17° Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
Julio 13 de 2017
Hace dos años tuve la oportunidad de dirigirme a Ustedes en este mismo escenario con ocasión del 15ª Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y, en desarrollo del mismo, tuve la posibilidad de compartir diferentes impresiones y expectativas en estas materias, pero especialmente hice énfasis respecto de lo que sería el proceso de evaluación que, en desarrollo de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas, le realizaría el Fondo Monetario Internacional en el 2017 a todo el Sistema Colombiano de Prevención del Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el propósito de verificar tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de la aplicación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI.
En aquella ocasión, consciente de la importancia de obtener un excelente resultado en la evaluación, comenzó la Superintendencia Financiera de Colombia junto con todas las autoridades involucradas en el andamiaje nacional para la persecución de los citados delitos, incluyendo a los encargados de la prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación, así como con la CCICLA, los sujetos obligados, la industria, la academia y los gremios dentro de los cuales se encuentra la Asociación Bancaria de Colombia - a quien una vez más le doy las gracias por su invitación a participar en este importante foro -, a trabajar de manera conjunta en un proceso de preparación que quiero resaltar el día de hoy, pues constituye no sólo la forma para evidenciar la fortaleza del sistema y de las instituciones que lo conforman, así como la integridad y el rol de las personas que, como Ustedes, fungen como Oficiales de Cumplimiento, sino una muestra fehaciente de la capacidad de interacción y coordinación entre los diferentes actores para la consecución de un mismo objetivo, quedando evidenciado una vez más que estamos en condiciones de asumir y de enfrentar propósitos comunes como los que en esta oportunidad nos motivaron a desempeñar un papel protagónico.
La evaluación como tal inició en abril de 2016, fecha en la cual la UIAF solicitó a las autoridades diligenciar y remitir por primera vez a través de su conducto al equipo evaluador conformado por ocho expertos técnicos internacionales, liderado por el señor Antonio Hyman Bouchereau, los formularios de cumplimiento técnico y de efectividad.
El proceso se fue materializando desde esa fecha y durante todo el primer semestre de 2017, con el suministro de la información que de manera complementaria fue solicitada por los evaluadores y que demandó un esfuerzo adicional para los protagonistas con el propósito de poderles evidenciar la integridad y la completitud de la misma.
Del 5 al 22 de junio de 2017 se desarrolló la visita “In Situ” por parte del equipo designado para el efecto y durante su ejecución participaron más de 90 entidades públicas y privadas, dentro de las cuales - algo más del cincuenta por ciento (50%) - correspondieron a Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o a los gremios que las representan.
Luego de la visita “In Situ”, el equipo evaluador cuenta con un plazo de seis meses para elaborar el informe que será revisado tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el país antes de ser presentado y ratificado en la plenaria del GAFILAT, la cual se realizará en diciembre de 2017 en Puerto Vallarta (México). Durante este periodo, el Sistema Colombiano de Prevención y Represión LA/FT deberá estar dispuesto a atender los requerimientos de información que sean realizados por los evaluadores con el propósito de completar, ajustar y afinar el informe final para que éste sea lo más cercano a la realidad. Los resultados del proceso de evaluación definitivo se conocerán en el primer semestre del año próximo.
Así como el trabajo desarrollado por todo el Grupo se constituyó en pieza clave para adelantar el proceso de evaluación gracias a la seriedad con que el mismo fue asumido por todas las Entidades públicas y privadas, desde el punto de vista del Supervisor, como en lo que tiene que ver con los sujetos financieros obligados, dejó entrever la necesidad de enfrentar nuevos retos.
RETOS
A- INTENCIÓN DE DESREGULACIÓN EN ALGUNOS MERCADOS RELEVANTES
En primer lugar, debemos tener en cuenta que, en buena medida, las circunstancias objetivas del contexto internacional y la situación interna, han cambiado significativamente en estos dos años y, por ende, estamos en la obligación de ser suficientemente flexibles y estar permanentemente avisados para adaptarnos de manera eficiente a las nuevas situaciones que se nos presentan.
Al respecto, resulta claro que las opciones políticas que obtuvieron el favor de los electores tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido propenden por una mayor desregulación de los mercados financieros. Si bien es cierto, no me corresponde en este foro hacer un análisis acerca de las conveniencias o no de tal enfoque, sí es importante señalar que una eventual desregulación financiera implicará una serie de desafíos importantes para el Supervisor en materia de prevención del Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En efecto, un mercado financiero internacional desregulado permitirá la implementación de instrumentos y alternativas financieros cada vez más complejos y los procesos en los que los mismos se adelanten serán a su vez más imaginativos, lo cual puede tener como efecto que se pierda de vista la trazabilidad del origen de los fondos y el conocimiento de sus beneficiarios finales.
De igual manera, una mayor desregulación puede redundar en menores instrumentos de colaboración transfronteriza, lo cual afectará negativamente los objetivos del Supervisor y del sistema financiero colombiano en general, en materia de prevención del lavado de activos provenientes de actividades delictivas y el destino de los mismos.
En este sentido, es nuestro deber estar muy atentos a la manera como habrán de ajustarse las instituciones del sistema jurídico internacional a las nuevas realidades políticas que seguramente afectarán a los mercados financieros.
El segundo desafío en el contexto internacional tiene que ver con la constante evolución y las manifestaciones que toman las nuevas tecnologías, especialmente por la no existencia de barreras y fronteras físicas para que ellas operen.
Es evidente que las estructuras criminales van un paso adelante de los reguladores y que el uso de la tecnología para la comisión y ocultamiento de delitos, así como para la legalización de los frutos de los mismos, hacen más difícil la labor de los supervisores, de las entidades financieras y de las propias autoridades judiciales.
Los recientes casos de ataques globales a través de ransomware, cuyos orígenes no han podido ser esclarecidos, demuestran que existe para los delincuentes toda una nueva gama de posibilidades, no solamente para la comisión de sus ilícitos, sino para el ocultamiento del producto de las actividades delictivas. El hecho de que las monedas virtuales, que se han venido utilizando para la consumación de estos delitos, tengan poder liberatorio dentro algunos mercados en los que ellas funcionan a través de la red, les permite a los delincuentes sacar provecho del fruto de sus actos ilícitos, sin necesidad muchas veces de pasar por el sector financiero, de manera que cuando eventualmente transforman esas monedas virtuales en activos tradicionales, resulta mucho más complejo para las entidades financieras y para las autoridades establecer el origen de tales fondos.
Dicho en otras palabras, la utilización de las monedas virtuales y el uso masivo de ransomware por parte de los delincuentes permiten la circulación de bienes y de activos por fuera de los canales tradicionales, con lo cual enormes cantidades de recursos quedan por fuera del radar del actual sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La sospecha de que los recientes ataques cibernéticos globales guarden relación con la delincuencia transnacional y con grupos terroristas no deja de ser inquietante. Es por eso que los supervisores estamos en la obligación de encontrar nuevas formas de abordar tales situaciones y los reguladores de identificarlas.
En esta misma línea, recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la expedición de la Carta Circular 052 de 2017, le reiteró al público en general y a las entidades vigiladas la advertencia frente a los riesgos potenciales asociados a las operaciones realizadas con las denominadas monedas electrónicas – criptomonedas o monedas virtuales y, en especial, teniendo en cuenta que éstas han sido señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el documento “Directrices para un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas Virtuales” y por la Oficina Europea de Policía (Europol) en el documento “SOCTA –Europol de 2017” como instrumentos que podrían facilitar el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas entre otros, con los delitos fuente del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nos corresponde encontrar alternativas para adecuar los sistemas legales y las instituciones a las nuevas realidades tanto de los delitos informáticos, como del sistema virtual de circulación de bienes y servicios.
En adición a lo anterior, frente a las nuevas realidades tecnológicas es forzoso señalar que los Supervisores debemos ocuparnos de las diversas manifestaciones que se van encontrando en la red, siendo evidente que, en la medida en que los ciudadanos se apropian de las nuevas tecnologías, las mismas empiezan a adquirir relevancia social y a generar valores agregados en la economía, las cuales tarde o temprano deberán ser objeto de reglamentación por parte del Regulador.
B - DELITOS TRANSFRONTERIZOS
En segundo lugar debe tenerse en cuenta que no puede cejarse en la búsqueda de mecanismos de colaboración internacional en materia de intercambio de información y mecanismos de investigación y procesamiento de actividades criminales.
El hecho de que las realidades del comercio y el intercambio de información, bienes y servicios hayan trascendido por mucho las fronteras físicas y de que los Estados hayan sufrido un menoscabo en el control efectivo de lo que entra y sale de su territorio, en la medida en que buena parte del tráfico comercial y de información es de carácter virtual, implica una amplia gama de posibilidades para los delincuentes, de manera que cada vez resulta más común que la comisión de delitos de cierta complejidad adquiera carácter transfronterizo.
Paradójicamente esta circunstancia genera visiones recelosas entre ciertos grupos de pensamiento y entre ciertos formuladores de políticas públicas en algunos países que pueden llevar a intentos de cerrar las fronteras a cierto tipo de intercambios, lo cual conduciría a una disminución en los esfuerzos de colaboración entre las autoridades de los diferentes Estados.
Esto nos podría conducir a una situación en la cual la comisión de los diferentes tipos criminales transfronterizos se encuentre facilitada por la manera como funciona el intercambio de bienes e información, pero su combate se puede ver entorpecido por eventuales intentos de llevar a cabo cierres fronterizos a determinados intercambios de bienes, servicios y personas que resulten generadores de desconfianza en las relaciones de colaboración.
Por lo anterior, es importante que no perdamos de vista que cada vez es más fundamental profundizar las relaciones de colaboración entre los diferentes Estados en la lucha contra el crimen transfronterizo. Cualquier recelo eventual que surja en esta materia debe ser superado con voluntad política por parte de las agencias de Gobierno, porque la única forma de combatir el crimen transnacional es mediante la colaboración judicial, tributaria, de supervisión y de información entre los diferentes Estados.
C- NUEVOS DELITOS FUENTES DE LA/FT
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que la noción de lavado de activos ha tenido una importante evolución y cada vez hace referencia a activos que tienen su origen en un rango mayor de actividades ilícitas.
Conocidos casos que tienen sus ramificaciones a lo largo de todo el continente e incluso el carácter de ser intercontinentales, constituyen prueba paradigmática de que la corrupción pública y privada cada vez adquieren mayores connotaciones. En ese sentido, resulta fundamental que la regulación, la supervisión y los sistemas preventivos de las entidades se ocupen de los fenómenos de corrupción local y transnacional; por ello, nos estamos preparando para enfrentar estas nuevas realidades y un buen ejemplo es consolidar las mejores prácticas de supervisión, lo cual en el caso colombiano se está adelantando mediante el Consejo Centroamericano de Supervisores de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras entre otros a través de su Comité de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo cuya Secretaria Técnica desde hace algo más de un año, adelanta la Delegatura para Riesgo de LAFT de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Igualmente, es de primordial importancia ajustarse a las nuevas modalidades de terrorismo internacional, las cuales implican una mayor compartimentación con la participación de células pequeñas, aisladas, anónimas o incluso de lobos solitarios que se relacionan exclusivamente a través de la red o la deep web, con instancias difusas de decisión o reclutamiento. Es evidente que estas nuevas modalidades resultan de muy difícil detección y, por ende, su identificación a partir de los movimientos en el sector financiero resulta mucho más compleja en la medida en que, como se ha visto, la logística de este tipo de actividades terroristas no demanda mayores recursos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que uno de los grandes desafíos es la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en nuestro sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En la medida en que el Big Data empieza a formar parte esencial del sistema financiero y, en general, del sistema de información del Gobierno de Colombia, es forzoso que usemos sus inmensas posibilidades para establecer cruces de información que permitan detectar señales de alerta tempranas frente a fenómenos de lavado de activos, corrupción, evasión fiscal y financiación de actividades terroristas y delictivas, entre otros. En este sentido creemos que cada vez tendremos mayores posibilidades de hacer un uso más eficiente de las herramientas que ya existen para un Gobierno inteligente.
Estos sistemas de Gobierno inteligente, Big Data y además los sistemas de intercambio de información transfronterizos, son también fundamentales para establecer algoritmos que permitan identificar posibles beneficiarios finales en las transacciones, llegando siempre a identificar la persona natural detrás de cualquier forma asociativa independientemente de la jurisdicción en la que ella opere. Es evidente que entre mayor intercambio de información podamos recabar, mayores posibilidades tendremos de identificar a los beneficiarios finales en las transacciones, de manera que hagamos más difícil la labor de ocultamiento de los recursos por parte de los delincuentes y terroristas.
Por esto resulta tan importante que podamos combinar el uso de sistemas informáticos robustos de Big Data, por un lado, con un mayor intercambio de información intergubernamental con el fin establecer sistemas de detección e identificación que permitan conocer verdaderamente los beneficiarios finales de los recursos y evitar que las fronteras sean utilizadas para el ocultamiento y blanqueo de fondos que tengan origen en actividades ilícitas o tengan por finalidad la financiación de actividades ilegales.
D- POSACUERDO
En el corto plazo probablemente el reto más importante a nivel interno será el manejo de la inclusión financiera en el posacuerdo.
El Sistema Colombiano para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de establecer políticas de inclusión financiera para los antiguos combatientes, de un lado, y la necesidad de evitar que el sistema financiero sea utilizado para legalizar los recursos provenientes de antiguas actividades delictivas por parte de los reincorporados.
Si bien es cierto que tanto los acuerdos como la normatividad expedida con motivo de los mismos buscan que los recursos sean utilizados para la reparación de las víctimas, también es verdad que frente a un riesgo real lo que debemos buscar es que los acuerdos tengan éxito, para lo cual es necesario que los antiguos combatientes se incorporen al circuito económico y al sistema financiero con el fin de que se conviertan en actores productivos.
Para efectos de lo anterior y teniendo en cuenta el alcance y el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el país deberá proceder a implementar los puntos del Acuerdo Final y dentro de esas medidas, aquellas que le correspondan al supervisor financiero para permitirle en una primera instancia apoyar la vinculación de los integrantes de las FARC- EP al sistema financiero con base en los listados que serán remitidos por el Alto Comisionado para la Paz, una vez surtido el proceso de acreditación establecido para tal fin.
Este equilibrio entre la necesidad de inclusión financiera de los excombatientes y la de preservar el sistema financiero colombiano de cualquier actividad destinada al blanqueo de dinero, es un desafío que ya estamos resolviendo si queremos lograr que el posacuerdo tenga éxito.
Por último, cabe señalar que en este aspecto Colombia es evidentemente pionera a nivel mundial y, de la manera como se resuelva esta situación, probablemente dependerá la suerte de experiencias de reincorporación de actores armados similares en otras partes del mundo.
PROPUESTAS
1. EVALUACIÓN
En primer lugar debemos estar prestos para ajustar la normatividad a los resultados de la evaluación, de manera que continuemos con el proceso constante de optimización tanto de la regulación como de los mecanismos y metodologías que mantengan al sistema de prevención colombiano y en especial al del sector financiero, asegurador y bursátil, como uno de los más eficientes y vanguardistas del mundo.
2. BIG DATA
Es evidente que el desarrollo del Big Data, tanto a nivel local como a nivel global, representa una maravillosa oportunidad de desarrollar lo que se ha dado en denominar como Gobierno Inteligente. Esto es particularmente cierto en áreas como el Sistema Colombiano de Prevención y Represión del LA/FT.
Uno de los grandes desafíos a futuro es el desarrollo de un robusto sistema de intercambio y cruce de información que permita establecer algoritmos precisos para generar señales de alerta para llevar a cabo un seguimiento más eficiente de las operaciones inusuales o sospechosas de los diferentes actores económicos.
Nuestro cometido ha de ser que, sin dejar de preservar el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad de la información personal podamos, no obstante, hacer uso de toda la información disponible en las grandes bases de datos que manejan el Gobierno de Colombia y las entidades del sector, para establecer barreras informáticas robustas a los intentos de los delincuentes por utilizar nuestro sistema financiero para el blanqueo de activos y el ocultamiento de bienes destinados a la financiación del terrorismo.
No se trata de hacer realidad ningún tipo de pesadilla orwelliana, se trata simplemente de utilizar las enormes cantidades de información almacenadas en las grandes bases de datos a las que tienen acceso el sector y las autoridades, para asegurarnos de poner barreras adecuadas contra cualquier intento de utilizar el sistema financiero para fines ilícitos.
3.PEPS
Dentro de la gran estructura de información que he mencionado, y teniendo en cuenta que los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo han venido migrando rápidamente en los últimos años hasta el punto de incluir otros riesgos inherentes a los mismos, como el de vincular como clientes, empleados, proveedores, accionistas o miembros de Junta Directiva o del órgano que haga sus veces a las Personas Expuestas Política y Públicamente, resultaría muy importante para facilitarle tanto a las Entidades del Sector Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia como a los demás sujetos obligados, definir el alcance de las Personas Expuestas Políticamente y Públicamente y adelantar un registro único, ojalá de carácter internacional, de manera que exista un intercambio de información en línea sobre este tipo de ciudadanos y así facilitar la Debida Diligencia Ampliada que debe efectuarse, no sólo al momento de la vinculación sino durante toda la relación contractual.
4.OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Finalmente, es de todo el interés de la Superintendencia seguir promoviendo entre las entidades la figura del Oficial de Cumplimiento quien tiene el objeto exclusivo de administrar el Programa de Prevención del Lavado de dinero y de otros activos y del Financiamiento al Terrorismo o SARLAFT, lo que implica coordinar, gerenciar, gestionar, ejecutar e implementar los procedimientos, políticas y controles del sistema adoptado por la respectiva institución supervisada, conforme a las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, circulares, instrucciones, estándares, mejores prácticas, manuales y planes internos sobre la materia.
Por ende, queremos poner de presente que las Juntas Directivas o los Órganos que hagan sus veces deben empoderar lo más posible a este funcionario y trabajar en estrecha relación con él para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones en la implementación y aplicación del programa del sistema de administración del riesgo de LA/FT.
El Oficial de Cumplimiento debe fortalecerse en sus funciones y en su relevancia al interior de cada entidad. Sobre este particular deben tenerse en cuenta las grandes responsabilidades que tiene dicho oficial y, para que su función pueda llevarse a cabo en debida forma, esta responsabilidad no sólo debe estar respaldada por facultades que vayan en consonancia con la misma. Por ende, nuestra invitación es a que las entidades y sus Juntas Directivas y demás órganos societarios le den la relevancia que amerita, de forma que al interior de las organizaciones todos los funcionarios sean conscientes del papel tan importante que él juega dentro de las mismas.
Ya para terminar, quisiera agradecer a todas las Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que participaron tanto en el proceso de evaluación del Fondo Monetario Internacional como en las etapas preparatorias del mismo, atendiendo las charlas que se llevaron a cabo, los simulacros de entrevistas, las capacitaciones, los simulacros para el congelamiento en los casos de terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva, los Comités Gremiales e Intergremiales de la Asociación Bancaria de Colombia, a las Entidades que postearon la imagen de la campaña durante la visita “In Situ”, incluyendo a la Torre del Banco Colpatria, que la proyectó en momentos estratégicos, al Banco de la República por prestarnos la Casa Gómez Campuzano y en general en todas las actividades programadas por la Superintendencia con el propósito de aprovechar esta oportunidad de oro. Sin la colaboración activa y entusiasta de todos ustedes el Sistema Colombiano de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, probablemente no sería el éxito que consideramos es.
Muchas gracias por su atención.
Colsulte:
Hace dos años tuve la oportunidad de dirigirme a Ustedes en este mismo escenario con ocasión del 15ª Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y, en desarrollo del mismo, tuve la posibilidad de compartir diferentes impresiones y expectativas en estas materias, pero especialmente hice énfasis respecto de lo que sería el proceso de evaluación que, en desarrollo de la 4ta ronda de evaluaciones mutuas, le realizaría el Fondo Monetario Internacional en el 2017 a todo el Sistema Colombiano de Prevención del Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, con el propósito de verificar tanto el cumplimiento técnico como la efectividad de la aplicación de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI.
En aquella ocasión, consciente de la importancia de obtener un excelente resultado en la evaluación, comenzó la Superintendencia Financiera de Colombia junto con todas las autoridades involucradas en el andamiaje nacional para la persecución de los citados delitos, incluyendo a los encargados de la prevención, detección, investigación, juzgamiento e incautación, así como con la CCICLA, los sujetos obligados, la industria, la academia y los gremios dentro de los cuales se encuentra la Asociación Bancaria de Colombia - a quien una vez más le doy las gracias por su invitación a participar en este importante foro -, a trabajar de manera conjunta en un proceso de preparación que quiero resaltar el día de hoy, pues constituye no sólo la forma para evidenciar la fortaleza del sistema y de las instituciones que lo conforman, así como la integridad y el rol de las personas que, como Ustedes, fungen como Oficiales de Cumplimiento, sino una muestra fehaciente de la capacidad de interacción y coordinación entre los diferentes actores para la consecución de un mismo objetivo, quedando evidenciado una vez más que estamos en condiciones de asumir y de enfrentar propósitos comunes como los que en esta oportunidad nos motivaron a desempeñar un papel protagónico.
La evaluación como tal inició en abril de 2016, fecha en la cual la UIAF solicitó a las autoridades diligenciar y remitir por primera vez a través de su conducto al equipo evaluador conformado por ocho expertos técnicos internacionales, liderado por el señor Antonio Hyman Bouchereau, los formularios de cumplimiento técnico y de efectividad.
El proceso se fue materializando desde esa fecha y durante todo el primer semestre de 2017, con el suministro de la información que de manera complementaria fue solicitada por los evaluadores y que demandó un esfuerzo adicional para los protagonistas con el propósito de poderles evidenciar la integridad y la completitud de la misma.
Del 5 al 22 de junio de 2017 se desarrolló la visita “In Situ” por parte del equipo designado para el efecto y durante su ejecución participaron más de 90 entidades públicas y privadas, dentro de las cuales - algo más del cincuenta por ciento (50%) - correspondieron a Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia o a los gremios que las representan.
Luego de la visita “In Situ”, el equipo evaluador cuenta con un plazo de seis meses para elaborar el informe que será revisado tanto por el Fondo Monetario Internacional como por el país antes de ser presentado y ratificado en la plenaria del GAFILAT, la cual se realizará en diciembre de 2017 en Puerto Vallarta (México). Durante este periodo, el Sistema Colombiano de Prevención y Represión LA/FT deberá estar dispuesto a atender los requerimientos de información que sean realizados por los evaluadores con el propósito de completar, ajustar y afinar el informe final para que éste sea lo más cercano a la realidad. Los resultados del proceso de evaluación definitivo se conocerán en el primer semestre del año próximo.
Así como el trabajo desarrollado por todo el Grupo se constituyó en pieza clave para adelantar el proceso de evaluación gracias a la seriedad con que el mismo fue asumido por todas las Entidades públicas y privadas, desde el punto de vista del Supervisor, como en lo que tiene que ver con los sujetos financieros obligados, dejó entrever la necesidad de enfrentar nuevos retos.
RETOS
A- INTENCIÓN DE DESREGULACIÓN EN ALGUNOS MERCADOS RELEVANTES
- Consideraciones Políticas y Nuevas Tecnologías
En primer lugar, debemos tener en cuenta que, en buena medida, las circunstancias objetivas del contexto internacional y la situación interna, han cambiado significativamente en estos dos años y, por ende, estamos en la obligación de ser suficientemente flexibles y estar permanentemente avisados para adaptarnos de manera eficiente a las nuevas situaciones que se nos presentan.
Al respecto, resulta claro que las opciones políticas que obtuvieron el favor de los electores tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido propenden por una mayor desregulación de los mercados financieros. Si bien es cierto, no me corresponde en este foro hacer un análisis acerca de las conveniencias o no de tal enfoque, sí es importante señalar que una eventual desregulación financiera implicará una serie de desafíos importantes para el Supervisor en materia de prevención del Riesgo de Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
En efecto, un mercado financiero internacional desregulado permitirá la implementación de instrumentos y alternativas financieros cada vez más complejos y los procesos en los que los mismos se adelanten serán a su vez más imaginativos, lo cual puede tener como efecto que se pierda de vista la trazabilidad del origen de los fondos y el conocimiento de sus beneficiarios finales.
De igual manera, una mayor desregulación puede redundar en menores instrumentos de colaboración transfronteriza, lo cual afectará negativamente los objetivos del Supervisor y del sistema financiero colombiano en general, en materia de prevención del lavado de activos provenientes de actividades delictivas y el destino de los mismos.
En este sentido, es nuestro deber estar muy atentos a la manera como habrán de ajustarse las instituciones del sistema jurídico internacional a las nuevas realidades políticas que seguramente afectarán a los mercados financieros.
- Nuevas tecnologías
El segundo desafío en el contexto internacional tiene que ver con la constante evolución y las manifestaciones que toman las nuevas tecnologías, especialmente por la no existencia de barreras y fronteras físicas para que ellas operen.
Es evidente que las estructuras criminales van un paso adelante de los reguladores y que el uso de la tecnología para la comisión y ocultamiento de delitos, así como para la legalización de los frutos de los mismos, hacen más difícil la labor de los supervisores, de las entidades financieras y de las propias autoridades judiciales.
Los recientes casos de ataques globales a través de ransomware, cuyos orígenes no han podido ser esclarecidos, demuestran que existe para los delincuentes toda una nueva gama de posibilidades, no solamente para la comisión de sus ilícitos, sino para el ocultamiento del producto de las actividades delictivas. El hecho de que las monedas virtuales, que se han venido utilizando para la consumación de estos delitos, tengan poder liberatorio dentro algunos mercados en los que ellas funcionan a través de la red, les permite a los delincuentes sacar provecho del fruto de sus actos ilícitos, sin necesidad muchas veces de pasar por el sector financiero, de manera que cuando eventualmente transforman esas monedas virtuales en activos tradicionales, resulta mucho más complejo para las entidades financieras y para las autoridades establecer el origen de tales fondos.
Dicho en otras palabras, la utilización de las monedas virtuales y el uso masivo de ransomware por parte de los delincuentes permiten la circulación de bienes y de activos por fuera de los canales tradicionales, con lo cual enormes cantidades de recursos quedan por fuera del radar del actual sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La sospecha de que los recientes ataques cibernéticos globales guarden relación con la delincuencia transnacional y con grupos terroristas no deja de ser inquietante. Es por eso que los supervisores estamos en la obligación de encontrar nuevas formas de abordar tales situaciones y los reguladores de identificarlas.
En esta misma línea, recientemente la Superintendencia Financiera de Colombia a través de la expedición de la Carta Circular 052 de 2017, le reiteró al público en general y a las entidades vigiladas la advertencia frente a los riesgos potenciales asociados a las operaciones realizadas con las denominadas monedas electrónicas – criptomonedas o monedas virtuales y, en especial, teniendo en cuenta que éstas han sido señaladas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el documento “Directrices para un Enfoque Basado en Riesgo para Monedas Virtuales” y por la Oficina Europea de Policía (Europol) en el documento “SOCTA –Europol de 2017” como instrumentos que podrían facilitar el manejo de recursos provenientes de actividades ilícitas relacionadas entre otros, con los delitos fuente del lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Nos corresponde encontrar alternativas para adecuar los sistemas legales y las instituciones a las nuevas realidades tanto de los delitos informáticos, como del sistema virtual de circulación de bienes y servicios.
En adición a lo anterior, frente a las nuevas realidades tecnológicas es forzoso señalar que los Supervisores debemos ocuparnos de las diversas manifestaciones que se van encontrando en la red, siendo evidente que, en la medida en que los ciudadanos se apropian de las nuevas tecnologías, las mismas empiezan a adquirir relevancia social y a generar valores agregados en la economía, las cuales tarde o temprano deberán ser objeto de reglamentación por parte del Regulador.
B - DELITOS TRANSFRONTERIZOS
En segundo lugar debe tenerse en cuenta que no puede cejarse en la búsqueda de mecanismos de colaboración internacional en materia de intercambio de información y mecanismos de investigación y procesamiento de actividades criminales.
El hecho de que las realidades del comercio y el intercambio de información, bienes y servicios hayan trascendido por mucho las fronteras físicas y de que los Estados hayan sufrido un menoscabo en el control efectivo de lo que entra y sale de su territorio, en la medida en que buena parte del tráfico comercial y de información es de carácter virtual, implica una amplia gama de posibilidades para los delincuentes, de manera que cada vez resulta más común que la comisión de delitos de cierta complejidad adquiera carácter transfronterizo.
Paradójicamente esta circunstancia genera visiones recelosas entre ciertos grupos de pensamiento y entre ciertos formuladores de políticas públicas en algunos países que pueden llevar a intentos de cerrar las fronteras a cierto tipo de intercambios, lo cual conduciría a una disminución en los esfuerzos de colaboración entre las autoridades de los diferentes Estados.
Esto nos podría conducir a una situación en la cual la comisión de los diferentes tipos criminales transfronterizos se encuentre facilitada por la manera como funciona el intercambio de bienes e información, pero su combate se puede ver entorpecido por eventuales intentos de llevar a cabo cierres fronterizos a determinados intercambios de bienes, servicios y personas que resulten generadores de desconfianza en las relaciones de colaboración.
Por lo anterior, es importante que no perdamos de vista que cada vez es más fundamental profundizar las relaciones de colaboración entre los diferentes Estados en la lucha contra el crimen transfronterizo. Cualquier recelo eventual que surja en esta materia debe ser superado con voluntad política por parte de las agencias de Gobierno, porque la única forma de combatir el crimen transnacional es mediante la colaboración judicial, tributaria, de supervisión y de información entre los diferentes Estados.
C- NUEVOS DELITOS FUENTES DE LA/FT
En tercer lugar, debe tenerse en cuenta que la noción de lavado de activos ha tenido una importante evolución y cada vez hace referencia a activos que tienen su origen en un rango mayor de actividades ilícitas.
Conocidos casos que tienen sus ramificaciones a lo largo de todo el continente e incluso el carácter de ser intercontinentales, constituyen prueba paradigmática de que la corrupción pública y privada cada vez adquieren mayores connotaciones. En ese sentido, resulta fundamental que la regulación, la supervisión y los sistemas preventivos de las entidades se ocupen de los fenómenos de corrupción local y transnacional; por ello, nos estamos preparando para enfrentar estas nuevas realidades y un buen ejemplo es consolidar las mejores prácticas de supervisión, lo cual en el caso colombiano se está adelantando mediante el Consejo Centroamericano de Supervisores de Bancos, Seguros y de Otras Instituciones Financieras entre otros a través de su Comité de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo cuya Secretaria Técnica desde hace algo más de un año, adelanta la Delegatura para Riesgo de LAFT de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Igualmente, es de primordial importancia ajustarse a las nuevas modalidades de terrorismo internacional, las cuales implican una mayor compartimentación con la participación de células pequeñas, aisladas, anónimas o incluso de lobos solitarios que se relacionan exclusivamente a través de la red o la deep web, con instancias difusas de decisión o reclutamiento. Es evidente que estas nuevas modalidades resultan de muy difícil detección y, por ende, su identificación a partir de los movimientos en el sector financiero resulta mucho más compleja en la medida en que, como se ha visto, la logística de este tipo de actividades terroristas no demanda mayores recursos.
Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que uno de los grandes desafíos es la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en nuestro sistema de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. En la medida en que el Big Data empieza a formar parte esencial del sistema financiero y, en general, del sistema de información del Gobierno de Colombia, es forzoso que usemos sus inmensas posibilidades para establecer cruces de información que permitan detectar señales de alerta tempranas frente a fenómenos de lavado de activos, corrupción, evasión fiscal y financiación de actividades terroristas y delictivas, entre otros. En este sentido creemos que cada vez tendremos mayores posibilidades de hacer un uso más eficiente de las herramientas que ya existen para un Gobierno inteligente.
Estos sistemas de Gobierno inteligente, Big Data y además los sistemas de intercambio de información transfronterizos, son también fundamentales para establecer algoritmos que permitan identificar posibles beneficiarios finales en las transacciones, llegando siempre a identificar la persona natural detrás de cualquier forma asociativa independientemente de la jurisdicción en la que ella opere. Es evidente que entre mayor intercambio de información podamos recabar, mayores posibilidades tendremos de identificar a los beneficiarios finales en las transacciones, de manera que hagamos más difícil la labor de ocultamiento de los recursos por parte de los delincuentes y terroristas.
Por esto resulta tan importante que podamos combinar el uso de sistemas informáticos robustos de Big Data, por un lado, con un mayor intercambio de información intergubernamental con el fin establecer sistemas de detección e identificación que permitan conocer verdaderamente los beneficiarios finales de los recursos y evitar que las fronteras sean utilizadas para el ocultamiento y blanqueo de fondos que tengan origen en actividades ilícitas o tengan por finalidad la financiación de actividades ilegales.
D- POSACUERDO
En el corto plazo probablemente el reto más importante a nivel interno será el manejo de la inclusión financiera en el posacuerdo.
El Sistema Colombiano para la Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva deberá encontrar un equilibrio entre la necesidad de establecer políticas de inclusión financiera para los antiguos combatientes, de un lado, y la necesidad de evitar que el sistema financiero sea utilizado para legalizar los recursos provenientes de antiguas actividades delictivas por parte de los reincorporados.
Si bien es cierto que tanto los acuerdos como la normatividad expedida con motivo de los mismos buscan que los recursos sean utilizados para la reparación de las víctimas, también es verdad que frente a un riesgo real lo que debemos buscar es que los acuerdos tengan éxito, para lo cual es necesario que los antiguos combatientes se incorporen al circuito económico y al sistema financiero con el fin de que se conviertan en actores productivos.
Para efectos de lo anterior y teniendo en cuenta el alcance y el contenido del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, el país deberá proceder a implementar los puntos del Acuerdo Final y dentro de esas medidas, aquellas que le correspondan al supervisor financiero para permitirle en una primera instancia apoyar la vinculación de los integrantes de las FARC- EP al sistema financiero con base en los listados que serán remitidos por el Alto Comisionado para la Paz, una vez surtido el proceso de acreditación establecido para tal fin.
Este equilibrio entre la necesidad de inclusión financiera de los excombatientes y la de preservar el sistema financiero colombiano de cualquier actividad destinada al blanqueo de dinero, es un desafío que ya estamos resolviendo si queremos lograr que el posacuerdo tenga éxito.
Por último, cabe señalar que en este aspecto Colombia es evidentemente pionera a nivel mundial y, de la manera como se resuelva esta situación, probablemente dependerá la suerte de experiencias de reincorporación de actores armados similares en otras partes del mundo.
PROPUESTAS
1. EVALUACIÓN
En primer lugar debemos estar prestos para ajustar la normatividad a los resultados de la evaluación, de manera que continuemos con el proceso constante de optimización tanto de la regulación como de los mecanismos y metodologías que mantengan al sistema de prevención colombiano y en especial al del sector financiero, asegurador y bursátil, como uno de los más eficientes y vanguardistas del mundo.
2. BIG DATA
Es evidente que el desarrollo del Big Data, tanto a nivel local como a nivel global, representa una maravillosa oportunidad de desarrollar lo que se ha dado en denominar como Gobierno Inteligente. Esto es particularmente cierto en áreas como el Sistema Colombiano de Prevención y Represión del LA/FT.
Uno de los grandes desafíos a futuro es el desarrollo de un robusto sistema de intercambio y cruce de información que permita establecer algoritmos precisos para generar señales de alerta para llevar a cabo un seguimiento más eficiente de las operaciones inusuales o sospechosas de los diferentes actores económicos.
Nuestro cometido ha de ser que, sin dejar de preservar el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad de la información personal podamos, no obstante, hacer uso de toda la información disponible en las grandes bases de datos que manejan el Gobierno de Colombia y las entidades del sector, para establecer barreras informáticas robustas a los intentos de los delincuentes por utilizar nuestro sistema financiero para el blanqueo de activos y el ocultamiento de bienes destinados a la financiación del terrorismo.
No se trata de hacer realidad ningún tipo de pesadilla orwelliana, se trata simplemente de utilizar las enormes cantidades de información almacenadas en las grandes bases de datos a las que tienen acceso el sector y las autoridades, para asegurarnos de poner barreras adecuadas contra cualquier intento de utilizar el sistema financiero para fines ilícitos.
3.PEPS
Dentro de la gran estructura de información que he mencionado, y teniendo en cuenta que los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo han venido migrando rápidamente en los últimos años hasta el punto de incluir otros riesgos inherentes a los mismos, como el de vincular como clientes, empleados, proveedores, accionistas o miembros de Junta Directiva o del órgano que haga sus veces a las Personas Expuestas Política y Públicamente, resultaría muy importante para facilitarle tanto a las Entidades del Sector Vigilado por la Superintendencia Financiera de Colombia como a los demás sujetos obligados, definir el alcance de las Personas Expuestas Políticamente y Públicamente y adelantar un registro único, ojalá de carácter internacional, de manera que exista un intercambio de información en línea sobre este tipo de ciudadanos y así facilitar la Debida Diligencia Ampliada que debe efectuarse, no sólo al momento de la vinculación sino durante toda la relación contractual.
4.OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Finalmente, es de todo el interés de la Superintendencia seguir promoviendo entre las entidades la figura del Oficial de Cumplimiento quien tiene el objeto exclusivo de administrar el Programa de Prevención del Lavado de dinero y de otros activos y del Financiamiento al Terrorismo o SARLAFT, lo que implica coordinar, gerenciar, gestionar, ejecutar e implementar los procedimientos, políticas y controles del sistema adoptado por la respectiva institución supervisada, conforme a las leyes, reglamentos, normas, resoluciones, circulares, instrucciones, estándares, mejores prácticas, manuales y planes internos sobre la materia.
Por ende, queremos poner de presente que las Juntas Directivas o los Órganos que hagan sus veces deben empoderar lo más posible a este funcionario y trabajar en estrecha relación con él para el adecuado cumplimiento de sus atribuciones en la implementación y aplicación del programa del sistema de administración del riesgo de LA/FT.
El Oficial de Cumplimiento debe fortalecerse en sus funciones y en su relevancia al interior de cada entidad. Sobre este particular deben tenerse en cuenta las grandes responsabilidades que tiene dicho oficial y, para que su función pueda llevarse a cabo en debida forma, esta responsabilidad no sólo debe estar respaldada por facultades que vayan en consonancia con la misma. Por ende, nuestra invitación es a que las entidades y sus Juntas Directivas y demás órganos societarios le den la relevancia que amerita, de forma que al interior de las organizaciones todos los funcionarios sean conscientes del papel tan importante que él juega dentro de las mismas.
Ya para terminar, quisiera agradecer a todas las Entidades Vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia que participaron tanto en el proceso de evaluación del Fondo Monetario Internacional como en las etapas preparatorias del mismo, atendiendo las charlas que se llevaron a cabo, los simulacros de entrevistas, las capacitaciones, los simulacros para el congelamiento en los casos de terrorismo y financiación de armas de destrucción masiva, los Comités Gremiales e Intergremiales de la Asociación Bancaria de Colombia, a las Entidades que postearon la imagen de la campaña durante la visita “In Situ”, incluyendo a la Torre del Banco Colpatria, que la proyectó en momentos estratégicos, al Banco de la República por prestarnos la Casa Gómez Campuzano y en general en todas las actividades programadas por la Superintendencia con el propósito de aprovechar esta oportunidad de oro. Sin la colaboración activa y entusiasta de todos ustedes el Sistema Colombiano de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos, contra la Financiación del Terrorismo y contra la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, probablemente no sería el éxito que consideramos es.
Muchas gracias por su atención.
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Última modificación 25/07/2017