Concepto 2006062443-002 del 18 de enero de 2007.

Cuenta convenio
Normatividad relacionada con la utilización de cuentas convenio en las operaciones de canje realizadas por las entidades vigiladas por esta Superintendencia.
Concepto 2006059920-001 del 15 de diciembre de 2006.

Cuentas corrientes y/o de ahorro
Instrucciones emanadas de esta Superintendencia en relación con el protesto de cheques.
Concepto 2006057073-001 del 29 de noviembre de 2006.

La obligación de la entidad bancaria de adoptar los mecanismos de control y seguridad y precauciones para el pago de cheques es de carácter contractual.
Concepto 2006066858-001 del 15 de enero de 2007.

Obligación de la entidad bancaria de hacer oferta de pago parcial del título, cuando no existen fondos suficientes en la cuenta del girador.
Concepto 2006049254-002 del 30 de noviembre de 2006.

Requisitos de vinculación que deben cumplir los potenciales clientes. Apertura de cuentas en moneda extranjera.
Concepto 2006053998-001 del 21 de noviembre de 2006.

Reglamentación relacionada con la apertura, manejo, depósitos y retiros de cuentas de ahorro.
Concepto 2006061344-001 del 26 de diciembre de 2006.

Depósitos
Beneficio de entrega sin juicio de sucesión no opera respecto de recursos depositados en los Fondos de Pensiones Voluntarias.
Concepto 2006061364-002 del 29 de diciembre de 2006.

Derecho a la información
Las entidades financieras deben informar a sus potenciales clientes sobre las características y requisitos en la prestación de servicios financieros.
Concepto 2006056074-001 del 30 de noviembre de 2006.

Obligación de los organismos vigilados de informar al público a través de un medio idóneo, las tasas remuneratorias activas y pasivas de sus productos y servicios.
Concepto 2006056706-001 del 29 de noviembre de 2006.

Entidades Financieras
Requisitos para su constitución.
Concepto 2006056842-001 del 10 de noviembre de 2006.

Factoring
La actividad de compra de cartera también puede ser adelantada por establecimientos de crédito sometidos a inspección, vigilancia y control de esta Superintendencia.
Concepto 2006060537-001 del 27 de diciembre de 2006.

Fenalco
Naturaleza jurídica. Control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Concepto 2006054602-001 del 21 de noviembre de 2006.

Fiducia de inversión
Operaciones autorizadas. Rendimientos.
Concepto 2006056338-001 del 1 de diciembre de 2006.

Finagro
Requisitos y condiciones de los créditos otorgados por Finagro. Cesión de créditos a particulares.
Concepto 2006048158-002 del 30 de noviembre de 2006.

Hipoteca
Parámetros que deben respetar las entidades financieras en materia de garantías para otorgar un crédito hipotecario.
Concepto 2006050980-002 del 15 de noviembre de 2006.

Intereses
Compete a la Superintendencia Financiera de Colombia certificarlos, no liquidarlos ni fijarlos.
Concepto 2006055431-001 del 17 de noviembre de 2006.

La reducción de intereses aplicable a un crédito otorgado por una entidad vigilada procede solamente mediante pacto expreso entre las partes.
Concepto 2006054065-001 del 16 de noviembre de 2006.

La Superintendencia Financiera de Colombia no tiene competencia para pronunciarse sobre el cobro de intereses causados en un contrato suscrito entre dos particulares. Concepto 2006047376-001 del 3 de octubre de 2006.

Rebaja de interese en los diferentes tipos de crédito requiere de pacto expreso.
Concepto 20060154572-001 del 14 de noviembre de 2006.

Regulación del interés legal civil e interés legal comercial.
Concepto 2006054333-001 del 20 de noviembre de 2006.

Interés moratorio
Cobro de interés cuando se trata de tarjetas de crédito. Cláusula aceleratoria.
Concepto 2006059693-002 del 24 de noviembre de 2006.

Intermediación Financiera
Definición y marco normativo. Esta actividad solamente puede ser desarrollada por entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Concepto 2006052344-001 del 17 de noviembre de 2006.

Las operaciones de mutuo que prevean como contraprestación el suministro de un bien o servicio, no se enmarca dentro de las actividades sometidas a la vigilancia de esta Superintendencia.
Concepto 2006 064594-001 del 22 de diciembre de 2006.

Utilización indebida del término "Financiera" en la razón social de una entidad no vigilada por esta Superintendencia.
Concepto 2006054578-001 del 22 de noviembre de 2006.

Lavado de activos
Los fondos que ingresan en una cuenta deben provenir de la actividad que ejerce su titular y no la ejercida por otras personas.
Concepto 2006055583-001 del 30 de noviembre de 2006.

Mercado Cambiario
La actividad de los intermediarios del mercado cambiario se encuentra regulada en la Resolución 8 de 2000, expedida por la Junta Directiva del Banco de la República.
Concepto 2006052869-001 del 7 de noviembre de 2006.

Microcréditos
Requisitos para su otorgamiento. Tope máximo establecido.
Concepto 2006054167-001 del 16 de noviembre de 2006.

Pagaré
Esta Superintendencia no tiene dentro de sus funciones conservar modelos de contrato o pagaré que utilicen sus entidades vigiladas.
Concepto 2006056145-001 del 21 de noviembre de 2006.

Prepago
En créditos de vivienda a largo plazo no opera ninguna penalidad cuando el deudor decida prepagar parcial o totalmente su obligación con la entidad financiera.
Concepto 2006065224-001 del 29 de diciembre de 2006.

Prepago en el mutuo comercial. Autonomía de la voluntad de las partes para aceptar el pago anticipado de una obligación.
Concepto 2006056067-001 del 24 de noviembre de 2006.

Publicidad
El EOSF establece algunas restricciones en cuanto a la utilización de términos y límites en su publicidad por parte de las entidades vigiladas.
Concepto 2006057055-003 del 4 de enero de 2007.

Reserva bancaria
Definición. Límites establecidos por la ley.
Concepto 2006053242-001 del 24 de octubre de 2006.

Riesgo operacional
Bases y lineamientos mínimos para su desarrollo en el sistema financiero colombiano.
Concepto 2006054348-001 del 8 de noviembre de 2006.

Tarifas. Comisiones por servicios financieros
Autonomía de las entidades bancarias para fijar la tarifa a cobrar en la prestación de los diferentes servicios financieros.
Concepto 2006066875-001 del 2 de enero de 2007.

Deber de las entidades vigiladas de remitir a esta Superintendencia, la información sobre las tarifas por los servicios financieros prestados a sus clientes y usuarios.
Concepto 2007000616-001 del 24 de enero de 2007.

Tarjetas débito
Deber de las entidades financieras de adoptar e implementar la tecnología que garantice la correcta prestación del servicio a través del uso de tarjetas débito y crédito.
Concepto 20060158784-002 del 20 de diciembre de 2006.

Normatividad relacionada con la expedición y operación de tarjetas de crédito.
Concepto 2006058531-001 del 15 de diciembre de 2006.

Temas de Consutla

Ministerio de la Protección Social

Concepto 7406 del 14 de noviembre de 2006

Síntesis: No se conoce la existencia de normas que obliguen a un empleador a asumir los gastos de cuota de manejo que originen las tarjetas de cuentas de ahorro de nómina, pero se considera que dicho aspecto puede ser definido entre el empleador y la entidad bancaria, al acordarse o negociarse el pago de la nómina a través del establecimiento bancario.

«(…) consulta si existe norma alguna que obligue al empleador a asumir los gastos que genere las tarjetas de cuentas de ahorro de nómina de sus trabajadores. Al respecto, me permito señalar lo siguiente:

Respecto del trabajador, debemos tener en cuenta lo establecido en el numeral 1 del artículo 59 del C. S. T., que les prohíbe a los empleadores:

"Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa escrita de éstos en cada caso, o sin mandamiento judicial. (...)".

A su vez, el artículo 149 del mencionado texto, dispone:

"Descuentos prohibidos. 1, El patrono no puede deducir, retener o compensar suma alguna del salario, sin orden suscrita por el trabajador, para cada caso, o sin mandamiento judicial. Quedan especialmente comprendidos en esta prohibición los descuentos o compensaciones por concepto de uso o arrendamiento de locales, herramientas o útiles de trabajo; deudas del trabajador para con el patrono, sus socios, sus parientes o sus representantes; indemnización por daños ocasionados a los locales, máquinas, materias primas o productos elaborados, o pérdidas o averías de elementos de trabajo; avances o anticipos del salario; entrega de mercancías, provisión de alimentos y precio de alojamiento,

2. Tampoco se puede efectuar la retención o deducción sin mandamiento judicial, aunque exista orden escrita del trabajador, cuando quiera que se afecte el salario mínimo legal o convencional, o la parte del salario declarada inembargable por la ley, o en cuanto el total de la deuda supere al monto del salario del trabajador en tres meses"

Las normas transcritas revelan la protección legal que ampara al salario de los trabajadores, y por ello sujeta cualquier descuento o deducción, a la autorización escrita de éstos para cada caso o al mandamiento judicial.

De otro lado el artículo 139 del Código Sustantivo del Trabajo consagra:

"A quien se hace el pago. El salario se paga directamente al trabajador o a la persona que él autorice por escrito".

Frente al pago del salario por consignación bancaria, se pronunció la Corte Constitucional en Sentencia T -014 de enero 20 de 1995, M. P. Alejandro Martínez Caballero:

"(…) La autoridad competente podrá permitir o prescribir el pago del salario por cheque contra un banco o por giro postal (...) cuando (...) el trabajador interesado preste su consentimiento (...) no ocasionando costos al trabajador. Por supuesto que todo esto debe manejarse sin que se ocasione algún abuso que tome difícil la recepción del salario."

Con respaldo en las normas legales y jurisprudencia señaladas, en criterio de esta oficina, si el trabajador está de acuerdo, el empleador le puede pagar su salario mediante la consignación de los valores respectivos en una cuenta bancaria, por lo general de ahorros, pero sin que la denominada cuota de manejo de esa cuenta esté a cargo del trabajador.

En cuanto al empleador, me permito señalar que esta oficina no conoce norma alguna que le imponga al patrono la obligación de asumir los costos que generen las tarjetas de las cuentas de ahorro de nómina de los trabajadores, no obstante, esta oficina considera que dicho aspecto puede ser definido entre empleador y la entidad bancaria, al acordarse o negociarse el pago de la nómina a través de ésta última entidad.(…).

Temas de consulta

Contraloría General de la República

Concepto 54415 del 17 de octubre de 2006

Síntesis: La regla general es la inembargabilidad de las cuentas correspondientes a los dineros del Tesoro Público. Las normas de presupuesto que establecen tal previsión han sido demandadas en múltiples oportunidades, siendo la jurisprudencia la que ha marcado los límites a las mismas. Los jueces no efectúan la ordenación de los recursos públicos, ni sus actuaciones se enmarcan dentro de la gestión fiscal, pues sus providencias se producen atendiendo a los hechos y pruebas allegadas al proceso, pronunciándose sobre el petitum de la demanda. La Ley 270 de 1996 establece la responsabilidad del Estado y de sus empleados judiciales por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de sus agentes.

«(…)

1. ANTECEDENTE

Esta Oficina conoce su oficio con el cual solicita nuestro pronunciamiento a fin de determinar las acciones a seguir contra los funcionarios de la Rama Judicial que ordenan embargos contra los recursos del Sistema General de Participaciones, sin que éstos cumplan con los requisitos exigidos en los ordenamientos legales. El juez, dentro de un proceso adelantado conforme los ordenamientos legales, determina la viabilidad de la embargabilidad de los recursos públicos.

2. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

2.1 Inembargabilidad de los recursos públicos y sus excepciones

En relación con la protección legal de los recursos públicos, la regla general es su inembargabilidad, tal como lo establece el Estatuto Orgánico de Presupuesto en el artículo 19, al preceptuar que son inembargables las rentas incorporadas en el presupuesto General de la Nación, así como los bienes y derechos que lo conforman, incluyendo en esta prohibición las cesiones y participaciones de que trata el capítulo cuarto del título XII de la Constitución Política.

De igual forma, la mencionada norma establece que los funcionarios judiciales se abstendrán de decretar órdenes de embargo cuando no se ajusten a lo dispuesto en la norma en mención, so pena de mala conducta. (Ley 38 de 1989, artículo 16, Ley 179 de 1994, artículos 6°, 55 inc. 3°).

Debe señalarse entonces que la regla general es la inembargabilidad de las cuentas correspondientes a los dineros del Tesoro Público. Ahora bien, las normas de presupuesto que establecen tal previsión han sido demandadas en múltiples oportunidades, siendo la jurisprudencia la que ha marcado los límites a las mismas.

En este entendido, la Corte Constitucional en la Sentencia C-546 de 1992, respecto a las excepciones a la inembargabilidad de las rentas y recursos del Presupuesto General de la Nación, señaló:

"Los actos administrativos que contengan obligaciones laborales en favor de los servidores públicos deben poseer las mismas garantías de las sentencias judiciales, esto es, que pueden prestar mérito ejecutivo -y embargo- a los 18 meses después de haber sido ejecutoriados de conformidad con el artículo 177 del Código Contencioso administrativo.".

Teniendo en cuenta la jurisprudencia señalada, los recursos del Presupuesto General de la Nación son embargables por créditos laborales y así mismo, la Corte Constitucional fue delimitando otros aspectos de las sentencias que contengan obligaciones claras expresas y exigibles.

Queda claro, entonces, que la inembargabilidad no es absoluta, pues no pueden desconocerse los derechos fundamentales de las personas, so pretexto de la primacía del interés general.

En el artículo 19 del Decreto 111 de 1996 señalado, se incluye dentro del principio de la inembargabilidad los recursos del Sistema. General de Participaciones, y en armonía con esta disposición legal, los articulas 18 y 57 de la Ley 715 de 2001 determinan la inembargabilidad de los dineros correspondientes a educación y salud, respectivamente.

En este orden jurídico, el artículo 91 de la Ley 715 de 2001 establece, igualmente, que estos recursos no están sujetos a embargos, como también que los mismos son de destinación específica y en tal virtud, deben manejarse en cuentas separadas y, por tanto, de ellos no se predica el principio presupuestal de la unidad de caja. Sobre este tema el último pronunciamiento de la Corte Constitucional lo constituye la Sentencia C- 566 de 2003, M. P. Alvaro Tafur Galvis, en donde la Alta Corporación declaró la exequibilidad condicionada del artículo 91 de la Ley 715 de 2001, señalando así la viabilidad para el embargo de estos recursos en sus aspectos pertinentes.

De otro lado, una vez ordenado el embargo sobre recursos del Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las entidades territoriales, el funcionario público que reciba la orden debe adelantar las diligencias correspondientes para su desembargo, para lo cual solicitará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la constancia sobre la naturaleza de estos recursos. La solicitud debe indicar el tipo de proceso, las partes involucradas, el despacho judicial que profirió las medidas cautelares, y el origen de los recursos que fueron embargados. (Ley 998 de 2005, artículo 38).

Así las cosas, las diligencias tendientes al desembargo deben realizarse por el servidor público que reciba la orden de embargo, sin que ello constituya una oposición a lo ordenado por el juez. En estas circunstancias, la Rama Jurisdiccional posee competencia para proferir los embargos de los dineros del Presupuesto General de la Nación, salvo las excepciones a que haya lugar. En tal virtud, entendemos que la actuación del funcionario jurisdiccional debe estar ajustada a derecho.

Ahora bien, teniendo en cuenta que nuestro estudio gira respecto de la actuación del juez, vale la pena recordar que la Corte Constitucional ha señalado que "a partir del concepto de embargo, trátese de ejecución de sentencias o como medida cautelar, la decisión la adopta el juez del conocimiento del caso."

De igual forma, expresa la Corporación que: "el juez del caso es quien conoce si, no obstante que se está ante recursos del presupuesto General de la Nación, la situación objeto de su decisión se enmarca dentro de las excepciones al principio general de inembargabilidad del presupuesto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, a la que se ha hecho alusión."

De acuerdo con lo expuesto, podemos indicar que el juez dentro de un proceso adelantado conforme los ordenamientos legales determina sobre la viabilidad de la embargabilidad de los recursos públicos.

Ahora, para determinar una ilegalidad dentro de este proceso cobra importancia la certificación que debe solicitar el funcionario que recibe el embargo, a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sobre la naturaleza de estos recursos.

2.2 Del ejercicio de la función jurisdiccional y la acción fiscal.

A fin de determinar si la orden de embargo proferida por el juez respecto de recursos inembargables del Tesoro Público, puede llegar a configurar una posible responsabilidad fiscal, realizaremos nuestro análisis a partir del concepto de gestión fiscal establecido en la Ley 610 de 2000 así:

El artículo tercero (3°) de la Ley 610 de 2000, define la gestión fiscal como:

"El conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales."

Partiendo de esta norma, hemos de señalar que en la preceptiva legal el concepto de "administrar", está referido a organizar y coordinar las diversas formas de recaudar y distribuir los recursos públicos, para proponer los gastos a fin de obtener la realización de los cometidos estatales.

"Manejar" los dineros o bienes públicos dentro de un marco, normativo, consiste entonces, en la ejecución detallada y sistemática de los fondos o valores de la entidad estatal, para la prestación de los servicios públicos, la satisfacción de necesidades colectivas, a fin de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.

Ahora bien, el concepto de manejar o administrar, no se contrae solamente al gasto público, sino que como bien lo establece la norma, se remite a la realización de las diferentes actividades de adquisición, planeación, conservación, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, inversión, disposición y recaudación.

Así, debemos entender la gestión fiscal como el conjunto de actividades y procesos que son desarrollados por quien posee la atribución legal de disponer de los recursos del Erario, en cualquiera de sus etapas de ingreso, conservación, explotación, egreso o afectación de los mismos, en marcada dentro de los principios de eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, eficiencia, publicidad y valoración de los costos ambientales.

Quiere ello significar que los gestores públicos deben manejar los recursos de tal forma que su inversión produzca la maximización de resultados, obtener en igualdad de condiciones los bienes y servicios al menor costo posible logrando los objetivos y metas trazados por la entidad estatal. En igual forma, la ordenación de gasto está sujeta a las normas presupuestales vigentes.

Bajo esta conceptualización, hemos de determinar si los jueces son gestores fiscales, y por consiguiente sujetos de la acción fiscal.

En las voces de la Ley 270 de 1996, los jueces son administradores de justicia y sus decisiones se profieren de conformidad con el acervo probatorio allegado al proceso, por lo cual podríamos afirmar que sus decisiones son declarativas, pues las mismas se contraen a pronunciarse sobre las pretensiones de la demanda, independiente de las consecuencias económicas que ello genere.

Así las cosas, la responsabilidad a la que están sujetos los jueces es aquella que establecen los ordenamientos legales, tales como la penal, civil y disciplinaria según fuere el caso."

En este orden de ideas, los jueces no efectúan la ordenación o disposición de los recursos públicos, ni sus actuaciones se enmarcan dentro de la gestión fiscal, pues sus providencias se producen atendiendo a los hechos y pruebas allegadas al proceso, pronunciándose sobre el petitum de la demanda.

Es importante anotar que el objeto de la responsabilidad fiscal es el de resarcir el daño causado al Erario, como consecuencia de una conducta dolosa o gravemente culposa, la cual debe ser atribuida a quienes realizan gestión fiscal. (artículo 4° Ley 610 de 2000).

Para el caso de los fallos producidos por los jueces de la República, -el daño de haberse generado- no se produce por la decisión misma de los falladores, sino por las actuaciones irregulares de quienes dieron origen al conflicto o a la litis, es decir los servidores públicos, cuyas decisiones provocaron la intervención de la Rama Jurisdiccional.

Así las cosas, la relación de causalidad de que trata el artículo quinto (5°) de la preceptiva legal que regula el proceso de responsabilidad fiscal, no se produce respecto del juzgador, pues éste sólo se remite en su actuar a definir los derechos en conflicto, por lo cual los efectos jurídicos de su decisión no son susceptibles sino de acciones penales, disciplinarias y contenciosas administrativas.

Bajo esta óptica no es procedente la imputación de responsabilidad fiscal a los jueces. Cuestión diferente es que los jueces hayan producido un daño antijurídico, por una actuación gravemente culposa o dolosa, por error inexcusable o por la denominada vía de hecho, en este evento la ley Estatutaria de la Justicia, en su artículo 65, contempla las acciones pertinentes tendientes a su reparación.

En este contexto debe interpretarse el artículo 3º del Decreto 1807 de 1994, que preceptúa: "El establecimiento de crédito que reciba una orden de embargo en contravención a lo dispuesto por el presente decreto, deberá informar inmediatamente a la Contraloría General de la República para que inicie un juicio fiscal contra el funcionario judicial que ordenó el embargo."

Lo anterior, por cuanto esta norma no puede ser interpretada en forma aislada, sino dentro del contexto de la ley de responsabilidad fiscal, es decir en armonía con lo dispuesto en la Ley 610 de 2000, y específicamente con lo dispuesto en los artículos 3º, 4º Y 5° de esta normativa, que indican el título de la imputación de la responsabilidad fiscal, así como los elementos constitutivos de la misma.

Por otra parte, en la Ley 270 de 1996, se establece la responsabilidad del Estado y de sus empleados judiciales, por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción u omisión de sus agentes, los cuales a su vez responden por sus actuaciones a través de la acción de repetición. Esta acción debe impetrarse por el representante legal de la entidad estatal condenada a partir de la fecha en que ésta haya efectuado el pago de la obligación indemnizatoria.

De lo anterior, podemos establecer que al no proceder la acción fiscal, lo propio entonces es iniciar las actuaciones penales o disciplinarias según fuere el caso.»

Temas de Consulta

Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia Financiera de Colombia y la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores

(21 de diciembre de 2006)

Partes

Son Partes de este Memorando de Entendimiento:

(i) Por un lado, la Superintendencia Financiera de Colombia (en adelante SFC), representada legalmente por el doctor Augusto Acosta Torres, identificado con la cédula de ciudadanía 17.164.383 de Bogotá, quien actúa como Superintendente Financiero, cargo para el cual fue nombrado mediante el Decreto 148 del 23 de enero de 2006 y acta de posesión 014 del 24 de enero de 2006 y,

(ii) Por el otro, la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores (en adelante AMV), representada por el doctor Mauricio Rosillo Rojas, identificado con la cédula de ciudadanía 80.417.151 de Usaquén, quien actúa como Presidente de la citada entidad.

Quienes podrán ser designados a través de este documento como las Partes e individualmente la Parte, según corresponda.

Capítulo I
Antecedentes para la suscripción del Memorando

Sección 1.1 Antecedentes

1. La SFC tiene por objeto supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano con el fin de preservar la estabilidad del sistema, la integridad de los mercados y la protección del consumidor financiero.

2. La Ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006 establecieron la obligación de autorregulación para los intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas, en relación con los cuales los entes autorreguladores tendrán funciones normativa, de supervisión y disciplinaria que propenderán por la protección del inversionista y el mantenimiento de la transparencia e integridad del mercado.

3. El Decreto 3516 de 2006 dispone que los organismos de autorregulación podrán aceptar como miembros a personas que sin tener el carácter de intermediarios de valores, voluntariamente decidan acogerse al ejercicio de sus funciones de autorregulación, siempre que se trate de personas que participen en los sistemas de negociación de valores y deban autorregularse conforme a los reglamentos de estos últimos.

4. AMV se constituyó en el mes de junio de 2006 y obtuvo su autorización de funcionamiento como organismo de autorregulación del mercado de valores en el mes de julio de 2006.

5. Las Partes tienen competencia en relación con los intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas, así como con las personas a las que se hizo referencia en numeral 3º de la presente sección, no obstante lo cual esta competencia es ejercida dentro de dos órbitas jurídicas diferentes, dada la naturaleza de las mismas, siendo en el caso de la SFC una función pública y en el de AMV una actividad del mercado de valores de carácter privado.

6. El Decreto 1565 de 2006 establece que en el desarrollo de sus funciones los organismos de autorregulación deberán tener en cuenta, entre otros criterios, el de propender por no realizar una gestión que conlleve duplicidad de funciones con la de la SFC. De otra parte, prevé que los memorandos de entendimiento son mecanismos que permiten la coordinación entre la SFC y los organismos de autorregulación en materia disciplinaria, de supervisión e investigación.

Capítulo II
Objeto del Memorando de Entendimiento

Sección 2.1 Objeto del Memorando

El objeto del presente memorando, es fijar de manera general los principios que la SFC y AMV tendrán en consideración para la coordinación de las actividades que le corresponden a cada una de ellas en el mercado de valores de Colombia, dentro del ámbito propio de sus competencias.

Parágrafo. Serán objeto del presente Memorando las funciones de supervisión y disciplinaria desarrolladas por AMV en los términos definidos en la Ley 964 de 2005 y demás normas vigentes. En razón de lo anterior, cuando en el presente memorando se haga referencia a las actividades de autorregulación se entenderá que dicha expresión se refiere de manera exclusiva a las funciones antes mencionadas.

Capítulo III
Naturaleza del Memorando de Entendimiento

Las Partes reconocen y aceptan que este Memorando no crea ningún derecho ni impone vínculos legalmente obligatorios, incluyendo cualquier derecho para las Partes o para terceros. Este Memorando establece de buena fe declaraciones de intención de AMV y de la SFC, respecto a los principios que orientan y facilitan la realización coordinada de actividades y esfuerzos en desarrollo de sus respectivas funciones.

Capítulo IV
Principios que orientan el marco de coordinación
de las actividades y esfuerzos de la SFC y AMV

Sección 4.1 Principios generales

Se establecen como principios generales para la coordinación de actividades y esfuerzos que realicen la SFC y el AMV en el ejercicio propio de las funciones asignadas a cada una en la normatividad vigente, los siguientes:

4.1.1 Independencia de AMV y la SFC

Las Partes son entidades independientes en el cumplimiento de las funciones y actividades que les corresponden en relación con el mercado de valores colombiano, dentro del marco de sus competencias. En razón de lo anterior, el presente memorando establece un marco de colaboración y coordinación que no afecta o interfiere con el ámbito de actuación de cada entidad.

Lo anterior, sin perjuicio de que cada una de las Partes establezca mecanismos tendientes a lograr el desarrollo independiente de sus funciones al interior de cada entidad.

4.1.2 No duplicidad de funciones

El artículo 18 literal c) del Decreto 1565 de 2006 establece que "En el desarrollo de sus funciones, los organismos de autorregulación (…) Propenderán por no realizar una gestión que conlleve duplicidad de funciones con la de la Superintendencia Financiera de Colombia, en concordancia con el artículo 29 del mismo Decreto.

En desarrollo de este principio, el ejercicio de las funciones que la ley le ha atribuido a las Partes respecto de los sujetos de autorregulación, seguirá las siguientes pautas:

4.1.2.1 Pautas para evitar la duplicidad de funciones

a) La Parte que primero haya tenido conocimiento acerca de la posible ocurrencia de hechos que constituyan infracciones a las normas del mercado de valores o los reglamentos de autorregulación, continuará conociendo de la respectiva actuación hasta su terminación. No obstante, si el caso reviste materialidad y/o un alto impacto en el mercado, según los conceptos definidos por el Comité Operativo, el AMV podrá decidir investigarlos y disciplinarlos, no obstante el traslado a la SFC. Igual situación se presentará, en los casos en que por política de supervisión y sanción establecida por cada una de las Partes, las dos deban adelantar sus actuaciones dentro del ámbito de su competencia.

b) En el evento en que las Partes hubieran conocido simultáneamente la posible ocurrencia de hechos que constituyan infracciones a las normas del mercado de valores o los reglamentos de autorre-gulación, se podrán realizar reuniones de coordinación para determinar los criterios a considerar, con el fin de propender por la no duplicidad de actuaciones y la eficiencia en la utilización de los recursos.

c) Las Partes podrán adelantar actuaciones e investigaciones simultáneas, cuando así lo determinen por mutuo acuerdo, caso en el cual se realizarán reuniones para determinar los criterios de coordinación.

d) Cuando una de las Partes se encuentre adelantando una visita a un sujeto de autorregulación y la otra tenga conocimiento de información que pueda ser útil a la primera, podrá remitírsela si lo considera procedente.

e) En los casos en que AMV no tenga competencia alguna, trasladará éstos a la SFC, de acuerdo con el procedimiento que para tal efecto deberá fijar el Comité Operativo, referido más adelante.

f) En los eventos en que AMV en desarrollo de una investigación determine que existen situaciones en donde su competencia sea parcial y que revistan materialidad y/o tengan un alto impacto en el mercado, según los conceptos definidos por el Comité Operativo, trasladará integralmente la investigación a la SFC, sin perjuicio de la posibilidad de continuar con la investigación en lo de su competencia atendiendo criterios de materialidad, impacto en el mercado y política disciplinaria.

4.1.3 Coordinación de Actividades y Seguimiento

Para la determinación de los instrumentos y procedimientos de coordinación de actividades y de seguimiento, las Partes acuerdan como mínimo la creación de un Comité Operativo y un Comité Legal, en los cuales participarán las personas y áreas que determinen el Superintendente Financiero y el Presidente de AMV.

4.1.4 Solicitud de Información y Documentos

El permanente intercambio de información entre las Partes en la oportunidad y en los términos acordados, constituye una herramienta de especial importancia para el adecuado cumplimiento de las funciones y obligaciones que a cada quien corresponde.

Por lo anterior, cualquiera de las Partes podrá solicitar a la otra el suministro de información y documentos necesarios en relación con actuaciones que sean de su competencia, en los términos y condiciones fijadas por los Comités Operativo y Legal y de conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente.

Parágrafo. La información que reposa en los Registros Nacionales de Agentes y Profesionales del Mercado de Valores, los cuales hacen parte integrante del Sistema Integral de Información del Mercado de Valores, sea pública o reservada, podrá ser suministrada por la SFC al AMV, a efectos de que la misma sea utilizada única y exclusivamente para el cumplimiento de sus funciones de supervisión y disciplinaria, de acuerdo con los términos y condiciones previstas en el presente memorando de entendimiento y en la normatividad vigente.

4.1.5 Reserva de la información

Las Partes adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar que sus administradores, funcionarios directivos, empleados y asesores guardarán total reserva y confidencialidad sobre la información, verbal o escrita, suministrada en desarrollo del presente memorando de entendimiento.

En especial, las Partes se comprometen a tomar todas las medidas necesarias para evitar que esta información reservada pueda ser divulgada en cualquier forma o utilizada en provecho propio o ajeno, así como a adoptar las medidas para evitar y corregir, si fuere el caso, los efectos que pudieren derivarse de dichas conductas.

Lo anterior, se entiende sin perjuicio de la obligación de colaboración que tienen las Partes con las autoridades administrativas y judiciales.

Capítulo V
Aspectos Generales

Sección 5.1 Duración y terminación

El presente Memorando estará vigente hasta la fecha en que las Partes decidan terminarlo de común acuerdo mediante la suscripción de documento escrito en el cual se exprese la decisión de darlo por terminado o cuando cualquiera de las Partes así lo solicite, por lo menos, con un mes de anticipación.

Sección 5.2 Integridad del memorando

Este Memorando y sus modificaciones si las hubiere, constituyen un acuerdo integral entre las Partes que lo suscriben en relación con los temas incluidos en el mismo. Así mismo, este Memorando contiene en su integridad las estipulaciones entre las Partes sobre la materia objeto del mismo y deja sin efecto cualquier otro acuerdo anterior sobre el mismo asunto.

Sección 5.3 Modificaciones

En razón a la naturaleza cambiante de la actividad de intermediación de valores, las Partes tienen la posibilidad de revisar continuamente el alcance de este memorando de entendimiento con el fin de incorporar de común acuerdo, las modificaciones que se consideren necesarias para garantizar la coordinación mutua y el debido cumplimiento de su objeto.

El presente Memorando podrá modificarse únicamente por escrito y por mutuo acuerdo de las Partes

Sección 5.4 Interpretación y ley aplicable

La interpretación del contenido del Memorando de Entendimiento se hará procurando la armonía entre cada una de las disposiciones aquí incluidas. La ley aplicable corresponde exclusivamente a la legislación colombiana.

Sección 5.5 Gratuidad del memorando de entendimiento

La SFC y AMV declaran que por la celebración, ejecución y desarrollo del presente memorando no se generará ningún tipo o clase de erogación económica a cargo de las Partes como contraprestación por el suministro de la información, por lo mismo no habrá erogación alguna de dinero por el objeto o ejecución del memorando siendo éste un instrumento de coordinación gratuito.

Sección 5.6 Entrada en vigencia

El presente Memorando de Entendimiento entrará en vigencia a partir del 21 de diciembre de 2006.

En fe de lo anterior, este Memorando de Entendimiento se suscribe en dos (2) ejemplares iguales, uno para cada una de las Partes, hoy 21 de diciembre de 2006, en la ciudad de Bogotá. D.C.

Augusto Acosta Torres,

Superintendencia Financiera de Colombia

Mauricio Rosillo Rojas,

Corporación Autorregulador del Mercado de Valores

Temas de Consulta

Superintendencia Financiera de Colombia

Resolución 2167 de 2006

(noviembre 24)

Por medio de la cual se establecen criterios para la conformación del comité técnico de las sociedades calificadoras de valores y se define la idoneidad de sus miembros.

El Superintendente Financiero,

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas en el literal a) del artículo 6º de la Ley 964 de 2005 y el numeral 9 del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, y,

CONSIDERANDO

Primero. Que de conformidad con el literal a) del artículo 6º de la Ley 964 de 2005, en concordancia con el numeral 9 del artículo 11 del Decreto 4327 de 2005, corresponde al Superintendente Financiero de Colombia instruir a las entidades sujetas a la inspección y vigilancia permanente o control acerca de la manera como deben cumplirse las disposiciones que regulan su actividad en el mercado de valores, fijar los criterios técnicos y jurídicos que faciliten el cumplimiento de tales normas y señalar los procedimientos para su cabal aplicación, así como instruir a las instituciones vigiladas sobre la manera como deben administrar los riesgos implícitos a sus actividades.

Segundo. Que de conformidad con el artículo 93 del Decreto 4327 de 2005 todas las referencias normativas que hagan las disposiciones legales vigentes a las Superintendencias de Valores y Bancaria, se entenderán efectuadas a la Superintendencia Financiera de Colombia.

Tercero. Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 2 del artículo 1.1.3.4 de la Resolución 400 de 1995 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores (En adelante Resolución 400 de 1995), las sociedades calificadoras de valores deberán prever en sus estatutos sociales la existencia de un comité técnico, el cual será el encargado de estudiar y aprobar las calificaciones.

Cuarto. Que con el fin de garantizar la idoneidad e independencia de los miembros que conforman el comité técnico, así como la de los estudios y calificaciones que en desarrollo de sus funciones sean aprobados, resulta necesario impartir las siguientes instrucciones sobre la conformación y funcionamiento de dicho comité.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

Artículo primero. Ámbito de aplicación. Son destinatarios de la presente resolución las sociedades calificadoras de valores sometidas a la inspección y vigilancia permanente de la Superintendencia Financiera de Colombia.

Artículo segundo. Conformación del Comité Técnico. El comité técnico a que hace referencia el numeral 2º del artículo 1.1.3.4 de la Resolución 400 de 1995, deberá estar conformado permanentemente por un número plural e impar de miembros principales, con sus respectivos suplentes personales, que acrediten la experiencia y el conocimiento técnico necesario para estudiar y aprobar las calificaciones sometidas a su deliberación. Dichos miembros tendrán voz y voto, y serán elegidos por la junta directiva de la sociedad calificadora para períodos fijos.

Los miembros suplentes del comité técnico de calificación deberán contar con las mismas calidades de los principales.

Para los efectos del presente artículo se entenderá que un miembro cuenta con la experiencia necesaria cuando acredite por lo menos diez (10) años de labores en actividades relacionadas con finanzas corporativas y/o análisis de crédito o, cuando acredite por lo menos cinco (5) años de calificación de valores y/o riesgos.

El conocimiento técnico se acreditará mediante la realización de estudios superiores, según lo disponga el reglamento de la sociedad calificadora.

Parágrafo primero. Sin perjuicio de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 1.1.3.4 de la Resolución 400 de 1995, las sociedades calificadoras de valores podrán constituir el número de comités técnicos que requieran para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones.

Parágrafo segundo. Una vez iniciado el proceso de estudio y aprobación de cada calificación por parte del comité técnico no se podrá cambiar ni el comité técnico ni ninguno de sus miembros, salvo que se haga necesario incluir miembros adicionales.

Artículo tercero. Procedimiento para la Aprobación de la Calificación. Los procedimientos que adopten las sociedades calificadoras de valores para el estudio y/o aprobación de las calificaciones deberán tener en cuenta los siguientes aspectos:

a) La propuesta de calificación deberá ser presentada al comité técnico por un grupo interno de trabajo conformado por personas diferentes a las del comité técnico que asignará la calificación al proceso objeto de estudio.

Tratándose de comités técnicos que se vayan a conformar con cinco (5) o más miembros, se podrá incluir como tal a un integrante del grupo interno de trabajo, siempre que éste cumpla con lo dispuesto en los artículos segundo y cuarto de la presente resolución.

Parágrafo. Cada grupo interno de trabajo a que se refiere el presente literal tendrá como función principal e indelegable la de estudiar y proponer la calificación al comité técnico y se conformará según se defina en el reglamento de la sociedad calificadora.

b) Todas las sesiones del comité técnico que se realicen para debatir y/o aprobar calificaciones deberán constar en actas que se suscribirán por todos los miembros de dicho comité. A dichas actas deberá integrarse la propuesta de calificación presentada por el grupo interno de trabajo, junto con los correspondientes documentos de soporte.

Así mismo deberá incluirse por cada miembro, entre otros, las discusiones, el sentido del voto y las razones que justificaron la decisión de calificación.

c) Las sesiones del comité técnico deberán adelantarse con la totalidad de sus miembros y sus decisiones se adoptarán por mayoría simple, sin perjuicio de que en los reglamentos se establezcan mayorías superiores.

Artículo cuarto. Calidad de los Miembros. Los miembros del comité técnico principales y suplentes:

a) No podrán ser simultáneamente miembros de la junta directiva del calificado.

b) Deberán evitar incurrir en situaciones que generen conflictos de interés de acuerdo con las normas vigentes, y en todo caso no podrán ser empleados o funcionarios que directa o indirectamente, al interior de la sociedad calificadora, desarrollen funciones de comercialización, fijación de tarifas, definición de estrategias comerciales y/o directrices económicas.

Parágrafo. El empleado, funcionario o miembro del comité técnico de la sociedad calificadora que se encuentre inmerso en alguna de las situaciones descritas en el presente literal o en cualquier situación que genere un conflicto de interés entre la calificadora y el calificado deberá abstenerse de participar en cualquier etapa del proceso de calificación para el cual se presente el conflicto.

c) No podrán ser miembros de junta directiva de la sociedad calificadora.

d) No podrán recibir ningún tipo de remuneración, directa o indirecta, proveniente de la entidad calificada, sus representantes legales, funcionarios, ni tampoco de las entidades vinculadas a ésta, de conformidad con lo que se defina en el reglamento.

e) Deberán mantener su independencia frente al calificado durante todo el tiempo del ejercicio del cargo, atendiendo lo dispuesto en los numerales 1 a 5 del parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, o en las normas que los sustituyan, modifiquen o adicionen.

Parágrafo. Para efectos de la presente resolución, en la aplicación del parágrafo 2º del artículo 44 de la Ley 964 de 2005, cuando se haga referencia al emisor se entenderá la entidad calificada.

f) Dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1.1.3.5 de la Resolución 400 de 1995, o en las normas que lo sustituyan, modifiquen o adicionen.

Artículo quinto. Revelación de las Calidades. Las hojas de vida de los miembros del comité técnico que hayan aprobado la calificación tendrán que anexarse al documento técnico de calificación, el cual deberá permanecer publicado en la página Web de la sociedad calificadora durante la vigencia del contrato de calificación y los tres (3) años siguientes. La sociedad calificadora deberá expresar de manera clara y precisa la vigencia y el estado de la calificación publicada.

Artículo sexto. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto 3139 de 2006, las sociedades calificadoras que a la fecha de expedición del citado decreto estuviesen autorizadas, el contenido de la presente resolución les será exigible a partir del 12 de marzo de 2007.

(…).»

Reseña General

Congreso de la República

Prevención y control de actividades delictivas
Ley 1121 de 2006 (diciembre 29). Modificación de normas sobre el control a actividades delictivas. Entre otras medidas, se reitera que las instituciones sometidas al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera o quien haga sus veces, estarán obligadas a adoptar medidas de control apropiadas y suficientes, orientadas a evitar que en la realización de sus operaciones puedan ser utilizadas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos vinculados con las mismas. La ley señala algunas funciones para la Unidad de Información y Análisis Financiero indicando que las autoridades, las entidades, sus administradores y sus funcionarios no podrán dar a conocer a las personas que hayan efectuado o intenten efectuar operaciones sospechosas, que han enviado información a la Unidad de Información y Análisis Financiero sobre las mismas, y deberán guardar reserva sobre dicha información.

Régimen de Insolvencia Empresarial
Ley 1116 de 2006 (diciembre 27). El régimen judicial de insolvencia regulado en la ley tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial. No están sujetas al régimen de insolvencia previsto en la presente ley, entre otras, las bolsas de valores y agropecuarias, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia donde no se incluye a los emisores de valores sometidos únicamente a control de la referida entidad, y las entidades vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que desarrollen actividades financieras de ahorro y crédito.

Vivienda de interés social. Fondo Nacional de Ahorro
Ley 1114 de 2006 (diciembre 27). La ley modifica el párrafo 1° y el parágrafo 1° y adiciona un nuevo parágrafo al artículo 29 de la Ley 546 de 1999 señalando que de los recursos del Presupuesto Nacional se asignará una suma anual como mínimo equivalente a 1.004.901 salarios mínimos mensuales legales vigentes, con el objeto de destinarlos al otorgamiento de Subsidios de Vivienda de Interés Social Urbana y Rural. Dispone también que el Gobierno debe destinar anualmente el 20% de los recursos presupuestales apropiados para VIS rural y que los oficiales, suboficiales, soldados profesionales y agentes de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional; el personal docente oficial; los docentes vinculados a establecimientos educativos privados; los trabajadores independientes y quienes devenguen salario integral, podrán, previa solicitud del interesado, afiliarse al Fondo Nacional de Ahorro.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Banca de Oportunidades. Comisión Intersectorial
Decreto 4389 de 2006 (diciembre 5). Modifica el artículo 3° del Decreto 3078 de 2006 con el fin de crear una Comisión Intersectorial encargada de ejercer la coordinación y seguimiento de las actividades que se pretendan financiar con los recursos del Programa de Inversión Banca de las Oportunidades, así como de formular las recomendaciones a que haya lugar a las distintas entidades públicas en relación con temas vinculados a dicho programa. La Comisión estará conformada por el Ministro Consejero de la Presidencia de la República, el Ministro de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, un Delegado del Presidente de la República, el Director del Departamento Administrativo de la Economía Solidaria, Dansocial, y el Director del Departamento Nacional de Planeación. El Presidente del Banco de Comercio Exterior de Colombia S. A., Bancoldex, asistirá a las sesiones y contará con voz pero sin voto.

Intereses. Certificación del interés bancario
Decreto 018 de 2007 (enero 4). Modifica el artículo 2° del Decreto 4090 de 2006 con relación a las modalidades de crédito cuyas tasas deben ser certificadas. Para los efectos previstos en este decreto se establecen dos modalidades de crédito: a) Comercial y de Consumo y, b) Microcrédito.

Operaciones de reporto. Operaciones simultáneas. Operaciones de transferencia temporal de valores
Decreto 4432 de 2006 (diciembre 11). Define las operaciones de reporto, simultáneas y de transferencia temporal de valores. Señala para cada tipo de operación sus características en materia de plazos, montos, garantías, reglamentos de las bolsas de valores y sistemas de negociación de valores. El decreto deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial el Decreto 1782 de 2001, el Decreto 4708 de 2005, el inciso 2° del artículo 11 del Decreto 405 de 2001, el artículo 9° del Decreto 449 de 2003 y varios artículos relacionados con esta materia contenidos en la Resolución 400 de 1995 de la Sala General de la Superintendencia de Valores.

Patrimonio Técnico. Patrimonio adicional
Decreto 4648 de 2006 (diciembre 27). Modifica el artículo 7° del Decreto 1720 de 2001, modificado por artículo 2° del Decreto 2061 de 2004 al establecer la adición de partidas en el patrimonio adicional con el fin de establecer el valor del patrimonio técnico de las entidades supervisadas a las que va dirigida la medida regulatoria. Señala además que el valor total del patrimonio adicional no podrá exceder del ciento por ciento (100%) del valor total del patrimonio básico y que las modificaciones y adiciones previstas no afectarán las obligaciones y emisiones vigentes a la fecha de expedición del presente decreto.

Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación
Decreto 4318 de 2006 (noviembre 30). Se modifica el Decreto 2789 de 2004 que reglamenta el Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF-Nación con relación al 'Registro previo y controlado de cuentas bancarias de beneficiarios'. Cuando de conformidad con las políticas de seguridad establecidas por el Comité de Seguridad del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación, se requiera efectuar pagos a beneficiarios finales cuyas cuentas bancarias necesiten un registro previo, los órganos cabeza del sector al cual pertenezcan los beneficiarios de los pagos, deberán realizar dicho registro en el sistema, con el fin que las entidades usuarias del aplicativo puedan hacer uso de tales cuentas.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Cámaras de Comercio. Administración de otros registros públicos
Decreto 4402 de 2006 (diciembre 7). Adiciona al artículo 10 del Decreto 898 de 2002 un numeral sobre 'Administración de otros Registros', ordenando que las cámaras de comercio, en su conjunto o individualmente consideradas, podrán administrar cualquier otro registro público de personas, bienes o servicios que se derive de funciones atribuidas a entidades públicas, con el objeto de conferir publicidad a actos o documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de vínculos contractuales de tipo habilitante que celebren con dichas entidades.

Superintendencia Financiera de Colombia

Fondos de pensiones obligatorias y de cesantía. Extractos
Circular Externa 044 de 2006 (diciembre 22). Se modifican las disposiciones contenidas en el Título IV de la Circular Básica Jurídica en materia de extractos de fondos de pensiones obligatorias y de cesantías reiterando la obligación de las sociedades administradoras de enviar, por lo menos trimestralmente, a todos sus afiliados y pensionados los extractos de sus cuentas de ahorro pensional. La anterior obligación involucra a quienes en cualquier momento, durante el período del extracto, hayan tenido el carácter de afiliados o pensionados del respectivo fondo. Se dispone que el envío de los extractos por parte de las sociedades administradoras se realice dentro de los treinta (30) días comunes siguientes al cierre de cada trimestre calendario. El envío de extractos por medios diferentes al correo sólo podrá realizarse respecto de los afiliados y pensionados que lo consientan de manera expresa. La remisión de extractos a afiliados y pensionados conforme a los formatos anexos y a las reglas contenidas en circular deberá realizarse a partir del 30 de junio de 2007. En materia de remisión de extractos a los afiliados de los Fondos de Cesantías se establece que la remisión periódica de extractos debe llevarse a cabo por parte de las sociedades administradoras por lo menos cada seis meses, con corte a 31 de marzo y 30 de septiembre. Se adopta un formato único anexo que deben utilizar todas las sociedades administradoras en la elaboración de los extractos, con el propósito de facilitar a los afiliados el control de sus cesantías y de ofrecerles información que sea comparable entre todos los fondos de cesantías. En relación con el envío se establece que los extractos deberán remitirse por correo a la dirección que el afiliado haya indicado expresamente para el recibo de correspondencia, sin perjuicio de que previa autorización de esta Superintendencia, la sociedad administradora utilice un medio distinto que brinde la suficiente idoneidad y seguridad para el envío de dichos extractos. Se exige así mismo que la utilización de tales medios quede consignada en el reglamento del fondo de cesantías y sólo pueda darse respecto de los afiliados que lo consientan de manera expresa. La remisión de extractos a los afiliados a los fondos de cesantías conforme al formato anexo y a las reglas contenidas en la presente circular deberá realizarse a partir del 30 de septiembre de 2007.

Memorando de entendimiento. Coordinación de actividades. Superintendencia Financiera de Colombia. Autorregulador del Mercado de Valores
Memorando del 21 de diciembre de 2006. Memorando de Entendimiento entre la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) y la Corporación Autorregulador del Mercado de Valores (AMV) suscrito con el objeto de fijar de manera general los principios que la SFC y AMV tendrán en consideración para la coordinación de las actividades que le corresponden a cada una de ellas en el mercado de valores de Colombia, dentro del ámbito propio de sus competencias. El memorando se suscribe considerando que la SFC tiene por objeto supervisar el sistema financiero y el mercado de valores colombiano para preservar la estabilidad del sistema, la integridad de los mercados y la protección del consumidor financiero aunado a que la Ley 964 de 2005 y el Decreto 1565 de 2006 establecieron la obligación de autorregulación para los intermediarios de valores y sus personas naturales vinculadas, autorizando para los entes autorreguladores funciones normativa, de supervisión y disciplinaria que propenderán por la protección del inversionista y el mantenimiento de la transparencia e integridad del mercado.

Oferta pública de adquisición. Instrucciones para su realización
Circular Externa 002 de 2007 (enero 22). Con el propósito de instruir las disposiciones sobre ofertas públicas de adquisición establecidas en el Decreto 1941 de 2006 se precisan aspectos relacionados con la liberación de límites mínimos y máximos, garantías en la realización de la OPA, información sobre el precio en el aviso y en el cuadernillo, condiciones de las cláusulas compensatorias o "Break Fee" y suscripción de acciones y autorización de una OPA.

Prospecto de información. Oferta pública de valores. Sistema de negociación. Registro Nacional de Valores y Emisores -RNVE.
Resolución 02375 de 2006 (diciembre 22). Por medio de esta resolución se establece el contenido del prospecto de información de que trata el artículo 1.1.2.4 de la Resolución 400 de 1995 expedida por la Sala General de la Superintendencia de Valores, con el fin de adoptar estándares que homogenicen el contenido y la presentación de los prospectos de información, a efecto de promover mayor transparencia y la eliminación de asimetrías en la información que se ofrece al mercado. El emisor deberá incluir en el prospecto toda aquella información que resulte necesaria para que los inversionistas puedan formarse una opinión acerca de las condiciones y características del valor que se ofrece; de las condiciones de la oferta; de la actividad, funcionamiento, organización y expectativas del emisor, los proyectos futuros, así como de los riesgos a que se puede enfrentar, metodologías y fuentes de información para la valoración; y la destinación de los recursos que se reciban como consecuencia de la emisión. También deberá incluir en el respectivo prospecto toda aquella información que, en adición a la información básica, considere relevante a fin de que los inversionistas comprendan las implicaciones positivas y negativas de la inversión a que se invita realizar. En caso de que la oferta se vaya a colocar simultáneamente en el extranjero, la información que sea requerida por el país o países en donde se cotizarán los valores hará parte del prospecto de información y se incluirá en el ejemplar que circule dentro del territorio nacional, en los términos que se establecen en esta resolución y en las demás normas que resulten aplicables. La resolución además incluye las características y el contenido del prospecto de información.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO)
Circular Externa 048 de 2006 (diciembre 22). Imparte instrucciones relativas a la adopción de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO) considerando el mayor uso de tecnología automatizada, la utilización de los contratos de red de oficinas, la proliferación de productos nuevos y altamente complejos, las adquisiciones, fusiones y consolidaciones empresariales, las operaciones entre entidades pertenecientes a un mismo grupo, etc., que hacen cada vez más importante la administración del riesgo operativo por parte de las entidades vigiladas. La Circular a) Pone de manifiesto la importancia de contar con una adecuada administración del riesgo operativo; b) Muestra que, aunque este riesgo no se puede categorizar como financiero, su sistema de administración no difiere en sus componentes ni elementos de uno típicamente financiero; c) Evidencia la importancia y coloca al mismo nivel la administración del riesgo operativo con las del riesgo de mercado, crediticio, de liquidez. La SFC establece el 1° de julio de 2007 como la fecha límite en la que todas las entidades deberán cumplir con los requerimientos establecidos en la presente Circular y expedirá, con anterioridad al 1º de julio de 2007, una lista de líneas operativas que deberá ser tenida en cuenta por las entidades en la construcción de su registro de eventos.

Sociedades calificadoras de valores. Comité técnico
Resolución 2167 de 2006 (noviembre 24). Dispone, entre otros, que el comité técnico a que hace referencia el numeral 2 del artículo 1.1.3.4 de la Resolución 400 de 1995, deberá estar conformado permanentemente por un número plural e impar de miembros principales, con sus respectivos suplentes personales, que acrediten la experiencia y el conocimiento técnico necesario para estudiar y aprobar las calificaciones sometidas a su deliberación. Dichos miembros tendrán voz y voto, y serán elegidos por la junta directiva de la sociedad calificadora para períodos fijos. Señala también que los miembros suplentes del comité técnico de calificación deberán contar con las mismas calidades de los principales.

Fondo de Garantías de Instituciones Financieras - Fogafín

Liquidación voluntaria. Instituciones financieras
Circular Externa 002 de 2006 (octubre 19). De conformidad con el Decreto 281 del 31 de enero de 2006 y en desarrollo de sus facultades de seguimiento, se establece la remisión de información a Fogafin por parte de los liquidadores de las entidades en liquidación voluntaria. Los informes requeridos son los relacionados con el 'Diagnostico Integral', 'Informe Anual de Presupuesto', 'Informe Trimestral' y 'Rendición de Cuentas', sin perjuicio que Fogafin solicite 'Informes Eventuales' en cualquier momento.

Seguro de depósitos. Sociedades de capitalización
Resolución 001 de 2006 (julio 4). La tarifa por concepto de prima por seguro de depósitos en el caso de sociedades de capitalización se determinará con base en la reserva matemática de cada entidad, sin descontar el valor de los créditos otorgados a los suscriptores de títulos de capitalización garantizados por los título.

Reseña General

Corte Constitucional

Bono pensional. Redención anticipada. Devolución de saldos. Régimen de ahorro individual
Sentencia T-707 del 22 de agosto de 2006. Expediente T-1336075. La constitucionalidad del artículo 61 de la Ley 100 de 1993 no es óbice para que su contenido se aplique atendiendo las particularidades de cada caso concreto. La incapacidad para cotizar y con ello acceder a los derechos del sistema de seguridad social debe ser ponderada por las autoridades a la luz de los derechos fundamentales de las personas a acceder a una pensión de vejez o a las alternativas de la Ley 100. El tutelante hizo uso de la excepción que la norma vigente al momento de su solicitud le brindaba. No se encuentra ninguna justificación para pensar que la derogación del artículo que contenía la excepción implique que la norma anterior no surtió efectos, como lo propone el Ministerio de Hacienda. El fenómeno de la derogación significa la cesación de los efectos determinados de una norma, a partir del establecimiento de otra norma con otros efectos. El tutelante manifestó al fondo de pensiones la imposibilidad de seguir cotizando hasta completar 500 semanas, en vigencia de una norma que le otorgaba justamente esa posibilidad para optar por negociar su bono pensional con el fin de solicitar la devolución de saldos. El requisito de cotizar las semanas en mención, para las personas de que habla el artículo 62-b de la Ley 100 de 1993 debe ser interpretado a partir del principio de equidad con el fin de que su exigencia no implique la restricción absoluta a los ciudadanos para acceder a los derechos de seguridad social.

Indexación. Primera mesada pensional
Sentencia C-862 del 19 de octubre de 2006. Expediente D-6247. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 260 (parcial) del Código Sustantivo del Trabajo. La indexación es el criterio empleado por el Congreso de la República para mantener la capacidad adquisitiva de las mesadas pensionales y la Ley 100 de 1993 la prevé en su artículos 21, respecto del ingreso base para la liquidación de la pensión de los trabajadores, e igualmente en su artículo 36 respecto del ingreso base para la liquidación de la pensión de vejez de las personas cobijadas por el régimen de transición previsto en el mismo estatuto. Corresponde al Legislador determinar los mecanismos para mantener la capacidad adquisitiva de las pensiones, y frente a la ausencia de una previsión legal al respecto, laguna normativa que afecta desfavorablemente algunos pensionados, como los cobijados por el artículo 260 del C. S. T., es preciso adoptar un criterio reparador de la afectación constatada. La indexación, al haber sido acogida por la legislación vigente para los restantes pensionados, es un mecanismo adecuado para la satisfacción de los derechos y principios constitucionales en juego. Por las anteriores consideraciones la Corte declara exequibles los numerales 1 y 2 del artículo 260 del C. S. T. en el entendido que el salario base para la liquidación de la pensión de jubilación de que trata este precepto deberá ser actualizado con base en la variación del índice de precios del consumidor IPC certificada por el DANE.

Ley 546 de 1999. Vía de hecho. Crédito de vivienda
Sentencia T-903 del 3 de noviembre de 2006. Expediente T-1418444. Interpretación constitucional realizada por la Corte al artículo 42 de la Ley 546 de 1999 sobre la terminación de los procesos ejecutivos. Doctrina constitucional. Vía de hecho en que incurren los jueces al desconocer la interpretación realizada por la Corte Constitucional del parágrafo 3º del artículo 42 de la Ley 546 de 1999. Reiteración de jurisprudencia.

Pensión. Cotización. Tutela. Solidaridad social
Sentencia T-727 del 24 de agosto de 2006. Expediente T-1.344.363. Se solicita el amparo constitucional de derecho de petición, al mínimo vital, a la igualdad y a la seguridad social, porque la una cooperativa, quien sustituye a su empleadora, omitió cotizar, en su nombre, al régimen de pensiones. Asiste la Sala a una litis enmarcada en el reclamo de quien aspira a que su empleador responda por el incumplimiento de su obligación de aportar cumplidamente a la Seguridad Social, para que más adelante el trabajador pueda disfrutar de la pensión de vejez y, en el ofrecimiento del patrono de resarcir parcialmente el daño, basado en la retribución anterior, aunque parcial del mismo. Estando por determinar si el patrono aportó concluida la relación laboral frente a la aspiración pensional actual de la ex trabajadora y su derecho a una indemnización total del daño causado, tendrá que ser la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, quien resuelva la controversia. Atendiendo al numeral 2° del artículo 95 constitucional, a cuyo tenor toda persona está obligada a obrar conforme el principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las personas, está claro que la accionada debe considerar el estado de cosas denunciada por la actora, particularmente su condición de sujeto de especial protección constitucional y así procurar solventar las diferencias existentes entre las partes a la mayor brevedad.

Pensión de sobrevivientes. Tutela
Sentencia T-836 del 12 de octubre de 2006. Expediente T-1378403. Contenido y alcance del derecho de petición en materia pensional. El proceso de tutela fue iniciado por la presentación de un derecho de petición por parte de la accionante solicitando el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes. Esta solicitud no fue la primera actuación realizada por la accionante, pues con antelación a la presentación de la mencionada solicitud, ya se había radicado ante las oficinas del ISS seccional una petición encaminada obtener el reconocimiento de dicha pensión. La Corte reitera que la dependencia económica no puede entenderse como una carencia total y absoluta de recursos, lo cual exigiría en términos prácticos que el solicitante se encontrase en situación de indigencia para que fuera procedente el reconocimiento del derecho pensional. Así, se prueba que la accionante reúne los requisitos materiales para que sea procedente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes por lo que, en consideración de las especiales condiciones en que se encuentra la accionante, la Sala de Revisión concede el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital y a la seguridad social.

Tutela. Derecho de petición. Pensión
Sentencia T-1071 del 12 de diciembre de 2006. Expediente T-1406888. Para el caso en estudio, si el recurso de reposición se presentó en abril de 2006 y la acción de tutela se interpuso en junio del mismo año, ya habían transcurrido 1 mes y 22 días, sin que el ISS emitiera alguna respuesta sobre el recurso de reposición que interpuso a la resolución que niega su pensión por no contar con el requisito de semanas cotizadas. Según lo dispuesto por el artículo 60 del C.C.A., ya se cumplió el término de 15 días para resolver el recurso de reposición interpuesto por la actora, es decir, no se resolvió de manera oportuna. En consecuencia, la Sala de Revisión revoca el fallo proferido el 6 de julio de 2006 por el Juzgado Cuarenta y Siete Penal del Circuito de Bogotá y en su lugar, concede la tutela por violación al derecho fundamental de petición.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Civil

Certificado de depósito a término CDT. Endoso. Extravío.
Sentencia del 5 de octubre de 2006. Expediente número 11001-31-03-024-1999-30782-01. El recurrente le enrostra al juez de segundo grado haber cometido error de hecho en la apreciación de los documentos que soportaron el registro del último endoso del CDT y de la Circular interna 045 de 23 de junio de 1994 expedida por el Banco demandado. El juez de segundo grado y el mismo Banco en su condición de obligado emisor del certificado, no podían exigir que el último tenedor del título acreditara la veracidad de los diversos actos de transferencia llevados a cabo alrededor del documento porque tal exigencia está expresamente prohibida y porque todos los traspasos del certificado de depósito se encuentran con la correspondiente nota de autenticidad. La circunstancia de haber perdido la promotora del proceso el certificado de depósito fue valorada por el tribunal para concluir que resultaba irrelevante en orden a establecer la responsabilidad deprecada, pues estimó que por tratarse dicho documento de un título valor de naturaleza nominativa, en el que conforme a la ley de su circulación el pago debe hacerse únicamente a quien figurase inscrito en el libro de registro que al efecto debe llevar su creador, la cancelación del certificado de depósito a término no se hubiera producido si el Banco no hubiese actuado con negligencia cuando en el señalado libro inscribió al tercero como titular del instrumento.

Intermediación financiera. Depositario y consignatario
Sentencia del 17 de octubre de 2006. Expediente 11001-31-03-025-1997-04931-01. El juzgador de segunda instancia se impuso averiguar si de la relación jurídica existente entre los contendientes, y que encontró acreditada el fallador de primer grado, o de la serie de servicios bancarios típicos que acepta la demandada y que realizó en ejecución de un contrato en que no era parte, se causó el daño que reclama la demandante y que el fundamento de las pretensiones estaba en la responsabilidad contractual, por lo tanto, debía determinar qué obligaciones estaban a cargo del banco demandado, y si ellas tuvieron o no cabal ejecución. Las obligaciones del Banco se enmarcaron dentro de la intermediación financiera, principalmente de verificación y trámite de la transferencia de dineros de a la empresa en donde se depositaba el dinero en cuenta bancaria y el banco demandado tramitaba la transferencia de dichos fondos, por lo tanto, no era del resorte del demandado responder por la existencia e integridad física de los bienes, pues su papel fue de intermediario financiero, no de consignatario, ni depositario, porque esa condición la ostentaban otras personas jurídicas. Si la pretensión se apoyó en la responsabilidad contractual por indemnización compensatoria, al no existir obligación que reemplazar por equivalencia, no existe lugar a su reconocimiento.

Pagaré. Hipoteca
Sentencia del 10 de octubre de 2006. Expediente 05001-31-03-014-2000-0138-0. El actor inició un proceso ordinario solicitando que se declarara que existió por parte de la demandada un desistimiento de la acción ejecutiva que ejercía en un proceso ejecutivo hipotecario promovido en contra suya y de los herederos del otro deudor; que el desistimiento fue aceptado por el juzgado; que el proceso en cuestión terminó con sentencia dictada por el Tribunal; que con el desistimiento y la sentencia concluyó toda relación con la demandada derivada del pagaré que sirvió de título ejecutivo; que la demandada es civilmente responsable de los perjuicios causados al actor por seguir reportándolo en las centrales de riesgo financiero y finalmente, que se condenara a la Caja Agraria a pagarle a título de perjuicios materiales una suma por daño emergente y lucro cesante, más perjuicios morales. La Sala observa que el Tribunal estimó que en el presente juicio no estaba demostrada ni la culpa de la demandada, ni el daño sufrido por el actor, ni la relación de causalidad entre aquella y éste, y en el cargo sub examine ninguna de las pruebas respecto de las cuales el recurrente endilgó yerro fáctico apunta a combatir el razonamiento del sentenciador atinente a la inexistencia de prueba, luego como contra tal apreciación no se ha reclamado debidamente, ni demostrándose que haya en ella error que la invalide, tampoco podría abrirse paso el recurso.

Seguro de vida grupo deudores
Sentencia del 17 de octubre de 2006. Expediente 11001-3103-008-1996-0059-01. El argumento que el Tribunal invocó para considerar que los demandantes carecían de derecho para solicitar el pago del seguro y que la única beneficiaria era la Caja Agraria, consistió en que, a partir del contenido específico de la póliza de seguro de vida grupo y del certificado individual de seguro correspondiente a la obligación pudo establecer que la suma asegurada equivalía al saldo insoluto de la deuda a cargo motivo por el cual concluyó que en ningún momento el valor asegurado podía superar la acreencia a favor de la Caja y, por tanto, no quedaría saldo alguno a favor del cónyuge y herederos como se reclama en la demanda.

Seguro de vida grupo deudores. Continuidad. Modificación del estado del riesgo
Sentencia del 12 de diciembre de 2006. Expediente 68001-31-03-001-2000-00137-01. La parte demandada admitió la existencia de un contrato de seguro vigente desde 1974 indicando que se trata de la continuidad del amparo de vida cubierto inicialmente por otras compañías de seguros. En las instancias nada se dijo acerca de que cada una de las modificaciones al contrato estuvo precedida de una etapa precontractual y de ofertas sucesivas y que en cada una de ellas el asegurado debía informar si había algún factor agravante del riesgo. Por la especificidad del seguro de vida, si se impone al asegurado el deber, ante cada modificación del seguro, de hacer la necesaria declaración sobre las modificaciones del estado de riesgo, no sólo se lo coloca en una etapa precontractual, incompatible con la tesis en casación de que se trata de un solo contrato, sino que se deja de aplicar la parte final del artículo 1060 del C. de Co. que para los seguros de vida excluye como causa de terminación la ausencia de notificación sobre la modificación al estado de riesgo. Nada explica el llamado a buscar etapas precontractuales fragmentarias para cada renovación, y menos imponer en cada una de ellas el deber de denunciar el estado de agravamiento del riesgo, porque se ha aceptado en el cargo que se trata de un único contrato y, porque para el seguro de vida, a la luz del artículo 1060 no se exige dar tal noticia sobre el agravamiento del estado de riesgo.

Seguro de vida grupo deudores. Reticencia del asegurado
Sentencia del 18 de octubre de 2006. Expediente 11001-31-03-040-1998-00129-01. La parte demandada propuso la excepción de nulidad relativa con apoyo en que hubo reticencia del asegurado en el momento en que se aprestaba a la celebración del contrato de seguro. El Tribunal no puso los ojos sobre la historia clínica del paciente, sobre sus antecedentes patológicos y sacó de contexto las demás pruebas, para tomar de ellas sólo aquello que conforta la idea de que la reticencia venía de la aparición del cáncer, dolencia que se manifestó con posterioridad al contrato de seguro, o de la hipertensión, enfermedad ésta conocida por el asegurador. Si el Tribunal no hubiera cometido estos errores, con seguridad hubiera concluido que efectivamente hubo reticencia del asegurado, pues no podía él, sin grave desmedro para el principio de buena fe, de tanta valía en el contrato de seguro, fingir de tal modo sobre su estado de salud para llevar a la celebración del contrato.

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Laboral

Pensión. Indexación. Primera mesada pensional
Sentencia del 8 de noviembre de 2006. Expediente 29032. El pedimento sobre la actualización de la primera mesada pensional, no cambia de identidad por los fundamentos jurídicos a que hubiere podido acudir el Juzgador para disponer el pago de la pensión o la forma de liquidarla. La manifestación de la sentencia proferida en el primer proceso es respecto a toda clase de indexación, ya sea que el ingreso base de liquidación se calcule sobre el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, o que se liquide en forma diferente. Por las razones anteriores, el cargo es próspero y el fallo del Tribunal será casado en su totalidad.

Pensión. Indexación. Ingreso base de liquidación
Sentencia del 14 de noviembre de 2006. Expediente 28807. Acta 80. Precisa la Corte que, en asuntos de las particulares características del caso presente, en los que no se devengó ni cotizó suma alguna en el tiempo que hacía falta para adquirir el derecho a la pensión, debe acogerse como salario devengado para ser actualizado, en los términos previstos por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el que conforme al artículo 73 del Decreto 1848 de 1969 sería el de tener en cuenta para conocer la pensión al demandante de no existir precepto que ordenara su actualización, es decir, el "promedio de los salarios y primas de toda especie" que éste haya devengado en el último año de servicios. La precitada solución, para la Sala, es la que más se ajusta al objetivo perseguido por el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y a una realidad no prevista por esa norma, como es que quien teniendo derecho a pensión no hubiese devengado suma alguna ni cotizado durante el lapso al que la misma se refiere.

Pensión. Régimen de transición. Indexación. Interés moratorio. Recurso de apelación
Sentencia del 28 de noviembre de 2006. Radicación 29988. La argumentación del impugnante fundada en que mientras no se cumplan los supuestos de edad y tiempo de servicio que configuran el derecho a la pensión de jubilación o vejez, sólo se tiene una expectativa en materia pensional, no es de recibo pues si bien, los aludidos presupuestos son los que dan lugar a tal derecho y que mientras no se reúnan ambos no puede hablarse de derecho adquirido, por lo que la ley puede variarlos o modificarlos, también lo es que ésta, como ha sido tradicional en el país, puede proteger tal expectativa y regular un régimen de transición manteniendo tales supuestos para aquéllas personas que están cerca de cumplir los exigidos por la ley pensional que se reforma, y eso fue precisamente lo que dispuso el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, que cobija al demandante y le permite reclamar de su empleadora, independientemente de la naturaleza jurídica de ésta, la pensión de jubilación conforme al régimen que lo amparaba al momento de entrar en vigencia la Ley 100 de 1993. La indexación de la pensión y los intereses moratorios son pretensiones que se encuentran sometidas a la condición de prosperidad de otra formulada en la misma demanda, pero no dejan de ser principales, y deben ser solicitadas por el actor. Si es deber del apelante limitar el recurso de apelación a determinados y especiales temas, sobre los cuales únicamente se podrá pronunciar la segunda instancia, es obligación suya manifestarse respecto a todas las pretensiones de la demanda, sean éstas autónomas o condicionadas respecto de las que discrepe.

Pensión. Trabajadores oficiales. Indexación. Interés moratorio
Sentencia del 28 de noviembre de 2006. Radicación 28419. En vigencia de la normatividad precedente a la Ley 100 de 1993, la cual rige para el asunto bajo examen, tratándose de trabajadores oficiales no son aplicables las mismas reglas dirigidas a los particulares, a propósito de la asunción del riesgo de vejez por el ISS, pues si bien los reglamentos del Instituto autorizaban la afiliación de servidores públicos vinculados por contrato de trabajo, no se previó en el estatuto pensional de éstos que el sistema del Seguro reemplazara absolutamente su régimen jubilatorio, como si aconteció para los particulares en el artículo 259 del C.S.T, y no se contempló por consiguiente una transición del uno al otro, de forma que este régimen jubilatorio subsistió a pesar de la afiliación de los empleados al ISS y, forzosamente, en estos términos, la coexistencia de sistemas debe armonizarse con arreglo a los principios de la Seguridad Social. Emerge legalmente viable la pensión en la forma en que fue reconocida por el Tribunal, esto es, a cargo de la entidad obligada, pero con la posibilidad para ésta de ser relevada en todo o en parte al iniciarse el pago por el ISS de la pensión de vejez. Debió actualizarse el valor del último salario promedio devengado por el demandante para establecer el de la pensión de jubilación, como acertadamente lo ordenó el Tribunal. La Corte mayoritariamente ha asentado que los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 son imponibles respecto de prestaciones concebidas por esa normatividad y no por disposiciones anteriores, como ocurre en este caso, es decir, "cuando se trata de una pensión que debía reconocerse con sujeción a su normatividad integral.

Pensión de jubilación. Compartibilidad
Sentencia del 14 de noviembre de 2006. Radicación 28098. No se discute que el actor prestó sus servicios personales como médico a las empresas a las cuales reemplazó la compañía de seguros de vida, y que su afiliación al ISS tan sólo se produjo después de 23 años y 6 meses de trabajar, sumado a que para cuando éstas le reconocieron el derecho a la jubilación, en 1987, contaba más de 60 años de edad. Luego, la pensión otorgada por las empresas correspondía a una de estirpe legal y no a una voluntaria de carácter temporal. Cuando el empleador no ha afiliado a sus trabajadores o su afiliación es tardía como en el presente caso, el patrono debe asumir el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, en las condiciones y bajo los parámetros como le hubiera correspondido asumirlo al Instituto de Seguro Social. Se puede concluir que la pensión reconocida en forma casi concomitante por el ISS a favor del actor, por cotizaciones realizadas por otra empleadora, es totalmente independiente a la concedida por las empleadoras iniciales y no podía tener la posibilidad de ser compartida bajo ningún aspecto.

Pensión de jubilación. Pensión por aportes. Título pensional
Sentencia del 19 de octubre de 2006. Radicación 26408. El Banco no estaba obligado a cotizar para pensión del actor antes de establecerse el ISS, ya que sólo hasta 1968 nace para éste la obligación de afiliar a sus empleados a dicho instituto por el riesgo de vejez. Antes de esa fecha (1968) no existía norma legal que obligara a los empleadores particulares a afiliar a sus empleados con menos de 10 años de servicios al ISS. Se establece que el Banco no podía ser catalogado como entidad de previsión social ni hacía las veces de tal. Es acertada la jurisprudencia citada por el Banco respecto de que si el trabajador tenía menos de 10 años en la empresa no tenía porque asumir la pensión. De conformidad con el Decreto 3041 de 1966 que aprobó el Acuerdo 224 de 1966, el Banco no tenía que asumir la pensión, así como tampoco estaba en la obligación de seguir cotizando por el trabajador hasta que cumpliera la edad mínima exigida por los reglamentos del ISS, y por tanto tampoco tiene la obligación de emitir el título pensional que se pide en la demanda.

Pensión de sobrevivientes. Cotización. Condición más beneficiosa
Sentencia del 18 de octubre de 2006. Radicación 25916. La Corte fijó el criterio según el cual para aplicar la condición más beneficiosa, en aquellos eventos en que la muerte de la persona ocurre en vigencia la Ley 100 de 1993, es necesario verificar que se haya cotizado 150 semanas dentro de los seis años anteriores a la fecha en la cual empezó a regir el nuevo sistema pensional, esto es, entre el 1º de abril de 1988 y el 1º de abril de 1994; y que se acredite como mínimo 150 semanas cotizadas dentro de los seis años anteriores al fallecimiento. En este último evento es factible sumar o computar las semanas cotizadas en vigencia de la Ley 100 de 1993. La razón está de parte de la recurrente, toda vez que el Tribunal efectivamente se equivocó, por cuanto restringió el alcance de las normas materia de examen, así como el postulado de la condición más beneficiosa, pues dejó huérfano de análisis el segundo de los supuestos estatuidos en el artículo 6º del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990.

Pensión restringida de jubilación. Indexación
Sentencia del 8 de noviembre de 2006. Referencia 27450. Advierte la Sala que el artículo 74 del Decreto 1848 de 1969, reglamentario del Decreto Ley 3135 de 1968, reguló la pensión restringida de jubilación por retiro voluntario para los trabajadores oficiales; pero en cuanto a los requisitos para la causación del derecho la redacción de esa normatividad es muy similar a la contenida en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961, sin que la jurisprudencia de la Sala haya prohijado la interpretación por la que aboga el recurrente en el sentido de que en las previsiones específicas de los trabajadores oficiales la exigencia de la edad sea necesaria para la configuración de la prestación, pues en sentir de la mayoría de los Magistrados, la edad es solamente un requisito de exigibilidad de dicha pensión. El recurso sólo cuestiona el aspecto de la indexación y dada la orientación jurídica del cargo, la Sala admite las conclusiones del Tribunal en el sentido de que se trata en el sub lite de una pensión de jubilación restringida por retiro voluntario. Referente al tema de la actualización de la primera mesada de pensiones legales distintas a las contempladas en el Sistema de Seguridad Social Integral que plantea el cargo, se remite a lo expuesto por la Sala en sentencia de 8 de abril de 2003 (radicado 19814).

Corte Suprema de Justicia
Sala de Casación Penal

Lavado de activos. Aceptación de la imputación
Sentencia del 5 de octubre de 2006. Proceso 25248. La conducta de transportar con la pretensión de introducir injustificada y clandestinamente al país o sacar de él, eludiendo todos los controles cambiarios, financieros, aduaneros y policivos una cantidad apreciable de dinero en efectivo, representado en moneda extranjera, como otra de las modalidades utilizadas para el blanqueo de capitales, no solamente es punible en nuestra legislación, sino que la consagración como delito corresponde precisamente al cumplimiento de compromisos internaciones adquiridos por Colombia, con el fin de prevenir, controlar y reprimir la práctica de actividades que afectan el normal funcionamiento de las economías internas de cada uno de los países, como consecuencia del ingreso o salida de recursos de contenido económico provenientes de actividades delictivas. La controversia gira sobre la posibilidad de retractación por parte del imputado que acepta los cargos que la fiscalía le ha formulado y del momento procesal hasta el cual tal retractación puede presentarse.

Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo

Crédito de vivienda. Reliquidación. UPAC. DTF
Sentencia del 25 de octubre de 2006. Radicación: 11001-03-27-000-2004-00037-01 -14617. Acción de nulidad del Decreto 2702 del 30 de diciembre de 1999. Concluye la Sala que en vigencia de la disposición contenida en el artículo 41, parágrafo 1º de la Ley 546 de 1999, el Gobierno Nacional estaba facultado para determinar válidamente la equivalencia entre la DTF y la UPAC, para efectos de la liquidación de los saldos de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual a largo plazo. La declaratoria de inexequibilidad de la disposición que confería al Gobierno Nacional la facultad para establecer la equivalencia entre la DTF y la UPAC para efectos de la liquidación de los saldos de los créditos destinados a la financiación de vivienda individual de largo plazo, sólo surtió efectos a partir de la fecha en que se profirió la Sentencia C-955 del 26 de julio de 2000, y no afectó la validez de la metodología establecida por el Gobierno para fijar la equivalencia, en tanto fue establecida en vigencia de la norma declarada inconstitucional, como expresamente lo consideró la Corte, por tanto no hay razón para declarar la nulidad del Decreto demandado.

Enajenación de acciones. Practica de pruebas
Sentencia del 11 de septiembre de 2006. Expediente 11001-03-27-000-2005-00055-00-15739. Se instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el numeral (iii) de la regla 2ª del artículo 7° y el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 2540 de 22 de julio de 2005 "por el cual se aprueba el programa de enajenación de las acciones que el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras posee en Granahorrar". A título de Restablecimiento del Derecho se solicitó que se ordene al Gobierno Nacional ofrecer en venta al demandante la totalidad de las acciones que posee el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras en Granahorrar. El apoderado judicial de Fogafin, y un tercero solicitaron que se les tuviera como parte impugnante dentro del proceso y pidieron además, que se tuvieran en cuenta las pruebas allegadas por el primero y se decretara la práctica de las solicitadas por el segundo. La Sala estima que no se hace necesario que se allegue la declaración de renta del demandante ni que informe sobre su participación en la venta de acciones de Granahorrar, máxime si se tiene en cuenta que tales probanzas, informarían sobre la situación particular del actor y debe tenerse de presente que en el asunto en estudio, la sentencia emitida no generaría el restablecimiento automático del derecho particular lesionado, sino que tendría efectos erga omnes, es decir, frente a todas las demás personas que adquirieron las acciones.

Impuestos. Ingresos. Rendimientos financieros
Sentencia del 17 de noviembre de 2006. Radicado 14536. El fondo del debate consiste en establecer si es procedente hacer estimación de ingresos por rendimientos financieros que, en criterio de la Administración, debieron producir las inversiones de recursos de la sección de ahorros del Banco actor, para adicionarlos a la base gravable del impuesto de industria y comercio, liquidar un mayor tributo y aplicar sanción por inexactitud. La Administración teniendo en cuenta que los rendimientos, la utilidad en la venta de inversiones y los dividendos y participaciones recibidos por el Banco no se encuentran discriminados en la contabilidad del contribuyente para comprobar si tales recursos provienen o no de la sección de ahorros, aplicó el estimativa previsto en el artículo 117 del Decreto Distrital 807 de 1997, pues agotado el proceso de investigación tributaria el Banco no demostró en su contabilidad, el monto de los ingresos brutos registrados en sus declaraciones. La sanción por inexactitud impuesta se confirma pues el Banco no incluyó en la base gravable ingresos obtenidos por inversiones provenientes de la sección de ahorros, omisión que generó un menor impuesto a pagar sin que se acepte diferencias de criterio, dado que los datos declarados no fueron ciertos y verdaderos.

Impuestos. Sección de ahorros. Rendimientos. Revisor fiscal
Sentencia del 26 de octubre de 2006.
Referencia 25000232700020020001901. Número Interno 14507. Las instituciones financieras pueden invertir los recursos de la sección de ahorros en títulos, en cuyo caso los rendimientos estarían gravados con el impuesto 'industria y comercio. El representante legal del actor sostuvo que enajenó los títulos adquiridos por concepto de inversiones obligatorias, y que los ingresos provenientes de la enajenación se colocan en cartera, sobre cuyos intereses el banco tributa industria y comercio, cuenta PUC 4102. Afirmó, también, que las inversiones voluntarias se realizan con recursos propios (capital) y no provienen de dinero captado en cuentas de ahorro. El Banco no demostró, con su contabilidad, que las inversiones se realizaron con recursos diferentes a los provenientes de la sección de ahorros. Lo anterior, porque el revisor fiscal certificó de manera general los rendimientos de las inversiones. Para que la certificación del revisor fiscal o contador público tenga el carácter de prueba contable suficiente debe contener algún grado de detalle en cuanto a los libros, cuentas o asientos correspondientes a los hechos que pretenden demostrarse. Como el Banco no incluyó en la base gravable los ingresos obtenidos por inversiones de dineros provenientes de la sección de ahorros, y tal omisión generó un menor impuesto a pagar es procedente la sanción por inexactitud, sin que sea dable aceptar diferencias de criterios, dado que los datos declarados no fueron ciertos y verdaderos.

Impuestos. Sanción. Liquidación forzosa administrativa
Sentencia del 14 de noviembre de 2006. Radicación 15334. No se desconoce que existe una causa legal derivada del proceso administrativo de liquidación forzosa, en virtud de la cual, la sociedad intervenida queda impedida para cumplir con el pago de las acreencias a su cargo, pues la satisfacción de éstas sólo es posible en la medida en que se agoten los trámites que la ley ordena para el efecto, los cuales no dependen de la voluntad del funcionario liquidador designado, quien está obligado a cumplir su gestión dentro de los límites legales, tal como se deduce de las disposiciones contenidas en los artículos 292 y 300 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. No es posible exigir el pago efectivo de los mayores valores aceptados por la actora, para negarle el derecho al beneficio de la reducción de la sanción por inexactitud, toda vez que existe un reconocimiento expreso del crédito fiscal en el proceso de liquidación forzosa, que comprende los valores que se originen en las correcciones efectuadas por la contribuyente, tal como consta en los antecedentes reseñados, que son precisamente los determinados en la declaración de corrección presentada.

Seguro de cumplimiento. Contrato de leasing. Intereses de mora
Sentencia del 26 de octubre de 2006. Radicación 02402-144010. Procede hacer efectiva la garantía otorgada para hacer efectivo el pago de las sumas aducidas por la importadora, pues el objeto de la misma fue garantizar la finalización de la importación temporal leasing en los plazos señalados en la declaración y el pago oportuno de los tributos aduaneros. El riesgo amparado no sólo es el capital, que son las respectivas cuotas, sino también los intereses de mora, obligación accesoria que surge cuando no es oportuno el pago de la obligación principal. Lo anterior no contradice los principios de justicia, equidad y proporcional del régimen impositivo, pues se trata de exigir el cumplimiento de una prestación legal.

Seguro de cumplimiento. Siniestro. Mandamiento de pago
Sentencia del 11 de octubre de 2006. Radicación 28849. Se advierte la existencia de una obligación clara, expresa y exigible a cargo del ejecutado y a favor del ejecutante, habida cuenta que es demostrativo de una reciprocidad de deberes y obligaciones entre las partes y del incumplimiento por parte del ejecutado a las convenciones allí establecidas. No acertó el Tribunal al estimar que la circunstancia de no haber establecido el acto administrativo de caducidad la suma expresa que debería cancelar la aseguradora era motivo para negar el mandamiento de pago. Cuando el título de ejecución es complejo, es decir, que está integrado por una pluralidad de documentos, la notificación de las resoluciones que declaran la ocurrencia del siniestro son suficientes para el surgimiento de la obligación que por esta vía pretenda reclamarse, siempre que de los otros documentos pueda inferirse la naturaleza y monto de la obligación a cargo del deudor.

Seguro de cumplimiento. Título ejecutivo
Sentencia del 12 de octubre de 2006. Radicación 76001-23-31-000-2003-4815-01. Señala la Sala que de las pruebas contenidas en el expediente se observa que los documentos aportados por el actor no constituyen título ejecutivo, como bien lo dijo el Tribunal, toda vez que los mismos no contienen una obligación clara, expresa y exigible a cargo de la aseguradora y a favor del Departamento del Valle del Cauca, en los términos del artículo 488 del C.P.C. Cuando se pretende ejecutar el acta de liquidación final del contrato, la Sala ha expresado que dicho documento presta mérito ejecutivo por si solo, toda vez que finiquita la relación existente entre las partes del negocio jurídico y contiene el ajuste final de cuentas, pero dicho mérito ejecutivo solo se predica de las obligaciones a favor de la Administración o del contratista, cuando alguna de esas partes pretende cobrarla ejecutivamente, debido a que sólo quedan sentadas las obligaciones a cargo de ellas. En relación con el posible cobro contra las aseguradoras, la Administración está facultada para dictar actos administrativos que declaren la ocurrencia del siniestro, con el fin de hacer efectiva la garantía constituida por el contratista, el cual, una vez en firme, constituye título ejecutivo siempre que contenga una obligación clara, expresa y exigible.

Seguros. Llamamiento en garantía. Póliza de seguro
Sentencia del 12 de octubre de 2006. Expediente 26969. El vínculo en que se sustentó el llamamiento en garantía realizado a la entidad recurrente, es el contrato de seguro existente entre la Caja de Subsidio Familiar y la Compañía de Seguros, coaseguradora junto con dos aseguradoras, y contenido en dos pólizas expedidas por la compañía lo que permitiría admitir la procedencia del llamamiento en garantía. A falta de prueba sobre la existencia de la cláusula compromisoria, el llamamiento en garantía debe prosperar pues se trata de una acción de reparación directa. La carga de la prueba está a cargo del apelante, quien debe desvirtuar la existencia de los requisitos formales y esenciales del llamamiento en garantía. La simple enunciación en el recurso de la falta de competencia de la jurisdicción no es suficiente para lograr la revocatoria del auto apelado. El apelante manifestó que de acuerdo con las pólizas de seguro de responsabilidad extracontractual expedidas, existe cláusula compromisoria. Sin embargo, el actor desconoció que sobre dichas pólizas el Tribunal negó el llamamiento en garantía. Por ello, el auto apelado es confirmado ya que el apelante no demostró la existencia de cláusula compromisoria en las pólizas de seguros sobre las cuales se aceptó el llamamiento en garantía.

Seguros. Llamamiento en garantía. Póliza global bancaria
Sentencia del 12 de octubre de 2006. Expediente 27930. Al existir una manifestación expresa e inequívoca de las partes, como la contenida en la Póliza de Manejo Global Bancario es claro que se pierde competencia para pronunciarse sobre la eventual responsabilidad surgida con fundamento en la póliza de seguro, más aún cuando las partes libremente no han renunciado a la jurisdicción arbitral. Una vez las partes han decidido desplazar el conflicto del conocimiento del juez natural, solamente ellas pueden, mediante la renuncia de la cláusula compromisoria, retrotraer sus actos y devolver las cosas a su estado natural permitiendo que nuevamente sea el juez contencioso administrativo quien dirima el conflicto suscitado. Por ello, se justifica la negación del llamamiento en garantía de las aseguradoras, toda vez que los alcances del vínculo contractual del cual se valió el Banco para provocar la decisión apelada, deben ser establecidos por la justicia arbitral, a quien le corresponde definir las obligaciones a cargo de las partes de ese negocio jurídico.

Seguros. Llamamiento en garantía. Tribunal de arbitramento
Sentencia del 12 de octubre de 2006. Expediente 26969. El vínculo en que se sustentó el llamamiento en garantía realizado a la entidad recurrente, es el contrato de seguro existente. La Sala ha manifestado que, en caso de haberse pactado cláusula compromisoria, según la cual, todas las diferencias que surjan del contrato serán resueltas por un Tribunal de Arbitramento, se limita el conocimiento de los conflictos surgidos de dichas obligaciones a una jurisdicción especial, y por lo tanto, se excluye del conocimiento de la jurisdicción administrativa. En esas situaciones, la Sala ha reiterado su jurisprudencia en el sentido de recalcar que las controversias surgidas con ocasión de la aplicación y ejecución del contrato de seguro, no son de competencia de esta Jurisdicción, lo que justifica la negación del llamamiento en garantía. Se advierte que a falta de prueba sobre la existencia de la cláusula compromisoria, el llamamiento en garantía debe prosperar toda vez que se trata de una acción de reparación directa y se solicitó dentro del término de fijación en lista.

Toma de posesión. Liquidación forzosa administrativa. Fogafin
Sentencia del 11 de septiembre de 2006. Referencia 13694. Frente a la cesación en el pago de sus obligaciones, la entidad financiera no puede continuar ejerciendo su objeto social, por lo que se impone que la Superintendencia tome posesión. Tampoco es válido sostener que la toma de posesión del Banco para su liquidación comportó una tratamiento desigual frente a otras entidades que tuvieron una solución económica diferente a la liquidación pues no se aportan elementos fácticos que permitan comparar y demostrar que el Banco se encontraba en condiciones iguales para pretender que debía recibir un trato idéntico. No tienen fundamento para declarar la ilegalidad del acto demandado argumentos como que Fogafin no cumplió oportunamente con reglamentar las líneas de crédito, que se tenían requisitos difíciles de cumplir o que fue ambigua las condiciones de créditos. La ley otorgó unas facultades a la Superintendencia para intervenir el sector financiero con medidas como la de liquidación obligatoria de las instituciones cuando se dan las condiciones legales para ello y cuando en su criterio son necesarias para mantener la estabilidad general del sistema, por lo que para la Sala su actuación en este caso tiene sustento legal, pues no se demostró que fuesen desproporcionadas o inadecuadas por lo que debe reconocerse ajustada a derecho la actuación administrativa demandada.

Tutela. Centrales de información. Bases de datos
Sentencia del 5 de octubre de 2006. Radicación 19001-23-31-000-2006-00743-01. El accionante cumplió condena impuesta por el delito de lesiones personales y solicitó al Juzgado se ordenara a la Registraduría Nacional del Estado Civil la rehabilitación en sus derechos y funciones públicas, por lo cual el Juez impartió la orden. La entidad accionada por medio de resolución rehabilitó la cédula de ciudadano, restableciendo su vigencia. Estando en curso la acción de tutela la Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó la actualización de la base de datos de conformidad con el convenio 003 de 8 de junio de 2005 a las entidades Datacrédito, Computec, Cifinia y Sagem. El accionante pretende que se rehabiliten sus derechos y funciones públicas, con la finalidad de obtener el crédito de un banco que fue aprobado. De la jurisprudencia, la normatividad transcrita y del análisis del caso sub examine es procedente declarar la cesación de la omisión impugnada, pues tal como obra en el expediente, ya fue rehabilitada la cédula de ciudadanía para que ejerza su derechos políticos consagrados en el artículo 40 de la Constitución Política y se ordenó la actualización de los datos en las centrales de riesgos, por lo que se considera que ha desaparecido la vulneración o amenaza.

Reseña General

Consejo de Estado - Sala de Consulta y Servicio Civil Bono pensional. Ingreso base de liquidación Concepto 1541 de 2003 (diciembre 16). (Autorizada la publicación con oficio 032132 del 20 de noviembre de 2006). La Sala responde la consulta del señor Ministro de Hacienda y Crédito Público, doctor Alberto Carrasquilla Barrera, acerca del salario base que se debe tener en cuenta para la liquidación de los bonos pensionales tipo A. La Sala reitera que el presente concepto se emite advirtiendo la existencia de eventuales vicios de inconstitucionalidad del Decreto Ley 1299 de 1.994, en especial de los artículos 4° y 5° literal a). Como regla general, los bonos pensionales Tipo A, modalidad 2, deben liquidarse con base en el salario devengado y reportado al ISS por el empleador a junio 30 de 1.992. Excepcionalmente, y sólo cuando el ISS certifique que carece de información sobre el salario devengado por el trabajador en fecha base FB, la ley permite que el empleador certifique, hoy en día, el salario devengado y reportado en FB. La certificación del empleador debe hacerse sobre bases documentales verificables que llenen los requisitos legales. Si el empleador se niega a certificar por cualquier razón o certifica sin llenar los requisitos legales, el bono debe expedirse con base en la información que tenga el 155, sin perjuicio de las acciones judiciales que puedan adelantarse para demostrar el salario real devengado por el trabajador en FB. Sobre la consulta de responsabilidades del empleador y/o de la Nación, se contesta que el empleador responde por el daño causado al trabajador cuando, por error o por dolo, cotizó al ISS en una categoría salarial inferior a la que le correspondía de acuerdo con el salario devengado. La Nación debe responder por el mayor valor del bono que se genere cuando el salario devengado en FB por el trabajador, era superior a 10 SMLM y se cotizaba en ese tope, es decir, en la categoría 51, de acuerdo con los procedimientos y requisitos estudiados en este concepto y sin pasar de 20 SMLM. Procuraduría General de la Nación Sistema general de pensiones -Reforma pensional Boletín número 426 de 2006 (noviembre 28). La eliminación de la mesada 14 es inconstitucional. Por vicios de procedimiento, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la reforma pensional que establece la eliminación de la mesada 14. El inciso 8° del Acto Legislativo 01 de 2005 objeto de demanda señala: "Las personas cuyo derecho a la pensión se cause a partir de la vigencia del presente Acto Legislativo no podrán recibir más de 13 mesadas pensionales al año. Se entiende que la pensión se causa cuando se cumplen todos los requisitos para acceder a ella, aún cuando no se hubiese efectuado el reconocimiento". El ministerio público consideró que existió un vicio de procedimiento en la aprobación de dicha norma, al no surtir el trámite correspondiente en el Senado de la República, pues en la sesión plenaria de segunda vuelta fue negada al no recibir el voto positivo de la mayoría de sus integrantes (se requerían mínimo 52 votos para su aprobación, y sólo se depositaron 45), razón por la cual era improcedente volver a reconsiderar y votar la norma demandada en el mismo debate. La Procuraduría señaló que el Congreso en sus actuaciones debe ceñirse al procedimiento constituyente y legislativo, como prenda de garantía de la democracia y del respeto a las minorías, por lo que el resultado de una votación debe preservarse y no reconsiderarse en el mismo debate. Dirección General de Impuestos y Aduanas Nacionales - Dian Fiducia en garantía, administración y pago. Pérdida en el contrato de fiducia. Impuesto de renta Concepto 101626 de 2006 (diciembre 1). Se solicita precisar si la pérdida arrojada en la ejecución de un contrato de fiducia de administración, garantía y pago es computable como un gasto deducible para el beneficiario. Tratándose de los contratos de fiducia de administración; garantía y pago, en donde el cliente o fideicomitente no se desprende de la propiedad de los bienes, sino que la fiduciaria obra como administradora de los mismos, debe tenerse en cuenta que dicho contrato es un mandato. Así las cosas, no es posible hablar de pérdida en los contratos de fiducia en garantía, administración y pago, por cuanto la pérdida fiscal se obtiene una vez depurados la totalidad de los ingresos percibidos por el fideicomitente. Gravamen a los movimientos financieros GMF. Exención. Transferencias de compensación interbancaria Concepto 099733 de 2006 (noviembre 24). Se consulta si está exenta del GMF la transacción denominada "retiro en efectivo" de la cuenta de depósito del Banco de la República a través del Banco comercial respectivo con finalidad exclusiva de alimentar los cajeros automáticos, dentro del ciclo de compensación interbancaria que se realiza bajo la actividad de una administradora de un sistema de pagos de bajo valor. Se indica en la respuesta de la DIAN que la exención se refiere a las transacciones ocasionadas por la compensación interbancaria de que trata el numeral 6º del artículo 879 del Estatuto Tributario, con respecto a las cuentas que poseen los establecimientos de crédito en el Banco de la República y no a otro tipo de entidades. Por ende, las sociedades de servicios técnicos y/o administrativos, diferentes de los establecimientos dé crédito que para reponer el dinero suministrado a los clientes en los cajeros automáticos acuden por intermedio de un banco comercial, al Banco de la República, no están amparadas por la exención. Al no estar expresamente señalada la operación de compensación interbancaria como exenta en cabeza de personas diferentes a las entidades de crédito, no es posible considerarla como tal para las entidades de servicios que en realidad no realizan esta operación en los términos consagrados en la ley.