La decisión de la junta directiva de una sociedad de proponer la rescisión de una medida adoptada con anterioridad, aunque la misma no se encuentre formalizada, constituye objeto de información eventual.

El Consejo de Estado confirmó la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, proferida dentro del proceso instaurado por el Banco de Colombia S.A., contra las resoluciones 013 y 0037 de 1995 expedidas por la Superintendencia de Valores, mediante las cuales se impuso y confirmó una sanción pecuniaria a la citada sociedad, por incumplir las normas concernientes al deber de información eventual que tienen las entidades con títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios frente al mercado de valores.

El demandante consideró que dichas resoluciones vulneraban lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política, 3 y 35 del Código Contencioso Administrativo, 1.2.2.1 del Estatuto Orgánico del Mercado Público de Valores, hoy artículo 6º de la Ley 27 de 1990, 24 de la resolución 1242 de 1993 y la circular externa 14 de 1994, toda vez, que a su juicio, la decisión de la junta directiva de proponer al órgano social competente la rescisión de la escisión del Banco, no constituía un hecho objeto de información eventual, como quiera que el mismo estaba condicionado a la aprobación por parte de la Asamblea General de Accionistas. Así mismo por considerar que no se incurrió en infracción de normas que regulen el mercado de valores, como quiera que pese a su omisión las acciones mantuvieron su cotización, esto es, no sufrieron alteración alguna, razón por la cual se le aplicó indebidamente la resolución 1242 de 1993 y la circular externa 14 de 1994.

Sobre el particular, estimó el Consejo de Estado que la decisión de la Junta Directiva de autorizar la realización de gestiones para la venta de acciones, aunque condicionada a la formalización de la oferta de compra y la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con el fin de proponer la rescisión de una medida tomada con anterioridad, constituye un hecho con implicaciones de carácter jurídico, económico y financiero con gran incidencia potencial para la determinación del precio de la circulación de las acciones poseídas en las sociedades, el cual debió ser informado a la Superintendencia de Valores.

Así mismo, consideró que los eventos a comunicar no sólo son los hechos cumplidos, o los que se consolidan o producen un perjuicio, toda vez que de ser así desaparecería el carácter preventivo de policía administrativa que tiene la Superintendencia de Valores.

Última actualización: 5 de diciembre de 2005