Jurisprudencia Financiera 2002


Contrato de Crédito Documentario

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. M. P. José Fernando Ramírez Gómez. Sentencia del 25 de febrero de 2002. Expediente 5925.

Síntesis: Abuso del derecho de acción. Error de hecho y de derecho en la apreciación de las pruebas. Terminación y resolución del contrato de crédito documentado. Independencia de las relaciones que surgen del contrato de crédito documentario.

[§ 007] «(...)

CONSIDERACIONES

1. Como lo declara el artículo 1408 del Código de Comercio, el contrato de crédito documentario es un acuerdo por virtud del cual un establecimiento bancario conocido como banco emisor u ordenado, por solicitud de un cliente, a quien se denomina ordenante del crédito, y de acuerdo con las instrucciones impartidas por éste, se obliga directamente o por conducto de un banco corresponsal, a pagar a un tercero - beneficiario , hasta cierta cantidad de dinero, o a pagar, aceptar o negociar letras de cambio emitidas por éste, contra la presentación de los documentos estipulados y de obligaciones adquiridas por razón del negocio originario.

Como consecuencia del principio de autonomía consagrado en el artículo 1415 ibídem, conforme al cual "(...) la carta de crédito es independiente del contrato en relación con el cual haya de aplicarse el crédito abierto (...)" a pesar de constituir el crédito documentario el mecanismo al cual se acude para extinguir la obligación emergente de la relación fundamental, no está ligado con ésta frente a la cual es independiente y autónomo, como también lo es la obligación que asume el banco respecto del beneficiario, de pagar hasta cierta cantidad de dinero, pagar, aceptar o negociar letras de cambio, según lo acordado con el ordenante, de suerte que, cada una de las relaciones que se suscitan en torno a dicha operación está desligada de las demás, vincula exclusivamente a sus partícipes, es inoponible a las restantes y no se ve afectada por el desarrollo, incidencias y circunstancias atinentes a las otras.

Según explica Rodríguez Azuero, "(...) las relaciones entre comprador y vendedor generan unas consecuencias que no son oponibles a las relaciones entre banco pagador y beneficiario. A su turno las relaciones entre ordenante y banco emisor son independientes y este último no podría relevarse de pagar al beneficiario, por la presencia de hechos o circunstancias vinculados con el contrato de compraventa celebrado entre ordenante y beneficiario. Podemos, pues, afirmar que cada relación entre las partes las vincula en forma exclusiva y que los demás son terceros respecto a ella, de manera que no se afectan directamente por las resultas de la misma" (Contratos Bancarios, 3a. ed., pág. 423).

2. Por virtud del contrato de crédito documentario, el banco emisor se obliga a realizar la apertura de crédito conforme a las instrucciones recibidas del ordenante y a disponer lo necesario para notificar al beneficiario la existencia del crédito a su favor y las condiciones del mismo. También se compromete a recibir los documentos presentados por éste, a examinarlos y constatar su conformidad con los términos y condiciones establecidos en la carta de crédito, para aceptarlos, si se avienen a sus estipulaciones y se presentaron dentro del término de vigencia del crédito y a pagarle al beneficiario la suma de dinero correspondiente al valor del crédito, o a pagar, aceptar o negociar las letras de cambio, según lo pactado con el ordenante, o rechazarlos, en el evento contrario, así como en el caso de presentarse extemporáneamente.

El ordenante, por su parte, debe pagar al banco emisor la comisión por la apertura de crédito, reembolsarle los valores pagados, si previamente no recibió provisión de fondos para el efecto, y de otorgarse crédito en su favor por parte del banco emisor, para el pago de tales valores, constituir las garantías exigidas por éste.

Si el beneficiario decide utilizar el crédito, debe presentar al banco los documentos exigidos, dentro del plazo de su vigencia, es decir, dentro del cual puede ser utilizado. Cumplidos tales requisitos, tiene el derecho de exigirle bien el pago de la cantidad determinada, o el pago, aceptación o negociación de letras de cambio, según el caso.

3. El crédito documentado puede ser revocable o irrevocable, dependiendo de la firmeza del compromiso contraído por el banco frente al beneficiario. Si está facultado para cancelar el crédito mientras no haya sido utilizado por el beneficiario, o sólo lo haya sido parcialmente, es revocable artículo 1411 Código de Comercio-. Si por el contrario, su compromiso frente al beneficiario es definitivo, será irrevocable. A falta de estipulación en contrario, se considera revocable artículo 1410 ibídem.

Tratándose de crédito irrevocable y dada la autonomía que existe entre la relación adquirida por el banco emisor frente al beneficiario, y las que vinculan al ordenante del crédito con el beneficiario y a aquél con el banco emisor, las divergencias que puedan suscitarse alrededor de éstas, o las causas que puedan dar lugar a la extinción de su eficacia, en manera alguna inciden en el compromiso asumido por el banco, quien no podría válidamente sustraerse a su cumplimiento, amparándose en circunstancias de la naturaleza indicada.

4. Descendiendo al campo de los errores denunciados, de entrada se observa que, tal y como lo pregona el impugnador, cuando el tribunal desestimó la pretensión resolutoria del contrato de crédito documentado celebrado entre la sociedad (...) como ordenante y el Banco (...), como banco emisor u ordenado, argumentando que "(...) el contrato de crédito documentario por su estructura jurídica no es resoluble del modo que ha sido pedido", porque si su ejecución "(...) compromete a otros agentes que prestaron su concurso en el desarrollo de las obligaciones nacidas de aquel no es posible deshacer los vínculos así creados. Por la particular naturaleza del contrato no se podría deshacer mediante resolución el negocio de importación celebrado entre el demandante y el exportador del extranjero. Tampoco sería resoluble el acto por virtud del cual el Banco demandado, mediante su banco corresponsal, por orden y cuenta del demandante pagó las mercaderías adquiridas por este. En uno y otro caso la resolución afectaría a terceros que no están en el proceso y por tal razón sería imposible su decreto", ciertamente se equivocó al apreciar el citado pacto y los escritos en los cuales se contiene, pues menospreciando el principio de autonomía que lo rige, por virtud del cual está totalmente desligado del contrato de compraventa que le antecedió, así como de la relación surgida entre el Banco (...), en su calidad de banco ordenado, y la sociedad (...), como beneficiaria de la carta de crédito, dedujo que tales relaciones eran conexas e interdependientes, en forma tal que los efectos de la resolución de la primera, se hacían extensivos a las dos últimas, cuando por efecto del citado principio y de acuerdo a lo expresado abinitio, las circunstancias atinentes a cada relación no trascienden a las demás, dada la desconexión e independencia que existe entre unas y otras, y por contera, la disolución de aquella ninguna repercusión tiene en las restantes.

Por la misma causa, es decir, por ignorar la desconexión que existe entre las precitadas relaciones, y por no tener en cuenta que la pretensión resolutoria deducida en la contrademanda se vinculó exclusivamente al contrato de crédito documentado celebrado entre el banco reconviniente y la sociedad reconvenida, desacertó cuando concluyó que la resolución de éste comprometía los otros vínculos jurídicos subsistentes a su alrededor y que por tanto no era posible resolver sobre dicha pretensión, por no haber concurrido al proceso todas las personas involucrados en ellos, pues se itera, el contrato de compraventa ajustado entre (...) y (...), y la relación surgida entre ésta sociedad como beneficiaria de la carta de crédito y el Banco (...), en su calidad de banco ordenado, son autónomas e independientes del único vínculo que se pidió deshacer en dicho libelo, razón por la cual no era necesaria la comparecencia de las personas comprometidas en ellas para poder decidir válidamente sobre la resolución de aquella, por no ostentar la calidad de partes en dicha relación y no derivar, por consecuencia, ningún efecto de tal pronunciamiento.

También se equivocó, por ver como conexas relaciones de derecho que no lo son, cuando invocó la irrevocabilidad de la carta de crédito, por haber sido utilizada por su beneficiarlo, como causa de irresolubilidad del contrato de crédito documentado, habida cuenta que la extinción del derecho otorgado al banco ordenado para revocar el crédito, por haber sido utilizado por el beneficiario, en nada se altera por la resolución del contrato de crédito documentario celebrado entre el mismo banco y el ordenante del crédito, porque, se insiste, tratándose de relaciones autónomas, la resolución de éste ninguna incidencia tiene en el compromiso del banco emisor frente al beneficiario, por estar desligados el uno del otro, luego la firmeza de tal compromiso no es circunstancia que inhiba la resolución de aquel.

Ahora bien, aunque las equivocaciones del fallador en el punto no se remiten a duda, su sola contundencia no basta para configurar el error probatorio denunciado, pues para tal propósito es menester además, que su influencia en la resolución combatida haya sido decisiva a tal punto, que de no haber existido, el conflicto se hubiese dirimido en términos distintos, repercusión que como se verá no tienen tales desaciertos, pues así no se hubieren suscitado, la decisión seguiría siendo la misma.

En efecto, como lo advirtió el adquem, en el proceso ejecutivo tramitado en el Juzgado Diecinueve Civil del Circuito de Bogotá, en el cual fungió como demandante el Banco (...) como demandados la sociedad (...), (...) y (...), se reconoció la excepción de contrato no cumplido propuesta por la sociedad demandada, (fls. 95 a 99 c. 3 copias y 27 a 36 c. 4 copias), es decir, se declaró que fue el Banco (...) quien se desentendió de los compromisos emergentes del contrato de crédito documentario celebrado con la excepcionante, sociedad (...).

Así las cosas, como de acuerdo a lo prescrito por el artículo 512 del Código de Procedimiento Civil, dicha resolución hace tránsito a cosa juzgada, la fuerza vinculante de la misma impide todo nuevo escrutinio sobre la misma situación, por haber alcanzado un carácter inmutable, circunstancia que ineludiblemente redundaría en el fracaso de la acción resolutoria intentada por el establecimiento bancario mencionado, pues en su condición de contratante incumplido, declarada por la jurisdicción, carece de legitimación para formular dicha reclamación, de suerte que, como se anticipó, así el fallador hubiese admitido la procedencia de la acción resolutoria respecto del contrato de crédito documentario, con independencia de las otras relaciones que surgen a su alrededor, y pese a la irrevocabilidad de la carta de crédito, por haber sido utilizada, se llegaría a idéntica solución, pues la pretensión resolutoria, por la circunstancia indicada, en todo caso estaría llamada a fracasar.

Por tal razón, resulta innecesario examinar los reparos formulados por el recurrente frente a lo considerado por el Tribunal en torno al cumplimiento de la obligación de reembolso a cargo de la sociedad ordenante del crédito, y sobre las restituciones que cabría hacer como consecuencia de la resolución contractual, pues la improcedencia de ésta, por la falta del presupuesto anotado, torna inútil toda discusión sobre el particular.

5. En armonía con lo expuesto, el cargo no se abre paso.

DECISIÓN

En armonía con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, el 27 de julio de 1995, en el proceso ordinario promovido por (...) e (...) contra el banco (...)»