El artículo 19 de la  Ley 1328 de 2009 se refiere a la Terminación en el ejercicio de las funciones del Defensor del Consumidor Financiero DCF, estableciendo como únicas causales para la terminación definitiva las siguientes:

• Muerte.
• Falta definitiva por incapacidad.
• Renuncia.
• Cancelación de la inscripción en el Registro de Defensores del Consumidor Financiero RDCF,  por parte de la SFC.
• Revocatoria de la posesión ante la SFC.
• La designación de un nuevo DCF por vencimiento del período.
• Haber incurrido en algunas de las causales señaladas en los incisos 3º y 4º del numeral 5 del artículo 53 del EOSF (v.gr. por comisión de delitos contra el patrimonio económico, lavado de activos, enriquecimiento ilícito; por declaración de extinción de dominio; por sanción como soncecuencia de violación anormas sopbre cupos individuales de crédito; por responsabilidad en el manejo de negocios en cuya dirección o adminsitración hayan intervenido, de conformidad con lo establecido en esas normas).

Al efecto, el inciso tercero del Decreto 2281 de 2010 establece que en caso de terminación definitiva en el ejercicio de las funciones,  la SFC cancelará la inscripción en el RDCF. 
En todos los casos, salvo la designación de nuevo DCF por vencimiento del período, el suplente asumirá como principal al tenor de lo establecido en el último inciso del artículo 3 del Decreto 2281 de 2010, incluido en el Decreto ünico del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, número 2555 de 2010; así,  la junta directiva o el consejo de administración designará a un nuevo DCF suplente. Igual procedimiento se seguirá cuando sea el suplente quien incurra en alguna de las citadas causales y en ambos casos los DCF así nombrados ejercerán las funciones temporalmente hasta que el máximo órgano de la entidad designe el o los DCF, según corresponda.

En este sentido, la reciente normativa hace total claridad sobre las únicas causales de terminación en el ejercicio de las funciones del DCF, lo cual igualmente garantiza su  independencia y autonomía y,  por ende,  propicia un fortalecimiento de esta institucion de protección administrativa de los consumidores financieros.