TRM del día 3046.7616/08/2018
Requisitos para acceder a la reestructuración de los créditos hipotecariosRequisitos para acceder a la reestructuración de los créditos hipotecarios

Requisitos para acceder a la reestructuración de los créditos hipotecarios

La Corte Constitucional ordenó en la Sentencia 813 de 2007 lo que sigue:

“Decimosexto.- 16.1. Los efectos de esta sentencia se surten a partir de la fecha y se extienden con carácter general a todos los procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999, y que se refieran a créditos de vivienda, y en los cuales no se haya registrado el auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela.

16.2 En consecuencia, con el fin de asegurar la terminación del proceso ejecutivo hipotecario y el archivo del expediente, el juez civil respectivo, en estos casos:

(a) procederá a solicitar al deudor que manifieste si está de acuerdo con la reliquidación y, en caso de objeción, la resuelva de conformidad con los términos establecidos en la ley;
(b) definida la reliquidación, sujetándose a las condiciones fijadas en la parte motiva de esta sentencia, el juez procederá de oficio a dar por terminado el proceso, sin que haya lugar a condena en costas. En la misma providencia, ordenará al acreedor que reestructure el saldo de la obligación, e impartirá las demás órdenes que correspondan, según las circunstancias del caso. Si entre el 16 de agosto de 2006 y el 4 de octubre de 2007, se hubiere registrado el auto aprobatorio del remate o de adjudicación del inmueble, y no se hubiere hecho la entrega material del bien, el juez civil ordenará la cancelación de este registro y el reembolso del dinero al rematante a cargo de la entidad ejecutante.
(c) Para los efectos anteriores, el juez también ordenará a la entidad financiera ejecutante que reestructure el saldo de la obligación vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999. La reestructuración deberá tener en cuenta criterios de favorabilidad y viabilidad del crédito, así como la situación económica actual del deudor. En todo caso, deberá atender a las preferencias del deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen. En el caso en el que exista un desacuerdo irreconciliable entre la entidad financiera y el deudor corresponderá a la superintendencia financiera definir lo relativo a la reestructuración del crédito en estricta sujeción a los criterios mencionados y dentro de un plazo no superior a treinta (30) días, contados a partir de la solicitud presentada por cualquiera de las partes. En ningún caso podrá cobrarse intereses causados antes de definida la reestructuración del crédito. No será exigible la obligación financiera hasta tanto no termine el proceso de reestructuración.”

1. Presupuesto fundamental

Conforme lo indicado, el presupuesto fundamental para que esta Superintendencia “defina la reestructuración es que exista un “desacuerdo irreconciliable.” Para que se dé este presupuesto se requiere que haya existido un contacto real entre acreedor y deudor, una discusión previa sobre los términos de la propuesta y una disconformidad irreconciliable entre esas partes sobre los términos de la propuesta.

2. Criterios que debe considerar la reestructuración:
  • Favorabilidad
  • Viabilidad del crédito
  • Situación económica actual del deudor
  • Preferencias del deudor sobre alguna de las líneas de financiación existentes o que se creen
3. Condiciones exigidas por la sentencia
  • Reliquidación del crédito en los términos de la Ley 546 de 1999
  • Créditos de vivienda
  • Procesos ejecutivos en curso, iniciados antes del 31 de diciembre de 1999 en los que no se haya registrado el auto de aprobación del remate o de la adjudicación del inmueble y respecto de los cuales no se hubiere interpuesto tutela.
El valor a reestructurar será el saldo de la obligación vigente a 31 de diciembre de 1999, de conformidad con la Ley 546 de 1999 y la sentencia C-955 de 2000 y sin el cómputo de los intereses que pudieren haberse causado desde el 31 de diciembre de 1999.

4. Documentación.

Cualquiera de las partes (acreedor o deudor) puede solicitar que se defina la reestructuración. Para ello deberá adjuntar a la solicitud:
  • Copia del Auto o fallo judicial que ordene la terminación del proceso y la reestructuración conforme a los parámetros de la Corte Constitucional.
  • Copia del auto admisorio de la demanda, si en el auto o sentencia de terminación no aparece la fecha de inicio del proceso.
  • Documento en el que consten las preferencias del deudor sobre las líneas de financiación existentes o que se creen
  • Certificado de libertad y tradición del inmueble.
  • Informe si sobre la obligación existente hay demanda en curso, ante qué juzgado y cuál es el objeto de la misma
  • Datos del deudor y/o acreedor: nombres completos y dirección de notificación
  • Si el acreedor no es establecimiento de crédito: Prueba de la cesión de la hipoteca y del endoso del pagaré (Es necesario pagaré y/o escritura de hipoteca): verifica legitimación
  • Si el acreedor es persona jurídica no vigilado: Certificado de existencia y representación
  • Propuesta de reestructuración con indicación de los aspectos en los que se presentó desacuerdo irreconciliable.
  • Documentación que demuestren la situación económica actual del deudor, así:
Si tiene relación laboral:
  • Carta laboral.
  • Comprobante de pago último mes.
  • O Declaración de Renta
  • Documentos que soporten otros ingresos (si aplica)
  • Relación de gastos familiares y en qué proporción los asume el deudor
Si es pensionado:
  • Comprobante último mes mesada pensional
  • O Declaración de Renta
  • Documentos que soporten otros ingresos (si aplica)
  • Relación de gastos familiares y en qué proporción son asumidos por el deudor.
Si es independiente
  • Declaración de Renta.
  • O Estados financieros (Balance y Estado de Resultados)
  • O Documentos que soporten sus ingresos ( extractos, contratos de arriendo, entre otros).
  • O Certificación de contador Público que relacione la actividad y los ingresos generados de la misma.
  • Relación de gastos familiares y en qué proporción son asumidos por el deudor.

Nota: El alcance de las facultades de la Superintendencia Financiera respecto de lo ordenado por la Corte Constitucional se efectúa en cumplimiento de una orden judicial mediante expedición de acto administrativo motivado susceptible de recurso de reposición en los términos del artículo 335 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero .”


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    Última fecha de actualización : 03/05/2018
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